[Originalmente publicado en: In Defense of Marxism, por Alejandro Spezia]
En las últimas semanas se ha abierto una situación dramática en las facultades universitarias y escuelas de Argentina. En respuesta al desfinanciamiento del sistema universitario público por parte de Milei, los estudiantes han votado ocupar una facultad tras otra a lo largo del país, canalizando el creciente rechazo al gobierno de extrema derecha de Milei.
Desde su llegada al poder en diciembre pasado, Milei ha implementado recortes brutales hacia diversos sectores de la población, socavando una serie de derechos laborales y democráticos básicos, como el derecho a la huelga, e impulsando un hundimiento generalizado en la pobreza de las clases trabajadora, media y desempleada. Cualquier gasto estatal que beneficie a la clase trabajadora y a los pobres ha sido sacrificado sin miramientos en el altar del déficit cero.
A lo largo del último año se produjeron diversos episodios de intensa lucha contra el gobierno, pero ninguno de ellos tuvo tanta extensión nacional ni repercutió tan fuertemente en la sociedad como la actual lucha por la defensa de la universidad pública.
El Congreso fue escenario de intensas protestas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei y su proyecto de ley ómnibus que trazaba su agenda legislativa. Ambos se aprobaron en el Congreso gracias a las presiones de Milei, la compra de votos de los peronistas alineados con fuerzas provinciales, la hipocresía de los radicales que denunciaron a Milei mientras votaban a favor de sus proyectos, y la brutal represión en las calles fuera del Congreso.
En los meses anteriores, los jubilados se vieron especialmente golpeados. Milei redujo las pensiones a 244.320 pesos (unos 200 dólares), por debajo de los niveles de subsistencia, dejando a los jubilados con una sola comida al día o obligándolos a elegir entre comer, calentar sus casas o comprar medicamentos esenciales. Este ataque generó manifestaciones de jubilados y una valiente resistencia a las palizas y gases lacrimógenos de la policía (cada lata de gas lacrimógeno cuesta más que su pensión mensual), pero no se generalizó a capas más amplias de la sociedad.
Los trabajadores de la administración pública y las empresas nacionales sufren constantes ataques y despidos masivos periódicos. Aerolíneas Argentinas es uno de los principales objetivos de privatización o cierre por parte de los libertarios, y los trabajadores de la aerolínea siguen luchando mediante una serie de huelgas en curso.
Algunos sectores de trabajadores organizados han logrado resistir la precarización del sector privado mediante una acción militante de lucha de clases. Los trabajadores del procesamiento de cereales y aceite alimentario, un sector pequeño pero clave en los puertos del litoral del Río Paraná, han lanzado una huelga militante que ha puesto en alerta al gobierno.
A pesar de estos casos, la clase obrera no ha irrumpido definitivamente en escena para poner fin a los ataques de Milei contra su nivel de vida. Las luchas que se produjeron fueron en su mayoría aisladas y tuvieron, inevitablemente, un carácter defensivo.
Milei está ganando confianza al ser capaz de remontar cada una de las oleadas de protestas producto de su ajuste, mientras consigue estabilizar temporalmente los indicadores macroeconómicos, bajando la inflación (como resultado de una brutal contracción del gasto de las familias) y el índice de riesgo país. La victoria de Trump podría significar una mayor disponibilidad de fondos del FMI en el próximo año, que el país usaría para pagar los grandes vencimientos de deuda que se avecinan en 2025. A pesar de los brutales recortes en su poder adquisitivo y la recesión desencadenada por sus políticas, un sector de la clase trabajadora sigue teniendo una opinión favorable de Milei, desesperado por ver un cambio tras años de inestabilidad económica bajo los gobiernos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Macri.
El mayor problema que impide que las capas avanzadas de la clase obrera se impongan contra Milei es la crisis de dirección de la clase, expresada en los dirigentes peronistas que suprimen cualquier lucha extraparlamentaria, insistiendo en que a Milei solo se le puede combatir en las elecciones legislativas de 2025 y presidenciales de 2027, desorientando y desmovilizando así a las masas y garantizando la continuidad de la gobernabilidad del sistema capitalista.
Por otro lado, los dirigentes de los principales sindicatos solo se preocupan por negociar la continuidad de su posición privilegiada con Milei, convocando marchas aisladas cuando lo ven conveniente para sus intereses y sofocando cualquier otra iniciativa.
Universidad pública: una historia de lucha
En esta situación irrumpió el movimiento estudiantil, un movimiento que tiene una extensión nacional mayor que las anteriores luchas contra Milei y que toca un tema que cuenta con la simpatía de la gran mayoría de los argentinos, incluso a través de las líneas de clase. Las universidades nacionales de Argentina tienen una muy buena reputación y un alto nivel académico, y a ellas asisten por igual los hijos de la clase obrera y de la burguesía, no sólo de Argentina, sino de toda América Latina.
Las características fundamentales de las universidades públicas argentinas provienen del gran movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, que estalló en Córdoba (cuya universidad tenía las condiciones más atrasadas y cuyas autoridades se resistían más al cambio), y se extendió al resto del país y repercutió en todo el continente. Este movimiento de reforma del sistema universitario, liderado por estudiantes radicalizados tras la Revolución Rusa de 1917, rompió con el dominio clerical y oligárquico secular de las universidades, que originalmente fueron creadas por los jesuitas como seminarios.
A principios del siglo XX, las universidades seguían estando dirigidas de forma totalmente autoritaria por autoridades mayoritariamente religiosas, que enseñaban planes de estudios anticuados e idealistas, preparando a los hijos de la clase dominante para la vida profesional o política.
Las conquistas más importantes del movimiento Reformista fueron la autonomía universitaria, el cogobierno y la extensión del sistema universitario. La autonomía y el cogobierno supusieron el derecho de la comunidad universitaria a elegir a sus propios gobernantes a partir de los votos de profesores, estudiantes y egresados, sin interferencias del Estado. El sistema de « cátedra libre » rompió con la anterior autoridad ilimitada y arbitraria de los profesores, que ahora se sometían a elecciones periódicas abiertas y competitivas, al tiempo que se introducían planes de estudio paralelos que permitían a los estudiantes elegir bajo quién estudiaban y la orientación de sus cursos.
Los reformistas también exigieron la extensión del sistema universitario, para hacerlo accesible a los estudiantes de todo el país, no sólo de las capitales de las provincias más importantes. Esto se combinó con ayudas a los estudiantes y una orientación hacia los problemas sociales y locales de la población. El resultado fue una reforma profundamente democrática del sistema universitario.
En 1949, bajo el gobierno peronista, se consiguió finalmente la gratuidad de la enseñanza, otra reivindicación de los reformistas de 1918. Esto condujo a la entrada masiva de estudiantes de la clase obrera en las universidades, lo que multiplicó varias veces el tamaño del alumnado.
Estas conquistas no fueron concedidas voluntariamente por la clase dominante, sino que fueron ganadas a través de una dura lucha que en 1918 incluyó la toma y administración de la Universidad Nacional de Córdoba por parte de los estudiantes, que se enfrentaron a la represión del ejército y a los violentos ataques de las tropas de choque de la reacción católica.
Hipólito Yrigoyen, presidente entonces del partido Radical, apoyó inicialmente las reformas, pero antes de que terminara el año mandó al ejército a desalojar a los estudiantes de la facultad y acusar de sedición a 83 alumnos.
Estas conquistas en la calidad y accesibilidad de la educación superior pública son una victoria histórica de la clase obrera. Pero mientras que la universidad exista bajo el capitalismo, y las inversiones estén determinadas por la necesidad de mantener la rentabilidad de los capitalistas, esta conquista será siempre atacada, y los estudiantes, profesores y trabajadores universitarios se verán forzados a mantener una postura perpetuamente defensiva para mantener estas conquistas. En la universidad pública, la burguesía no ve un derecho social, sino una costosa partida presupuestaria nacional a reducir. En la enseñanza privada, ven un medio de lucro.
Durante la última dictadura cívico-militar de 1976-83, las universidades públicas fueron objeto de un ataque extremadamente brutal. La dictadura socavó sistemáticamente el sistema universitario público orientando la investigación, en la medida de lo posible, hacia instituciones alternativas y universidades privadas, y despidiendo a un gran número de profesores.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 se produjo tras años de lucha de clases al rojo vivo en Argentina durante las décadas de 1960 y 1970, incluidos eventos como el Cordobazo de 1969, en el que los trabajadores organizados se unieron a los estudiantes en una toma insurreccional de Córdoba, en aquel momento la tercera ciudad más grande del país.
Los militares, conscientes del potencial de un movimiento estudiantil en aquellas condiciones y del peligro que suponía para ellos, ejercieron una especial represión física contra la comunidad educativa. Se quemaron libros y se cerraron facultades enteras o incluso universidades si se consideraban demasiado subversivas. Estudiantes y profesores constituyeron una quinta parte de los 30.000 desaparecidos por la dictadura, secuestrados, torturados y asesinados sin que sus familias conocieran su destino. Todo ello por el delito de participar en centros de estudiantes, sindicatos, organizarse políticamente o ser considerados culpables por asociación.
Sin embargo, los últimos 40 años han demostrado que los ataques contra el sistema educativo público no se limitaron a los periodos de dictadura. Carlos Menem, presidente peronista de los años 90, atacó la educación primaria y secundaria con la Ley de Transferencia Educativa y la Ley Federal de Educación, supervisando el desfinanciamiento de las escuelas públicas que bajó los salarios de los maestros y empeoró la calidad de la educación. Su Ley de Educación Superior (LES) de 1995, que sigue vigente hoy en día, mercantilizó la educación, considerándola un «servicio», que se juzgaba en función de cómo se conformaba a las necesidades de los patrones capitalistas; abrió la participación privada en la educación y la investigación universitarias; socavó el principio de autonomía universitaria mediante la creación de la CoNEAU, un organismo no universitario con poder para aprobar o descalificar cursos universitarios; y estableció aranceles para los programas de posgrado, que luego se volvieron cada vez más comunes y necesarios a medida que se socavaron los títulos de grado y su contenido se trasladaba al nivel de maestría y doctorado.
Durante los tres mandatos combinados de Néstor y Cristina Kirchner, aunque se incrementó la financiación universitaria y se crearon nuevas universidades, la LES nunca fue derogada ni modificada, dejando intacta la base legal para la mercantilización de la educación. Los presupuestos más altos, asignados durante los periodos de auge económico, no garantizan protección alguna para el futuro de las universidades, y cada gobierno posterior los redujo continuamente a medida que la crisis del capitalismo se profundiza en Argentina durante la última década.
La presidencia de Mauricio Macri se caracterizó por su sumisión al FMI, tratando de aplicar sus políticas económicas y de encontrar a toda costa el dinero para pagar la deuda cada vez mayor. Para las universidades públicas esto significó un recorte presupuestario brutal, la amenaza de volver a imponer aranceles y la sugerencia de que las universidades dependan de «otras fuentes» de financiación que no sean el Estado, lo que significa la dependencia del capital privado. En 2018 esto provocó una crisis masiva en su presidencia debido a la magnitud de las protestas y ocupaciones de facultades que había provocado.
Los ataques de Milei
Lo que está claro es que, bajo el capitalismo, ya sea en forma de dictadura o democracia, no hay lugar para que estas conquistas crezcan de forma constante y segura, como prometen los reformistas, sino que estas conquistas se ven constantemente en retroceso mientras los capitalistas buscan descargar la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora.
A partir de esto, podemos ver que los ataques de Milei no son nada nuevos ni únicos. Detrás de su estilo personal pseudo rebelde, Milei es un representante servil de la gran burguesía argentina y del imperialismo, y cumple fielmente con sus intereses a corto plazo al desfinanciar la educación pública.
El presupuesto universitario que Milei envió para 2024 es, en realidad, el mismo de 2023, que fue prorrogado sin aumentos, a pesar de la inflación que entonces estaba por las nubes. Los efectos ya se sintieron en abril, cuando muchas facultades, entre ellas la de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tuvieron que apagar literalmente las luces y cortar el gas (aunque muchas clases continuaron a oscuras) debido al apriete entre el presupuesto reducido y el enorme aumento de las tarifas de servicios públicos que implementó Milei. Este tuvo que conceder una pequeña suma operativa para evitar el escándalo que se habría producido si las universidades se hubieran visto obligadas a cerrar completamente a mitad de año.
En este contexto, se convocó a la primera «marcha federal universitaria», organizada por los gremios que representan a los trabajadores universitarios, la Federación Universitaria Argentina (FUA) en representación de los centros de estudiantes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las autoridades universitarias, para presionar a Milei en sus negociaciones por un aumento de presupuesto. La respuesta a esta convocatoria fue enorme, con grandes concentraciones en las principales ciudades del país, que sumaron más de un millón de personas. No se trataba solo de estudiantes y trabajadores docentes y no docentes, sino que la mayoría de la multitud estaba formada por personas no asociadas a ninguna organización o bloque sindical, que se manifestaban para defender la valiosa universidad pública.
Esto era un indicador del estado de ánimo de las masas. Ya en abril, había un claro deseo de luchar. La gente solo estaba esperando una iniciativa y un protagonismo por parte de los llamados dirigentes de las grandes organizaciones de la clase obrera. Desgraciadamente, los burócratas sindicales peronistas solo han convocado a los batallones pesados de la clase obrera un puñado de veces, y cuando lo hacen, es siempre para acciones limitadas, sin un plan de lucha. Más bien están centrados en mantener a las masas en casa para que no interfieran en sus negociaciones con la nueva administración.
El presupuesto universitario, en términos reales, es más de un 30% inferior este año en comparación con 2023, lo que obliga a aplicar medidas de austeridad masivas dentro de las universidades, rebajando los salarios de profesores y trabajadores no docentes por debajo del nivel de pobreza. Esta situación insostenible provocó otra oleada de lucha en las universidades en la segunda mitad del año.
En septiembre, los diputados opositores en el Congreso presentaron un proyecto de ley que estipulaba un modesto aumento de la financiación de la educación, no tanto por preocupación genuina, sino más bien para evitar un desbordamiento de la ira pública, al mismo tiempo que se posicionaban de manera oportunista como resistencia a Milei. El proyecto de ley fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Si Milei hubiera aceptado esta imposición, quizás habría sido suficiente para contener otro estallido de lucha, pero se bravuconeó diciendo que «no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos para su financiamiento… y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional», es decir, mantener el equilibrio presupuestario a pesar del coste social, y prometió vetar la ley.
El veto llegó el 2 de octubre, la misma noche después de una segunda marcha masiva en contra de su veto y en defensa de la universidad. Anticipándose a la marcha y al probable veto de la ley, los estudiantes de algunas facultades más activas políticamente, como la de Filosofía y Letras y la de Ciencias Sociales de la UBA, votaron ocupar sus facultades. Esto marcó el comienzo de la actual ola de lucha.
Este puñado de ocupaciones de facultades persistió hasta que, una semana después, se encendió la mecha que convirtió esta lucha aislada en un movimiento nacional de proporciones históricas. Esta mecha fue la confirmación del veto por parte de la Cámara de Diputados, cuando la oposición no consiguió reunir los dos tercios de los votos necesarios para invalidar el veto. Mientras el gobierno celebraba su pírrica victoria en el Congreso, la ola de tomas se extendió espontáneamente de facultad en facultad hasta que más de 100 facultades, así como escuelas del norte al sur del país, fueron tomadas en protesta.
Es importante señalar el método de estas tomas. No fueron convocadas por los sindicatos ni por los centros de estudiantes, sino por asambleas autoconvocadas de estudiantes. Las asambleas autoconvocadas son un método de organización para la lucha de la clase obrera que ha ido creciendo a lo largo de la presidencia de Milei y antes de ella, a medida que los trabajadores de base de diversos sectores se han enfrentado a la pasividad de la burocracia obrera ante la necesidad de resolver sus problemas urgentes de salarios y condiciones de trabajo.
En el último mes, los estudiantes han votado en estas asambleas ocupar y asumir la gestión de sus facultades y realizar clases públicas en las calles cortadas como medida de protesta, demostrando así que son los profesores y los estudiantes los que hacen funcionar las universidades.
La actitud de los sindicatos y de las autoridades universitarias a través del CIN ante las ocupaciones fue inicialmente de aceptación pasiva. Desconfían de un movimiento que escapa a su control, pero su estrategia era tratar de utilizarlo en sus negociaciones con el gobierno. Pero orientar la lucha a las puertas cerradas de las cámaras de negociación y del parlamento, teatro natural de operaciones de este tipo, es un callejón sin salida para la movilización masiva de la comunidad universitaria, única forma de obtener concesiones del gobierno.
La preocupación del gobierno ha sido evidente por algunas de las declaraciones que aparecieron. La archirreaccionaria ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró en televisión que los estudiantes de las ocupaciones tenían cócteles molotov, una provocación que presagia represión, si el gobierno lo considera necesario. Otro miembro del gabinete de Milei declaró que «los troskos nos quieren voltear». Estos dichos revelan en parte la incomprensión del gobierno ante la situación, pero también reflejan cierta preocupación por ella.
La posición de Milei sobre las universidades ha agravado la erosión de su imagen. La caída de su popularidad ha quedado ilustrada en algunos incidentes recientes, como su incapacidad para llenar el modesto anfiteatro del Parque Lezama para el lanzamiento de su partido nacional, y en los ratings de televisión, los más fiables de los sondeos, que caen sistemáticamente cuando sale en horario de máxima audiencia. La gente está cansada de escucharle hablar.
Tras darse cuenta de que la desfinanciación total de las universidades públicas es una posición políticamente perdedora, Milei ha querido cambiar las tornas. En las últimas semanas ha insistido en que nunca quiso privatizar y que nunca se planteó aplicar aranceles, y que solo quiere auditar las finanzas de las universidades. De hecho, las finanzas de las universidades ya son auditadas por la oficina del Auditor General, que responde al Congreso. Milei quiere que las auditorías sean llevadas a cabo por una oficina que dependa directamente del poder ejecutivo.
¿Qué camino seguir?
Mientras que un movimiento estudiantil más limitado que el actual puso contra las cuerdas al gobierno de Macri, Milei ha construido su presidencia a base de provocaciones y no dará marcha atrás por un escándalo. Su plan por ahora parece consistir en no hacer nada, ni provocar una escalada enviando la represión policial, ni hacer concesiones para el presupuesto de 2025. Confía en que el movimiento pierda vapor cuando lleguen las vacaciones de verano, a finales de diciembre.
Para que el movimiento no se apague, los estudiantes deben tomar medidas para hacerlo avanzar política y organizativamente. Un primer paso fue una serie de asambleas interfacultades, como la de Buenos Aires a fines de octubre, así como en otras partes del país. La asamblea de Buenos Aires resolvió convocar a una tercera marcha universitaria para el miércoles 12 de noviembre. Esta convocatoria independiente fue un paso demasiado lejos para la burocracia sindical, que actuó conscientemente para dividir al movimiento, convocando, en su lugar, una huelga para el viernes siguiente. Las direcciones estudiantiles peronistas y radicales también participaron en el sabotaje, votando en las asambleas en contra de la participación en la marcha.
El resultado de esto fue que la tercera marcha universitaria fue pequeña, a la que solo asistieron los activistas de los partidos de izquierda y sin adhesión de masas, mientras que la huelga del viernes fue rutinaria, sin que se convocara ninguna manifestación centralizada. Ambas acciones por separado no tuvieron casi ningún impacto político. Pero el mensaje de la burocracia sindical era claro: el movimiento debe estar bajo su control, o no habrá movimiento.
Las asambleas autoconvocadas pueden ser una herramienta para superar a la traicionera burocracia sindical, pero solo cuando las masas de la clase obrera se movilicen y participen activamente, no cuando sean únicamente espacios para capas de activistas.
Crucialmente, estas asambleas deben ser espacios de debate político, donde se pueda definir un programa claro que fortalezca el movimiento. No deben convertirse en el espacio de conflictos sectarios, como por ejemplo sobre quién va a poner sus banderas en la cabeza de la marcha.
Los estudiantes deben dejar claro que no luchan solo por un mayor presupuesto, que se puede dar con una mano y quitar con la otra. Las mentiras de Milei de que la universidad pública gratuita es una subvención para los ricos quedan refutadas por la composición del alumnado. Una gran parte de los estudiantes pertenecen a la primera generación de familias obreras que acceden a la educación superior, hasta tres cuartas partes del alumnado de varias universidades de los barrios del conurbano bonaerense.
En todas partes, los estudiantes se enfrentan a los mismos problemas que el capitalismo implica para el resto de la clase trabajadora: salarios de miseria, vivienda impagable, inflación de los precios y hambre. La solución a estos problemas es la misma que se requiere para crear las condiciones en las que la educación no se vea obstaculizada por la desfinanciación y la comercialización. El capitalismo debe ser derrocado, y la riqueza de la sociedad controlada y planificada racionalmente por la sociedad en su conjunto. A través de una revolución de la clase trabajadora, las condiciones para la construcción de una universidad verdaderamente libre estarán a nuestro alcance.
Con un sentido de objetivos comunes, los estudiantes y los trabajadores de la educación deben desarrollar un programa para llegar a otros sectores de la clase trabajadora, para fusionar las protestas estudiantiles con los trabajadores que tienen el poder de parar la producción y poner de rodillas a Milei y a los capitalistas.
Los compañeros de la Organización Comunista Militante, la ICR en Argentina, planteamos una corriente en defensa de la educación gratuita, pública y laica, como un espacio para debatir y unir a quienes están decididos a llevar la lucha por la educación hasta su necesaria conclusión: la lucha por el comunismo.
