Tal y como nos quieren hacer creer los ideólogos de la burguesía, el Estado en sí mismo es el garante y defensor de los intereses de todos los ciudadanos independientemente de su clase, sexo o religión. Sin embargo, en la práctica esto resulta, a grandes luces, nada más que una abstracción vacía. La actual crisis política del gobierno del FMLN en el aparato del Estado expresa de manera clara la verdadera cara de este. Los marxistas afirmamos que este poder estructural se reduce a una comisión de hombres armados que bajo sus leyes e instituciones sirve, en última instancia, para defender los intereses de la clase dominante de la sociedad. En el siguiente escrito argumentaremos partiendo de la crisis actual, cómo los intereses de la burguesía nacional siguen estando protegidos por el Estado burgués y la forma en cómo se debe de combatir esta situación.
El gobierno del FMLN está siendo víctima de sus propias políticas que la derecha, la cara política de la burguesía, está utilizando de manera inteligente para sabotear su capacidad de maniobrar los hilos del gobierno central. El objetivo de la burguesía siempre ha sido sabotear los gobiernos del FMLN, esto no ha cambiado desde que se empezó a gobernar; la burguesía no estará a gusto hasta poder controlar del todo y a su antojo el aparato del Estado nuevamente, esto se debe a la necesidad urgente de aplicar un programa salvaje de recortes y austeridad prolongada, para poder aumentar su capacidad competitiva y así “reestablecer” el equilibrio económico, léase sus ganancias.
El FMLN desde el gobierno ha intentado estos últimos años mantener una política de unidad nacional, buscando un gobierno estable entre la burguesía y el proletariado; sin embargo, este tipo de política lejos de mantener la estabilidad del gobierno, ha creado efectos contrarios. Prueba de eso es la última calificación de Salvador de Sánchez Cerén en las encuestas de opinión, que no obtuvo los mejores resultados de aprobación, así como también la intensificación de los bloqueos del partido ARENA desde la Asamblea Legislativa.
Lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no se puede servir a dos amos al mismo tiempo, o se está con Dios o con el diablo, con el pueblo o con la burguesía. Actualmente muchos funcionarios del gobierno siguen haciendo extensivos llamados a dialogar, a colaborar, a unirnos en este “gran esfuerzo nacional” para solventar la crisis financiera. Incluso los principales líderes de nuestro partido han hecho eco de estos llamados de diálogo, algo totalmente absurdo que no conduce a nada, en favor de los intereses de la mayoría de la población explotada.
El financiamiento del Estado ha sido uno de los temas más espinosos últimamente, esto principalmente desde que se conoce que el gobierno no podría terminar el año fiscal con el presupuesto del año 2016. Según las cifras el presupuesto para este año 2016 era de $4.860.8 millones, sin embargo, no incluía el pago de la deuda de pensiones, debido a que, como lo manifestó el Ministro de Hacienda Carlos Cáceres, “el país iba a tener racionalidad para la reforma de pensiones. Entonces limité una parte porque dije: ‘se va a arreglar el tema de las pensiones’”. Se refería al sistema mixto propuesto por el gobierno con el tema de pensiones. El señor Cáceres solo nos recuerda al ingenuo Cándido de Voltaire “vivimos en el mejor de los mundos posibles” todo va bien y por lo tanto todo puede ir bien, ¿qué podría salir mal?
El actual sistema de pensiones genera crisis constantes, es un caos total, del cual solo se beneficia un puñado de empresarios, esto es un hecho. No obstante, no ha sido solo esto lo que ha posibilitado la actual crisis del financiamiento de los gastos del Estado, sino también otros factores importantes, los cuales creemos que el FMLN como partido en el gobierno debe de solventar con una política proletaria. Nos referimos al tema de la deuda, y a la elusión y evasión fiscal. A pocos meses de terminar el año, no se tiene una liquidez para poder terminar el año fiscal y hay un compromiso de servicio a la deuda que no alcanza a cubrirse con el dinero que tiene el Estado. Esto ha ocasionado que el FMLN recurra a pedir un nuevo financiamiento a través de bonos valorados en $1,200 millones.
ARENA ha intentado convenientemente bloquear toda posibilidad de brindar un respiro al problema financiero y utiliza de manera demagógica esta situación para hacer proselitismo político. Lorena Peña después de un intenso debate en la Asamblea Legislativa manifestó: “Los bancos no aceptan que… prestemos $500 millones para gastar $300 millones y pagarles $200 millones”, esto a raíz de que ARENA, bajo su objetivo de ahogar al gobierno, manifestó que solo daría los votos para la emisión de $500 millones en bonos, es lógico que a ellos les importa un comino los programas sociales y que si el gobierno pueda salir a flote nuevamente.
ARENA está haciendo un bloqueo al financiamiento del gobierno, se esconde tras una hipócrita máscara de buenos servidores de los trabajadores, y aunque denunciamos esta política reaccionaria en contra del pueblo, creemos que es un error por parte del FMLN mantener una política de endeudamiento, esta es una claudicación reformista para solucionar la crisis. Una de las principales consignas del FMLN en el pasado fue siempre la oposición al endeudamiento del país, hoy nos preguntamos ¿qué ha hecho que esta postura cambie? ¿Cambiaron las condiciones que imponen los organismos financieros? ¿Acaso los préstamos de ser reaccionarios pasaron a ser revolucionarios? ¡En absoluto!
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó recientemente una serie de medidas reaccionarias a cambio de más préstamos, las calificadoras internacionales siguen presionando para que haya un acuerdo entre ARENA y FMLN a favor del gran capital, la embajada de Estado Unidos presiona también por esto. Las condiciones no han cambiado, los dirigentes de nuestro partido saben claramente que la deuda externa es impagable y debemos buscar una solución, la solución no es una cesación de pagos, ni esperar una utópica condonación, la solución debe ser romper con estos organismos y repudiar el pago de la deuda haciendo un llamado a la solidaridad internacional de los países progresistas para establecer nuevas relaciones de financiamiento bajo perspectivas revolucionarias.
La política de endeudamiento continuará para el 2017, pues no hay un plan para poder aumentar la tributación del gran capital. Según los datos de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (ADESE), el presupuesto del 2017 sí estima continuar con la política de pagos de la deuda con los organismos financieros, en detrimento de no invertir en infraestructura y compra de capital, en el aumento a los salarios etc., que es lo que se necesita para lograr un respiro económico. Por tanto, la inversión que la sociedad necesita en hospitales, escuelas, carreteras para el beneficio de la clase oprimida no se ha presupuestado.
Además, el presupuesto del 2017 si bien es cierto ha tenido un aumento de $94 millones con respecto al del 2016, eso no significa en absoluto que no se tenga un retroceso en materia social. Por ejemplo, se ha hecho una focalización del subsidio al gas y a la energía aplicado en septiembre de este año, esto ha sido un golpe para la pequeña burguesía y no ha abonado en nada para solventar la crisis. Compartimos con Salvador Arias que las tres áreas que generan la crisis son las pensiones, la deuda, y la elusión y evasión fiscal. En el presupuesto 2017 se recortan, a parte de los subsidios, otras áreas como: salud $3 millones; educación $300,000; justicia y seguridad $9.4 millones. A simple vista se ven como una leve baja, cuando no se tiene en cuenta la inflación y otros factores más que los condicionan, estas reducciones a la larga significarán un duro golpe a la clase trabajadora.
El problema de la deuda y la evasión fiscal
El FMI ha dicho que uno de los problemas del Estado ha sido la política de subsidios; aunque algunos datos reflejan que los principales causantes de la falta de estabilidad económica del Estado, como lo decíamos, arriba se deben al servicio de la deuda y a la no tributación fiscal de las grandes empresas. Por ejemplo, entre el 2010 y 2016 la evasión y la elusión fiscal pasaron del 10 % al 13 %, (según ADESES el monto acumulado de evasión y elusión fiscal rondaría los $19,025 millones, dinero que debió pasar al Estado y ser invertido en materia social). Por su parte, el servicio de la deuda pasó de 8.8 % en el año 2010, al 3.3 % en 2016 pero tomando en cuenta que para el presente año, en el que según el presupuesto se estima cancelar $895 millones de dólares de servicio de deuda, le agregamos los $1,200 millones de deuda que se debe aprobar para cancelar los LETES acumulados en Hacienda, el servicio de la deuda subiría a $2,095 millones. Esto elevaría la carga de los servicios de la deuda y quedaría a 7.7 % y no al 3.3 % que se había proyectado en el presupuesto votado. Todo esto, mientras que los subsidios según los mismo años pasan del 1.4 % al 0.6 %, ¡una drástica y absurda reducción!
Estos datos reflejan la sumisión del Estado salvadoreño a los organismos internacionales, y la protección de los intereses de la burguesía nacional que no aporta casi nada a su financiamiento, mientras que contradictoriamente a quienes les están recortando los beneficios son a los más desprotegidos. ¿Quién paga realmente el servicio de la deuda y los subsidios con base en el ingreso que percibe el Estado? Según la tributación de El Salvador, las familias aportan en promedio a las arcas del Estado en concepto de impuestos 25 centavos por cada dólar que reciben, mientras que las empresas por cada dólar que reciben en promedio sólo aportan 5 centavos. La mayor parte del dinero que llega al Estado no llega a través de las grandes empresas, sino de las familias salvadoreñas.
De tal manera que para el año 2016: “Las proyecciones establecen que los impuestos pagados por los hogares significarán $3,259.8 millones, de un ingreso estimado para estos hogares de $12,861 millones; por el lado de las empresas, de un ingreso estimado de $20,364.9 millones por utilidades sólo tributarían $1,057.40 millones. Es así que los hogares aportan el 75.5% de los ingresos del Estado y las empresas escasamente el 24.5 %. Sin duda, acá se encuentra el verdadero problema fiscal del Estado salvadoreño”.
En conclusión, el Estado burgués sigue manteniendo todo los beneficios y privilegios para la clase dominante, pues ha sido diseñado durante años para eso y no se está luchando para transformarlo, mientras no se rompa con las principales leyes que permiten este yugo sobre las familias obreras, la calidad de vida seguirá en detrimento. La crisis fiscal que se resume en una crisis política no tiene salida en líneas capitalistas, la solución no está en rogar por votos en el parlamento para permitir más deuda, de ninguna manera. Una solución integral al problema tendrá que aplicar el desconocimiento de la deuda con los organismo financieros y otros Estados, el combate a los evasores, la protección de las conquistas ganadas por los trabajadores en el pasado y la consecución de otras más, y al mismo tiempo expropiar a las más de 752 grandes empresas explotadoras del país, haciendo un llamado a la revolución socialista centroamericana para construir una Federación de Repúblicas Socialistas en América Central.
