Reforma Fiscal: ¡que paguen más los que tienen más!

A un mes de estar el FMLN en el gobierno, las medidas económicas y políticas para enfrentar los grandes problemas que abaten a nuestro país están encaminadas a sanear las deterioradas finanzas públicas.  La reforma fiscal, modernización del estado, asocios públicos-privados y acuerdos internacionales como el ingreso a Petrocaribe y FOMILENIO II pretenden mejorar el crecimiento de la economía salvadoreña y lograr el financiamiento del estado.

La crisis del sistema capitalista muestra sus efectos devastadores sobre la mayoría de la población, los cientos de niños atrapados en instalaciones gringas en busca del “sueño americano”, es una prueba contundente de que el capitalismo no puede resolver nuestros problemas más básicos.  En su lógica retorcida, la burguesía acapara enormes beneficios a costa del sudor de la clase trabajadora.  La aplastante mayoría a nivel mundial sacan poco o ningún beneficio que en periodo de crisis obliga a los trabajadores a cargar sobre sus hombros la ruina de este sistema.

 La economía salvadoreña está atada de pies y manos a la burguesía imperialista, más específicamente a los Estados Unidos por medio de las remesas y la mayoría de las exportaciones que van hacia ese país; de manera contradictoria, los que un día fueron expulsados por el desempleo galopante son los que ahora sostienen el consumo y la economía de El Salvador.

Según informó el Banco Central de Reserva (BCR) Los salvadoreños que residen en Estados Unidos enviaron al país en abril de este año 361,9 millones de dólares, 7,4 millones más que el mismo mes de 2013 (LPG  19/05/2014).  Según los últimos datos  de la Encuesta Hogares de Propósitos Múltiples 2010 elaborada por la DIGESTYC el 90 % de las remesas se usan para consumo. Santiago Mosquera, director de riesgo soberano para Latinoamérica de la agencia calificadora Fitch Ratings, explicó que El Salvador es uno de los países con más fuerte dependencia de las remesas; de hecho, el 17% de su riqueza nacional lo conforman estas transferencias (LPG 03/10/2011). No hay recursos naturales que generen divisas, el país depende de las exportaciones y las remesas, se carece de política monetaria por la dolarización y la deuda pública crece de manera incontenible.

Las políticas aplicadas por ARENA durante 20 años minaron la débil industria y nuestro país es saqueado por las transnacionales. Como férreos defensores de los intereses de la burguesía nacional modificaron y crearon leyes y reformas que les permitieran exprimir el máximo beneficio de nuestro pueblo, la reforma tributaria impulsada por ARENA bajo la administración de Alfredo Cristiani entre 1989-1994  tuvo claros ganadores y perdedores.  Eliminó el impuesto al patrimonio (pagado por los dueños de grandes propiedades), redujo a la mitad el impuesto sobre la renta  y comprimió gradualmente los aranceles lo que facilitó el negocio de la importación al que muchos empresarios le apostaron con la seguridad de que el ascenso de la emigración y las remesas iban a generar un fuerte consumo interno. Los huecos fiscales que esta reforma tributaria acarreó fueron tapados con el IVA, el impuesto más agresivo que se puede concebir, sobre todo cuando ni los granos básicos ni las medicamentos se salvan de él y lo paga toda la población. El economista César Villalona lo describe de forma simple pero contundente: “El sistema tributario de El Salvador es como un Robin Hood al revés: le quita a los pobres para darle a los ricos” (Equipo Maíz, 2003: 25). Los organismos como Banco Mundial, FMI y BID plantean la “solución” de los problemas en términos de “ayuda”, que al final sale más cara para los trabajadores.  “El FMI exige a los países pobres que abran sus mercados para la penetración del capital internacional. Exige recortes del gasto gubernamental, eliminación de los subsidios a los alimentos y otros productos de consumo popular y la privatización de las empresas públicas. El objetivo declarado es conseguir un «crecimiento económico sostenible». En realidad, significa la destrucción de sus industrias nacionales, la agricultura y un abrupto aumento del desempleo y la pobreza. (Manifiesto de la crisis del 2008 CMI).

En diciembre de 2009  el gobierno de Mauricio Funes anuncio un paquete de reformas hacia el fisco que buscaba suprimir privilegios, la evasión, elusión y revisar la carga tributaria. El paquete de reformas fue aprobado y se incluía la obligatoriedad referente al patrimonio de los grandes capitales.  Según el artículo 91 de la Ley, las personas naturales están obligadas a informar sus bienes, deudas y patrimonio mediante declaración. Excepto aquellos que sus ingresos sean inferiores a 145 salarios mínimos  ($30,102) y posean inmuebles con valor inferior a 438 salarios mínimos ($100,207.80) o que no posean inmuebles. En una clara maniobra  para beneficiar a la burguesía nacional, los partidos de derecha –ARENA, PCN, GANA  y PDC- eliminaron la disposición, bajo el supuesto que la medida pondría en riesgo la seguridad e integridad de los contribuyentes acaudalados alegando problemas de inseguridad pública, respondiendo fielmente a los dictados de ANEP y cámara de comercio. A dos semanas de terminar su mandato presidencial Mauricio Funes presento una nueva propuesta de reformas fiscales donde se plantea lo siguiente: aprobar tributos aplicados a los bienes inmuebles suntuarios con valores superiores a $350,00.00, a las transferencias bancarias por operaciones financieras arriba de los $750 dólares e impuestos a las utilidades de los propietarios de los grandes medios de comunicación impresos, hasta ahora exentos de pago de tributos por sus ganancias de capital.  Sumado a esto la propuesta de emitir $800 millones en bonos para el pago de LETES, lo cual ya fue aprobado, con lo que se pretende mejorar las condiciones de las finanzas públicas y garantizarle  liquidez.

El nuevo gobierno del FMLN debe presionar que la Asamblea  Legislativa apruebe  la reforma fiscal para que le permita dar financiamiento a los programas sociales: Uniformes, zapatos y útiles escolares, fondo de pensiones, vaso de leche, semilla mejorada, subsidio al gas, al agua potable y otros.  Como era de esperarse los empresarios agremiados en ANEP pusieron nuevamente el grito en el cielo y como lo han hecho en el pasado utilizaran todo el poder político de sus representantes en la asamblea, su dominio económico y mediático para deformar la opinión publica aludiendo que afectara a las grandes mayorías empobrecidas, ellos los que siempre han estado en contra de que la población reciba subsidios en los servicios básicos porque según ellos es populismo y mala administración.

Salvador Sánchez Ceren ha sostenido reuniones con los empresarios a fin de llegar a un “acuerdo”. Históricamente los empresarios han rechazado los impuestos para financiar las políticas del gobierno y menos lo harán con el gobierno del FMLN.

La timidez invita a la agresión, todos los intentos de negociar con los empresarios les demuestran la aceptación de su dominio y les deja margen de acción para maniobrar en contra de las políticas que afecten sus intereses mezquinos.

El principal aliado que tiene el gobierno del FMLN son los trabajadores que por segunda vez, le defendieron en las urnas y que estarán en primera fila para defender todas las políticas que beneficien sus intereses. La clase trabajadora es la que en última instancia mueve los hilos de la economía. Los empresarios ni harán más inversión, ni pagaran más impuestos, ellos prefieren importar antes que producir ya que al aumentar la demanda, la ganancia se materializa más rápido con la compra/venta de mercancías extranjeras.  Este no es un capitalismo prospero sino parasito que existe a costa de exprimir hasta la última gota de sudor y sangre de los trabajadores por su codicia descomunal. Si bien una reforma fiscal es un paso necesario,  no se puede considerar como la panacea cuando sabemos que chocara de manera frontal con los intereses mezquinos de los grupos económicos de poder.

No hay alternativas reformistas ante la crisis, estamos frente a un barco que inevitablemente se hunde: el sistema capitalista. Un programa de reformas debe ir acompañado con la supresión de los impuestos a los pobres  y que paguen los ricos. Los trabajadores debemos organizarnos para apoyar férreamente las medidas que nos beneficien y no dejar ni un margen para los ataques de la burguesía.



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