El tema de la despenalización del aborto, incluso por motivos médicos, históricamente ha generado visiones encontradas entre quienes lo promueven y los que están en contra. Este es un tema en el cual los derechos de las mujeres y niñas de nuestro país son los que menos se respetan.
El tema de la despenalización del aborto, incluso por motivos médicos, históricamente ha generado visiones encontradas entre quienes lo promueven y los que están en contra. Este es un tema en el cual los derechos de las mujeres y niñas de nuestro país son los que menos se respetan.
El pasado 11 de octubre, la diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, propuso una reforma de ley al artículo 133 del Código Penal, dicha reforma busca despenalizar el aborto cuando el embarazo se delimita a cuatro situaciones: cuando el aborto sea realizado con el propósito de salvar la vida de la mujer y preservar su salud; segundo, en casos que el embarazo haya sido ocasionado producto de una violación sexual o trata de personas; tercero, cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero y, cuarto en los casos de violación o estupro a menores de edad, y para ello deberá existir consentimiento de la menor de edad y autorización de sus padres o tutores legales. La iniciativa se coloca en contraposición a la que hizo el diputado de ARENA, Ricardo Velázquez Parker, quien pidió aumentar la pena de 30 a 50 años de prisión a quien cometa aborto (El Salvador Times).
Las leyes del país penalizan de forma absoluta cualquier interrupción del embarazo desde 1998, a causa de esta legislación cientos de mujeres están siendo sometidas y procesadas por el delito de aborto aunque así sea expuesta su vida. Por mencionar dos de los casos por los cuales son procesadas, están los abortos espontáneos y embarazos anencefálicos.
El nivel de conservadurismo en el país es increíblemente alto donde al parecer es un privilegio querer salvar una vida. Datos proporcionados por el Ministerio de Salud de El Salvador en el año 2014, expresan que en el país 3,178 fueron los casos de cáncer en mujeres embarazadas a quienes no se les pudo dar quimioterapia por su embarazo, muchas de estas mujeres murieron por falta de atención médica, muertes que pudieron ser evitadas. Estamos bajo una legislación totalmente restrictiva, la Organización Mundial para la Salud (OMS) nos dice que existe un 97 % de países con legislación que defiende la vida de la mujer, El Salvador forma parte de ese restante 3 % de los países en América Latina y el mundo que no permite el aborto bajo ninguna circunstancia. Esta penalización genera que las mujeres corran riesgos innecesarios al verse obligadas a practicarse un aborto en clínicas clandestinas en donde no se les asegura la vida.
Es importante mencionar que ninguna de las mujeres que han sido juzgadas por aborto pertenece a una clase social media o de economía alta, todas están dentro de un perfil de situación de pobreza, jóvenes, con niveles de estudio bajo. Es un sistema de injusticia social muy claro. Aquí cabe señalar las altas consecuencias que causa la falta de una educación sexual y reproductiva adecuada; atenciones de salud de calidad hacia la mujer, antes y durante el embarazo, incluso cuando este es deseado; falta de acceso a métodos anticonceptivos, entre otros. La interrupción de un embarazo está ligado a todo este conjunto de negligencias. La represión que sufren las mujeres y niñas es realmente espeluznante y llena de tortura, la mujer merece un mejor destino que la cárcel o la muerte.
El gobierno y el partido deben apoyar de manera general está reforma a la ley, no detenerse ante el muro de dogmas, tabúes y estereotipos que los moralistas burgueses imponen, y enfocarse en velar por la seguridad de la vida de mujeres y niñas de una manera rápida y concreta. Es necesario que la propuesta de Lorena Peña pase a ser un hecho real y no quede simplemente en un escrito, y al mismo tiempo luchar por un sistema de salud de calidad, crear los espacios equipados para atender estos casos, donde mujeres y niñas sean atendidas sin discriminación alguna. Despenalizar el aborto es una medida revolucionaria, por lo tanto es una lucha que tiene que garantizar que el aborto sea un proceso confiable y gratuito, sobre todo para las mujeres de la clase trabajadora.
¡Despenalización del aborto ya!
