Unos dos millones de personas se manifestaron en 57 manifestaciones sindicales en toda España el 19 de febrero en oposición a la contra-reforma de la legislación laboral impuesta por el gobierno de derechas del PP. Ahora los dirigentes sindicales de CCOO y UGT están bajo enorme presión para convocar una huelga general.
Unos dos millones de personas se manifestaron en 57 manifestaciones sindicales en toda España el 19 de febrero en oposición a la contra-reforma de la legislación laboral impuesta por el gobierno de derechas del PP. Ahora los dirigentes sindicales de CCOO y UGT están bajo enorme presión para convocar una huelga general.
La participación en las manifestaciones sorprendió a los dirigentes sindicales, que tan sólo cuatro semanas antes habían firmado un acuerdo con la patronal de tres años de "moderación salarial" (de hecho, una pérdida real de poder adquisitivo) y el debilitamiento de la negociación colectiva.
Según cálculos de los sindicatos, medio millón se manifestaron en Madrid y 450.000 en Barcelona. En Madrid, la manifestación fue tan grande, que la mayor parte del trayecto ya estaba colmado antes de comenzar a marchar. El servicio de orden sindical tuvo que abrir un pasillo para que los dirigentes sindicales pudieran avanzar por parte del trayecto y cruzar la Puerta del Sol para llegar al escenario al final de la manifestación.
En Valencia, donde la semana pasada se produjo una brutal represión contra estudiantes de secundaria que protestaban contra los recortes en educación, marcharon 80.000 en la capital, otros 40.000 en Alicante y 30.000 en Castellón. En la ciudad asturiana de Gijón, 50.000 personas se manifestaron a pesar de la lluvia torrencial. Hubo 70.000 en Zaragoza, capital de Aragón, y otros 2000 en Huesca. También hubo grandes manifestaciones en Andalucía no sólo en la capital, Sevilla (50.000), sino también en Málaga (25.000), Granada (15.000), Córdoba (20.000), Jaén (1.500), Huelva (10.000), Almería (7.000), Cádiz (3.000), etc. Se estima que 40.000 marcharon en el conjunto de Castilla y León, con 20.000 en el mismo León. En las manifestaciones de Galicia también se contaban decenas de miles de personas (30.000 en A Coruña, 15.000 en Santiago, 15.000 en Ferrol, 50.000 en Vigo) a pesar del hecho de que el sindicato nacionalista CIG, no participó. Hubo un resultado más pequeño en el País Vasco, donde los sindicatos nacionalistas, que tienen la mayoría de los delegados sindicales, han organizado una manifestación separada para el 24 de febrero, pero aun así 2.500 salieron a la calle en Bilbao y en Vitoria-Gasteiz, y 700 en San Sebastián-Donosti. Es imposible dar una lista completa de todas las manifestaciones, pero éstas se llevaron a cabo también en Mallorca, Murcia, Canarias e incluso en Ceuta y Melilla. Estas cifras de asistencia son las proporcionadas por los sindicatos que, por lo menos en algunos de los casos, subestiman la presencia real.
El estado de ánimo de las manifestaciones fue de determinación y rabia. Hubo muchas consignas que exigían la convocatoria de una huelga general. Los activistas sindicales y militantes presentes pudieron sentir la fuerza del movimiento sindical y de la clase obrera en su conjunto cuando ésta se empieza a mover. Hay que añadir que estas manifestaciones habían sido convocadas con sólo unos pocos días de antelación, coincidiendo con el domingo de carnaval, y que estaban siendo convocadas en contra de un gobierno que lleva en el cargo menos de dos meses y que tiene una mayoría absoluta en el Parlamento. Ninguno de estos factores debilitó lo que fueron las mayores manifestaciones sindicales en muchos años.
Estas manifestaciones reflejan un estado de ánimo más profundo dentro de la sociedad que se ha expresado antes en las manifestaciones del movimiento 15M. Hay un profundo sentimiento instintivo contra el capitalismo como sistema económico, y la democracia burguesa y sus políticos están desacreditados en general. Ha habido un movimiento desde abajo, empujando a los dirigentes sindicales a la acción, incluyendo un movimiento masivo del sector educativo en Madrid, huelgas espontaneas y ocupaciones de los trabajadores de la salud y de la educación en Cataluña, y más recientemente una movilización masiva de estudiantes en Valencia contra la represión.
Las manifestaciones del domingo 19 de febrero fueron anticipadas por masivas asambleas regionales de delegados sindicales. En Madrid, 2.500 representantes sindicales llenaron una reunión regional conjunta de delegados sindicales de CCOO y UGT con otros 1.000 bloqueando la calle en el exterior sin poder acceder al recinto. En Valencia, por ejemplo, 2.800 delegados sindicales colmaron otra reunión regional para preparar las movilizaciones.
La movilización fue una verdadera demostración de fuerza que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT no esperaban. "Ha sido una sorpresa", dijo el secretario general de UGT, Cándido Méndez, mientras que el secretario de CCOO, Toxo, añadió: "la verdad es que la participación ha superado todas las expectativas". Desde el comienzo de la crisis, los líderes de UGT y CCOO han seguido una política de tratar de suavizar el impacto de las medidas de austeridad, de tratar de obtener el "mal menor" en las mesas de negociaciones, en lugar de enfrentar al gobierno del Partido Socialista primero y ahora al gobierno de derechas del PP con la movilización de los trabajadores en las calles.
Así, después de una huelga general a medias en septiembre de 2010, se pasó a firmar la contra-reforma del sistema de jubilaciones en enero de 2011 con el gobierno del Partido Socialista (PSOE) de Zapatero. Como resultado de sus políticas de derechas en el gobierno, el PSOE sufrió una derrota aplastante en las elecciones del 20 de noviembre del año pasado, permitiendo que la derecha del PP consiguiera la mayoría absoluta en el Parlamento, aunque en términos absolutos sus votos no habían aumentado significativamente.
Estaba claro desde el principio que el gobierno del PP iba a llevar a cabo una política de recortes masivos y de "reformas estructurales" (es decir, la destrucción de los derechos y de las condiciones laborales), pero los dirigentes sindicales de CCOO y UGT insistieron en la adopción de una actitud de esperar y ver. Cuando se le preguntó si se iban a recibir al nuevo gobierno en las calles, el secretario general de CCOO Toxo respondió que ¡"hacía mucho frío" en las calles en invierno!
Incluso después de que el gobierno del PP hubiera dado a conocer un paquete masivo de recortes de austeridad en sus primeros días de mandato en diciembre de 2011, los dirigentes sindicales pasaron a firmar un acuerdo global con la organización patronal CEOE en enero. El acuerdo supone tres años de aumento de los salarios por debajo de la inflación (en realidad, una pérdida real del poder adquisitivo de los salarios) y el debilitamiento de los convenios colectivos a favor de los empresarios y de los acuerdos locales de base (donde los trabajadores están en una posición más débil). Su razonamiento era el siguiente: "si se demuestra que somos razonables y nos comprometemos a hacer algunos sacrificios voluntariamente, el gobierno no va a estar en condiciones de imponer más ataques". Se equivocaron, por supuesto. La debilidad invita a la agresión y el carácter agudo de la crisis del capitalismo en España exige brutales ataques a los salarios de los trabajadores, y a las condiciones y beneficios sociales.
No sólo esto, sino que al firmar el acuerdo con los patrones, los dirigentes sindicales introdujeron elementos de confusión y escepticismo en el movimiento. En lugar de enviar un mensaje claro a las bases y a los trabajadores en general de que los ataques del gobierno sólo pueden ser combatidos mediante la movilización, se insistió en las negociaciones y conversaciones.
El gobierno respondió a la actitud conciliadora de los dirigentes sindicales con una reforma brutal de la legislación laboral que plantea una serie de medidas muy graves para dar a los empresarios el derecho de contratar y despedir a voluntad, mediante la reducción de pago de la indemnización por despido, alargando el período de prueba en el que los trabajadores no tienen derechos laborales, eliminando la necesidad de autorización del Gobierno y de la negociación con el sindicato para los Expedientes de Regulación de Empleo, etc. La "reforma" también permite a cualquier empresa que haya tenido tres trimestres consecutivos de reducción de sus ganancias, o pérdidas reales o proyectadas, a despedir a trabajadores con causa justificada, lo que en efecto significa que casi todas las empresas en España tienen ahora la posibilidad de despedir a los trabajadores legalmente "por razones económicas" con un nivel drásticamente reducido de los pagos por indemnización. Las medidas aprobadas por decreto del 11 de febrero también atentan gravemente contra los acuerdos de negociación colectiva a nivel nacional en las mismas líneas que reformas o propuestas similares aplicadas en Grecia y Portugal. El decreto hace más fácil para los empresarios cambiar unilateralmente las horas de trabajo, las condiciones laborales, la ubicación de los trabajadores, la estructura salarial, etc, La reforma también elimina la protección adicional que tenían los trabajadores del sector público contra los despidos.
En realidad, este es un grave atentado no sólo contra los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales, sino también contra su capacidad de defenderlos de manera colectiva. Incluso un artículo de opinión en el diario pro-capitalista El País, ha advertido que el verdadero objetivo de la "reforma" es "romper el equilibrio de poder dentro de las empresas" a favor de los patrones. Este ataque no viene solo. Es parte de un plan de amplio alcance para hacer que los trabajadores paguen la crisis y restablecer la rentabilidad del capitalismo español mediante la reducción de los salarios y las condiciones laborales con el fin de hacerlo más competitivo con otros países europeos.
Estas son exactamente el mismo tipo de medidas que ya se han aplicado en Grecia y que se están introduciendo en Portugal e Italia. Desgraciadamente, los dirigentes sindicales no parecen haber comprendido la gravedad de la situación. A pesar del carácter masivo de las manifestaciones del 19 de febrero, todavía están hablando de su intención de obligar al gobierno a ir a la mesa de negociaciones. Tanto Cándido Méndez de la UGT como Fernández Toxo de CCOO insistieron en que su objetivo no era la "confrontación", sino "corregir la reforma". A pesar de que estuvieron presentes en la manifestación de Madrid, no tomaron la palabra en el mitin final, dejándolo en manos de los líderes de sus alas juveniles que leyeron un comunicado previamente preparado. El verdadero estado de ánimo de los manifestantes sin embargo, se demostró en todo lo que les gritaron mientras cruzaban por una Puerta del Sol repleta.
Los líderes de CCOO y UGT están ahora bajo una enorme presión desde abajo para que intensifiquen la lucha. Ya no pueden usar la excusa de que es difícil movilizar a los trabajadores, que el estado de ánimo no está presente, etc. El 19 de febrero ha demostrado que los trabajadores responderán a cualquier llamamiento serio para la movilización por parte los dirigentes sindicales. Lo que se necesita ahora es un plan de acción claro, a partir de la convocatoria de una huelga general de 24 horas. Pero si vamos a aprender las lecciones de Grecia, está claro que una huelga general de 24 horas en y por sí misma no resolverá nada. Esto tiene que ser parte de una estrategia de intensificar la movilización para una huelga general de 48 horas e incluso para llamamientos a la acción más serios si el gobierno no da marcha atrás, como los compañeros de Lucha de Clases en España han argumentado.
Como advertimos inmediatamente después de las elecciones: "Si Merkel, Rajoy y la clase dirigente española creen que el resultado de las elecciones significa un firme y sólido mandato para recortes de austeridad, se encontrarán una gran sorpresa. Esta política provocará más temprano que tarde, una explosión masiva de la lucha de clases. Ataques al estilo griego conducirán inevitablemente a una lucha de clases al estilo griego. (Elecciones españolas: el Partido Socialista derrotado – el nuevo gobierno de derecha se enfrenta a una crisis capitalista aguda) Esto es lo que ahora hemos empezado a ver.
Izquierda Unida (IU) participó activamente en las manifestaciones, en algunos casos con sus propias columnas y demandas. También estuvieron presentes las principales figuras del Partido Socialista, a pesar de que muchos trabajadores tomarán con desconfianza su oposición al gobierno del PP, ya que fue el gobierno del PSOE quien comenzó estos ataques a los derechos de los trabajadores y a las condiciones laborales en primer lugar. Los dirigentes de IU han tomado una serie de iniciativas parlamentarias y legales en contra de la contra-reforma, pero también han explicado correctamente que ésta sólo puede ser derrotada en las calles. Sin embargo, se han abstenido de hacer comentarios críticos sobre el acuerdo firmado por los dirigentes sindicales y los patrones, y no han mencionado la necesidad de que los sindicatos convoquen una huelga general (utilizando la excusa de que tal convocatoria "le corresponde a los sindicatos").
Una capa de trabajadores y jóvenes avanzados votaron por Izquierda Unida el 20 de noviembre, que incrementó sustancialmente su voto, y están mirando hacia esta organización buscando una dirección. Si bien es cierto que la decisión de llamar o no llamar a una huelga general pertenece a los sindicatos, también está claro que una organización de izquierda, como Izquierda Unida, tiene el deber y el derecho de expresar una opinión acerca de lo que sería la mejor estrategia a seguir. No sólo debe expresar una opinión, sino que también debe jugar un papel clave en la reorganización de la izquierda sindical, sobre todo en CCOO, para que así sus miembros en los sindicatos se conviertan en un canal de expresión para la rabia de los activistas de base e impulsen todo el movimiento hacia adelante.
Una nota negativa de las manifestaciones del 19 de febrero fue la falta de unidad sindical en Galicia y el País Vasco. En Galicia, el sindicato nacionalista CIG ha convocado su propia huelga general el 29 de marzo, mientras que en el País Vasco la mayoría sindical nacionalista (ELA, LAB, ESK y otros) también han convocado una huelga general en la misma fecha. Cualquier idea de luchar contra los ataques del gobierno del PP dentro de los confines de Galicia o del País Vasco será tomada inmediatamente con desconsideración por cualquier activista sindical serio. La experiencia de anteriores huelgas generales confinadas en el País Vasco ha sido la de dividir a los trabajadores en líneas nacionales en lugar de unirlos sobre la base de sus intereses de clase comunes.
Si bien es positivo que los sindicatos nacionalistas en Galicia y el País Vasco hayan tomado la iniciativa de convocar una huelga general de 24 horas – y esto sin duda pone a los líderes de UGT y CCOO bajo presión – fue claramente una posición errónea y sectaria no haber participado en las manifestaciones del 19 de febrero, o en el caso del País Vasco el haber convocado una manifestación separada el 24 de febrero, básicamente, con los mismos objetivos y consignas. Las divisiones nacionalistas sólo benefician a la clase dominante. Si alguna vez hubo un momento en que la unidad de la clase trabajadora era de suma importancia esa es ahora, cuando el capitalismo español se encuentra en medio de su crisis más grave desde hace décadas y el movimiento obrero se enfrenta al más duro de los ataques.
Visita la web marxista Lucha de Clases
Ver También:
Hoja de LUCHA DE CLASES para las manifestaciones del 19 de febrero
Informes de las manifestaciones del 19 de febrero contra la reforma laboral
Diguem NO! Hay que responder a la represión de los estudiantes en Valencia
20 de febrero de 2012
