Los horribles incidentes en los que oficiales de la policía abrieron fuego a estudiantes, matando a 6, hiriendo a 17 y después secuestrando a otros 43, atribuyéndoselos al crimen organizado, es una muestra contundente de la corrupción del estado capitalista mexicano. Estos hechos han demostrado hasta que punto sus estructuras están unidas con estos carteles y, finalmente, cómo no se detienen ante nada para eliminar a cualquier persona que se manifieste en contra de sus intereses.
Los horribles incidentes en los que oficiales de la policía abrieron fuego a estudiantes, matando a 6, hiriendo a 17 y después secuestrando a otros 43, atribuyéndoselos al crimen organizado, es una muestra contundente de la corrupción del estado capitalista mexicano. Estos hechos han demostrado hasta que punto sus estructuras están unidas con estos carteles y, finalmente, cómo no se detienen ante nada para eliminar a cualquier persona que se manifieste en contra de sus intereses.
En la noche del 26 de septiembre, estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (una escuela rural de profesores) fueron detenidos por agentes de la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando llegaron al pueblo. Los oficiales de la policía abrieron fugo con pistolas matando a seis personas, 3 de ellos estudiantes y otras tres personas a bordo de dos vehículos diferentes. Otros 17 estudiantes fueron heridos. Cuando trataron de escapar, el resto de los estudiantes fueron secuestrados por miembros de la policía municipal y después, en colaboración con la policía del municipio de Cocula, fueron entregados al cartel Guerreros Unidos. Los 43 estudiantes siguen desaparecidos hasta el día de hoy.
El cadaver de otro de los estudiantes, Julio Cesar Mondragón, fue descubierto en el lugar donde los estudiantes fueron secuestrados, su cara fue arrancada hasta dejar el cráneo desnudo y su cuerpo sufrió quemaduras severas. Julio fue herido en el primer ataque de la policía, pero los testigos dicen que fue tomado con vida y llevado en un carro policiaco.
También trascendió que dos de los estudiantes secuestrados fueron levantados justo afuera de una instalación militar en Iguala, sin intervención del ejército.
La confesión de dos policías locales llevó al espantoso descubrimiento de un total de 14 fosas comunes con decenas de cuerpos supuestamente pertenecientes a los estudiantes secuestrados. Ahora en otro giro macabro de la historia, los resultados finales de los análisis de DNA de los cuerpos revela que ninguno de ellos pertenece a los estudiantes desaparecidos.
Un grupo de policías de Iguala y Cocula han sido puestos bajo arresto y el presidente municipal de Iguala, su esposa y el jefe de seguridad del municipio han huido. Ha habido muchos reportes y acusaciones sobre los nexos entre el presidente municipal José Luís Abarca, del PRD, y el cartel de drogas Guerreros Unidos, que es liderado por su cuñado.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, del PRD, ha revelado que fue informado del incidente cuando en el momento de los hechos, pero decidió no intervenir “ya que el presidente municipal de Iguala no contesto su llamada”.
Las autoridades sabían de los nexos criminales del presidente municipal de Iguala cuando fue acusado de secuestrar y matar a tres activistas en la ciudad en Mayo del 2013. Ocho miembros de la organización unión de colonos de Iguala fueron secuestrados y torturados durante varios días. Tres de ellos, incluyendo a Arturo Hernández, un miembro del gobierno municipal por el PRD, el partido del presidente municipal, fue asesinado a tiros por Abarca de acurdo al testimonio de uno de los sobrevivientes que logró escapar. Los defensores de los derechos humanos presentaron este testimonio a la PGR y al propio PRD. No se hizo nada. (http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/11/26/index.php?section=politic…)
El residente municipal de Iguala, Abarca, tuvo su nombramiento por el PRD gracias al apoyo de la principal fracción del partido, la mal llamada Nueva Izquierda y se oponía fuertemente al grupo de activistas liderados por Arturo Hernández Cardona.
Los nexos entre el PRD y este crimen son particularmente escandalosos. El Partido de la Revolución Democrática se fundó en 1989 y atrajo a una amplia capa de activistas de movimientos sociales, sindicalistas y activistas de Izquierda. Decenas de sus miembros fueron asesinados por sus actividades políticas y el estado de Guerrero es uno de los que tiene un mayor número de mártires del PRD.
El partido, a través de los años, pasó a ser dominado por un grupo de fracciones del ala derecha burocrática que destruyeron su voz genuina a favor de los pobres y los oprimidos. En Guerrero, el PRD fue tan lejos, hasta el punto de nombrar a un ex gobernador priísta del estado, Ángel Aguirre Rivero, como su candidato a gobernador, cargo para el que fue elegido en 2011. Lo que hace esto particularmente atroz, aparte del hecho de que sólo se interesó en ser el candidato del PRD, cuando el PRI se negó a impulsarlo, es que durante su periodo como gobernador del PRI, varios activistas sociales del PRD fueron asesinados en Guerrero. Ángel Aguirre Rivero también está ligado a Nueva Izquierda.
Los estudiantes de Ayotzinapa demandaron un juicio político al gobernador Aguirre. Incluso ahora que se levantan voces fuertes demandando que sea removido de su posición por su responsabilidad en la masacre de los estudiantes, ¡el PRD lo sigue defendiendo!
De hecho, todo el aparato estatal de Guerrero esta de una forma u otra ligado a la desaparición y asesinato de los estudiantes, la policía local y las autoridades de Iguala y Cocula, el gobernador y su secretario de gobierno, la judicatura del estado de Guerrero, que se negó a investigar las muertes previas ligadas al presidente municipal de Iguala, etc.
Todos ellos están cerrando filas para defenderse unos a otros. El estado en Guerrero creó una “comisión de investigación” formada por representantes locales de diferentes partidos (PRD, PRI, PAN, PVEM, MC). En una reunión con legisladores nacionales que visitaron Guerrero, incluso culparon a las víctimas de lo que paso. Dijeron que debería haber una “revisión la existencia de las normales rurales ya que se estaban convirtiendo en ¡la cuna de las guerrillas!” Ellos defienden que su comisión es “neutral” y defienden al gobernador ya que él no tiene ningún “motivo”, “después de todo, alguien mando a los estudiantes a Iguala y ¡algo está escondido ahí”
Estas afirmaciones contra las normales Rurales son un fuerte indicador de la motivación política detrás del ataque de los estudiantes. Las normales Rurales son Escuelas de formación de maestros que educan a sus estudiantes desde un entorno de pobreza extrema y que operan en base a un compromiso de lucha social en esta parte del país. La organización de estudiantes dominante es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM).
Bajo el ataque del gobierno, que parece querer desaparecer todos los planteles, las Normales Rurales, han librado una larga batalla por su supervivencia. En el 2000, hubo enfrentamientos en el Mexe, una normal Rural en Hidalgo, donde policías armados pretendieron romper una huelga de hambre de los estudiantes. Los pobladores enfurecidos atacaron a la policía logrando capturar a decenas de policías que fueron intercambiados por los estudiantes arrestados.
En Guerrero propiamente ha habido una serie de luchas importantes en el periodo reciente, al igual que asesinatos, desapariciones y arrestos tanto de activistas sociales como políticos. Además de Hernández Corona y sus compañeros en Iguala, en el 2013 también fueron asesinados Raymundo Velázquez, de la liga agraria revolucionaria de Emiliano Zapata y dos de sus compañeros, así como el asesinato de una de las líderes de la organización campesina de la sierra del Sur, Rocío Mesino.
Los periódicos locales han especulado que la razón del ataque a los estudiantes fue el miedo del presidente municipal de que estuvieran en Iguala para irrumpir dos reuniones públicas de alto impacto, las cuales iban a tener lugar en esos días, una de ellas organizada por él mismo y la otra por su esposa.
De hecho, los estudiantes tenían que ir a Iguala por donaciones para financiar su viaje a México para tomar parte de la marcha del 2 de octubre, que marca el aniversario de la masacre de los estudiantes en huelga en 1968 a manos del estado. El autobús en el que viajaban fue tomado de un operador local, algo que ya ha pasado antes. De acuerdo con los sobrevivientes, cuando la policía los detuvo, ellos pensaron que iban a ser arrestados, pero nunca sospecharon que les dispararían y los secuestrarían.
Lo que emerge, es una red compleja de nexos entre operadores políticos, de los principales partidos (PRI, PAN y PRD), de las diferentes instituciones del estado y los carteles de drogas quienes se ha dicho están infiltrados o dominan de un grado a otro cerca de dos terceras partes de los gobiernos municipales del estado.
Esta situación ha puesto al gobierno de Peña Nieto en una situación difícil. Por un lado, quiere ofrecer una especie de resolución a este problema con el fin de preservar su imagen de “reformador” y “modernizador”, la representación de una “nueva forma” de hacer política en México, libre de corrupción y de represión de estado. Por el otro lado, este problema no puede ser resuelto por un simple sacrificio de chivos expiatorios ya que todo el aparato gubernamental de Guerrero está involucrado de una u otra forma. Adicionalmente, Peña Nieto depende de los votos del PRD en el senado para garantizar que sus reformas sean aprobadas.
Tal como sucede en otras partes del país, en Guerrero los problemas con la infiltración de los carteles y la fusión con el aparato estatal se han compuesto de una serie de asesinatos políticos, masacres y la guerra sucia contra los activistas sociales y políticos. De hecho, tanto Genaro Vázquez como Lucio Cabañas, líderes campesinos legendarios, fueron maestros y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Ambos decidieron tomar las armas y formar guerrillas en reacción a dos masacres llevadas a cabo por el estado.
Durante el periodo de la guerra sucia (entre 1969 y principios de los 1980s) del estado en contra de diferentes movimientos de guerrillas, que emergieron en consecuencia de la masacre estudiantil de 1968, el estado llevo a cabo asesinatos, torturas y secuestros de cientos, tal vez miles de estudiantes, campesinos y activistas de sindicatos. En el estado de Guerrero algunos de los activistas secuestrados por el estado fueron arrojados al océano desde aviones, en algunos casos atados y amarrados, en otros en sacos rellenos de piedras. Ninguno de esos crímenes se han investigado adecuadamente y el aparato estatal nunca se ha purgado. Las mismas personas y muchos de sus métodos siguen operando de la misma manera.
El aumento del poder de los carteles de drogas, que controlan ahora grandes partes del país y su economía, no es solo un problema criminal. Se trata de una convergencia de intereses de facto y colusiones entre el estado y los principales partidos políticos y los carteles. Los carteles controlan el estado en numerosos municipios (la policía local, jueces, abogados del estado, políticos electos) incluso se sabe de un cierto número de gobernadores que tienen nexos con los carteles.
Los carteles no están solo involucrados en el tráfico de drogas, se han expandido a todas las esferas de la vida económica a través de la extorción, contrabando, etc. Lo que se tiene es el surgimiento del narco-capitalismo. Esta situación convierte a cualquier revolución, militancia política o actividad social, en una actividad muy peligrosa en algunos estados, ya que los carteles y el estado no dudan en matar a cualquiera que atente contra sus intereses.
Ha habido un cierto número de intentos de la población local para confrontar el poder de los carteles por medio de la organización de grupos armados de autodefensa. La respuesta del estado ha sido atacarlos y arrestar y apresar a sus más prominentes figuras. En Michoacán, estos grupos de autodefensas se volvieron muy poderosos durante 2012 y 2013, sacando a los carteles y al ejército de algunos municipios.
En el caso de Guerrero hemos visto la emergencia de Policías Comunitarias, particularmente en comunidades rurales. Estas también son grupos de autodefensa armados, bajo el control de asambleas locales, contra los carteles, pero fuera del control del aparato estatal que en algunos casos es la misma cosa que los carteles.
Durante la lucha del Sindicato de maestros democráticos en contra de la contrareforma educativa en la primavera del 2013, la organización de maestros locales en Guerrero, CETEG, sufrió represión del estado y algunos de sus líderes fueron arrestados. En reacción a esto, las Policías Comunitarias declararon su apoyo a la lucha magisterial. Una columna de policías comunitarios armados y de activistas magisteriales entraron a Chilpancingo, la capital del estado, destruyendo oficinas de todos los partidos políticos y forzando la liberación de los maestros arrestados.
Es claro, la lucha de clases en Guerrero en el periodo reciente ha tenido algunas características irresureccionales, e incluso, antes del reciente ataque a los estudiantes, existió la posibilidad de un levantamiento general como en Oaxaca en el 2006.
A nivel nacional, todas las recientes luchas en contra de las contrareformas (educación, petróleo, laboral, etc.) de Peña Nieto han sido derrotadas. En algunos casos esto ha sido resultado de su aislamiento, en otras por la falta de una dirección adecuada.
En la explosión del movimiento del Politécnico (IPN) los estudiantes amenazaron en convertirse en un foco de acumulación de todo el enojo acumulado. Esta es la razón de que el gobierno haya reaccionado muy rápido al tratar de coaptar a los líderes del movimiento con concesiones y un ataque concertado contra su ala más consistente, la organización estudiantil CLEP.
Al contener, de alguna manera el movimiento del Politécnico, ahora las protestas sobre Ayotzinapa proveen un nuevo foco de la lucha. Ayer y hoy, estudiantes en decenas de facultades y universidades de todo el país impulsaron paros de protesta en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa y contra la inactividad del gobierno en la materia. Lo que es significativo es que en las asambleas para votar a favor del paro (que se repetirá en la siguiente semana) no fue limitada a un pequeño número de activistas sino que fueron masivas con cientos y en algunos casos miles de estudiantes involucrados.
Ayotzinapa se está convirtiendo en la paja que rompe la espalda del camello. El movimiento de los estudiantes, en el IPN y en Ayotzinapa, es la continuación de la explosión del movimiento juvenil de #yosoy132 en 2012, una nueva generación que entra a la lucha con valentía e ímpetu.
Como se puede esperar, hay algunos prejuicios anti-políticos dentro de la juventud. Esto no es de sorprender, y hasta cierto punto es una reacción saludable a la corrupción de la política oficial. No debemos olvidar que todos los principales partidos políticos (PRD, PRI, PAN y PVEM) firmaron el “Pacto por México” que significa el paso directo del paquete completo de las contrareformas que pueden destruir los últimos vestigios de las conquistas históricas que se ganaron en la revolución mexicana y el gobierno de Cárdenas en los 1930s.
En una situación donde las vías oficiales y los canales para expresar el descontento y la oposición están bloqueados, una sorprendente explosión espontánea está siendo inevitablemente preparada, de la cual estamos viendo sus primeros temblores.
Los estudiantes de Ayotzinapa y los maestros democráticos del CETEG ya han anunciado que tan pronto no aparezcan los estudiantes secuestrados, ellos van a tomar los palacios municipales de cada pueblo del estado de Guerrero. Han empezado a poner sus palabras en acción. Trabajadores de la universidad de Guerrero se irán a paro mañana y otros grupos se unirán al movimiento, tanto a nivel estatal como nacional.
Esto pondrá al gobierno bajo una fuerte presión para encontrar una solución al caso de una u otra forma. Pero, pese a lo que sea que haga, los resultados pueden ser una explosión de enojo. Si los estudiantes son encontrados vivos, muchas preguntas tendrán que ser respondidas por quien sea responsable del secuestro. Si finalmente son encontrados muertos, la misma pregunta tendrá que ser respondida. De una forma o de otra, este caso va a marcar un punto de inflexión en la situación política de México.
El caso ha abierto la tapa y revelado la cloaca pútrida del Estado capitalista en México. Lo que está en cuestión no es sólo la corrupción local oficial, sino todo el sistema de colusión entre las bandas criminales, los políticos burgueses a todos los niveles del aparato estatal.
