[Artículo escrito por Gerardo Molina]
El cierre de escuelas públicas y los recortes en sanidad, sobre todo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), responde a los intereses del sector más poderoso del país; y es que no es nada nuevo, durante las dos décadas de gobiernos neoliberales iniciados por el mandato de Alfredo Cristiani (1989-1994) el objetivo de la derecha fue privatizar todos los servicios públicos. Ahora con un estado plegado totalmente a sus intereses, una asamblea legislativa y poder político en general sometidos a la voluntad de una sola persona, el panorama actual nos hace creer que no hay forma de frenar estos recortes, no hay un sector estudiantil y obrero que estén unidos frente al embate que supondría el cierre sucesivo de escuelas, despido de doctores y reducción de horarios de atención en clínicas del ISSS. El régimen de excepción está para intimidar y amedrentar cualquier intento de alzamiento de voz popular y no es para menos: los gremios docentes y médicos son los que más han sufrido la represión, no sólo por parte de las instituciones para las que laboran, sino que directamente por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los perros de presa del régimen de Bukele.
Históricamente, la oligarquía terrateniente se ha valido tanto de la Fuerza Armada y de la iglesia para poder ejercer su poder y dominio sobre el territorio y sobre el pueblo. Desde la independencia en 1821, tanto la iglesia como la Fuerza Armada controlaban, no sólo política y territorialmente, la región, sino que también controlaban la vida política de la sociedad. Al pueblo nunca le dejaron escribir su propia historia; sin embargo, el pueblo se alzó en busca de su felicidad y su prosperidad. En 1833 los indios nonualcos, encabezados por Anastasio Aquino, lograron hacerse de varias victorias sobre el joven ejército salvadoreño y llegar a San Salvador; sin embargo, fueron derrotados por Gerardo Barrios, quien años después sería fusilado por los mismos oligarcas a los que sirvió. Por estas tierras pasaron las ideas libertadoras de Francisco Morazán y el General José Trinidad Cabañas que ansiaban la creación de una República Centroamericana unida, fuerte y pujante frente al mundo industrializado, pero la oligarquía latifundista no se los permitió y corrieron la misma suerte que Anastasio Aquino. En el siglo XX, fuimos testigos del alzamiento campesino en 1932 que acabó con la masacre indígena más grande cometida en América. Cinco décadas más tardes, estas mismas tierras serían testigos de una de las guerras civiles más cruentas de la región que llegaron a los Acuerdos de Paz de 1992 y que establecieron un orden democrático e institucional burgués que no se había implementado antes: el surgimiento de diversos códigos y leyes que pretendían enmascarar la explotación y la dominación de una forma más sutil, tal cual es el objetivo de la democracia burguesa, misma que se implementó en El Salvador con los Acuerdos, porque al final la guerra, lastimosamente, no resolvió las principales contradicciones, la liberación nacional y la liberación de los explotadores del país. Después de los acuerdos, la lucha de clases volvió a un estado de relajamiento, aunque siguió expresándose por la vía democrática electoral burguesa, probando partidos del más moderado al menos moderado, así llegando a la elección de la representación guerrillera ahora en partido político, el FMLN.
Los diez años de experiencia del FMLN en la democracia burguesa, donde estos eligieron optar por un gobierno de unidad nacional, es decir un gobierno que administra la crisis del capitalismo que mantiene el sistema capitalista a flote basado en las reformas. Lo cierto es que en medio de la crisis, no hay lugar para las reformas, esto, por lo tanto, los llevó al fracaso y el descalabro. Solo así pudo surgir la figura de un demagogo (Bukele) que surge de la izquierda, se define como izquierda, y en cuestión de tiempo se asume como “ni de izquierda ni de derecha”. Tras la victoria electoral de Bukele en 2019, los sectores más conservadores de la oligarquía (empresarios, terratenientes y banqueros) ven con recelo aquel líder que en menos de un año de presidencia se tomaría por asalto la asamblea y ordenaría subir el salario mínimo… Pero una reunión lo cambiaría todo. En 2020 durante la cuarentena, con la economía parada por meses, empresas quebradas y un proletariado que hacía lo que podía para sobrevivir, ya se sentía el autoritarismo de Bukele con sus recordados “centros de contención” que funcionaban como cárceles donde se encerraban a quiénes incumplían la cuarentena. Fue el 18 de mayo de 2020 que un grupo de empresarios poderosos ligados no solo al partido ARENA, sino a históricas familias ricas se dieron cita con Nayib Bukele en la casa presidencial así fue como “Mario Salaverría (Asociación Azucarera), Alejandra Araujo de Sola (INCAE Business School) y su esposo Diego de Sola (Inversiones Bolívar); José Antonio Escobar (Cámara de la Industria Textil), Víctor Saca (Laboratorios Vijosa y vicepresidente de la Asociación de Industriales), y Francisco Calleja (Súper Selectos), éste último, miembro de otro grupo de poder conocido como “Los Torogoces”, y también ligado al partido Arena”. Este fue un momento de quiebre y prácticamente el histórico proyecto político de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fundada en 1981 por el Mayor Roberto D’aubuisson, era abandonado por quienes le dieron vida. Poco a poco los posicionamientos de la ANEP, CAMARASAL y demás gremiales empresariales dejaban sus discursos en pos del “respeto a la institucionalidad, la democracia y el orden constitucional”, y pasaron a “hay que trabajar de la mano del gobierno”.
Los grupos de poder se dieron cuenta de algo: el autoritarismo de Bukele podía llevarles a conseguir aquellas cosas que no se pudieron conseguir durante los cuatro gobiernos neoliberales de ARENA, como apoderarse de los servicios públicos, deteriorar la educación pública para generar mano de obra barata y mantener salarios “competitivos y atractivos” para los inversionistas extranjeros. Lejos quedaron los tanques de pensamiento de la derecha que durante gobiernos del FMLN nos advertían sobre que El Salvador sería “la próxima Venezuela”.
Régimen de excepción, presos políticos, violaciones constitucionales, persecución y censura en los medios de comunicación, negación de la historia son los elementos con lo que Bukele agrega a la opresión de clase con la que maneja desde el Estado burgués al país, ya ningún intelectual defensor de la libre empresa y el mercado habla sobre el desempleo o la precariedad de la educación ¿Por qué? Parafraseando a Henry Kissinger al referirse a Pinochet, “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. El régimen de excepción, los abusos de poder de policía y ejército, los cierres de escuelas, los recortes de personal sanitario, los desalojos y cierres de negocios pequeños no es algo que afecte directamente a las familias acomodadas del país, hasta el momento. Los pequeños burgueses y comerciantes e industriales acomodados no ven afectada su economía ni sus derechos fundamentales. No vamos a esperar una revolución de tipo burguesa ni política electoral, ya que el principal error de la oposición al régimen de Bukele ha sido esperar que surja un caudillo, una figura carismática quizá del sector empresarial que guíe al pueblo descontento hacia una victoria electoral sobre Nuevas Ideas: un escenario utópico que no tiene cabida en nuestro actual paradigma.
La única forma de vencer al fascismo y toda forma de opresión es a través de la organización popular, de la formación de cuadros que transmiten las ideas de Revolución y presenten al proletariado no sólo una forma de luchar, sino una alternativa al sistema corrupto y desgastado que nos oprime por siglos y que solo ha sido maquillado por formalismos judiciales e institucionales. Solo así borraremos para siempre las lisonjas de los empresarios amigos del régimen que pactan sus negocios en Casa Presidencial mientras el pueblo espera su ansiada liberación.
