Este año será de intensa lucha de clases en México, sobre todo de parte de los trabajadores del Estado. Los salvajes recortes a los presupuestos estatales significan una receta acabada para miles de despidos, profundización de la precariedad laboral y destrucción de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCTs), de hecho esto –que ha sido una política de la burguesía y su Estado durante las últimas décadas- ya está sucediendo. Pero esto es, también, una receta acabada para próximas explosiones en el sector sindical. Los trabajadores debemos tomar medidas.
Este año será de intensa lucha de clases en México, sobre todo de parte de los trabajadores del Estado. Los salvajes recortes a los presupuestos estatales significan una receta acabada para miles de despidos, profundización de la precariedad laboral y destrucción de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCTs), de hecho esto –que ha sido una política de la burguesía y su Estado durante las últimas décadas- ya está sucediendo. Pero esto es, también, una receta acabada para próximas explosiones en el sector sindical. Los trabajadores debemos tomar medidas.
A pesar del supuesto blindaje tan presumido por el Secretario de Hacienda, se estima que la dramática caída de los precios del petróleo se traducirá en un impacto al presupuesto por 3,800 millones de pesos, en enero pasado Videgaray anunció un recorte del 0.7% del PIB equivalente a 124,300 millones de pesos, 52 millones de pesos será la merma del presupuesto al gobierno federal, de los cuales el 65% impactará al gasto corriente y 35% a inversiones. Por si las cosas no fueran suficientemente claras hace unos días la Secretaría de Hacienda anunció otro recorte adicional para 2016.
Sin duda alguna el recorte al presupuesto federal se cargará sobre las espaldas de los trabajadores del Estado. De hecho estos ataques ya se están implementando. La falta de pago a 27 mil trabajadores del sector educativo en Guerrero es un ejemplo de estos ataques, situación que ha añadido fuego a las movilizaciones de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero de (SUSPEG) y que ha generado como respuesta la represión violenta por parte del Estado causante de la muerte a golpes del profesor de 65 años Claudio Castillo el pasado 24 de febrero, la saña del gobierno contra los profesores, claro está, no sólo se explica por la falta de presupuesto sino, ante todo, por la necesidad política del gobierno de aplastar al sector más combativo del sindicalismo en nuestro país.
Tan sólo el pasado 26 de febrero PEMEX anunció, a raíz del anuncio de un recorte brutal a su presupuesto del 11.5%, un despido masivo de 12 mil trabajadores, la congelación de plazas, la desaparición de clínicas y hospitales de PEMEX y el traslado de los servicios médicos al ISSSTE; en otras palabras, se anuncia el principio del fin del CCT de este sector. A estas medidas se suma las movilizaciones recientes del sector salud y el paro de 17 días encabezado por policías en Guerrero que no son sino la expresión de las precarias condiciones de trabajo y la falta de presupuesto. Adicionalmente será este año cuando el gobierno intente la fusión del IMSS y el ISSSTE en un único organismo lo que implica una “restructuración laboral” y financiera, es decir, despidos y la reducción de los ya de por sí precarios e insuficientes servicios de salud, seguramente se intentará un modelo de gestión compartida con el sector privado, el desvío de millonarios recursos a las farmacias privadas que tanto ha presumido el Partido Verde son ejemplo de lo que se viene.
Uno podría pensar que la andanada implacable de contrareformas que se han aprobado en los últimos años (la desaparición de LyFC, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma en telecomunicaciones, la reforma energética) sería suficiente para aplacar la sed de beneficio de la burguesía y sus representantes políticos, pero, al contrario, la crisis del capitalismo y la lógica de las reformas, impulsa a la burguesía a ir por todo y no conformarse con arrancar los “brazos” de los trabajadores, ellos quieres también las “piernas” y arrancar la carne para dejarnos en los huesos. Así por ejemplo, la entrega de la riqueza petrolera a los intereses privados implica el recorte al presupuesto y la reforma laboral implica la destrucción de los Contratos Colectivos de Trabajo y los sindicatos –incluidos los charros que usarán antes de desechar como un pañuelo usado-, así las reformas se alimentan unas a otras en un catastrófico efecto dominó en el que los únicos que ganan son un puñado de magnates. Ahora se anuncia una iniciativa para privatizar el agua; como sucedió con el SME y ahora está sucediendo con los trabajadores petroleros, esta nueva iniciativa significará despidos masivos.
La reforma laboral no es suficiente para la burguesía, su apetito es como el de aquél que intenta saciar su sed con agua salada, cada trago de agua provoca una sed mayor. Oculto en la página 470 y 471 de la iniciativa de ley para la reforma política de la Ciudad de México se encuentra un nuevo compromiso político entre la cúpula corrupta del PRD –por lo menos de Miguel Ángel Mancera quien operó esta iniciativa junto con los asesores del gobierno federal- y el gobierno de Peña Nieto, se pretende modificar el artículo 123 de la constitución para que los trabajadores de los organismos descentralizados (en el caso del DF está el IEMS, bomberos, metrobús, el metro, Instituto de Vivienda, Procuraduría Social del DF, etc.) los autónomos del Estado –por ejemplo: Instituto Nacional Electoral (INE), Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)- y las paraestatales (organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos) pasen del apartado A al apartado B de la Ley Federal del Trabajo, esta iniciativa, de concretarse, sería la cereza en el pastel de la reforma laboral puesto que miles de trabajadores de todo el país, pertenecientes a más de 100 organismos dejarían de gozar de las ventajas del apartado A –derecho a la libre asociación, bilateralidad, derecho a huelga y a contrato colectivo- para pasar a un apartado en donde rigen “condiciones generales de trabajo” impuestas por el gobierno, que aunque nominalmente se revisan cada 3 años –en contraste con los CCTs que se revisan cada dos años- la patronal no tiene la obligación de atender las demandas sindicales, no existe el derecho a huelga por revisión salarial –sólo existe nominalmente por concepto de “violaciones sistemáticas” a las condiciones de trabajo- y los trabajadores sólo tienen derecho a ser representados por un único sindicato que invariablemente es charro y pertenece al PRI –como es el caso de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado FSTSE-, como resultado de esto las huelgas en el apartado B son prácticamente inexistentes y el único recurso de los trabajadores son los paros o la “huelga constitucional”.
Esta iniciativa muestra claramente la intención del Estado y sus partidos –incluido el PRD que ya había sido cómplice, mediante el Pacto por México, de la reforma laboral- de realizar un desmantelamiento preventivo de la capacidad organizativa y de respuesta de los trabajadores del Estado para abordar los inminentes recortes drásticos que veremos en los próximos meses y años. Esta reforma pretende fortalecer la capacidad de control del PRI puesto que, además de lo antes dicho, las cuotas y membresía de federaciones priistas como la FSTSE será fortalecida, los trabajadores no podrán afiliarse al sindicalismo independiente ya que los sindicatos democráticos serán liquidados, por ejemplo: el SUTIEMS y sindicatos de organismos como el CICESE, CIESAS, CIAD, INAOE, INEA, Conalep, Posgraduados de Chapingo; también Capufe y Profeco. Aunque entidades autónomas como la UNAM, la UAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) también podrían estar incluidas –hay que tomar en cuenta que la iniciativa es confusa y está redactada con las patas- la implementación de esta reforma para éstas últimas pareciera un tanto más complicada puesto que el artículo tercero constitucional mandata que las universidades autónomas pertenecen al apartado A, sin embargo, si no es con esta reforma muy pronto el gobierno irá al asalto de los derechos laborales en este sector, así que sería un error garrafal por parte de los trabajadores consolarse con que su ejecución vendrá después.
Un reto que los trabajadores de este sector tendremos que afrontar es el bloqueo de las direcciones charras, son muy pocos los sindicatos de los trabajadores estatales que tienen sindicatos más o menos democráticos –sin obviar el burocratismo que suele campar incluso en el sindicalismo independiente- destacando, por supuesto, la CNTE, el SITUAM, el STUNAM, SUTIEMS; pero en más del 99% de los casos la clase obrera está maniatada por sindicatos charros que representan fielmente los intereses de la patronal. Sólo el 3.5% de la Población Económicamente Activa (POA) está sindicalizada, de éste pequeño porcentaje el 99% son charros y gran parte de los pocos trabajadores sindicalizados se concentran en dependencias que de una u otra forma dependen del presupuesto estatal, los pocos sindicatos democráticos están también mayoritariamente concentrados en este sector [datos elaborado a partir del INEGI: www.fte-energia.org/E70/e70-06.html]. Por esto el ataque contra los trabajadores del Estado significa la virtual destrucción del sindicalismo independiente en México.
Sin embargo, la clase dominante en nuestro país no tiene muchas razones para estar tranquila, el boquete charro a los sindicatos sólo significa que las respuestas serán mucho más explosivas, implicarán la formación de nuevas organizaciones sindicales aunque éstas carezcan de reconocimiento oficial y la lucha adquirirá formas que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje no podrán controlar. La heroica resistencia de los maestros en Oaxaca es una muestra de lo que veremos extenderse a diferentes regiones del país. Los profesores y las policías comunitarias se han hecho cargo de la seguridad en algunos municipios, han encabezado paros multitudinarios, han formado un frente con los policías comunitarios, con los estudiantes de Ayotzinapa y han logrado frenar a nivel local la implementación de reformas ya aprobadas. Estas acciones son el ejemplo de que sólo un Frente Único de las organizaciones sindicales y populares a nivel nacional puede no sólo detener la liquidación total de lo poco que nos queda, sino generar la fuerza y organización suficientes para derribar al gobierno de Peña Nieto. Ésta es la tarea de nuestra clase, un Frente Único y la huelga general, lo que los maestros y el conjunto del movimiento (Ayotzinapa y policías comunitarias) pudieron hacer en el Estado –de hecho derribar al gobierno de Ángel Aguirre- el movimiento unificado y organizado lo puede hacer a nivel nacional.
Debe ser claro para los sindicalistas que ante la falta de una dirección política unificada de la clase obrera el movimiento se extenderá durante todo un periodo histórico con flujos y reflujos. Aunque el movimiento por la aparición con vida de los 43 normalistas está lejos de haber concluido, nuevas coyunturas se avecinan; la intensidad del movimiento será variable pero la inestabilidad y la explosividad de la situación serán las características permanentes. Los ataques a los trabajadores del Estado que veremos en los próximos meses pueden ser el detonador de una nueva ola ascendente del movimiento, parece ser que la lucha sindical estará en el orden del día; lo que es cierto es que mientras el movimiento obrero no sea capaz de crear una dirección política estos flujos y reflujos serán inevitables dentro de un escenario más general en donde el capitalismo no permitirá ninguna clase de estabilidad y en donde nuevas olas turbulentas asoman en un horizonte tormentoso. Hoy más que nunca es cierto lo que Marx escribiera en el Manifiesto del Partido Comunista: los trabajadores no tenemos nada que perder sino un mundo qué ganar, necesitamos organizarnos y unidad de clase para ganarlo.
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