El día 27 de septiembre miles de personas pertenecientes a la Alianza Nacional contra la Privatización, la Iglesia Católica, las Iglesias Históricas y la UCA, marcharon hacia la Asamblea Legislativa para hacer la primera entrega de 200,000 firmas recolectadas en contra de la privatización del agua y para que consideren en la Constitución de la República el derecho humano al agua, demanda que ha estado en la agenda política de las organizaciones sociales por décadas y que diferentes legislatura no han querido resolver debido a los intereses encontrados entre la amplia mayoría de la población y los intereses capitalistas de los gremios empresariales representados en los partidos de la derecha.
La ofensiva privatizadora ha tomado fuerza en la actual legislatura, desde el 05 de junio cuando se desechó completamente la Ley General de Aguas, defendida por las organizaciones ambientalistas, organizaciones comunitarias administradoras del agua, sindicatos e instituciones académicas y religiosas. Los diputados de la derecha apoyados por los gremios empresariales como la ANEP y la ASI han presionado a sus diputados serviles para impulsar la medida privatizadora por todos los medios posibles, a pesar que han tenido, desde mayo del 2018 la mayoría parlamentaria, ha sido la movilización constante la que han impedido hasta hoy la privatización del recurso.
La movilización ha sentado las bases para un trabajo coordinado entre los principales actores, sin embargo, la demanda es ambiciosa y no bastará con tener movilizaciones esporádicas, el movimiento debe avanzar hacia la masificación de la problemática en todos los rincones del país, para obligar a los diputados a abandonar de una vez por todas los intentos privatizadores, para esto será necesario mantener la unidad del movimiento y ampliar el margen de participación de las organizaciones, sindicatos, estudiantes y comunidades.
Los activistas defensores del agua y los principales líderes de las comunidades y sindicatos, saben que el servicio de agua en el país es pésimo y que se debe transformar, sin embargo, la transformación en beneficio de la mayoría de la población no vendrá a partir de que sea controlada por los “técnicos” designados por los gremios empresariales, sino a través de mantener el carácter público del recurso con la participación, desde luego, de las mismas comunidades que ya administran una buena parte del recurso. Es por eso que el conjunto de las organizaciones concuerdan en el establecimiento de un Ente Consultivo amplio donde se encuentre las comunidades, sector académico, pequeños productores entre otros; desde el cual la prioridad del agua se establezca a partir de garantizar la vida digna de las personas y no la utilización mercantilistas que demandan las más grandes empresas del país.
Hay una enorme experiencia ya de la población de lo que realmente representa la privatización, hemos pasado por la amarga experiencia de la privatización de los servicios de las telecomunicaciones, de la banca y la privatización del sistema de pensiones, el resultado de estas decisiones políticas implementadas por ARENA en el pasado ha sido la precarización de la vida de los más desposeídos del país y la exclusión de estos mismos, por el contrario los más ricos que controlan el país han visto el incremento de sus capitales. No existe argumento válido para la privatización del recurso hídrico. Los diputados de la derecha nunca han buscado favorecer al pueblo, a pesar de que sus discursos estén repletos de esta idea, en el fondo ellos solo están al servicio del gran capital, que quiere lógicamente, aprovecharse de todos los recursos naturales para generar más ganancias.
Al calor del inicio de campaña, las posturas parecen estar cambiando a conveniencia entre los diputados de la Asamblea Legislativa, antes de la marcha del 27S, el martes 25 de septiembre la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, decidió eliminar todas las propuestas de Ente Rector que se tenían sobre la mesa, con el objetivo de que ahora fuesen presentadas por las bancadas de los partidos políticos, maniobra política que busca dilatar el proceso o estancarlo y así sacarlo de la agenda mediática, para retomarlo nuevamente después de las elecciones presidenciales bajo las nuevas condiciones que se establezcan.
Sin embargo, desde la Alianza Contra la Privatización la presión no ha cesado y se ha seguido denunciando públicamente las intenciones que tienen los partidos políticos de la derecha, exigiendo a cada uno de los candidatos de las diferentes fórmulas presidenciales que se comprometan a acabar con los intentos privatizadores a través de sus diputados. El martes 9 de octubre el tema fue discutido nuevamente en la Comisión, paradójicamente y en un intento de lavarse las manos el diputado Francis Zablah, del partido GANA, ha presentado una propuesta pública para el Ente Rector conformada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud, las municipalidades que tiene que ver con el agua y la Universidad De El Salvador, sin embargo, la propuesta no tuvo el visto bueno de ninguna de las fracciones legislativas de los partidos políticos. El FMLN por su parte defendió una propuesta más inclusiva donde proponen un representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales, Ministerio de Agricultura, Ministerio Obras Publicas, Ministerio de Salud, la Universidad de El Salvador y una representación del Consejo Nacional del Agua, conformado por comunidades, administradoras de agua, organizaciones ambientalistas, entre otros.
Como es propio de los diputados reaccionarios de la derecha, Francis Zablah y los demás han renegado de la propuesta del FMLN, lógicamente la propuesta presentada ahora por el FMLN, rompe, aunque muy levemente con la institucionalidad burguesa, al permitir la participación directa de las comunidades y organizaciones sociales, al estar representadas en el Ente Rector, algo que supera la propuesta de la UCA y la Iglesia Católica que solamente plantean la conformación de un ente representativo de las comunidades y organizaciones pero solo como un ente consultivo. Sin embargo, la Comisión no logró aprobar ninguna propuesta de Ente Rector y la discusión se traslada hasta el próximo martes, postergando así el tema del agua nuevamente.
La campaña electoral está moviendo las posturas de los diputados y no dudamos que algunos querrán sacar provecho electoral de esto, como ha sido el caso del diputado Zablah quien siempre defendió en el pasado la propuesta privatizadora junto a ARENA. En la reunión del 9 de octubre manifestó no estar a favor de la privatización y mando un mensaje a todas las organizaciones sociales, a los representantes de la UCA y la UES para que cesaran de acusarlo como un privatizador, pues su propuesta que no fue aprobada en esta sesión defendía el carácter público de la administración del agua, a la vez que acusó al FMLN de no aceptar su propuesta por intereses electorales.
La actitud cambiante del diputado de GANA es la expresión de que la movilización del pueblo ha tenido efectos, la propuesta lanzada en la Comisión por Francis Zablah obedece a la necesidad, como el muy bien lo dijo, de que GANA no sea involucrado entre los partidos privatizadores, pues tendrá efectos adversos en la campaña electoral de su candidato presidencial, defiende el carácter público del Ente Rector, pero no se atreve a defender la intervención de las comunidades y organizaciones sociales en las decisiones de un recurso fundamental para la vida digna, por lo tanto para nosotros esta propuesta sigue siendo demagógica. Por otro lado el FMLN está llevando más a la izquierda su propuesta lo cual es positivo, pero tendrá que mantener una actitud firme y hacer presión por todos los lados posibles para que su propuesta siga avanzando, si esto no se hace quedara solamente como un juego electoral bajero.
Nosotros ya hemos manifestado que la lucha contra la empresa privada no basta, que no basta con constituir un ente público para que rija las decisiones del agua, creemos necesario, acabar con la forma de administrar los recursos que nos pertenecen a los más oprimidos de este país, en las calles junto a la Alianza Nacional Contra la privatización del Agua en aras de la unidad del movimiento en lucha hemos apoyado la propuesta de la UCA y la Iglesia Católica, pero eso no exime que tengamos nuestras críticas a estas propuestas y a todas las demás propuestas que para nosotros son insuficientes para resolver los problemas que tienen que ver con la administración del agua. Este problema es profundamente grave, no se resolverá solo con la conformación de un Ente Rector público y con la aprobación de una u otra ley que aunque necesaria, sigue siendo insuficiente para resolver la complejidad del problema, pues el Estado no es del todo representativo ni mucho menos inclusivo. Somos de la opinión que solo con la intervención directa de las comunidades se podrán solventar los problemas no solo del agua, sino todos los problemas de la sociedad. Por eso proponemos que de lo que se trata es construir organización en el pueblo mismo y constituir toda una estructura democrática y participativa a nivel nacional entre Estado y comunidades para administrar el agua. Nuestra propuesta consiste en establecer un sistema de asambleas comunitarias con representación de las comunidades organizadas y no organizadas y la conformación de un Ente Rector con representación del Estado, de los sindicatos de ANDA, de los trabajadores del sistema de agua y la representación de los delegados del sistema de las Asamblea Nacionales.
Por tanto, rechazamos todo manejo electoral al problema del agua, la verdadera solución a nuestros problemas vendrán solo cuando los oprimidos, explotados y olvidados de siempre sean parte activa de los cambios profundos y necesarios que necesita la sociedad actual. Cuando seamos nosotros mismos a través de nuestra propia organización quienes podamos tomar las decisiones de cuando y cómo utilizar nuestros recursos y para eso es necesario antes que nada luchar por una sociedad completamente distinta a la actual, acotamos que apoyamos cualquier medida que siente las bases para iniciar esta lucha, pero también dejamos claro que una vez iniciado el camino debemos llevar estas medidas hasta las ultimas consecuencias para que puedan ser realmente el inicio de una transformación profunda de la sociedad y no solo una reforma mas sin ningún resultado en la vida de los trabajadores y trabajadoras.
