Ayer 9 de mayo se cerró el acuerdo electoral entre PODEMOS e Izquierda Unida (IU) para ir juntos a las elecciones del 26 de junio junto a sus confluencias en Catalunya (En Comú Podem), Galicia (En Marea) y País Valenciano, donde concurrirán junto a Compromís. Esta es una extraordinaria noticia que ha sido anhelada durante meses por millones de trabajadores, jóvenes, activistas sociales y jubilados; y ha desatado un entusiasmo desbordante, ya que esta coalición de la izquierda parte, no sólo con la posibilidad cierta de quedar como segunda fuerza en dichas elecciones; sino incluso de disputarle la victoria al Partido Popular.
Ayer 9 de mayo se cerró el acuerdo electoral entre PODEMOS e Izquierda Unida (IU) para ir juntos a las elecciones del 26 de junio junto a sus confluencias en Catalunya (En Comú Podem), Galicia (En Marea) y País Valenciano, donde concurrirán junto a Compromís. Esta es una extraordinaria noticia que ha sido anhelada durante meses por millones de trabajadores, jóvenes, activistas sociales y jubilados; y ha desatado un entusiasmo desbordante, ya que esta coalición de la izquierda parte, no sólo con la posibilidad cierta de quedar como segunda fuerza en dichas elecciones; sino incluso de disputarle la victoria al Partido Popular.
En el otro lado, entre los partidos y políticos del régimen, reinan el pánico y la histeria, vociferando todos ellos en los medios de comunicación contra la coalición PODEMOS-IU con el mismo calificativo de: “vieja izquierda comunista”. Un asiduo colaborador del híper reaccionario diario ABC, Gabriel Albiac –un “progresista” devenido en palmero del régimen– definía hace unos días el previsible acuerdo PODEMOS-IU como “la alianza entre el rancio estalinismo y el juvenil fascismo”.
Como decíamos, todas las encuestas de opinión antes de materializarse este acuerdo electoral, ya eran unánimes en vaticinar que el voto conjunto PODEMOS-IU superaría al del PSOE, lo que previsiblemente debería darle también un número mayor de escaños en el Congreso de los Diputados. Pero a eso debemos añadir el impulso añadido que tendrá el efecto arrastre de presentarse unidos, transmitiendo una sensación de fuerza y confianza, por lo que la coalición PODEMOS-IU podría estar en condiciones, incluso, de disputarle la victoria al PP.
En las pasadas elecciones del 20 de diciembre, gran parte del despegue de PODEMOS y de sus confluencias en Catalunya, Galicia y País Valenciano tuvo su base en los días previos al arranque de la campaña electoral, con discursos muy radicales y combativos, reforzados por los debates televisivos posteriores y los mítines de masas de PODEMOS y sus confluencias durante la campaña electoral en todas las zonas del Estado. Cabe pensar que mítines conjuntos de Pablo Iglesias y Alberto Garzón serán incluso más masivos ahora, creando un ambiente eléctrico en todo el país.
De hecho, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de principios de abril, y publicada estos días, mostraba que la intención directa de voto más simpatía a PODEMOS, IU y sus confluencias, en conjunto, era superior a la del PP. Más aún, esta misma encuesta, mostraba que la intención directa de voto PODEMOS-IU-CONFLUENCIAS ganaba en todos los tramos de edad entre los menores de 55 años. El PSOE era la primera fuerza en el tramo 55-64 años y el PP sólo ganaba entre los mayores de 65 años.
Y si éste era el registro hace un mes, cuando todos se lanzaban contra PODEMOS culpándolo de la inevitabilidad de nuevas elecciones, el ambiente actual y las expectativas generadas por el acuerdo PODEMOS-IU no hará sino reforzar estas tendencias.
Lo que preocupa a la burguesía española
La burguesía española tiene por qué preocuparse. No sólo ha visto millones movilizados en las calles durante estos años de crisis, recortes, pobreza e injusticias sociales; también está viendo a estos mismos millones intervenir activamente en política, con el voto y con la militancia organizada, a través de unas organizaciones (PODEMOS, IU, sus confluencias, y movimientos sociales de todo tipo) que escapan al control directo de los ricos y los poderosos.
Para la clase dominante española, el crimen de la gente común es haber decidido tomarse en serio ahora sus monsergas oficiales, repetidas como una salmodia durante años, sobre “la necesidad de la participación ciudadana en la política como un elemento de vitalidad democrática”. Así es, la gente común, millones de trabajadores, jóvenes, amas de casa, y jubilados han decidido participar seriamente en política y tomar su destino en sus manos. Sus reivindicaciones son bastante modestas y concretas: puestos de trabajo y salarios decentes, pensiones dignas, que toda persona pueda tener un techo para vivir, estudiar sin restricciones económicas, una sanidad pública bien dotada y para todos, que los ricos paguen impuestos, que la gente pueda expresarse y manifestarse libremente sin riesgo de ser multada o encarcelada, y que el pueblo pueda disponer de su destino sin esperar a la aprobación de las damas y caballeros de Bruselas. El capitalismo español no sólo no puede garantizar ninguna de estas demandas, sino que su régimen labora activamente contra ellas. Esta es la clave del asunto.
Pero la gente común, mientras se apretaba el cinturón, perdía sus trabajos, veía reducirse sus sueldos y prestaciones sociales, o dejaba de estudiar por no poder pagar las altas tasas de matrícula; ha visto que los mismos banqueros, industriales y políticos que defendieron y aplicaron esas políticas, ganaban montañas de dinero y tenían depositadas sus fortunas en paraísos fiscales, bien lejos del control de la hacienda pública, y sin pagar un euro de impuestos.
Las masas trabajadoras no están dispuestas a volverse a sus casas con las manos vacías. Este es el miedo mortal que hace sudar a la burguesía: que la incapacidad del capitalismo español de satisfacer las necesidades básicas de las familias trabajadoras, empuje a capas cada vez más amplias a ideas anticapitalistas y socialistas de expropiación del gran capital usurero y de control público de la riqueza del país para que sirva a las necesidades de la inmensa mayoría. Y ya no tienen un PSOE poderoso ni unos dirigentes sindicales con autoridad para frenar este movimiento de masas y de radicalización política, por medio de la traición abierta y de la frustración, para desviarlo hacia caminos seguros para el régimen. Por su parte, la vieja guardia conservadora y acartonada del PCE y de IU, que también jugó un lamentable papel en el pasado, ha perdido el control de la organización y ha tenido que replegarse –personificada en figuras esperpénticas como Llamazares o el núcleo íntimo alrededor de Cayo Lara– maldiciendo por los rincones a la nueva dirección más izquierdista y combativa que representa Alberto Garzón.
Conquistando una posición tras otra
Si miramos en retrospectiva, el movimiento de oposición política a este régimen capitalista caduco –independientemente de la confusión y de la falta de claridad en sus objetivos y de sus direcciones actuales– no ha hecho más que avanzar, conquistando una posición tras otra sin un revés serio.
Comenzó con la irrupción del 8% de PODEMOS en las elecciones europeas de hace dos años (y el 10% de IU), continuó un año más tarde con el desalojo del PP de las grandes ciudades y de la mayoría de las Comunidades Autónomas que gobernaba y con la conquista de las grandes ciudades para los “Ayuntamientos del Cambio” en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Santiago, Coruña; prosiguió con las elecciones del 20D cuando PODEMOS y sus confluencias en Catalunya, Galicia y País Valenciano barrieron al PSOE de las principales zonas industriales y obreras del país en Catalunya, Euskadi, Madrid, Galicia, País Valenciano, Baleares, Canarias, y le soplaron la nuca en Aragón y Asturias. Ya entonces, la suma de votos de PODEMOS-IU-CONFLUENCIAS superó al PSOE en 600.000 y quedó situada potencialmente como la segunda fuerza política en el país, un registro histórico. Hoy, la ratificación de este segundo puesto en las elecciones del 26J ya está asumida y no despierta apenas controversia, y lo que se plantea es emerger como la principal fuerza política del país.
Por todo ello, cabe esperar en las próximas semanas una escalada de la campaña infame de mentiras, calumnias y criminalización que ya venimos sufriendo, sin precedentes desde los días de la dictadura franquista, contra PODEMOS, IU y sus confluencias. Pero eso va a tener el efecto de polarizar toda la campaña alrededor de la coalición de izquierdas, mientras que las diferencias entre PP, Ciudadanos y PSOE quedarán cada vez más difuminadas.
La necesidad de un programa socialista
Iglesias y Garzón, ayer con militantes y simpatizantes en la Sala Mirador. Foto: José CamóCelebramos la madurez política de los dirigentes de PODEMOS e IU por haber sabido elevarse sobre los intereses mezquinos de aparato y prejuicios políticos sin sentido, y tomar en cuenta los intereses de la clase trabajadora y demás sectores populares oprimidos; haciendo frente a las resistencias internas de los sectores, minoritarios, inmovilistas y conservadores. Ahora de lo que se trata es de desplegar una campaña unitaria, entusiasta y lo más masiva posible con actos multitudinarios con los principales referentes de la coalición de izquierdas.
Porque de lo que se trata es, como ha proclamado Pablo Iglesias, de echar al PP de la Moncloa y de arrojar también de allí sus políticas: derogar las reformas laborales de PP y PSOE, la Ley Mordaza que está imponiendo de media 30 multas diarias a activistas obreros y sociales por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestación; la ley educativa LOMCE, prohibir los desahucios, reducir las tasas universitarias, incrementar los gastos sociales, subir el salario mínimo y los salarios en general, reconocer los derechos democrático-nacionales del pueblo catalán, vasco y gallego con la celebración de un referéndum sobre su autodeterminación, etc. A la espera de conocer en concreto el programa electoral que presentará la coalición, es de esperar que sea similar al presentado en diciembre y que recogerá las demandas más sentidas por las familias obreras.
Sin embargo, también tenemos que advertir que un eventual gobierno de la izquierda se enfrentará desde el primer día a la oposición irreconciliable de la oligarquía española. Ya, los capataces de Merkel en Bruselas están exigiendo al gobierno español un ajuste de 10.000 millones este año en los gastos públicos para alcanzar el objetivo de déficit que ellos quieren imponer. Para atender las demandas sociales hay que sacar el dinero de alguna parte, no sólo subiendo los impuestos a los ricos parásitos que esconden sus fortunas a los ojos del pueblo, sino también de la riada de dinero que se escapa todos los años con el pago de la infausta deuda pública. Incluso así, no sería suficiente en el contexto actual de estancamiento económico global.
La experiencia del gobierno de Tsipras en Grecia muestra que a menos que un gobierno de los trabajadores y del pueblo le arrebate las palancas fundamentales de la economía a la oligarquía (la banca, las grandes empresas, los latifundios) será sometido por ésta a una presión implacable para hacerlo retroceder y ponerlo de rodillas. Por eso, creemos que hay que romper con el capitalismo y adoptar un programa verdaderamente socialista.
