El siguiente artículo, publicado originalmente el 26 de febrero por Sinistra classe rivoluzione, critica la respuesta del gobierno italiano a la epidemia de coronavirus. En lugar de informar al público y proteger la salud pública, el gobierno ha creado un pánico innecesario, promulgado medidas ineficientes y suprimido los derechos de huelga y de reunión pública.
El temor público a la propagación del Covid-19 (coronavirus) está justificado, sobre todo porque el peligro aún no se entiende del todo. Frente a un fenómeno que aún debe evaluarse, es correcto actuar con cautela tanto en la vida cotidiana como en el comportamiento social.
Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno y, posteriormente, por los demás órganos administrativos, no han logrado crear conciencia ni asumir responsabilidades, sino que han avivado el miedo y creado pasividad, al tiempo que han descargado la mayor parte de las consecuencias de sus medidas en los trabajadores y los pobres.
Las inevitables contradicciones de los decretos emitidos son contundentes: se puede ir a trabajar, se puede ir al centro comercial (con o sin pánico y acaparamiento), y más allá de eso, el consejo es encerrarse en la casa y «confiar en las autoridades».
A esto se añade el aislamiento, hasta la fecha, de aproximadamente 50.000 personas, que han sido confinadas en los municipios de mayor riesgo.
¿Una respuesta efectiva?
¿Son necesarias estas medidas para contener la infección? Se puede dudar razonablemente. Los estudios realizados sobre epidemias anteriores (H1N1, o «gripe porcina» y SARS) han demostrado que los controles generales a gran escala (en fronteras, aeropuertos y mediante cuarentenas masivas, etc.) han tenido un efecto mínimo, desviando recursos preciosos hacia medidas ineficaces.
Esto es aún más cierto en el presente caso, cuando está claro que incluso los pacientes «asintomáticos» pueden transmitir el virus. Los controles y el aislamiento pueden ser indudablemente eficaces si se utilizan de manera dirigida a quienes han estado realmente expuestos a un peligro de contagio específico.
Peor aún es el alarmismo difundido por los medios de comunicación y los “especialistas” de los programas de entrevistas. Comparar el coronavirus con la llamada «Gripe Española» de 1918-1919 es más que una alarma razonable. La gripe española se cobró decenas de millones de víctimas en una Europa que salía de una guerra mundial, con una población debilitada por el hambre y la enfermedad, y afectó a millones de soldados que habían pasado años en las trincheras, en una época en que no existían servicios nacionales de salud. ¿Qué tiene que ver con la situación actual?
Asimismo, es necesario contextualizar la elevada tasa de mortalidad (2,3% de los casos, unas 20 veces más que la gripe normal), ya que afecta desproporcionadamente a los pacientes de edad avanzada y a las personas con otras patologías, y también se refiere a la fase inicial de la epidemia en la que no se conocía la naturaleza del peligro ni las medidas necesarias que había que adoptar.
No es una coincidencia que en China la mortalidad fuera del 2,9% en la provincia de Hubei, la primera y más afectada, mientras que en las demás provincias, que fueron afectadas más tarde, descendió al 0,4%.
Esto no significa minimizar o trivializar el peligro reduciéndolo a una estadística abstracta, sino todo lo contrario: nos protegemos ante todo con la conciencia. Aquí, sin embargo, el mensaje es lo contrario: hay que tener miedo y afrontar el peligro solo.
¿Tiene hijos pequeños y la escuela está cerrada? Es tu problema. ¿Eres un trabajador precario (por ejemplo, los miles de educadores que apoyan a las escuelas)? Quédate en casa sin un salario. En Milán los bares están cerrados… desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ve a trabajar, es cosa tuya si te infectas, pero no puedes ir a la cantina.
Puedes ir a la fábrica, detenerte en la caja del supermercado, conducir un autobús y hacer entregas en toda la ciudad, pero la carrera a campo a través organizada por el club deportivo de la ciudad es suprimida por el prefecto o el alcalde.
Los decretos emitidos contienen cientos de estas absurdas y exasperantes contradicciones.
El aislamiento de países y comunidades enteras facilita en realidad la propagación del contagio, y no al revés. Un caso extremo es el del crucero japonés Diamond Princess, donde la cuarentena tuvo el efecto de enfermar a unos 690 de los 3.700 pasajeros y tripulantes. Sólo después de semanas de controversia y enfrentamientos quedó claro que el aislamiento, en la medida en que fuera necesario, debía hacerse en tierra firme, diferenciando entre las diferentes situaciones.
Supresión de reuniones
El gobierno persiguió objetivamente a la Liga (partido de extrema derecha) en el desarrollo de su respuesta a la emergencia. La maniobra tuvo un cierto éxito superficial, hasta el punto de que Salvini, sin saber ya qué decir, ha sugerido cerrar las fronteras francesas. Tal vez superado con entusiasmo, el gobierno intentó prohibir cualquier manifestación pública: al aire libre o en espacios cerrados. También deslizó una «invitación» (léase: orden) para suspender todas las huelgas y manifestaciones políticas hasta el 31 de marzo.
Por lo tanto, los trabajadores de Whirlpool cuya fábrica está siendo cerrada; los empleados de Air Italy o Auchan que han sido despedidos; los profesores y el personal de las escuelas sin contrato, ¡deben guardar silencio y no protestar! Vayan al centro comercial a llenar su carrito de conservas, y luego enciérrense en casa y vean el recuento de infecciones y los noticieros con mascarillas en la televisión.
Es escandaloso que los líderes sindicales hayan aceptado estas medidas e incluso suspendido asambleas de todo tipo en los centros de trabajo.
Y hablando de sindicatos y trabajadores: ahora todo el mundo se apresura a decir lo heroicos que han sido los trabajadores sanitarios que están en la primera línea de esta emergencia, que han hecho doble turno y se han expuesto al contagio. Sin embargo, nadie, o casi nadie, recuerda que los contratos nacionales de estos trabajadores expiraron hace 18 meses. Tras 30 años de corporativización, el Servicio Nacional de Salud se ha visto sistemáticamente socavado, provocando cierres y fusión de estructuras (incluidas las unidades de cuidados intensivos); recorte de camas y desmantelamiento de los servicios de prevención y territoriales. La regionalización y la corporativización implican una menor coordinación entre los territorios y las estructuras, en detrimento de la salud de los ciudadanos y de las condiciones de los trabajadores. Las estructuras privadas, que se han engordado con estas políticas, hasta ahora no han movido ni un dedo para contribuir a los esfuerzos contra la epidemia.
En lugar de arrastrarse ante las medidas del gobierno, los sindicatos deben movilizarse para proteger a los trabajadores y evitar que el costo de esta emergencia se les traslade. En particular, deben exigir:
Redes de seguridad social para todos aquellos que se ven obligados a perder días de trabajo, tanto por el cierre de los centros de trabajo (como cines, restaurantes, etc.) como por otras consecuencias de los decretos gubernamentales, como las restricciones a las escuelas, centros de atención, etc., que obligan a la gente común a cuidar de los menores, los ancianos, los discapacitados, etc., sin poder acceder a los servicios públicos;
- El acceso a las redes de seguridad social también para los trabajadores precarios que se quedan en casa como resultado de la suspensión de ciertas actividades;
- Alivio gratuito de la sobrecarga de los servicios públicos por parte las compañías privadas de salud y hospitales privados, sin compensación;
- Un nuevo convenio nacional para el personal sanitario con condiciones adecuadas;
- El costo de los dispositivos de protección, la formación en materia de salud y otras medidas de precaución adoptadas por los centros de trabajo deben ser sufragados en su totalidad por los patronos, e introducidos bajo el control de los trabajadores y delegados sindicales;
- Ninguna prohibición de actividades políticas y sindicales (asambleas, etc.). Las excepciones sólo pueden discutirse con los propios trabajadores o colectivos afectados en casos concretos en los que se evalúe y se justifique la necesidad.
¡No aceptamos que, en nombre de la emergencia, siempre nos toque pagar a los mismos mientras el gobierno garantiza que los patrones puedan seguir obteniendo beneficios descargando todos los costes sobre la clase obrera!
