¡Girar a izquierda, reatar con el socialismo!
El pasado domingo 16 de octubre los bolivianos fuimos llamados por primera vez a elegir directamente los jueces del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Los comicios se habían politizado hasta el extremo de convertirse en un plebiscito sobre el gobierno, en que la derecha llamaba simplemente a anular el voto. Aunque los datos oficiales sean todavía escasos, es evidente que votos nulos y blancos han triunfado, particularmente en las áreas urbanas y a nivel nacional. A 8 años del Octubre de 2003, este representa el primer revés electoral para el gobierno.
¡Girar a izquierda, reatar con el socialismo!
El pasado domingo 16 de octubre los bolivianos fuimos llamados por primera vez a elegir directamente los jueces del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Los comicios se habían politizado hasta el extremo de convertirse en un plebiscito sobre el gobierno, en que la derecha llamaba simplemente a anular el voto. Aunque los datos oficiales sean todavía escasos, es evidente que votos nulos y blancos han triunfado, particularmente en las áreas urbanas y a nivel nacional. A 8 años del Octubre de 2003, este representa el primer revés electoral para el gobierno.
¿Que se votaba?
En estas elecciones, que el gobierno presentaba como una “revolución en la justicia” se elegían por primera vez en la historia de Bolivia los jueces del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. La elección directa de los jueces –contemplada en la Constitución Política del Estado aprobada con aplastante mayoría en 2009– fue el mecanismo introducido para limpiar de la corrupción uno de los sistemas judiciales más corrompidos en el mundo, hacia el cual la aversión y desconfianza de la población siguen enormes.
Los jueces en Bolivia eran elegidos directamente por el Parlamento y duraban en sus funciones por 10 años, pudiendo en algunos casos ser reelegidos. Así los jueces designados por los partidos políticos cerraban los ojos frente a los negocios turbios de estos últimos, que a su vez encubrían la corrupción en el sistema judicial. Desde 2006 fueron 1.140 las denuncias que involucran a personeros del órgano judicial, principalmente por incumplimiento de deberes, prevaricato y corrupción. Mientras tanto un ciudadano común debe esperar hasta 15 años para una sentencia civil, la mayoría de los juicios laborales se resuelven a favor de los patrones y un 70% de los presos en Bolivia están detenidos sin condena.
Los jueces elegidos por primera vez mediante voto popular duran en cambio en sus funciones por 6 años y no pueden ser reelegidos. Los más de 70 y pico candidatos que los bolivianos han encontrado en una papeleta de las dimensiones de un mantel de mesa, fueron preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS hizo valer sus mayoría de 2/3. Uno de los argumentos de la campaña de la derecha por la anulación del voto fue justamente que mediante este mecanismo de preselección el MAS en realidad buscaba copar el poder judicial para dirigirlo a la represión de la oposición y a la protección de la corrupción en el oficialismo.
La hipocresía de la derecha
Hipócritamente como siempre, la derecha invoca democracia cuando en juego está “su democracia”, es decir su poder absoluto sobre el aparato estatal en beneficio de las minorías privilegiadas. Entre los candidatos había profesionales vinculados a las luchas sociales, ex asesores legales de la COB o de las CODes, de organizaciones y sindicatos campesino-indígenas. Por ejemplo el abogado Gualberto Cusi Mamani, indígena de Jesús de Machaca que habría obtenido la mayoría de votos validos en las elecciones al Tribunal Constitucional Plurinacional, fue defensor de las victimas de Octubre 2003 en el juicio de responsabilidades contra el ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Perfiles profesionales como estos son para la derecha más intolerables que la afinidad, supuesta o real, al oficialismo.
Sin embargo a ningún candidato fue permitido hacer campaña electoral para dar a conocer su experiencia profesional y su trayectoria social. Solo el Órgano Electoral Plurinacional podía difundir los meritos de los candidatos. Esta restricción tenía el objetivo de evitar lo que ocurre en otros países donde hay jueces electos mediante voto popular, como en algunos Estados de EEUU donde las grandes empresas financian las campañas electorales de los candidatos a jueces, los cuales una vez posesionados contracambian encubriendo las violaciones de las leyes de sus patrocinadores. Sin embargo en un contexto socialmente y políticamente polarizado como el que vivimos en Bolivia esta restricción se tradujo en un boomerang que sólo alimentó la desinformación y la desafección de los electores.
¿Qué cambia en la justicia?
El resultado electoral estaba ampliamente anunciado. El aproximadamente 60% de votos nulos y blancos que habrían triunfado en estos comicios refleja casi fielmente el resultado de las encuestas realizadas en los meses previos a la jornada electoral, según las cuales el 63% de los bolivianos consideraba que ¨nada cambiaría en la justicia¨ pese a la elección directa de los jueces. Lo que llamamos “proceso de cambio” es el producto de una masiva movilización popular que se manifestó primeramente como insurrección y luego se reflejó en las urnas, por la ausencia en el momento dado de un partido revolucionario de masas que llevase a la conquista del poder. En semejante ambiente político y social, ha sido la convicción de que ¨nada cambiaría en la justicia¨ la causa de la desinformación de los electores y no al revés.
Un juez electo es mejor que uno designado por los partidos políticos, sin embargo ni el uno ni el otro podrán cumplir realmente con el anhelo de justicia social que es la fuerza motriz de la revolución. La experiencia concreta de trabajadores y campesinos en estos años ha sido que, a pesar de la dirigencia masista de Jefaturas del trabajo e INRAs departamentales, en los conflictos por tierra y trabajo ha primado la legalidad que reconoce la propiedad privada y sus derechos, frente a las necesidades sociales de los desposeídos. La ley protege al gran terrateniente que acumule legalmente latifundios, al empresario que despide simplemente aduciendo “necesidades de la empresa”, al banco que expropia el prestamista que no puede desembolsar su deuda. Hasta cuando existan el latifundio, los bancos privados y la propiedad privada de empresas, minas etc., la ley será siempre el opuesto de la justicia social.
Una experiencia ya vista
Lo que ha ocurrido en estas últimas elecciones es algo que ya vimos en la historia reciente de otro proceso emancipador latinoamericano similar al nuestro. La reforma constitucional en Venezuela fue derrotada en el referéndum de 2007 por la abstención de 3 millones de votantes chavistas, principalmente concentrados en los barrios populares urbanos. Estas líneas escritas por el camarada Alan Woods comentando aquella derrota electoral son muy apropiadas para explicar el resultado de las elecciones judiciales en Bolivia
Para las masas la cuestión del socialismo y la revolución no es abstracta sino una realidad muy concreta. Los trabajadores y campesinos de Venezuela han sido extremadamente leales a la revolución. Han demostrado un alto grado de madurez revolucionaria y disposición a luchar y hacer sacrificios. Pero si la situación se prolonga durante demasiado tiempo sin una ruptura decisiva, las masas comenzarán a cansarse. Empezando por las capas más atrasadas e inertes empezará a desarrollarse un ambiente de apatía y escepticismo.
Si no hay un final claro a la vista comenzarán a decir: hemos escuchado todos estos discursos antes, pero nada fundamental ha cambiado. ¿De qué sirve manifestarse? ¿De qué sirve votar si vivimos igual que antes? Este es el mayor de los peligros para la revolución. Cuando los reaccionarios vean que la marea de la revolución comience a bajar entonces pasarán a la contraofensiva. Los elementos avanzados de los trabajadores se encontrarán aislados. Las masas ya no responderán a sus llamamientos. Cuando llegue ese momento la contrarrevolución golpeará…
La lucha electoral ha jugado un papel importante en Venezuela para unir, organizar y movilizar a las masas. Pero tiene sus límites. La lucha de clases no se puede reducir a estadísticas abstractas o aritmética electoral. Ni el destino de una revolución está determinado por leyes o constituciones. Las revoluciones se ganan o se pierden no en los despachos de abogados o en elecciones parlamentarias, sino en las calles, en las fábricas, en los pueblos y barrios pobres, en las escuelas y cuarteles del ejército. Ignorar este hecho es un peligro… El nivel de abstención que ha permitido la estrecha victoria de la oposición es una advertencia. Las masas exigen una acción decisiva y no palabras.
El fracaso del “voto castigo”
La derecha pretende arrogarse la representación única de la mayoría de votos nulos y blancos que salieron de las urnas. Juan del Granado, Samuel Doria Medina y los exponentes de Convergencia Nacional están ahora tomando la batuta e intentan dilatar la dificultad del gobierno exigiendo la anulación de las elecciones, apelando hipócritamente al “proceso de cambio” justamente con el objetivo de engañar a aquellas capas más atrasadas de la población que han comenzado a madurar escepticismo y desafección a la idea misma que la cosas puedan cambiar.
Los llamados al voto castigo con la idea de que el gobierno reconduzca o sea derrotado para abrir espacio a una radicalización del proceso, han tenido el efecto contrario. Se basaban y tuvieron eco no en las capas avanzadas del movimiento obrero y campesino, sino en las capas más políticamente atrasadas de las masas. Los últimos pronunciamientos tanto de la FSTMB como de la CSUTCB, que exigen renuncia de ministros y cumplimiento de los 8 puntos del acuerdo del pasado mayo entre COB y gobierno, manifiestan en cambio malestar, conciencia de que hay una quinta columna que está tergiversando el proceso y determinación de lucha por su profundización.
Y realmente, de toda esta determinación y militancia necesitamos ahora. La derecha está capitalizando el resultado electoral buscando en el mismo su resurrección, como era previsible. En su condena “democrática” del “totalitarismo” masista, la derecha encontrará nuevamente en las filas del MAS el apoyo de aquellos reformistas según los cuales los 2/3 no son suficientes, hay que dialogar con la oposición, escucharla y darle espacio. Ya en las semanas previas a las elecciones escuchamos a varios diputados del MAS afirmar que podían repetirse las elecciones, que podían cambiarse a los candidatos en base a un mayor consenso parlamentario etc. Posiciones como estas no hacen más que fortalecer a la derecha y polarizar el debate en el MAS.
¡Girar a la izquierda, reatar con el socialismo!
Los votos nulos y blancos son muy heterogéneos. En ellos se refleja un núcleo duro de la oposición al gobierno (de la derecha y los sectores privilegiados de la población) y también el desinterés y la desafección de amplias capas de la población que apoyaron al MAS, al gobierno y al proceso. No teniendo vínculos de militancia con organizaciones sociales o con partidos políticos estos sectores han querido manifestar con el voto nulo su indignación hacia un cambio tanto proclamado cuanto poco concreto en sus condiciones de vida. Este malestar es siempre más difundido incluso en la base misma del MAS y de las organizaciones sociales y sindicales.
Nuestro pronunciamiento de condena de la represión a la marcha indígena del TIPNIS fue asumido por organizaciones distritales del MAS en Santa Cruz suscitando un interesante debate entre las bases. En otros lados escuchamos por primera vez a militantes de base defender públicamente nuestra posición sobre la necesidad de nacionalizar a los bancos porque “no puede ser que con nosotros al gobierno, los de siempre ganen más que nunca”. La misma multitudinaria marcha de mineros, campesinos y sectores indígenas del pasado 12 de octubre no fue simplemente una manifestación de apoyo al gobierno, sino una advertencia y una señal del malestar entre las bases, reflejada en el discurso de Evo Morales que llamaba a una cumbre social para definir una nueva Agenda para avanzar con el proceso.
Aquella marcha, e incluso el 40 o más por ciento de votos validos en estas elecciones, confirman una vez más “las reservas de apoyo que mantiene la revolución y la necesidad de imprimir un radical giro a la izquierda hacia la satisfacción de las demandas populares”, como escribimos en los días más negros de la indignación popular contra la represión a la marcha indígena en defensa del TIPNIS. Los votos perdidos en la abstención y la desafección pueden recuperarse, lo sabe incluso la derecha que juega a desgastar lo más posible al gobierno, sin quererlo afrontar directamente todavía.
El único camino posible es romper definitivamente con las compatibilidades impuestas por el capitalismo, dar un profundo giro a la izquierda basándose en la determinación y el poder de decisión de trabajadores y campesinos que en todos los momentos cruciales, inclusive este, son la fuerza motriz de la revolución, expulsando del gobierno y del partido toda aquella tecnocracia y burocracia pro capitalista responsable del revés electoral. No es posible atender las demandas sociales de las que nace el proceso permaneciendo en el marco del capitalismo.
La ilusión de democracia con capitalismo es lo que pretende el Ministro Arce, que frente a las cifras rojas del presupuesto nacional convoca a la COB a consensuar la política de contención salarial y austeridad, mientras banqueros privados, terratenientes, empresarios y multinacionales realizan espectaculares lucros y la burocracia estatal se enriquece con una continua corrupción. Todo este envalentonamiento de la derecha y el debate sobre la “legitimidad” de las elecciones sería barrido de un solo golpe si el gobierno empezara a expulsar realmente a las multinacionales de hidrocarburos y mineras, que siguen saqueando el país y amenazando su medioambiente, y nacionalizara los bancos, las empresas y los latifundios bajo el control de trabajadores y campesinos y en beneficio de las mayorías. Esta es la vía maestra, esta es la batalla a seguir.
18 de Octubre de 2011
