Nuevamente el tema de las pensiones esta sobre la mesa en los debates de los sindicatos, luego de que se viralizara por redes sociales una convocatoria para realizar una movilización hacia la Asamblea Legislativa y exigirle a los hombres y mujeres del parlamento otra reforma destinada a que las pensiones que administran las AFP puedan mejorarse o que estas últimas pasen a la historia por su nocivo papel que juegan en la vida de la clase trabajadora cuando se está cerca del retiro. Dicha movilización contó con una nada despreciable asistencia de aproximadamente unas 5 mil personas, en su mayoría trabajadores que reconocen el gravísimo problema de las pensiones y del chantaje y engaño del que fueron víctimas cuando, ya sea por la fuerza o por su propia elección, se tuvieron que afiliar a estas administradoras.
La marcha que se llevó a cabo el día viernes 27 de septiembre, fue de una convocatoria amplia, y nadie podría acusar a los asistentes u organizadores de intereses electorales cuando no se avistan elecciones sino dentro de un par de años. La convocatoria fue bautizada como el “Viernes Negro” no tanto como alusión a la conocida fecha del último viernes de noviembre donde los almacenes ofrecen productos con supuestos precios bajísimos, pero sí a la condición de que se asistiera con vestimenta de color negro y para conmemorar la fecha de la reforma de hace un par de años. El tema no era punto de agenda para los sindicatos y organizaciones diversas desde que dicha reforma fuese aprobada el 28 de septiembre de 2017 con el aval de todos los partidos.
Esta marcha dejó claro una situación: al momento de la movilización los sindicatos no contaban con una propuesta bien definida o elaborada técnicamente como le gusta que se las hagan a los funcionarios del Estado, las propuestas y demandas fueron al inicio un tanto ambiguas, como casi siempre, pero en la medida que los trabajadores avanzaban hacia las puertas de la Asamblea las consignas se iban clarificando, muy cercano a lo sucedido previo a la reforma del 2017, donde se pasó de la propuesta de un sistema mixto de las pensiones a pedir tajantemente que las AFP desaparecieran del mapa previsional. En pocas palabras el movimiento exigía el 70% del último salario devengado como monto de la pensión o taza de reemplazo, que se regresara de nuevo al sistema solidario o de reparto, en oposición a la capitalización individual y que la pensión fuese vitalicia, que sean manejadas por el Estado por medio de la creación de una nueva autónoma que se encargaría de la administración de las pensiones y por último y quizá más importante, que las AFP sean eliminadas de una vez por todas.
Estas son precisamente las conclusiones a las que llegaron las sendas movilizaciones que se desarrollaron previo a la reforma del 2017. La propuesta de “reforma de pensiones desde y para las y los trabajadores” presentada por 3 confederaciones sindicales, 18 federaciones, 23 sindicatos nacionales, 18 sindicatos con contratos colectivos y 8 organizaciones populares tuvo el mérito primeramente de aglutinar a buena cantidad de organizaciones laborales y de presentar muchas ideas que en esencia vienen a resumirse en las mismas exigencias ya mencionadas. El mensaje no tiene ambigüedades, los trabajadores organizados ahora están más que convencidos del despreciable rol que juegan las AFP en la actualidad y de lo que nos espera si permitimos que sigan funcionando. Su desempeño es evidente, existen no para beneficiar al trabajador con sus ahorros que al final le pertenecen, sino más bien para lucrarse por manejar su dinero y con el riesgo de perderlo todo o una buena parte si algún escándalo —de esos a los que ya nos tienen acostumbrados— de corrupción estalla y estos dueños de las AFP huyen del país con destino incierto con el dinero de los trabajadores.
Las AFP no resuelven nuestros problemas de retiro
Antes de socavar presupuestariamente y eliminar a la UPISSS (Unidad de Pensiones del ISSS) que aglutinaba a los pensionados del sector privado y el INPEP (Instituto Nacional de Empleados Públicos) el pago de la pensión era asegurado hasta que la persona muriera, es decir era vitalicia, y era determinada partiendo del promedio de los últimos 3 años laborales (36 meses) cotizados, además debido al sistema solidario o de reparto, no se corría el riesgo de quedar sin fondos ya que las nuevas generaciones aportaban en la práctica lo necesario para que las pensionados no quedasen desamparados o con pensiones de miseria.
Ante esto hay que decir que la estrategia de los crueles y oscuros gobiernos de corte capitalista radical que tuvimos en las décadas de los 90’s e inicios del nuevo siglo representados por ARENA, se valieron de argumentos falaces y corruptos para desarticular un sistema de pensiones que a pesar de sus defectos como la baja cobertura —solo lograban cubrir el 23% de la Población Económicamente Activa, unos 205 mil cotizantes— era un programa de pensiones más humano, digno y solidario. Otro de los flagelos que padeció este sistema fue la misma corrupción a manos de funcionarios areneros como Majano Araujo que robó $2.4 millones del ISSS entre 1989-1993 y la tenebrosa Ana Vilma de Escobar, acusada de malversar $17.5 millones entre 1999-2004, también de las arcas del ISSS.
Estos mismos sinvergüenzas esgrimieron y apoyaron las propuestas de avanzar hacia un sistema privado de pensiones donde las ventajas y los beneficios serían tan fabulosas para los trabajadores que casi tocarían las puertas del mismo paraíso luego de que se jubilaran; sin embargo, la realidad aparece de manera arrolladora y cruenta frente a los trabajadores que una vez creyeron que la afiliación a las AFP sería la mejor solución para disfrutar de su etapa de retiro. Antes una persona podía pensionarse llegada su edad con 15 años de estar cotizando, con las AFP subió a 25. Se eliminó la pensión anticipada de vejez, es decir se podía jubilar si el trabajador tenía unos 35 años cotizando, ahora nadie se puede pensionar si no cumple aún los 55 años las mujeres y los 60 los hombres. Otra de las desoladoras consecuencias de este sistema es la tasa de reemplazo que bajó a casi la mitad luego que representara entre el 80% y el 70% del último salario devengado por los trabajadores y además de eso, está calculada que logre rendir un promedio de 7 años, luego las AFP darán una patada en el trasero a los trabajadores y les mencionarán que sus ahorros han terminado, seguidamente el Estado a través de la pensión mínima vitalicia que ronda los $207.00 asume los costos de los trabajadores que las AFP lanzan a la calle.
La necesidad de difundir la idea
Las AFP no pueden resolver nuestros problemas de retiro ya que no están diseñadas para que puedan otorgarnos un retiro digno, esa es una de las cuestiones neurálgicas más nocivas de semejante experimento que nos impusieron en 1996 los despreciables agentes que sirven a los mandatos de empresarios tanto locales como internacionales. El objetivo primordial de las AFP es simplemente hacer más dinero con nuestro dinero, pero desde luego no transfiriendo esos intereses creados directamente a los trabajadores sino colocarlos cómodamente en sus propios bolsillos de por sí ya engordados lo suficiente. Aunque sí es muy rentable para sus propietarios, a los trabajadores como ya vimos anteriormente no nos conviene en absoluto.
Tampoco nos parece apropiado la idea de un sistema mixto, donde muchos trabajadores que se han tragado el cuento de que un retorno hacia el sistema público significa un robo de sus ahorros, tal cual fue el caballito de batalla de la campaña contra la propuesta del regreso hacia una autónoma que administre nuestras pensiones. Esa idea esgrimida y orientada sobre todo a deslegitimar al gobierno del FMLN en la anterior campaña de elecciones, ahora no tendría mucho impacto ya que bajo el gran apoyo y aceptación que tiene el gobierno de Bukele por su “honestidad” y “trasparencia”, un traspaso hacia un sistema estatal de pensiones no tendría por qué ser tan caótico, pero la luna no es de queso y los cerdos tampoco vuelan y al actual gobierno ni remotamente parece que la idea pueda cruzar por sus cabezas.
El nuevo sistema debe contar en su administración con delegados de la clase trabajadora honrados y de intachable trayectoria que sepan defender nuestros intereses ante los voraces empresarios y los endebles delegados de los gobiernos que van y vienen cada cierto tiempo y que por su naturaleza y origen de clase responden más a los amos del capital o son fácilmente corrompibles. Un sistema alternativo privado que funcione a la par de uno estatal no sería funcional, ya que se podría volver al problema de la baja cobertura como en los años del INPEP y de la UPISSS, es decir los trabajadores en su mayoría deben estar cubiertos bajo un sistema único de reparto o solidario, para garantizar las pensiones de nuestros jubilados y poder cerrar la hemorragia de los fondos del Estado que implica estar prestando a las mismas AFP u otros banqueros para pagar pensiones de trabajadores en una institución donde casi nadie estaría aportando y son muchos los que dependen que otros trabajadores sigan cotizando.
La desaparición de las AFP no será una tarea fácil, pero cada día más y más obreros se están dando cuenta de lo nefasto que resulta el sistema privado de pensiones, donde la riqueza y las ganancias son privadas y la miseria y la desesperanza se reparte. Los rostros de trabajadores de toda la vida desalentados y cubiertos en llanto por las pensiones que recibirán para lograr sobrevivir con sus familias en un mundo donde sólo la alimentación está alcanzando niveles escandalosos de encarecimiento, no puede pasar desapercibido y es menester nuestro despertar la consciencia del gigante dormido y lograr movilizarlos por un presente y futuro que sigue su rumbo devastador. Es ahora o nunca, no aceptaremos otra reforma que no sea la desaparición de las AFP.
San Salvador, 16 de octubre de 2019
