Por: Javier Campos
“Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies”, así empezaba el hilo publicado ayer (27 de noviembre) por el presidente inconstitucional Nayib Bukele en su red social X (anteriormente Twitter). Éste agregaba que la prohibición de la minería metálica en nuestro país es absurda. Esa riqueza, según Bukele, podría ser extraída por medio de “una minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente”, generando “miles de empleos de calidad, financiar infraestructura en todo nuestro país e impulsar el desarrollo de las economías locales”.
Este anuncio no cayó del cielo y no nos sorprende en vista de las acciones que el gobierno había tomado anteriormente:
- mayo 2021, El Salvador se incorpora al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, sin que se diera ninguna explicación por parte del Gobierno.
- julio 2022, después de haber sido aprobada la Ley Crecer Juntos, escribíamos que parecían absurdas las frases como “nacer con cariño” en un país sin políticas ambientales y cada vez más afectado por las consecuencias adversas del cambio climático
- enero 2023, bajo el régimen de excepción se produce el arresto de los 5 líderes comunitarios de Santa Marta, una de las comunidades más activas en la campaña por la prohibición de la minería en el país
- febrero 2023, las medidas de protección para el río Sensunapán son archivadas por decisión de la Cámara Ambiental
- octubre 2024, la Asamblea Legislativa aprueba la creación de la Ley de Energía Nuclear, supuestamente “para diversificar la matriz energética, regular las actividades de la materia y abaratar la energía en el país”
Todas esas acciones y medidas, sin incluir varias otras (los proyectos del Aeropuerto y del Tren del Pacífico que al parecer siguen vigentes), generaban preguntas y mucha incertidumbre entre la población y las comunidades afectadas. ¿Será que el país ha decido encaminarse hacia la barbarie ambiental? Todo parece indicar que sí.
La minería y sus consecuencias
La publicación sobre el posible derrocamiento de la prohibición de la minería en el país ha provocado una cantidad de respuestas de parte de las organizaciones ambientalistas. Amalia López del Foro del Agua lo ha calificado de “un suicidio en todo el país”. Las consecuencias que tendría la minería en el país pueden ser enumerados fácilmente por medio de ejemplos de otros países:
- Afecta el acceso al agua limpia y daña los ecosistemas: La degradación y destrucción socioambiental que conlleva la minería es común en toda la Panamazonía (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil). En Colombia, por ejemplo, el programa de extractivismo en Mocoa ha puesto en peligro la cuenca alta del río Mocoa. En Ecuador, la minería está destruyendo los ríos Punino, Coca y Napo. En Venezuela, los ríos sufren la misma degradación ambiental, aunque allá la mayoría de las minas están bajo el control de grupos armados organizados, algunos de los cuales mantienen una relación de complicidad y/o alianza con sectores institucionales que practican la minería, el narcotráfico y la trata de personas. En Bolivia, sufren las consecuencias de la minería al norte de La Paz en los ríos Beni y Pando. En Perú, cooperativas mineras explotan oro en los ríos Beni y Madre de Dios, en balsas que trabajan día y noche y que contaminan el río Cepeda.
- Transforma drásticamente el paisaje: La minería tiene un impacto profundo en la geomorfología, ya que transforma drásticamente el paisaje y modifica el horizonte natural. Se realiza a través de la ‘remoción de la cima de montañas’ (MTR), una técnica utilizada en la minería a cielo abierto que ha generado cambios irreversibles en diversas regiones del mundo. En América Latina, esta actividad ha dejado huellas significativas, por ejemplo, en Bolivia, el histórico Cerro Rico, aunque aún se mantiene en pie, ha sufrido alteraciones graves debido a siglos de extracción intensiva. En México, el Cerro de San Pedro ha sido prácticamente eliminado por la explotación de oro y plata. En Chile, la mina de cobre Chuquicamata, una de las mayores a nivel mundial, ha dado lugar a un cráter de proporciones gigantescas que reemplaza lo que alguna vez fue una montaña.
- Provoca desplazamiento forzado: La minería legal e ilegal ha afectado a miles de personas en Latinoamérica, especialmente a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, ya que ha provocado contaminación ambiental, desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos y conflictos sociales. Según DW, en Perú se reportaron 90 conflictos sociales relacionados con minería en diciembre de 2023, afectando a múltiples comunidades en el Corredor Minero del sur del país. En Nicaragua, la minería aurífera ha llevado a que el 7% del territorio nacional esté concesionado, afectando directamente a las comunidades y zonas biológicas sensibles. América Latina, en general, es la región más peligrosa para los defensores del medio ambiente, con altos índices de persecución y asesinatos debido al avance de industrias extractivas como la minería.
- Pone en peligro a los activistas: Según el último reporte de Global Witness, en 2023 murieron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente, el 85% de ellas en América Latina, especialmente en Colombia, México y Honduras, afectando sobre todo comunidades indígenas. Los gobiernos neoliberales ponen sus intereses de lado de las empresas extractivistas priorizando las ganancias económicas por encima del bienestar social, la protección del medio ambiente y los derechos humanos, según los dictados de la lógica del capital.
- Explota a la población local: En condiciones laborales precarias la minería explota y desplaza a comunidades locales y genera conflictos sociales. Las ganancias de la minería suelen concentrarse en grandes corporaciones, mientras las comunidades afectadas reciben obras que no compensan la destrucción y enfrentan las consecuencias negativas. A esto se suma la corrupción y los vínculos con actividades ilícitas, especialmente en la minería ilegal, que agravan la violencia en ciertas regiones. Finalmente, la dependencia económica de este modelo extractivista limita el desarrollo sostenible y perpetúa la degradación a largo plazo, dejando a muchas comunidades atrapadas en un ciclo de pobreza y destrucción ambiental.
- Ocasiona la pérdida de tradiciones y territorios sagrados para comunidades indígenas: Al destruir físicamente lugares espirituales, desplazar comunidades, contaminar el medio ambiente y alterar las dinámicas culturales locales, la minería causa la pérdida de tradiciones y territorios sagrados. Por ejemplo, en Perú, la mina de oro Yanacocha afectó lagunas sagradas para los quechuas, como El Perol, consideradas deidades; en Colombia, la minería de carbón en El Cerrejón desplazó a los wayúu y les impidió realizar rituales ligados a ríos sagrados; en Bolivia, los proyectos de extracción de litio en el Salar de Uyuni amenazan las prácticas culturales de los aymaras y quechuas; y en territorios mapuche de Argentina y Chile, la minería ha interferido con ceremonias tradicionales como el ngillatun.
- No existe minería responsable: A pesar de que todas las compañías mineras se llenan la boca con ofrecimientos de remediación y reparación, la verdad es que los daños que dejan en el medio ambiente (y por ende a la sociedad) son irreparables, ya que sus operaciones contaminan los ríos con metales pesados, alteran la geomorfología, afectan territorios originarios y generan violencia y muerte.
COP 29 y las falsas retóricas del gobierno
Las reuniones organizadas y decisiones tomadas por la ONU, comúnmente sirven tan solo para debatir, proponer soluciones tecnológicas sin mayor impacto en la realidad. La última reunión de la COP 29 en Baku, Azerbaiyán, no ha sido una excepción. Nuestros camaradas de la ICR (Internacional Comunista Revolucionaria) han descrito muy bien la impotencia e hipocresía de los capitalistas ante la creciente crisis climática en su artículo.
Por otro lado, la delegación salvadoreña fiel a su estilo de presentarse ante el mundo de la mejor manera, encabezada por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, hizo el llamamiento hacia las naciones grandes para que se den cuenta de las realidades climáticas y los impactos ambientales en los países de la región. Decía que “la teoría y la práctica no siempre son iguales”. Tampoco olvidó mencionar “la conversión de la deuda por naturaleza más grande en la historia del país” con la cual se pretende proteger el río Lempa.
Pues que la teoría del discurso para las cámaras en la COP 29 y la práctica en su propio país no siempre son iguales lo vemos claramente en la forma en la que se toman las decisiones de forma centralizada y en las declaraciones de Bukele. En el caso de la protección del río Lempa, las organizaciones que trabajan en su defensa desconocen cuál es el plan del gobierno porque nadie las había consultado. Con las últimas declaraciones de Bukele se demuestra que el país “está comprometido para enfrentar el riesgo climático”, citando palabras de Fernando López en la COP. Una persona sensata pensara que se trata de enfrentar riesgos provocados por el cambio climático y hacer todos los esfuerzos por no agravar las condiciones ya difíciles que López menciona en su discurso. Sin embargo, parece que Bukele y compañía están comprometidos para enfrentar, según la lógica capitalista, cualquier riesgo climático para sacar hasta el mínimo beneficio disponible entre los recursos naturales del país.
“Es el momento de actuar… No hay tiempo que perder.”
Con estas palabras terminaba López su discurso en la COP 29. El gobierno al parecer está dispuesto a actuar. Es el momento que la clase trabajadora, las comunidades que viven en los territorios, junto con todos los demás afectados se organicen en defensa de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica que ha sido una de las conquistas de nuestra clase de los últimos años.
La defensa de la Ley en el momento actual es fundamental. Sin embargo, la lucha por el medioambiente no debe terminar ahí. Una y otra vez se repite la misma historia en la que una vez conquistada alguna de las demandas de la clase trabajadora por medio de algún decreto o alguna ley, estos pueden ser fácilmente derogados, sean o no constitucionales.
El problema estriba en la naturaleza del Estado a la que apuntaban Marx y Engels en el Manifiesto Comunista:
“Hoy, el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.”
En la misma línea Lenin afirmaba en El estado y la revolución:
“Las formas de los Estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma: todos esos Estados son, bajo una forma o bajo otra, pero, en último resultado, necesariamente, una dictadura de la burguesía.”
El momento actual de crisis capitalista debe ser motivo de organización y concientización de la clase trabajadora en defensa de sus recursos vitales. Con el avance del deterioro de nuestro medio ambiente, con la agudización de la lucha de clases por los recursos naturales, es la clase trabajadora, la gran mayoría de la población, la que debe tener el control sobre el qué, cómo, cuándo, quién etc. producirán esto o aquello y así lograr tener control sobre las condiciones de sus vidas. Solamente por medio de una transformación socialista podemos empezar a crear una sociedad que desarrolle una relación armónica entre la naturaleza y la humanidad y construya una economía planificada que sepa administrar racionalmente los recursos bajo el control de la clase trabajadora para el beneficio y la satisfacción de todas y todos.
¡Por un cambio revolucionario, no a la minería!
¡Únete a nosotros en la lucha!
