Carla Mayarí Ayala Palacios es la agente policial desaparecida luego de haber asistido a una fiesta de fin de año celebrada el 28 de diciembre por el –ahora extinto- grupo élite de la Policía Nacional Civil (PNC), Grupo de Reacción Policial (GRP), en su base situada en la colonia La Cima de San Salvador, cuyo paradero se desconoce desde aquella madrugada.
Aunque nuestro país ha dado avances en materia de derechos humanos, y objetivamente, para las mujeres, es importante transformar el sistema capitalista patriarcal y las conductas discriminatorias, incluso misóginas, instrumentalizadoras que este mantiene y necesita para perpetuarse. Acontecimientos trágicos como el de Carla Ayala visibilizan cómo la violencia se expresa incluso de forma institucionalizada. Nos encontramos en una sociedad de clases en la que es inherente la opresión y se guarda silencio ante todo tipo de violencia ya sea en el ámbito familiar, comunitario, laboral e institucional representado en acoso y abuso sexual, explotación laboral o directamente en feminicidios.
El pasado 22 de marzo, por orden del Juzgado Sexto de Instrucción, se reconstruyó la escena del caso de Carla Ayala en el cual se esclarecieron algunos detalles que se desconocían.
En la madrugada del 29 de diciembre, Ayala fue enviada en un vehículo del GRP junto a otros dos agentes a la delegación policial de Apopa, donde estaba destacada en la Unidad de Investigación Disciplinaria. Juan Josué Castillo Arévalo, también compañero policía, los acompañó. En el último proceso de investigación se supo, por declaraciones de cuatro elementos del GRP detenidos por presunta complicidad para que “el Samurái” (como era conocido Arévalo) esté prófugo, que él se alteró por un mensaje recibido en su celular, por lo que reaccionó molesto y lesionó a la agente con un arma de fuego, y ante esta situación regresaron al GRP a “denunciar” el movil. Ambos agentes, que se conducían en los asientos de adelante, fueron amenazados por el hechor en el camino de regreso mientras éste alegaba que iba a deshacerse del cuerpo de la agente. En ningún momento se consideró darle atención médica y, presuntamente, estos policías desconocían si ella estaba muerta o solo herida. Castillo Arévalo logró huir y sigue siendo prófugo de la justicia. Al día de hoy, sigue “desaparecido” al igual que Carla Ayala… aunque ya se le ha dado difusión roja por la Interpol y se encuentra entre los más buscados, ofreciendo recompensa por $5,000.00.
Lo más crítico durante el proceso de investigación del caso, sucedió cuando la PNC custodió una tumba en San Francisco Javier, Usulutan, donde supuestamente estaban los restos de Carla. Se solicitó una autorización judicial para exhumar el cuerpo allí enterrado porque, según la policía, todo apuntaba a que la familia del “prófugo” había enterrado allí los restos de Ayala. Sin embargo, los resultados forenses indicaron que pertenecían a una anciana de 90 años, tía del “Samurái”.
En 2001, la UCA a través del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) realizó un informe sobre denuncias de acoso sexual y violencia contra las agentes de la policía. A 17 años la impunidad prevalece. El mismo IDHUCA, que tiene por director a José María Tojeira, solicitó al Juzgado ser parte acusadora en el caso de Carla Ayala y que se indemnize a la familia de la agente. Apuntó, además, que se tiene todas las características de una desaparición forzada, por tanto, es un crimen de lesa humanidad. La solicitud fue denegada bajo la insólita justificación de que la víctima es Ayala y no su familia.
Para nadie es un secreto que la corrupción y el abuso de poder son elementos pertenecientes a la institución policial; se ha mentido abiertamente en este caso y ante la incompetencia la medida tomada fue la de disolver el GRP. En sustitución del GRP se creó la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) o Jaguares, la que por primera vez es conformada por una veintena de mujeres. Y así se han encargado de crear “instrumentos” que aparentan un seguimiento y trabajo efectivo, éstos en su mayoría financiados por ONU Mujeres. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos indica que la violencia de género es un problema estructural; desde mediados de 2016 la dirección general de la PNC cuenta con un protocolo específico para que las mujeres de la corporación hagan sus denuncias, pero esta instancia esta lejos de resolver verdaderamente las demandas que recibe.
En El Salvador existe la violencia de género en todos los niveles y los problemas a los que se enfrentan no son solo de carácter material. La opresión está arraigada en el sistema judicial, eso sí, debemos ser conscientes que la igualdad formal no aborda la causa de raíz y no resolverá el problema por sí misma. Alrededor del 95% de casos denunciados quedan impunes, según el ISDEMU y a excepción de este último, que lanzó un comunicado (tardío incluso) sobre el caso de Ayala, las instituciones estatales que están en “defensa de la mujer” tampoco se han pronunciado.
Indigna y preocupa que, en su mayoría, las funcionarias públicas, ministras o diputadas, mujeres de la política, guarden silencio manteniéndose al margen de todo. Nosotros buscamos la implementación de un verdadero programa socialista que pueda socavar la brecha social y por ende, la violencia de clase, a lo que consecutivamente ataque directamente la violencia de género. El propio Engels reconoce que: “la primera opresión de clases coincide con la del sexo femenino por el masculino”.
Los marxistas debemos defender, apoyar y luchar contra los hechos de opresión, discriminación e injusticia hacia las mujeres, pero siempre desde una perspectiva de clase y además, participar para conseguir las reformas que representan un paso adelante real para la mujer a la vez que explicamos que la única vía para la completa emancipación de la mujer y las demás capas oprimidas de la sociedad es la abolición del sistema capitalista.
