Por Karen Campos y Jorge Martín
Durante los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, se han hecho evidentes sus constantes concesiones ante la derecha oligárquica, que entre más cede Castillo más se intensifican los ataques hacia él.
Esta situación generó un lógico proceso de descontento y decepción entre las bases que apoyaron su proyecto de gobierno, pues con tal de conciliar con la burguesía parasitaria parecía haber olvidado que fue su programa y sus promesas de campaña que fueron los que lo llevaron a la presidencia y no su persona en sí.
Con cada cambio de premier, se iba diluyendo el tibio programa presentado por Castillo, alejando a figuras que parecían más radicales o más a la izquierda, sustituyéndolos por personas “más estables”, o más afines, a los intereses de la clase dominante peruana y las multinacionales.
Así fue como esta política titubeante sumada a la crisis económica a nivel mundial, desató las manifestaciones del mes pasado, contra la carestía de la vida, pues los precios de los combustibles y de la canasta básica han aumentado considerablemente, provocando que las familias más pobres de la clase obrera sean incapaces de adquirir lo necesario para sobrevivir.
Un gobierno reformista y conciliador, inevitablemente se encontrará, en todo momento, ante la disyuntiva de los intereses de clase. No es posible gobernar tanto para unos como para los otros, pues dentro del marco económico, político y social del capitalismo, otorgar derechos a la clase obrera significa atacar los intereses de la clase burguesa, y mantener los beneficios de la clase burguesa significa atacar y arrebatar derechos a la clase obrera. Particularmente en un momento de crisis del capitalismo, no puede haber medias tintas, o se está de un lado o del otro.
Después de meses de concesiones a la oligarquía y retrocesos, el 22 de abril el presidente Castillo anunció desde Cuzco que presentaría un proyecto de ley para preguntar a la ciudadanía si quieren o no una nueva constitución. Era un intento claro por reconectar con las masas que lo llevaron al poder bajo la promesa de campaña de la Asamblea Constituyente.
Este anunció ha causado revuelo entre las capas más avanzadas del movimiento obrero que ven a la constituyente como una vía hacia un cambio radical y como una vía de liberación del lastre del fujimorismo. La Constituyente se ha vuelto centro de discusión en los diferentes gremios en lucha del Perú. Incluso, dentro de las protestas de Junín del mes pasado, ya se hacía eco a la demanda de la constituyente. De hecho, ya ha habido llamados desde las centrales sindicales a realizar Paros Nacionales, por demandas económicas, donde la consigna: ¡Nueva Constitución! se ha hecho presente. Ante la profundización de la crisis económica, esta demanda podría ser la que aglutine el movimiento obrero del Perú.
El proyecto de ley presentado por Castillo ante el Congreso planteaba la realización de un referéndum para la convocatoria de una Asamblea Constituyente y que este pueda realizarse durante el proceso electoral regional y municipal que se llevará a cabo en octubre de este año, con la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política?
El referéndum constituyente archivado
Lo irónico de esta situación, es que la constitución fujimorista actual debe ser reformada para dar cabida a la posibilidad de generar una nueva constitución. Y quienes deben aprobar esta reforma, son exactamente los mismos que se oponen a ella. Así, el 7 de mayo,la Comisión de Constitución del congreso votó por mayoría archivar la propuesta del presidente. Los representantes de todos los partidos de la derecha votaron en contra de que sea el pueblo el que decida si quiere o no una constituyente. Se llenan la boca de democracia, pero no quieren dar la voz a la mayoría. Ahí se demuestra el auténtico carácter de la oligarquía peruana que teme que el pueblo se pronuncie.
Podemos ver de forma más clara el verdadero carácter del Estado burgués, cuyo aparato está diseñado para defender bajo argumentos jurídicos y legales los intereses de la clase dominante. Ante esta situación, tanto Castillo como su gabinete han dado muestras de vacilación. Por un lado declaran que “no hay un plan B” y por lo tanto abandonan la lucha por la constituyente, mientras que por el otro algunos hacen declaraciones del tipo que “la palabra del pueblo es sagrada” y que de este depende que haya un referéndum.
Además de eso, en mitad de ese proceso, la bancada de Perú Libre se prestó a una maniobra para elegir a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora y fujimorista. La votación en el Congreso sobre la elección de los magistrados, el 10 de mayo, fue sin debate y en la misma se produjo una alianza contra natura de Perú Libre con el fujimorismo. Esto llevó a la ruptura de la bancada parlamentaria de Perú Libre, con la salida del Bloque Magisterial y fue además una fuente de desprestigio para el sector afín a Cerrón.
El problema desde el punto de vista de la clase dominante es que al bloquear la vía parlamentaria para el referéndum sobre la Constituyente, no deja más camino que el de la movilización de masas en las calles para conseguirlo, creando así un foco en el que se pueden concentrar todas las luchas. Ya la Asamblea Nacional de los Pueblos, que agrupa organizaciones obreras, campesinas y populares y sesionó el 14 de mayo, llamó a un Paro Nacional y Jornada de Lucha para el 27 y 28 de junio. Éste es el camino.
A esta Asamblea asistió también Castillo, que se enfrenta a un nuevo intento de vacancia presidencial por parte del ultraderechista Renovación Popular y en el momento más bajo de aprobación desde su elección hace 9 meses. En un intento por volver a conectar con las masas pobres, obreras y campesinas, que le auparon a la presidencia, Castillo dijo que “la voluntad del pueblo no se puede amordazar” y volvió a defender la necesidad de una constituyente”.
Es claro que, en el Perú, la Asamblea Constituyente no se dará sola, ni por la voluntad del congreso, sólo mediante la lucha organizada del pueblo trabajador del campo y la ciudad se podrá presionar para arrancar de la burguesía la demanda popular.
Una Constituyente ¿para qué?
La lucha por la Asamblea Constituyente no es una cuestión abstracta. En primer lugar, es una cuestión democrática básica. La Constitución actual que rige en Perú es la de 1993, redactada bajo la dictadura de Fujimori, con apenas algunas enmiendas menores. Mandar esa Constitución al cubo de basura de la historia representa cortar de raíz con la dictadura. En segundo lugar, para cientos de miles de obreros, campesinos y jóvenes, la idea de una Asamblea Constituyente aparece como la vía para romper con las desacreditadas instituciones políticas burguesas existentes, la misma aspiración que llevó al levantamiento de noviembre de 2020 y a la elección de Castillo el año pasado. La consigna de “cierre del congreso y nueva constitución” resume este profundo rechazo. Y en tercer lugar, la consigna de la Constituyente es vista como la vía para cambiar decisivamente las condiciones de vida de la mayoría, y aplicar las medidas del programa electoral de Castillo, incluyendo la reforma agraria, la nacionalización del gas y de las multinacionales mineras.
La experiencia de Chile
Ante estas expectativas, es importante analizar la experiencia de Chile, donde está sesionando actualmente una Convención Constituyente.
Desde el 18 de octubre hasta finales de noviembre de 2019 se desarrolló un levantamiento de masas de carácter insurreccional, donde participaron entre 5 y 6 millones de personas. Fue una titánica protesta contra el régimen del capitalismo chileno, donde las masas obreras pusieron a prueba su fortaleza. Es innegable el valor y la determinación que mostró la clase obrera en la lucha, con la juventud a la vanguardia. Sin embargo, esto no lo es todo, se requiere de una dirección que pueda enfocar la fuerza del movimiento obrero hacia un cambio revolucionario.
En este proceso de lucha, la implementación de una Asamblea Constituyente representaba para el movimiento una aspiración por un cambio social, así como la representación de su repudio hacia el régimen actual.
Pero, una Asamblea Constituyente no es más que un parlamento democrático burgués, por lo tanto, se trata de una demanda democrático-burguesa, sin embargo, esto no significa que bajo determinadas circunstancias sea correcto que la clase obrera luche por conseguirlas, pues la conquista de estas demandas serán una escuela para sacar lecciones más avanzadas en la lucha de clases.
En el caso de Chile, el régimen se apropió de la idea de la Constituyente para sacar a las masas de las calles, donde amenazaban con barrer con todo el edificio de la democracia burguesa podrida, hacia los canales más seguros del parlamentarismo, en este caso bajo la forma de una Convención Constituyente. Cuando las masas en las calles exigían el “Fuera Piñera”, todos los partidos parlamentarios (con la excepción del Partido Comunista) firmaron el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, que terminaría por desmovilizar a las masas, empantanado la lucha bajo el proceso de una constituyente que no irá más allá de los límites del parlamentarismo burgués, un cambio para no cambiar.
En Chile, se tenían las condiciones para avanzar hacia una insurrección en la que las masas de la clase trabajadora tomaran el poder en sus propias manos. Lo único que faltaba era una dirección revolucionaria a la altura de las circunstancias capaz de convencer a las masas de que sólo mediante sus propias fuerzas y arrebatándole el poder político y económico a los dueños del capital podremos solucionar de raíz todos los problemas que aquejan a nuestra clase.
Así, la Convención Constituyente chilena se ha convertido en la práctica en un foro de discusión que no resuelve ninguno de los problemas fundamentales de trabajo, vivienda, salud, educación, a los que se enfrentan las masas. Es importante sacar lecciones.
Cambiar el mundo de base significa expropiar a los capitalistas y las multinacionales
Debemos advertir, sin embargo, que un cambio del texto de la Constitución, en sí mismo, no resuelve los problemas centrales a los que se enfrenta la clase obrera y los pobres en el Perú. Para que no haya nunca más pobres en un país rico, lo que es necesario es expropiar la riqueza que está en manos de un puñado de empresarios en la CONFIEP y las multinacionales mineras y otras a las que están estrechamente vinculadas y ponerlas en manos de la clase trabajadora para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y no de una minoría de parásitos.
Es indispensable unir las reivindicaciones democráticas con las reivindicaciones sociales y económicas. Hay que entender que de lo que se trata es de barrer con el capitalismo peruano de raíz, no de tratar de hacerlo funcionar en beneficio de la mayoría. Lamentablemente, Cerrón y Perú Libre siguen aferrados a la idea de una “economía popular con mercados”. En realidad esto no es más que un eufemismo del capitalismo.
Vladimir Cerrón ha tratado de convencer a los “empresarios nacionales” “con cultura y sentido de patria” que ellos serían “uno de los principales beneficiarios” de una nueva constitución, que les protegería de “las transnacionales”. El problema es que la burguesía peruana ya ha declarado abiertamente, en palabras y hechos, de qué lado está: del lado del imperialismo y las multinacionales a los que están atados por miles de hilos económicos, personales y políticos.
En la época del imperialismo, la burguesía nacional, en un país dominado, no puede jugar ningún papel independiente. Esto ya lo explicó el Amauta Mariátegui hace casi cien años cuando insistía, contra el APRA, que la revolución que necesita el Perú no puede ser solo “anti-imperialista”, sino que debe ser anti-capitalista, y por lo tanto, socialista y parte de la revolución socialista internacional.
La clase trabajadora debe de tomar todo el poder en sus manos, político y económico. Solo así podremos barrer de una vez y para siempre la memoria sangrienta de la dictadura del capital en el Perú.
