Costa Rica: la crisis llegó a la superficie

El país centroamericano, cuyas circunstancias económicas, políticas y sociales siguieron un curso distinto al de sus vecinos en la segunda mitad del siglo XX, no ha escapado sin embargo al naufragio del capitalismo internacional.

Mientras en el resto de Centroamérica las dictaduras militares se consolidaban sobre la base de miles de cadáveres de campesinos, indígenas, obreros e intelectuales “comunistas”, en Costa Rica como resultado de la guerra civil de la década de 1948, la social democracia reformista se consolidó mediante la confluencia de movimientos progresistas en el Partido de Liberación Nacional (PLN) y su llegada al poder en el período del Estado de bienestar de la post guerra.

A pesar de llevar a cabo una política de conciliación de clases, en ese período se posibilitaron las condiciones para la expansión de la llamada clase media a través de la generación de empleos en el Estado, programas de viviendas baratas, acceso a la educación, seguro social para la mayoría de la población y el impulso de la producción agrícola.

Sin embargo, la crisis de ese modelo reformista comenzó a gestarse en la década de los setenta con el fin del período de bienestar del capitalismo, se erosionaron las condiciones materiales de las mayorías disparándose el índice de pobreza al 40% de la población, la clase media también vio amenazada su estabilidad. La socialdemocracia misma (PLN) tuvo que mutar en un partido de empresarios y pseudoempresarios que aplicaron las contrarreformas neoliberales de ajuste estructural que les permitía hacer jugosos negocios de las instituciones públicas.

De esa forma entraron en la escena económica y política costarricense nuevos grupos dominantes vinculados a la llegada masiva de capital extranjero y al lavado de dinero del narcotráfico, cada vez más voraces en el proceso de concentración de la riqueza en pocas manos e insensibles a la precarización de las condiciones de vida de las clases media y baja, los cuales utilizaron el bipartidismo PLN y PUSC (Partido de la Unidad Socialcristiana) para mantenerse en el poder y desmontar el Estado benefactor que se había construido en las décadas anteriores.

Crisis del bipartidismo

Los conflictos en la sociedad costarricense desde la década de los 80 se han caracterizado por la defensa de la clase media de “los restos del naufragio” del Estado protector ante las contrarreformas de la nueva clase dominante acaudalada, hasta tal punto que en el año 2000 surgió el Partido de Acción Ciudadana (PAC) del seno del PLN como alternativa al bipartidismo tradicional dominante.

Este nuevo partido a pesar de presentarse con un perfil conocido como “neoliberalismo light”, ha logrado destronar del poder político y económico a los dos partidos tradicionales de Costa Rica, cuando ganó la presidencia en el año 2014 dado a que el candidato del PLN retiró su candidatura en la segunda vuelta.

El PAC a pesar de profesar un discurso más cercano a los proyectos sociales y a los derechos humanos, desarrollaría las mismas contrarreformas y ataques contra las mayorías, que desarrollaron los partidos que le antecedieron en el poder.

En respuesta a este oficialismo han surgido diversos partidos que van desde el conservadurismo evangélico hasta el populismo autoritario anti-politico (tipo Trump), los cuales han llegado a amenazar la tradición política y social costarricense.

Desbordamiento de la crisis económica

Ante el colapso financiero del capitalismo internacional en el 2008,  el pronóstico marxista fue que todos los intentos de la burguesía por restablecer el equilibrio económico destruirían el equilibrio político y social, lo cual ha sido confirmado en un país tras otro en donde los intentos de los gobiernos de imponer la austeridad en un esfuerzo desesperado por hacer avanzar la economía, han preparado explosiones sociales sin precedentes[1].  Eso es lo que estamos viendo en Costa Rica.

La deuda pública costarricense ya superó el 50% de la producción nacional, y el déficit fiscal proyectado para 2018 ronda el 7,2% del PIB, como resultado de la crisis económica internacional y su impacto en la economía tica, dada su dependencia del capitalismo. Además, según un estudio realizado por el mismo Banco Mundial en 2016, Costa Rica es el noveno país con mayor desigualdad de una lista de 101 países, lo cual se evidencia en el deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.

El gobierno ejecutivo lleva décadas proponiendo medidas fiscales para paliar la creciente deuda, sin encontrar apoyos en la Asamblea Legislativa, asimismo la mayoría de los programas que ha desarrollado para el crecimiento de la economía se han caracterizado por las famosas pifias por parte de los funcionarios y marcados por la corrupción de estos últimos, todo lo anterior ha llevado al Estado burgués tico a un callejón sin salida, ahora que incluso tiene grandes dificultades para obtener más deuda.

Ante esa debacle económica el camino tomado por el gobierno ha sido el de seguir las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, contenidas en el proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas conocido como “paquetazo o combo fiscal”,  presentado por el recién elegido gobierno del PAC y aprobadas en la Asamblea Legislativa en medio de una prolongada convulsión social en todo el país. Dicho proyecto implica recortes en el sector público, la conversión del impuesto del 13% de las ventas a IVA (impuesto de valor agregado) a una mayor cantidad de productos e incremento al impuesto sobre la renta, es decir se propone cargar los costos de la deuda y su respectiva crisis en los hombros de las masas de trabajadores costarricenses.

La resistencia de las masas en las calles

Ante el anuncio del presidente Carlos Alvarado de impulsar la reforma tributaria en la Asamblea Legislativa, los sindicatos del sector público convocaron a una huelga indefinida que comenzó el lunes 10 de septiembre y que ha logrado paralizar gran parte de la actividad económica costarricense, inicialmente fueron los sindicatos de educación, salud y energía quienes hicieron el llamado a salir a las calles a manifestarse en contra del proyecto que se discutía en la asamblea, pero también se le han ido sumando sectores como los estudiantes de las universidades públicas del país y las comunidades indígenas.

El presidente Alvarado sostuvo desde el primer momento que la huelga es “ilegal e improcedente”, presionado por los sectores empresariales quienes condenaron el llamado a la huelga y la calificaron como un movimiento “antipatriótico”, lo cual evidencia los intereses de clase que contiene la reforma fiscal, ya que estos grupos dominantes la consideran como “la única forma de salvar al país del colapso económico”.

Durante el tercer día de la huelga, elementos de la fuerza pública persiguieron hasta el interior de la Universidad de Costa Rica (UCR) a un grupo de estudiantes que participaban  en un bloqueo de calles. Los jóvenes -incluyendo un periodista de la UCR que filmaba el hecho- fueron agredidos brutalmente fuera y dentro del campus y posteriormente detenidos, lo cual fue una clara violación de la autonomía universitaria.

Al día siguiente, sin embargo, miles de estudiantes se volcaron a las calles en una multitudinaria marcha convocada por las autoridades de las 5 universidades públicas del país en repudio a la represión de las fuerzas de seguridad contra los estudiantes de la UCR y exigiendo explicación de los hechos represivos.

Las manifestaciones que comenzaron en la capital se extendieron a todo el país con el bloqueo intermitente de las carreteras, el cierre de algunos puntos fronterizos y alteraciones en los puertos de las zonas costeras. Lo cual puso de relieve el poder de las masas en el funcionamiento del país y orilló al presidente a aceptar un dialogo entre su gabinete y  los dirigentes de las gremiales de trabajadores con la mediación de la iglesia católica para negociar sus posturas sobre el proyecto fiscal. La presión de los manifestantes también logró que los diputados desaceleraran la discusión y aprobación de la reforma mientras el Ejecutivo negociaba con los sindicalistas.

Sin embargo, después de varios días de negociación en medio de la ebullición de las manifestaciones, las partes no lograron llegar a ningún acuerdo, los dirigentes sindicales exigían el retiro del proyecto fiscal propuesto por el gobierno y la introducción de una propuesta fiscal justa presentada por ellos, varios meses atrás. La delegación gubernamental por su parte exigía la suspensión definitiva de la huelga sin ofrecer mayor cosa a cambio. Este fracaso solo reforzó el descontento social que continuó en las calles con incidentes violentos reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Ese ha sido el día a día de los costarricenses en los últimos meses, las masas volcadas en las calles expresando su rechazo a las medidas económicas opresoras impulsadas por el gobierno al cual acusan de estar secuestrado por los grandes capitalistas nacionales y extranjeros; las bases sindicales también rechazaron rotundamente algunos acuerdos preliminares de sus dirigentes con el gobierno. Este último descaradamente procedió a cerrar los espacios de negociación y la discusión se trasladó a la Asamblea.

En medio del repudio del pueblo costarricense, el congreso aprobó el pasado 5 de octubre el polémico proyecto de reforma fiscal con los votos de los legisladores del oficialista partido PAC, los del PLN y los del PUSC mientras en las calles se cumplían 26 días de huelga nacional en rechazo a dicha reforma. Luego de este golpe de los diputados, las masas se volcaron hacia la Corte Suprema de Justicia para que frenara la aplicación de la nueva ley fiscal.

Los magistrados de dicha Corte que también son funcionarios de clase, resolvieron devolver dicha ley hacia el congreso únicamente porque su  contenido implica recortes de los beneficios que ellos gozan como altos funcionarios de justicia; la aplicación de la reforma quedó sujeta a la interpretación de la Sala de lo Constitucional o al segundo debate de los diputados.

La clase trabajadora costarricense que después de casi 2 meses de resistencia en las calles parece haber sido derrotada, ha despertado de manera definitiva y ha demostrado que es el factor decisivo en la economía y la sociedad tica, aunque hoy por hoy carece de una dirección revolucionaria marxista que la conduzca a desmontar al régimen de la falsa democracia del Estado burgués en Costa Rica y a sentar las bases para una economía nacional planificada bajo control de la clase obrera.

La aparente estabilidad de Costa Rica, que se ha vendido a lo largo de los años como el modelo para los demás países centroamericanos, se tambalea. Debido a los ataques a sus niveles de vida por parte de los gobiernos, bajo la mirada cómplice de los organismos internacionales, la clase trabajadora costarricense y la juventud están sacando la conclusión de que solamente la movilización en las calles garantizará que estos ataques sean revertidos. La gran tarea en Costa Rica es la creación de un partido abiertamente revolucionario y anticapitalista, con un programa que logre condensar las grandes demandas de los sectores populares ¡avancemos hacia ello!

[1]Documento de perspectivas mundiales, aprobado por el congreso de la Corriente Marxista Internacional (CMI) en el 2018, numeral 4.