Sin tener ninguna prueba contundente en su contra, la Fiscalía General de la Republica (FGR) ha girado orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su familia, quien es acusado de desviar fondos de diferentes carteras de Estado a la cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia de la República, mientras fuera presidente del país. La única base sobre la que se sostienen las acusaciones de la FGR son declaraciones de testigos criteriados.
Se sabe que un testigo criteriado dirá todo lo que sus interrogadores quieren escuchar, ya que en la medida en que “colabore” este recibe beneficios e incluso reducción de su pena a cambio de la información deseada. Hay muchos casos en el país donde estos testigos han mentido adrede, por lo que no representan una fuente de información confiable y menos cuando se carece de más pruebas periféricas que le den respaldo al caso.
En ningún momento estamos defendiendo a Funes; si se comprueba que realizó malversación de fondos púbicos haciendo uso de su cargo, está bien que sea juzgado y condenado por dichos delitos. Pero resulta llamativo que el Fiscal General, Douglas Meléndez, haya investigado este caso con tanta diligencia -sin tener mayores pruebas- y no así el de otros expresidentes y funcionarios en administraciones anteriores que descaradamente se apropiaron del dinero del Estado y de donaciones internacionales, sobre los cuales ni siquiera se ha abierto un caso para esclarecer el destino de los recursos públicos que fueron desviados. ¿Por qué no se ha girado orden de captura en contra de la familia de Francisco Flores por el caso de los “saquitos”?, ¿por qué no se investiga la partida secreta de los expresidentes Calderón Sol y Cristiani? Como se puede ver el fiscal está siguiendo una agenda política que en última instancia responde a los intereses políticos de la derecha.
Está bien que se investigue la corrupción, es parte del trabajo de la FGR, pero Funes no es el único funcionario que ha administrado dinero del Estado. Precisamente él fue quien denunció 152 casos de corrupción cometidos por funcionarios del partido ARENA, de los cuales hay muchas pruebas como para ser investigados. El monto acumulado por 27 de estos casos asciende a $4,024 millones pero al parecer esto no es prioridad para el fiscal, quien se ha enfrascado en investigar “memes” y manzanas, dejando de lado los casos más emblemáticos de la corrupción de la derecha que están por prescribir.
La cobertura mediática que ha recibido el caso de Funes lo hace parecer como uno de los mayores actos de desvió de dinero -lo cual no está probado- y deja en un segundo plano los verdaderos actos de corrupción que han llevado a la ruina al Estado salvadoreño. Una vez más los medios inclinando la balanza en favor de sus amos.
Una de las razones por la que se ha desatado esta persecución a los exfuncionarios de izquierda es por la tibieza con que manejaron el poder, nunca sentaron una postura clara de lucha contra la clase dominante, los trataron con delicadeza en lugar de ser firmes cuando tuvieron la oportunidad. Tuvieron a todo un pueblo respaldando al Ejecutivo en tiempos de la administración Funes; pero nunca se decidieron a enfrentar al gran capital, claudicaron ante ellos y hoy tienen las consecuencias de su reformismo. La derecha no lo piensa dos veces para arremeter contra la clase trabajadora, un claro ejemplo es su intento de privatizar el agua, sin embargo, la izquierda representada en el FMLN siempre buscó negociar con la oligarquía, cuando lo que tuvo que haber hecho es desenmascararla como lo que son, un grupo de parásitos que han hecho de El Salvador su finca, en la que exprimen al trabajador de todas las formas posibles; y luego debieron apoyarse en las masas para sacar de todas las instituciones a estos corruptos y sus lacayos.
La tarea primordial del movimiento social organizado es forjar una diligencia que este a la altura de los acontecimientos y que tenga el temple necesario para responder audazmente a los embates de la clase dominante. Esto solo podrá lograrse retomando los métodos tradicionales de la clase obrera, y planteándose un programa verdaderamente revolucionario que busque realizar transformaciones radicales en la sociedad a nivel económico, político y social.
