Por: David Rey
Este 20 de noviembre se cumple el 50º aniversario de la muerte del dictador Franco, uno de los personajes más siniestros y despreciables de la historia española. Pero él no era más que el representante de la casta militar y de la clase social que lo encumbró a su posición: los grandes banqueros, industriales y terratenientes españoles. Sólo a través de una represión despiadada, con cientos de miles de muertos y asesinados en la Guerra Civil y en los 40 años posteriores de dictadura, pudo la burguesía española aplastar las ansias revolucionarias de una clase trabajadora que buscó en la revolución socialista la manera de combatir al fascismo y resolver sus problemas de miseria, explotación y sufrimiento.
Hoy, todos (exfranquistas, liberales, y politiquillos profesionales de la izquierda oficial) se felicitan por la “democracia” y la “maravillosa” transición democrática que se hizo tras la muerte del dictador. Tan ejemplar fue esta “transición” que, entre 1976 y 1982, segó la vida de 198 personas (luchadores obreros y juveniles, activistas vecinales, abogados laboralistas, militantes de izquierda y nacionalistas vascos) a manos de la policía, la guardia civil, miembros del ejército y de bandas fascistas amparadas por el aparato del Estado. Esto nos da un asesinato cada 11 días, durante 6 años consecutivos.
No sorprende que la izquierda integrada al régimen, representada por las direcciones del PSOE y del PCE, den el visto bueno a lo sucedido en la Transición, por su responsabilidad directa en la misma. Pero llama la atención que sean los herederos del Franquismo, como el Partido Popular –fundado por 7 ministros franquistas– y Vox, quienes aparezcan como los máximos adalides de este período de nuestra historia y de la Constitución de 1978.
Hay algo que no cuadra en la “modélica” Transición que nos han contado, cuando quienes celebran con más entusiasmo lo ocurrido en aquellos años, son quienes nunca condenaron el alzamiento fascista de Franco ni los crímenes de la dictadura.
La dictadura murió en la calle, no en la cama
La realidad es que, aunque el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. La conquista de las libertades democráticas fue obra única y exclusiva de las luchas de la clase trabajadora en primer lugar, y también de las mujeres, de los estudiantes, y de las demandas por los derechos democrático-nacionales en Catalunya, el País Vasco y Galicia. Esas libertades no las trajeron personalidades como el rey Juan Carlos o el expresidente del gobierno Adolfo Suárez. Nada más patético que pintar como héroes de la democracia a quienes fueron aupados a las máximas responsabilidades del gobierno desde la propia dictadura franquista. Juan Carlos fue nombrado sucesor de Franco por el mismo dictador en 1969, y juró los principios del “glorioso” Movimiento Nacional (la declaración de principios fascista que dio inicio al golpe militar de Franco) en su toma de posesión como rey el 22 de noviembre de 1975. Adolfo Suárez, antes de ser nombrado a dedo por Juan Carlos como presidente del gobierno en julio de 1976, había sido secretario nacional del Movimiento Nacional, el partido único del régimen franquista. En ningún momento, ni Juan Carlos ni Suárez emitieron una sola queja, una sola crítica, en los años previos a la muerte del dictador, por la falta de libertades en nuestro país. Ninguna protesta hubo de estas personas por las torturas en las comisarías, por los obreros asesinados por la policía en las huelgas ilegales, ni por las condenas a muerte de los últimos gobiernos del dictador.
Estas afirmaciones son más patéticas y falsas hoy día después de la publicación de las Memorias de este sinvergüenza y canalla llamado Juan Carlos de Borbón y Borbón, oficialmente nuestro “Rey emérito”. Este crápula, que ya no tiene nada que disimular, vuelca en estas páginas su odio hacia la izquierda del régimen a la que acusa, por razones que desconocemos, de haberlo exiliado de facto del país. En realidad, Juan Carlos fue exiliado por el odio y desprecio popular hacia su figura, expresado en innumerables manifestaciones y encuestas de opinión. Como a sus antepasados: su abuelo Alfonso XIII y la abuela de este último, Isabel II, la clase dominante le mostró el camino de salida por corruptos y ladrones, a fin de salvar su sistema. Y en el caso de Juan Carlos, para salvar la monarquía misma. Bien es verdad que el exmonarca disfruta de un “exilio dorado”, pagado por los contribuyentes españoles, en las “ejemplares” democracias gobernadas por buenos compadres suyos, los sátrapas del golfo pérsico. Así, Juan Carlos afirma sin ambages que: «Si pude ser rey, fue gracias a él [Franco]». Y opina del carnicero fascista, sin sonrojarse: «le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político». Juan Carlos no se queda aquí, y dice abiertamente que: “Nunca dejé que nadie lo criticara delante de mí. Aquí se muestra la auténtica cara de este bribón y, de algún, modo la verdad de lo que sucedió. Pero aquellos sicofantes, comenzando por Felipe González y Santiago Carrillo, que adularon servilmente al Borbón por “traer la democracia”, y que conocían la verdad, llevarán eternamente grabado en su frente el estigma de la infamia.
¿Quién tenía realmente miedo en la Transición?
Hay una parte particularmente enojosa de la versión “oficial” de la Transición que ha permeado los discursos de las direcciones de la izquierda a lo largo de estos 50 años, y que se sigue repitiendo con machacona intensidad: que «no se pudo conseguir más», «hubo que aceptar la monarquía», «hubo que pactar la amnistía de los crímenes del franquismo», «hubo que dejar tranquilos a los grandes empresarios que apoyaron la dictadura», «no se pudo depurar el aparato del Estado de jueces, militares, torturadores y de colaboradores con la dictadura», «hubo que pactar la Constitución de 1978” porque “había miedo” en la mayoría de la población, miedo “a la continuidad de la dictadura y a un golpe militar del ‘ala dura’ del franquismo».
Discrepamos radicalmente de esta mentira descarada. Si realmente “había miedo” en la mayoría de la población ¿qué necesidad tenía el bando franquista de hacer concesiones democráticas relevantes? ¿No sería más verosímil concluir que si el sector decisivo del régimen franquista se vio obligado a hacer concesiones democráticas fue porque el miedo estaba realmente de su parte?
Presentamos unos pocos datos que avalan esta posición. El hecho más significativo de la lucha contra la dictadura fue el papel de la clase obrera. Desde inicios de la década de los años 60, los trabajadores españoles dieron lugar a un movimiento huelguístico que no tenía precedentes en la historia bajo un régimen de dictadura. En la curva ascendente de la lucha huelguística podemos ver su proceso de la toma de conciencia: en el trienio 1964/66 hubo 171.000 jornadas de trabajo perdidas en conflictos laborales; en 1967/69: 345.000; en 1970/72: 846.000 y en 1973/75: 1.548.000. Posteriormente, después de la muerte de Franco, el movimiento huelguístico adquiere unas dimensiones insólitas: desde 1976 hasta mediados de 1978 se perdieron nada menos que 13.240.000 jornadas en conflictos laborales.
La principal fuerza impulsora de estas luchas fue CCOO, dirigida por el PCE. En 1975, CCOO había copado desde dentro del sindicato franquista (el llamado Sindicato Vertical) la representación mayoritaria de los trabajadores en las grandes empresas. Los convenios laborales del régimen franquista eran rotos por la acción directa de los trabajadores quienes elegían a sus propios representantes a través de lo que se llamaban “Comisiones Representativas” ¡Y todo esto en una situación de dictadura!
En paralelo, en 1975-1977 se crearon cientos de Asociaciones de Vecinos a lo largo de toda España, que eran organizaciones populares de masas en los barrios obreros y pueblos, con decenas de miles de participantes, que luchaban contra las deficientes condiciones e infraestructuras de las barriadas populares. También aquí era el PCE la fuerza determinante.
Todas las superestructuras sobre las que descansaba el viejo régimen –como el ejército y la Iglesia– estaban en crisis y fracturadas. Un ejemplo de esto fue la creación en agosto de 1974, de manera clandestina, de la Unión Militar Democrática (UMD), formada por decenas de oficiales y suboficiales del ejército español contrarios a la dictadura franquista. En el momento de su desarticulación (julio de 1975) llegaron a tener 200 miembros, entre oficiales y suboficiales, con ramificaciones hasta en la Guardia Civil. Y si éste era el ambiente en sectores de la oficialidad, podemos imaginarnos el ambiente que había en la tropa.
En la Iglesia Católica, un número creciente de clérigos de base simpatizaban con las luchas obreras y movimientos de izquierdas, dejando los salones parroquiales para todo tipo de reuniones clandestinas. La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Católica (JOC), diseñadas por la Iglesia para propagar la religión en los barrios obreros, giraron a la izquierda en sus planteamientos hasta el punto de considerar el “socialismo” como el verdadero ideal cristiano.
Lo cierto y verdad es que cada vez que los sectores “ultras” del franquismo se movieron hacia la represión sangrienta (Vitoria en marzo de 1976, Montejurra en mayo de 1976, los crímenes de los abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid en enero de 1977, o la Semana por la Amnistía en Euskadi en mayo de 1977), lo que provocaron fue una radicalización y una respuesta de tipo insurreccional entre la clase obrera y la juventud, y fue esto –y no otra cosa– lo que dio lugar a la lucha interna dentro de la burocracia franquista en la que se impuso el sector “reformista” de la misma. Los sindicatos obreros y los partidos de izquierdas solo fueron legalizados por el pánico del gobierno de Suárez y de los grandes empresarios a un estallido popular tras los crímenes de la calle Atocha en Madrid.
En realidad, en la España de 1975-1977 estaba incubándose una crisis revolucionaria similar a la que se dio un par de años antes en Grecia y Portugal. Un intento de golpe militar en esos años hubiera provocado un estallido revolucionario. Los intentos de un sector del aparato franquista de impulsar esta vía, simplemente reflejaba su pérdida de contacto con la realidad, por eso fueron desplazados.
El papel de la direcciones de la izquierda
Debemos decirlo claramente: no fue la fortaleza de la reacción, sino la traición de las direcciones de la izquierda (PCE y PSOE) las responsables de que la lucha de masas contra el régimen franquista no culminara en una transformación radical de la sociedad española en líneas socialistas.
El régimen y la monarquía carecían de autoridad. Los grandes empresarios, temerosos de un estallido revolucionario, evadían capitales y divisas al extranjero, lo que provocó numerosos cierres de fábricas y una subida galopante del paro. Si los dirigentes del PCE y del PSOE hubieran llamado a organizar una Asamblea Constituyente revolucionaria, que eligiera un gobierno alternativo al oficial, eso habría tenido un apoyo masivo. Las bases para convocar esa Asamblea Constituyente eran organismos que ya estaban presentes: las Comisiones obreras representativas de las empresas, las Asociaciones de Vecinos, y las asambleas de estudiantes en universidades e institutos. Lo que hacía falta era extenderlas al conjunto de las empresas y de las ciudades y pueblos del país. Una Asamblea Constituyente de delegados elegidos en dichos organismos de base hubiera sido un millón de veces más representativa que el parlamento surgido de las elecciones semidemocráticas de junio de 1977. En éstas, se impidió votar a los jóvenes de entre 18 y 21 años (2 millones), y a los emigrantes españoles (1 millón), que eran votos mayoritarios para la izquierda, y se dio un peso desmedido a la representación de las provincias más despobladas para diluir el peso de las grandes ciudades donde se concentraba la clase obrera. De hecho, la izquierda PSOE-PCE-PSP consiguió más votos que la derecha UCD-AP, ¡pero estos últimos consiguieron la mayoría absoluta de los diputados y senadores! que luego hicieron la Constitución de 1978. La verdad debe ser dicha. Los dirigentes del PCE y del PSOE aceptaron participar en unas elecciones semidemocráticas, en lugar de llamar al boicot de las mismas, porque habían pactado de antemano con Suárez que fuera la UCD (Unión de Centro Democrático), el partido de exfranquistas “convertidos” a la democracia, quien pilotara la “transición” incluida la preservación de la monarquía. Un gobierno de izquierda PCE-PSOE-PSP, que habría ganado ampliamente si las elecciones hubieran sido verdaderamente democráticas, habría estado sometido a una presión insoportable desde abajo a favor de proclamar la república, de depurar radicalmente el aparato del Estado y de aplicar medidas socialistas de expropiación. Y esto era lo último que deseaban hacer Carrillo y González.
Un gobierno de la clase trabajadora, de los sectores progresistas de la clase media, de la juventud, de las nacionalidades históricas, habría sido seguido por millones. Con la potencia demostrada por el movimiento obrero entonces, una huelga general indefinida bien preparada y organizada, inundando las calles con millones de trabajadores, habría paralizado cualquier intentona golpista o de represión popular. Las fuerzas represivas se habrían partido por la mitad, con un sector decisivo en la base de la policía y del ejército pasándose al lado de los trabajadores. Una transición relativamente pacífica al socialismo podría haber tenido lugar, con la nacionalización de las palancas fundamentales de la economía a través de organismos populares democráticos de base, y con la proclamación de una república democrática con las máximas libertades, incluido el derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas, que abrumadoramente habrían elegido permanecer en una unión voluntaria de repúblicas socialistas ibéricas.
Lamentablemente, los dirigentes de la izquierda carecían de la más mínima confianza en la clase trabajadora y demás sectores populares en lucha. Particular responsabilidad le cabe a los dirigentes del PCE que en aquel momento tenían una posición hegemónica en el movimiento obrero, las Asociaciones de Vecinos y la juventud.
Lo más grave fue que los dirigentes del PCE y del PSOE no utilizaron la fuerza descomunal desplegada por millones de trabajadores, mujeres, jóvenes, profesionales, pequeños propietarios empobrecidos, e intelectuales progresistas, no ya para asegurar un régimen socialista democrático, sino tan siquiera para alcanzar una democracia avanzada: se mantuvo la monarquía heredada del franquismo con su odiada bandera, se mantuvo intacto el aparato franquista con sus cientos de fascistas, torturadores y asesinos, se aceptó la “unidad indisoluble” de España bajo la vigilancia del ejército franquista, etc. Los dirigentes obreros y de la izquierda también avalaron todo tipo de “pactos sociales” y económicos (como los Pactos de la Moncloa) que cargaban todo el peso de la crisis capitalista de aquellos años sobre los hombros de las familias obreras. Todo esto condujo a un reflujo de la movilización social y a una profunda decepción y desmoralización política que duró décadas.
La Constitución de 1978 no fue ningún “contrato social” suscrito amigablemente entre dos partes de la sociedad, sino el fruto de una traición política a las expectativas de un cambio revolucionario de una mayoría social. Fueron las direcciones de la izquierda, fundamentalmente del PCE, las inventoras del cuento de “viene el lobo” del peligro de golpe militar si las demandas populares iban demasiado lejos, que fue utilizado para contener y frustrar el proceso revolucionario que estaba incubándose en el seno de la sociedad española.
El aparato del Estado: franquismo sin Franco
La farsa y el fraude de la llamada “Transición” se expresa mejor que nada en el aparato del Estado que tenemos actualmente, y que es una herencia directa y sin depurar de la dictadura franquista, pese a los 50 años transcurridos de “democracia”. A diferencia de lo ocurrido en Portugal y Grecia en los años 70, o incluso en Francia o Italia al término de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una depuración importante, aunque fuera parcial, de militares, policías y jueces implicados en las dictaduras militares y fascistas, en España no hubo una sola depuración individual. Más bien lo contrario, la mayoría de ellos fueron promocionados en sus cargos en los años de “democracia”, incluidos torturadores policiales.
Este fue el caso del policía Antonio González Pacheco, más conocido como Billy El Niño, que alcanzó una enorme fama por las torturas que aplicó en la Brigada Político-Social –la rama policial especializada en perseguir los “delitos” políticos– y que nunca pagó por ello. Otro caso sonado es el torturador José Sainz González, Pepe “el gordo”, que se convirtió en el primer director general de Policía de la “democracia” y con numerosas condecoraciones. En los años 80 del siglo pasado, el gobierno de Felipe González le nombró delegado del Ministerio del Interior en el País Vasco, donde acumuló un largo reguero de denuncias por tortura de militantes de izquierda, nacionalistas, sindicalistas y manifestantes sin filiación política. Otro torturador condecorado en democracia fue Manuel Ballesteros García, comisario honorario de la Policía, famoso por sus represalias contra sindicalistas, demócratas, comunistas y nacionalistas vascos. Es el mismo caso de Antonio Juan Creix, que mantuvo sus condecoraciones y pagas en democracia con un largo registro de torturas y asesinatos en Barcelona.
Estos son solo unos cuantos ejemplos destacados, a los que habría que sumar cientos más. En la Guardia Civil, un cuerpo con un historial negro secular de crímenes contra la clase obrera y jornaleros del campo, vemos lo mismo. Baste decir que el actual jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, reinstalado en su puesto por orden judicial tras ser destituido por el gobierno de Sánchez, fue hijo de un militante de la fascista Fuerza Nueva, a la que él mismo perteneció en su juventud.
Por el lado del aparato judicial, 10 de los 16 jueces, y varios de los fiscales, que pasaron por el Tribunal de Orden Público franquista (TOP), encargado de juzgar los delitos políticos desde 1963 a 1976, ascendieron “en democracia” al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional. Entre ellos destacamos a Timoteo Buendía, José F. Mateu, Antonio Torres-Dulce, Jaime Mariscal de Gante, Enrique Amat, José de Hijas, José Garralda, Antonio González, Luis Poyatos y Félix Hernández. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 50 años. Por su parte, el juez Ismael Moreno, notorio derechista, que actualmente actúa en la Audiencia Nacional, procede la policía franquista, en la que ingresó en 1974.
Por el lado de los altos cargos directivos del franquismo, la situación es similar. El politólogo y periodista Lluc Salellas publicó hace unos años un libro titulado El franquismo que no se marcha, sobre el que dijo: “Investigué las vidas de los últimos 50 ministros de Franco y encontré que ninguno fue degradado por la democracia. Al revés, la mitad fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas, la otra mitad a la política”.
Un ejemplo claro fue Rodolfo Martín Villa, exalto cargo del franquismo desde los años 50 y ministro de Gobernación (equivalente entonces a ministro del interior) en 1976, cuando fueron asesinados cinco trabajadores en Vitoria, y que acabó siendo consejero de Endesa y luego presidente de Sogecable. El presidente de honor de La Caixa, José Vilarasau Salat, fue nombrado director general de Telefónica en 1966 y posteriormente tuvo varios altos cargos del Ministerio de Hacienda en el franquismo.
Otro ejemplo fue el de Antonio Barrera de Irimo, vicepresidente primero del Gobierno franquista que asesinó al activista anarquista, Salvador Puig Antich. Después fue consejero de Telefónica, de los bancos Hispano-Americano, Hipotecario e Hispamer. Como afirma Salellas: “Lo decía Félix Millet. Somos 400 familias y siempre somos los mismos”.
Un caso nombrado por Salellas es el de Demetrio Carceller, falangista y ministro de Franco, que fundó el imperio cervecero Estrella Damm. O el caso de la familia Urquijo en la que un hermano era ministro y el otro presidente de Iberdrola. A otros próceres del tardofranquismo, reconvertidos en demócratas también les fue de maravilla. El hijo de Torcuato Fernández Miranda, Enrique Fernández Miranda, preside la Fundación de Price Waterhouse Coopers.
¿Y qué decir de la oficialidad del ejército? Como en los casos del aparato policial y judicial, todos los altos jefes militares permanecieron en sus puestos y mantuvieron hasta la fecha todos los privilegios materiales que les otorgó el franquismo (hospitales y residencias de ocio privadas, sueldazos, etc.). Los escasísimos oficiales sospechados de simpatías izquierdistas han sido purgados sin objeción alguna de los gobiernos socialistas de turno. Este fue el caso de los miembros de la UMD que nunca recuperarían sus carreras militares, mientras varios de los sentenciados del intento del golpe del 23-F (a nivel de Teniente o Capitán) prosiguieron las mismas, con importantes ascensos.
Para que veamos las credenciales democráticas, no ya de los viejos dinosaurios franquistas del ejército, la mayoría de los cuales ya han muerto, sino de los delfines que alcanzaron la madurez de sus carreras “en democracia” recordemos el episodio ocurrido hace pocos años cuando en un chat de whatsapp de oficiales del ejército del aire retirados, uno de ellos planteó, con la aprobación de los demás, que “habría que fusilar a más de 26 millones de hijos de puta”; es decir, al 60% de la población, por sus simpatías hacia la izquierda. Este mismo año, más de 40 militares retirados, todo con altos cargos en el ejército “en democracia”, han firmado un manifiesto de apología del franquismo, denominado Plataforma 2025, donde se define a Franco como “un soldado heroico” y retoma el nombre de “Cruzada de la Liberación”, la guerra civil franquista de 1936-1939.
Los aparatos policial, militar y judicial son la quintaesencia de la reacción en el Estado español, cuya hermandad de sangre reside en los agraviosos privilegios materiales que disfrutan saqueando las arcas públicas que se nutren del sudor y la explotación de la clase trabajadora española. Demoler este aparato de Estado es la condición básica, no ya para el socialismo, sino para alcanzar derechos democráticos avanzados.
Conclusiones
Ni el régimen actual ni su Constitución son capaces de encarar las transformaciones básicas para satisfacer las necesidades sociales y democráticas de la mayoría de la población. Debemos señalar las tareas democráticas inconclusas que exigen una resolución: la proclamación de una república democrática, la demolición hasta la raíz de un aparato de Estado de jueces, militares y policías legado sin depurar del franquismo, la completa separación de la Iglesia del Estado, así como el “derecho a decidir” de las nacionalidades históricas.
La soberanía popular no puede consistir en una serie de derechos políticos enumerados en un papel; sino que debe completarse con la propiedad colectiva, democráticamente gestionada, de las palancas fundamentales de la economía (la gran propiedad industrial, terrateniente, financiera y comercial) y de los recursos naturales de nuestros territorios, para planificarlos democráticamente a fin de ponerlos al servicio del bienestar general y dar plena satisfacción a las acuciantes necesidades sociales.
En definitiva, vinculamos la lucha por una República democrática y avanzada de los pueblos ibéricos, federados voluntariamente en pie de igualdad, a la lucha por la transformación socialista de la sociedad, como primer paso para el establecimiento de una federación socialista de pueblos europeos en la antesala de un mundo socialista sin fronteras.
Para encarar esta tarea, la nueva generación debe aplicarse al estudio de la lucha revolucionaria contra el franquismo y la llamada “transición democrática”, para sacar las lecciones correctas de estos procesos históricos y evitar los errores del pasado a fin de contribuir al éxito de nuestra lucha actualmente en curso.
