El pasado Jueves tribunales penales de los estados Monagas, Carabobo, Aragua y Apure, entre otros estados del país, declararon la nulidad de los efectos de la recolección del 1% de las firmas para la activación del referendo revocatorio, luego de que fueran admitidas las demandas por fraude electoral que fueron introducidas ante éstos, debido a los delitos de forjamiento y usurpación de identidad que fueron cometidos durante dicho proceso. Dicha sentencia, automáticamente implicó la suspensión de la denominada recolección del 20%, como último paso previo para la realización del referendo revocatorio. Acto seguido, el CNE hizo público un comunicado en el que se ordenó la suspensión del proceso de recolección de firmas en todo el país.
El pasado Jueves tribunales penales de los estados Monagas, Carabobo, Aragua y Apure, entre otros estados del país, declararon la nulidad de los efectos de la recolección del 1% de las firmas para la activación del referendo revocatorio, luego de que fueran admitidas las demandas por fraude electoral que fueron introducidas ante éstos, debido a los delitos de forjamiento y usurpación de identidad que fueron cometidos durante dicho proceso. Dicha sentencia, automáticamente implicó la suspensión de la denominada recolección del 20%, como último paso previo para la realización del referendo revocatorio. Acto seguido, el CNE hizo público un comunicado en el que se ordenó la suspensión del proceso de recolección de firmas en todo el país.
Con ello, ha quedado prácticamente anulada la posibilidad de convocatoria al referéndum revocatorio, incluso para el año próximo.
A partir de esta medida, la burguesía venezolana, y su representante político, la MUD, han terminado por acusar de manera pública al gobierno venezolano como una dictadura, a la vez que han denunciado un golpe de Estado por parte del gobierno del presidente Maduro contra la constitución.
En consecuencia, el día de ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, en la que se aprobó una resolución que declara la supuesta ruptura del orden constitucional por parte del gobierno, así como la decisión de la AN de designar nuevos rectores para el CNE y nuevos magistrados para el TSJ, y también, la posibilidad de declarar el abandono de cargo de la presidencia, y de enjuiciar políticamente al presidente Maduro.
Tales denuncias y declaraciones de la MUD sobre la violación a las libertades democráticas son absolutamente hipócritas. Quienes hoy hablan de un autogolpe del gobierno y de golpe a la constitución, y quienes denuncian “ante el mundo” la ruptura del orden democrático en Venezuela, son los mismos que apoyaron el golpe de Estado fascista de abril de 2002, y quienes durante el 12 de abril, reprimieron duramente a las masas que se enfrentaron al nuevo gobierno de facto, persiguiendo, encarcelando e incluso asesinando a ciudadanas y ciudadanos venezolanos que durante esos oscuros días lucharon contra la tiranía, a la vez que disolvieron todos los poderes públicos y durante unas pocas horas, se erigieron de facto, como un único supra poder en el país.
En efecto, la democracia burguesa es una farsa, ella es tan sólo el disfraz detrás del cual se oculta la dictadura tiránica del capital. La burguesía defiende a muerte esta “democracia”, siempre y cuando ello le permite mantener su férreo control sobre la sociedad para poder continuar amasando inmensas fortunas a costa de la explotación de las masas trabajadoras. Así ocurrió en Venezuela durante la 4ta república.
Pero, cuando el propio juego electoral de la “democracia”, permite que las fuerzas revolucionarias de la sociedad abran un boquete en el régimen burgués, como ocurrió con la llegada del presidente Chávez al gobierno en 1998, entonces dejan de lado su hipócrita defensa de la democracia, y ponen manos a la obra para defender a sangre, violencia y fuego sus privilegios, utilizando todos los mecanismos antidemocráticos y anticonstitucionales que les sea necesario utilizar.
En tal orden de ideas, el referéndum revocatorio no es otra cosa que el nuevo mecanismo central que ha asumido la burguesía para retomar el poder político en el país, ante el fracaso de los innumerables intentos violentos de retomar el poder en estos 17 años, a fin de poder llevar a cabo su programa contrarrevolucionario de desmantelamiento de las conquistas históricas que han alcanzado la clase obrera, los campesinos y los pobres del país durante la revolución, para así poder restituir sus privilegios históricos de clase.
Como es bien sabido, este programa contrarrevolucionario implicaría inevitablemente la privatización de los latifundios nacionalizados por la revolución, la privatización de las empresas nacionalizadas, la reducción drástica de la inversión social, la privatización de la educación y la salud, la ejecución de despidos masivos en el sector público y privado, el congelamiento de los salarios y las pensiones, entre otras medidas destinadas a aplastar la revolución, y por lo tanto, consideramos como totalmente absurdo, cualquier planteamiento que desde sectores de la izquierda se haga “en defensa” al derecho a revocar al gobierno del presidente Maduro.
Ciertamente, la burocracia que hoy dirige el PSUV y decide las políticas del gobierno bolivariano, dista mucho de ser revolucionaria. Muy al contrario, está llevando adelante una clara política de conciliación de clases con la burguesía, en desmedro de los intereses de la clase trabajadora.
Ahora bien, a pesar de ello, es una gigantesca estupidez apoyar la realización del referéndum revocatorio, cuando ello constituye la principal bandera política actual de la burguesía y el imperialismo contra la Revolución Bolivariana.
Por lo tanto desde la Corriente Marxista del PSUV – Lucha de Clases, nos desmarcamos claramente de actores políticos como Nicmer Evans, y algunos otros voceros de organizaciones como Marea Socialista y la Plataforma en Defensa de la Constitución, que partiendo de posiciones ultraizquierdistas contra la burocracia, han terminado prácticamente por hacer un frente único con la burguesía, al defender la bandera del referéndum revocatorio contra el gobierno.
Ahora bien, por otro lado es también de mucha importancia realizar una crítica revolucionaria a los argumentos que han expresado algunos sectores de nuestra dirigencia, luego de la suspensión del referéndum.
En primer lugar, es necesario explicar que durante la recolección de firmas para revocar al presidente Chávez en 2003-2004, también la MUD incurrió en graves delitos de usurpación y forjamiento de identidad, no obstante, en aquel momento el presidente vio el referéndum como una oportunidad para propinar una nueva derrota política a la burguesía y fortalecer la legitimidad de la revolución ante las masas.
En aquel momento, el movimiento de masas iba en ascenso, es decir, que las masas se encontraban en una fase de despertar político, se estaban radicalizando cada vez más hacia la izquierda y el apoyo de éstas hacia la revolución iba en aumento, pero ahora la situación es totalmente distinta. El movimiento de masas está sufriendo un grave proceso de reflujo.
La rápida degradación de las condiciones materiales de vida de las masas durante los últimos tres años, como consecuencia de la guerra económica y de las políticas reformistas de nuestra dirigencia, han acabado por desmoralizar, agotar y desmovilizar a las masas trabajadoras del país, que han sido siempre el sostén político de la Revolución Bolivariana, lo que pudo evidenciarse crudamente con el resultado de las elecciones parlamentarias del 06 de diciembre.
Sobre esa base, la realización del referéndum revocatorio habría implicado sin duda alguna una dura derrota para la revolución, he ahí la razón de fondo del por qué en este caso, a diferencia de 2004, ante las acciones fraudulentas de la MUD en lo que respecta a la falsificación de firmas, el gobierno decidió actuar para frenar la realización del referéndum.
Ahora bien, el problema de fondo no es legal sino político, y por lo tanto no puede resolverse mediante medidas administrativas o legales.
Muchos militantes de base honestos, pueden pensar que con esta medida se logra frenar un nuevo intento de la contrarrevolución para derrotar a la revolución y retomar el control del poder político, sin embargo, tal aseveración es totalmente falsa.
Mientras el gobierno bolivariano mantenga su política reformista de conciliación de clases, será imposible derrotar la guerra económica. Más bien, esta política ha permitido que la burguesía radicalice el sabotaje económico y golpee con más dureza al pueblo trabajador. El aumento de los precios de los productos regulados, por ejemplo, medida tomada de manera equivocada para que la burguesía pudiera obtener una mayor tasa de ganancia en la producción de estos rubros, a fin de que ésta se animara a la elevar la producción de los mismos, lejos de mejorar la situación de abastecimiento, ha favorecido a la burguesía y ha golpeado a la clase trabajadora, que ahora debe realizar las mismas colas para pagar los productos regulados a precios más altos. La burguesía está decidida a acabar con la revolución, y por lo tanto, por más concesiones que se le otorgue, no dejará de sabotear la producción de bienes de primera necesidad, provocando más escasez, inflación y especulación, hasta lograr quebrar completamente la base social de apoyo del gobierno bolivariano.
En ése sentido, la política reformista de nuestro gobierno está preparando el terreno para la derrota de la revolución.
En segundo lugar, la suspensión del referéndum servirá de base para que los sectores más radicales de la burguesía organicen nuevos planes insurreccionales contra el gobierno. Como hemos explicado, la burguesía veía en el referéndum su oportunidad para derrotar por vías democrático-burguesas a la revolución, pero, una vez que ello no será posible, los sectores fascistas de la burguesía volverán a poner a la orden del día la cuestión del derrocamiento del gobierno por la vía violenta.
La sesión de la Asamblea Nacional el día domingo, ha sido prácticamente el preludio jurídico y político para el nuevo plan insurreccional de la MUD contra el gobierno. Adicionalmente a los puntos expuestos al principio de esta declaración, la resolución de la AN hace también un llamamiento a la intervención extranjera en Venezuela, a través de la Corte Penal Internacional y otras instituciones burguesas internacionales, y un llamamiento formal a las FANB a desconocer el mandato del poder ejecutivo y de los demás poderes del Estado. Asimismo, fue convocada para el día miércoles una marcha de la oposición hasta Miraflores. No queda duda de que un nuevo plan de golpe será puesto en marcha por la burguesía en los próximos días.
Sobre la Revolución Bolivariana se cierne una grave amenaza. Mientras se mantenga la política reformista de conciliación de clases, no habrá salida ante la situación económica actual, y mientras ello no cambie, el proceso de desmoralización de las masas seguirá profundizándose peligrosamente, conduciendo de forma inevitable a la revolución a una derrota en el futuro próximo.
Sólo la radicalización de la revolución, a través de la expropiación de la burguesía bajo control obrero y el desmantelamiento del Estado burgués, puede ofrecer una salida real a la guerra económica, derrotando a la burguesía de manera definitiva. Ante este nuevo plan golpista la clase obrera debe dar un paso al frente para radicalizar definitivamente la revolución. Deben organizarse comités antigolpe en todos los sindicatos, fábricas, barrios, universidades y campos. Estos comités deben articularse local, regional y nacionalmente, a través de la elección de delegados a todo nivel, revocables en todo momento, rotativos en la medida de lo posible y subordinados al control de la base, a fin de elaborar un plan de acción revolucionaria contra la guerra económica, a través de la aplicación del control obrero en las fábricas que estén participando en el sabotaje económico, ocupación de panaderías, abastos, almacenes y demás comercios que estén participando en actos de contrabando, acaparamiento y especulación, para que los productos que allí se distribuyan sean vendidos a las comunidades a precios realmente justos, decomiso de mercancía a bachaqueros y contrabandistas, y demás medidas revolucionarias contra el sabotaje económico, el contrabando y la especulación. Ha llegado la hora de radicalizar la revolución, no hacerlo significará abrir las puertas del país al triunfo del fascismo y de la contrarrevolución.
¡Basta de conciliación, es hora de la radicalización!
¡Radicalizar la revolución es la única salida!
¡Expropiación de la burguesía bajo control obrero!
