Por Alfredo Guzmán
«El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos»
Karl Marx
El pasado 25 de noviembre, entre las 12:30 y la 1:30 de la madrugada alrededor de 40 agentes de la PNC ingresaron a las viviendas de 3 personas que lideran el Movimiento Unido por La Labor en una zona rural de Ahuachapán, a quienes arrestaron por orden judicial del juzgado de Ataco, las personas detenidas son Rosa Cinco, Jorge Zúñiga y David Escalante, líderes comunitarios y defensores ambientales que luchan contra la extracción ilegal del agua por parte de la empresa inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. en la Hacienda La Labor, en donde dicha empresa pretende construir una residencial. Al momento de realizar la captura los agentes no explicaron a las familias las razones de la detención, según un familiar de Rosa Cinco a ella se la llevaron a pesar de que padece de diabetes y tenía alterados sus niveles de azúcar. Aparte de estas 3 personas defensoras del derecho al agua, hay otros 4 líderes y lideresas comunitarios que tenían orden de arresto, ellos son Erika Solórzano, Kevin Menéndez, Mario Cinco y Adonaldo Artero, quiénes se presentaron voluntariamente al Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán el día 29 de noviembre cuando se desarrolló la audiencia inicial del caso y seguirán el proceso judicial bajo libertad condicional
La empresa Fénix, con el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a estas siete personas de ocupar violentamente espacios comunales, habitacionales o de trabajo en la propiedad de la empresa. Las 3 personas defensoras del medio ambiente arrestadas en sus casas, seguirán en prisión preventiva durante los 3 meses que dura la etapa de instrucción, aseguró Ricardo Martínez, abogado defensor de los líderes ambientalistas.
Defender el agua ante la amenaza de las grandes empresas
La lucha de los defensores del agua y del medio ambiente en la Hacienda La Labor se remonta a 2,018, cuando las comunidades afectadas por los proyectos hicieron plantones y protestas en contra de Fénix y otra empresa, las cuales han perforado al menos 6 pozos en la zona de la Hacienda La Labor, la cual se encuentra en una zona de recarga hídrica.
El pasado 26 de octubre los representantes de las comunidades organizados en el Movimiento Unido por La Labor, decidieron manifestarse públicamente de nuevo ante la extracción ilegal del agua por parte de la empresa, para lo cual pidieron a la PNC que cerrará las válvulas de la tubería y apagara la bomba extractora. Ante estas acciones la empresa Fénix envió un contingente de agentes de seguridad privada para proteger el equipo el equipo de bombeo y vigilar la propiedad. Al día siguiente, el 27 de octubre, después de haber detenido la extracción no autorizada de agua, la empresa retiró la maquinaria y el equipo del lugar. Funcionarios de la FGR y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) llegaron posteriormente a realizar una inspección al terreno de la empresa y ordenaron que el pozo fuera sellado.
Proyectos urbanísticos, jugosos negocios a costa de los recursos naturales
Fénix S.A de C.V. constructora vinculada, según documentos del CNR, a Salazar Romero, una empresa propiedad de Raúl Salazar Landaverde, socio de José Adán Salazar Umaña alias “Chepe Diablo”, pretende construir el proyecto habitacional “Residencial Eco-Terra Hacienda” de más de 1,500 viviendas en un terreno de unas 40 manzanas de zona protegida que se destruiría y afectaría los mantos acuíferos los cuales ya han sido reducidos un 50% y abastecen cuatro cantones y catorce caseríos según un representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Oficialmente el proyecto se encuentra en la fase de evaluación según registros del MARN, y ha sido categorizado por este ministerio como un proyecto de impacto ambiental alto, es decir las afectaciones de la urbanización serán irreversibles en el ecosistema de La Hacienda. Además hasta principios de octubre la empresa no había cumplido las condicionantes establecidas por ANDA para poder extraer el agua. A principio de este año, ANDA entregó a Fénix un certificado de no afectación del proyecto el cual estaba condicionado a varios requisitos que la empresa debía cumplir tales como medidas compensatorias al medio ambiente, tratamiento de aguas residuales, notificación de construcción del pozo y de la extracción del agua, las cuales Fénix no ha cumplido y por eso el certificado de no afectación le fue revocado el 12 de octubre y es la base legal sobre la que los líderes de las comunidades se oponen a la extracción ilegal del agua.
Persecución por parte de las empresas extractivistas a los defensores de recursos vitales
Los líderes comunitarios arrestados y procesados judicialmente aseguraron a través de su abogado que el día de la protesta ellos y ellas no ingresaron al terreno de la empresa, tal como los acusan los fiscales y los representantes de la constructora. Según los acusados, los funcionarios de la fiscalía están actuando como “abogados corporativos” en este conflicto legal por el agua, favoreciendo los intereses de la gran empresa al mismo tiempo que atropellan los derechos de los habitantes de La Hacienda La Labor.
El abogado de los defensores y defensoras ambientales expresó que previamente a realizar los arrestos “el jefe de la unidad fiscal, el fiscal del caso y el jefe de toda la oficina fiscal estuvieron presionando a las personas detenidas para que llegaran a un arreglo (con la empresa). Hoy se han portado como abogados corporativos”. Frente a los intentos de sobornos, persecución, arresto y atropellos de sus derechos en el proceso judicial, los defensores ambientales han actuado valientemente y no han vendido su derecho de acceder al agua de sus mantos acuíferos.
En este conflicto que afecta a cientos de familias del departamento de Ahuachapán vemos que la guerra por el acceso al agua ya comenzó dentro de un sistema capitalista extractivista y corporativo que favorece y protege a las grandes empresas acaparadoras de los recursos naturales y destructoras de los ecosistemas del medio ambiente. El estado salvadoreño a través de sus instituciones y funcionarios en la mayoría de los casos actúa a favor de los millonarios que tienen el poder económico y con quienes intercambian favores.
Como hemos visto en el caso de los líderes comunitarios de La Hacienda La Labor, sólo a través de la organización de las mayorías se pueden defender nuestros derechos. La organización comunitaria para administrar, cuidar y proteger los proyectos de agua ha demostrado ser la más eficiente a lo largo y ancho del país. Los revolucionarios debemos tener claro de qué lado estamos en esta lucha irreconciliable. Debemos propiciar y promover la organización comunitaria y también a nivel urbano con la clase trabajadora para luchar contra la privatización de los pocos recursos que nos quedan, antes que el capitalismo termine de convertirlos en privilegios exclusivos de los ricos.
Fuentes:
https://diario.elmundo.sv/denuncian-captura-de-defensores-ambientales-en-ahuachapan/
