Ha pasado un año desde que Bukele llegó al gobierno después de ganar las elecciones presidenciales del 2019 con un amplio margen sobre los demás candidatos, a pesar que la abstención fue bastante abultada. Bukele se distinguió por presentarse, desde el primer día de su mandato, como un presidente que tendría una nueva forma de hacer política para beneficiar a los más desfavorecidos del país. Esta promesa principal le ha valido para mantener un buen margen de apoyo durante un año, en este artículo analizaremos la política de Bukele frente a las demandas de los trabajadores y oprimidos del país para concluir qué tanto hemos avanzado y qué camino debemos seguir.
Primero que nada, debemos reconocer que la época en que Bukele asumió la presidencia no ha sido nada fácil: con una economía mundial yéndose al despeñadero, el desempleo en aumento y la ausencia de inversión privada nacional e internacional. Aunque Bukele estaba claro en esto, o al menos pensabamos que así era, eso no evitó que prometiera que haría de El Salvador la economía más fuerte de Centro América y que elevaría los niveles de inversión extranjera para generar empleos y establecer mejores condiciones económicas a las familias trabajadoras.
Esto rapidamente se ha ensombrecido, pues la situación económica negativa ha marcado el primer año de gestión. El año 2019 cerró con una desaceleración del PIB, creciendo solamente 2.3%, por debajo del crecimiento de años anteriores, esto ha tenido un impacto directo en las condiciones laborales de millones de trabajadores, en tanto que la burguesía busca evitar las crisis económicas aumentando la intensidad de las jornadas laborales, despidiendo a los trabajadores y recargando sobre una masa cada vez más pequeña de trabajadores el trabajo existente.
Así por ejemplo, el 2019 cerró con cifras no muy alentadoras en cuanto al empleo, que es una demanda constante de la sociedad y de donde depende la calidad de vida de miles de familias. Según FUNDE el año pasado cerró solamente con 1% de crecimiento de nuevos empleos formales, constatado bajo las cifras del ISSS. Por supuesto que no creemos que está situación es directamente responsabilidad del gobierno que tan solo tenía 5 meses de administración en Septiembre de 2019 que es la fecha de las cifras; el estancamiento del empleo es el resultado de un sistema de producción irracional que busca la mayor generación de ganancias para una reducida capa de la sociedad a través de la explotación extrema de la clase obrera, como lo mencionábamos anteriormente, mientras explota a millones otros son empujados al desempleo crónico.
Pero el gobierno no es que este exento de toda responsabilidad, ya que el amplio apoyo que tiene de la población puede ser una buena catapulta para arrancarle al sistema reformas que permitan la disminución de las jornadas laborales y así contratar más trabajadores, aumento de los salarios para elevar los niveles de vida y políticas de inversión estatal en obras de infraestructuras elevando así rápidamente los puestos de trabajo.
Es contradictorio que la sociedad necesite de más escuelas, hospitales, universidad y complejos habitacionales y, sin embargo, no hay un plan de construcción de obras públicas para solventar estas necesidades desde el gobierno. Un plan como este sería la punta de lanza para empujar la economía, para generar miles de empleos y, por supuesto, que tendría apoyo en la clase trabajadora.
Por el contrario, lo que hemos visto en un año es una reducción presupuestaria a carteras de Estado que tienen que ver con la generación de obras, por ejemplo, la construcción de una sede universitaria en Ahuachapán, tuvo que ser cancelada por falta de fondos, el gobierno no aprobó fondos para esta construcción, el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Salud mantuvieron asignaciones mínimas en el Presupuesto General del 2020. Seis meses después de la aprobación de este Presupuesto vemos como la austeridad en estos ministerios fundamentales para mejorar las condiciones de vida de los más pobres se expresan incluso en victimas mortales, ante el azote de la pandemia y las intensas lluvias en el inicio del invierno.
Aumento salarial y pensiones
El año pasado se debió estudiar nuevamente la posibilidad de un aumento salarial, aunque esto es un punto vital para los trabajadores, el ministro de Trabajo decidió junto al Consejo Nacional por el Salario Mínimo retrasar las discusiones hasta diciembre del 2020. Esta decisión reaccionaria del ministro Rolando Castro refleja las prioridades del gobierno de Bukele y a qué intereses responde. La exigencia de un aumento salarial acorde al costo de la vida que ronda los 750 dólares o más, es una deuda que el gobierno tiene con sus votantes, deuda que no es mencionada ni por asomo en los discursos de los funcionarios y mucho menos de Bukele.
Otros de los problemas de los trabajadores y del mismo Estado es el sistema injusto de pensiones que impusieron los gobiernos de ARENA y que el FMLN no cambió en lo más mínimo en favor de los trabajadores en sus 10 años de gobierno. La solución de este problema pasa por la nacionalización inmediata del sistema. Bukele ha obviado dar una opinión sobre esto cuando se le ha consultado públicamente, salvo la reunión reciente con sindicatos en su mayoría de trabajadores del sector público, donde se le entregó una propuesta que exige la nacionalización del sistema de pensiones, ante esta propuesta se mostró esquivo, aunque se comprometió a trabajar y tomar en cuenta varias propuestas y a reunirse para establecer un diálogo con el movimiento de los trabajadores. Sin embargo, en un año ha evitado mencionar o proponer algún cambio a una política previsional que favorezca a la clase obrera.
Combate a la corrupción: CICIES
Para combatir la corrupción la promesa insignia del gobierno de Bukele fue la creación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES), que supuestamente iba tener un funcionamiento similar a la CICIG en Guatemala. Sin embargo, la CICIES no pasa de ser una institución de fachada pues sus atribuciones son únicamente colaborar en ciertas investigaciones cuando la Fiscalía General de la Republica se lo solicite, esto quiere decir que no tiene facultades para investigar libremente.
Por tanto, lo que Bukele prometió no se puede cumplir a través de la CICIES y esto se debe a que la OEA y el gobierno de Bukele no tienen como prioridad el combate a la corrupción y la impunidad, mientras tanto los desfalcadores del Estado como Mauricio Funes, Ana Vilma de Escobar y otras figuras corruptas siguen en libertad y el Estado no ha podido recuperar ni un centavo del desfalco que hicieron estos personajes.
Como hemos analizado anteriormente, el combate a la corrupción en el marco de las leyes de la sociedad burguesa es imposible, la corrupción esta intrínseca en el capitalismo. La organización del Estado desde sus jueces, diputados y funcionarios están sentadas sobre leyes permisivas y endebles ante los criminales de cuello blanco. Las Comisiones Internacionales solo han tenido resultados donde el imperialismo, ante la amenaza de las masas, ha necesitado romper con el Estado burgués que encubre la corrupción, cambiar a unos gobernantes corruptos por otros menos corruptos, ahogando y desviando así la energía de las masas sobre otros objetivos, el ejemplo más claro de esto fue Guatemala, donde nada con respecto a la corrupción cambió después del proceso de la CICIG en el país.
Mientras en Honduras donde el régimen de Juan Orlando Hernández controla por el momento la situación del país en beneficio de los EE.UU., la Comisión instalada ahí poco o nada ha hecho, lo mismo que en El Salvador. La CICIES es un adorno más del gobierno de Bukele, sobre todo cuando en medio de la crisis del Covid-19 y el paso de dos tormentas tropicales el gobierno tiene la discrecionalidad para utilizar los fondos estatales como mejor le parezca sin ningún tipo de fiscalización.
La experiencia de décadas de corrupción y fenómenos naturales (terremotos y huracanes) nos ha mostrado que son en los momentos de calamidad cuando más propensos son los gobiernos para defalcar, las relaciones entre los poderes del Estado por auditar estos fondos se han vuelto tensas en las últimas semanas, bajo el argumento de la salud o la necesidad del pueblo, el gobierno tendrá el control absoluto de los fondos por deuda y otros en los próximos meses. El pueblo debe exigir cuentas claras y abiertas en este periodo.
Plan Control Territorial
Una de los proyectos mejor evaluados de la administración actual es el Plan Control Territorial que ha logrado reducir los homicidios en el país. Se ha convertido en el proyecto principal del gobierno. Y si bien reconocemos los avances que se ha tenido en la baja sintomática de los homicidios no los tomamos como un éxito total.
Tenemos que tener en cuenta que la relación indirectamente proporcional entre homicidios y desapariciones forzadas, según un informe reciente que publicaba el Diario de Hoy, “De los 3,202 desaparecidos (año 2019 NDE), 1,805 correspondieron a los siete primeros meses del gobierno de Nayib Bukele; hasta el 31 de diciembre de 2019. Y entre el uno de enero hasta 14 de mayo de este año fueron reportados 733 desaparecidos, de los cuales 401 fueron hallados, ya sea con vida o sin vida. Todavía hay 332 que aún no han sido encontrados, de acuerdo al informe de la Fiscalía”.
Teniendo en cuenta la campaña que ha desatado el EDH contra Bukele desde hace meses, debemos aclarar que las cifras pueden estar exageradas, no obstante, tal como la experiencia nos ha mostrado en otros procesos como la tregua del gobierno del FMLN, cuando también registraron una disminución de homicidios a costa de un aumento significativo de desaparecidos, lo que muestra que las pandillas pueden mutar sus métodos para hacer sus fechorías, y los gobiernos también pueden ocultar cifras para dar una imagen de eficientes. Además, hay que mencionar que aunque los homicidios hayan bajado, las extorciones y otros delitos no han disminuido en lo absoluto.
En otros aspectos tenemos que tomar en cuenta el problema de la violencia machista y los feminicidios, que tampoco ha mostrado una tendencia a la baja. Solo en el periodo de cuarentena obligatoria la violencia machista cobró la vida de decenas de mujeres, mostrando la cara más cruel y descompuesta de la sociedad machista. Mientras las autoridades gubernamentales brillan por su ausencia ante las decenas de denuncias de mujeres desesperadas por la violencia, el papel del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ha sido muy bajo o nulo en cuanto a materia de la defensa y la seguridad de las mujeres en el país.
El socialista utópico Charles Fourier dijo que la evolución en la sociedad se mide por el progreso de las mujeres hacia la libertad. Los datos de la violencia machista en El Salvador hace décadas que muestran un retroceso tremendo de la sociedad.
El problema de la delincuencia criminal es un fenómeno complejo que hunde sus raíces en una sociedad desigual, excluyente y opresora, situación que no ha cambiado en un año en lo más mínimo. Actualmente, no se puede hablar de acceso a educación pública y gratuita para todos y todas, empleo, vivienda digna y recreación para la juventud. En la medida en que todos estos derechos fundamentales de la juventud se restringen cada día más, con el constate aumento de la pobreza y la privatización de estos servicios, los problemas sociales tienden a profundizarse, expresándose en violencia criminal y homicida, son estas condiciones las que generan la violencia barbárica en nuestra sociedad.
El gobierno en su afán de buscar soluciones rápidas ha aumentado el aparato policial y militar, aumentando la presencia de estos por todos los territorios donde reina la exclusión y la pobreza. Expertos señalan que la ejecución de planes como estos tienden a tener resultados exitosos a corto plazo, ante la presencia de la brutalidad policial, sin embargo, los problemas reaparecen redoblados en el futuro.
Mientras las condiciones que generan la delincuencia y la criminalidad en la sociedad no sean barridas radicalmente no podemos confiar que planes como el que lanzó Bukele solucionen el problema de raíz. Ya hemos visto como el Plan Mano Dura y súper Mano Dura solo trajeron un desarrollo superior de las pandillas, y la tregua y el Plan El Salvador Seguro que implementó el FMLN obtuvieron similares resultados ¿por qué hoy tendría que ser diferente?
Mientras las condiciones necesarias para un proceso de revolución para barrer de raíz todas las condiciones de violencia criminal no estén maduras, debemos combatir la idea retorcida de que la policía y los militares pueden cumplir la función de proteger nuestras vidas, estos aparatos represivos son incapaces de brindarnos seguridad, ha quedado evidenciado durante años, la alternativa a la que tenemos que recurrir es a la organización comunitaria, la creación de asambleas para discutir las tareas de seguridad y en los centros de trabajo que puedan crear comités de autodefensa e incluso policía comunitaria, es la única forma en el que el combate a la delincuencia organizada puede ser frenada, todo intento desde la violencia estatal solo recrudecerá el fenómeno.
Relaciones políticas
Durante todo el primer año el gobierno de Bukele ha intensificado ininterrumpidamente la confrontación con todos los órganos del Estado. Si habremos de reconocer un cambio en la política, pues sería definitivamente este. Con su forma de gobernar Bukele pone en tela de juicio la “democracia” burguesa, la capacidad de esta democracia para resolver los problemas de los más pobres. También expresa una crisis más profunda en el régimen; la inestabilidad por arriba es solo una expresión de la profunda presión que hay por abajo, señales de que el orden de la sociedad pende de un hilo y que acontecimientos inusuales están por venir, el gobierno de Bukele ha sido la tapadera de una olla de presión que ha estado a punto de reventar.
Esta situación inestable continuará en el próximo periodo y puede desembocar en situaciones dictatoriales más desarrolladas. Ante las exigencias de medidas reales por parte de las masas en el futuro, la burguesía no dudará en utilizar a Bukele para defender la estabilidad de su sistema, aunque la burguesía hoy este dividida por arriba, la amenaza latente de un proceso más convulsivo la obligará a unificarse contra las demandas de la clase obrera.
Perspectivas del gobierno y la lucha de clases
La confianza que las masas han depositado en el gobierno de Bukele no durará para siempre, tarde o temprano a través de la experiencia práctica los trabajadores sacarán conclusiones de las mentiras y traiciones del gobierno, de cómo su política solo favorece a los ricos y no ofrece una alternativa real para solventar los problemas fundamentales del país.
La pandemia y las tormentas tropicales pondrán en tela de juicio las promesas de Bukele, en sus discursos afirma constantemente estar en favor de los pobres, pero su política dista mucho de esta característica. El gobierno necesita recursos para enfrentar las crisis, la opción por la que Bukele ha optado es buscar el endeudamiento con los bancos internacionales.
El endeudamiento es reaccionario porque significará recargar toda la crisis económica en los hombros de los más pobres, según estudios de política fiscal es la clase obrera la responsable del 87% de los ingresos del Estado y las empresas solo asumen un miserable 13 %. No son las grandes empresa las que sostienen el Estado y sus políticas: es la clase trabajadora. Los bancos que ahora prestan dinero exigirán que paguemos esta deuda ¿de dónde se obtendrán estos fondos? El gobierno ya pactó una carta de compromisos con el FMI donde se compromete a poner impuestos a la gasolina y aumentar el IVA, lo que supone una carga insoportable sobre las masas trabajadoras. Con esto el gobierno de Bukele revela de qué lado está y a quien protege.
Una política en favor de los más pobres debería estar basadas en la búsqueda de recursos a través de medidas concretas contra los ricos, como por ejemplo, la suspensión inmediata del pago de la deuda externa -solo en un año son 1,100 millones que pagamos en concepto de intereses de deuda-; imponer un impuesto del 10 % mensuales, como mínimo, a las fortunas de los más ricos del país; el combate contra la elusión y la evasión fiscal de las grandes empresas, monto que anualmente ronda los 2 mil millones de dólares.
La nacionalización de sectores estratégicos de la industria tales como la industria de la construcción para brindar vivienda a los damnificados y los que están en riesgo, la nacionalización de la industria farmacéutica y similares para brindar recursos necesarios en la salud pública, así como también la nacionalización de todos los hoteles de lujo, hospitales y clínicas privadas para atender a los enfermos del Covid-19 y los damnificados en albergues de calidad.
En un año hemos visto muy poca acción y mucha palabrería, necesitamos verdaderas políticas en favor de los pobres que resuelvan la situación de empleo, salarios, salud y vivienda, eso solo pasa por romper con los ricos que están detrás del gobierno de Bukele, grandes millonarios como Roberto Kriete, Roberto Murray Meza y Ricardo Poma, figuras que tienen en sus manos todo lo necesario para evitar la desgracia y pobreza de la clase obrera. El gobierno se conduce al fracaso si continúa protegiendo a los grandes millonarios.
La clase obrera no debe esperar a que Bukele impulse estas acciones, debe organizarse para exigir un plan de emergencia que incluya todas las medidas necesarias para salvar las vidas de los más pobres. A partir de este año la lucha debe estar claramente orientada sobre la base de que quienes paguen por esta crisis no sea la clase obrera, sino los grandes ricos del país. La clase obrera debe prepararse para construir su propio gobierno en una lucha abierta contra el capital, estableciendo sus propios órganos de poder y sus propias instituciones para controlar la industria, las tierras y la banca y ponerla en función de las necesidades de la población oprimida y explotada. Cada vez más las opciones se reducen, la democracia burguesa está quedando expuesta, estamos llegando al punto donde debemos elegir entre socialismo o barbarie.
