Se cumplen un mes desde que comenzó un movimiento insurreccional en Chile. El levantamiento de las masas ha colocado contra las cuerdas al gobierno empresarial de Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos del continente. Frente al movimiento ha propuesto, siempre tardíamente, concesiones mínimas que son únicamente una trampa para desmovilizar a la clase trabajadora y la juventud. Sumado a ello, la represión ha suscitado episodios gravísimos de violaciones a los Derechos Humanos, como torturas y abusos sexuales. A la fecha cifras oficiales cuentan 23 muertes, más de 3.000 heridos, entre los cuales más de 200 personas han tenido daño ocular, con pérdida permanente en la visibilidad de uno de sus ojos.
“Cuanto más poderoso es el auge espontáneo de las masas, cuánto más amplio se hace el movimiento, tanto mayor, incomparablemente mayor, es la rapidez con que aumenta la necesidad de una elevada conciencia, tanto en el trabajo teórico, político y organizacional”. (V.I.L. pág 67, ¿Qué hacer?, 1902)
El estallido social que vive Chile pone sobre la mesa la posibilidad cierta de un cambio fundamental que ya tiene enormes repercusiones en toda la región latinoamericana y más allá. Por su parte el gobierno y los partidos burgueses respondieron como solo saben hacer, represión, toque de queda, estado de emergencia, y al mismo tiempo amagando concesiones que no son tales con la intención de desactivar el movimiento. La gran huelga general del 12 de noviembre ha marcado un nuevo punto de inflexión que sigue fortaleciendo la confianza del movimiento. Esto último replanteó un nuevo estado de emergencia y precipitó el acuerdo por la paz y la nueva constitución, la última artimaña de los partidos del régimen. Este acuerdo consumado “entre gallos y medianoche” en la madrugada el viernes, convocó a los partidos de Chile Vamos, Ex-Concertación Nueva Mayoría y algunos partidos del Frente Amplio. Con la notable excepción esta vez del Partido Comunista.
En la noche de la huelga general, el empresario presidente Piñera convocó a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad (COSENA), que resultó una inútil maniobra que continúa aislando al ejecutivo en su deriva autoritaria. La desorientación de Piñera que insistió en resolver su marasmo político mediante la intervención militar, ha dejado incluso en un mal pie a las fuerzas policiales y militares. En la primera semana de protestas, el estado de emergencia y toque de queda fue en última instancia derrotado por el ánimo combativo de las masas en las calles. Entre los mandos militares y el oficialismo parecen producirse divergencias, que en las últimas horas han generado polémicas. La primera tiene relación a la respuesta negativa que al parecer tuvieron los altos mandos de Fuerzas Armadas para alinearse en un nuevo Estado de Emergencia durante la noche del martes. El presidente se reunió improvisadamente con los ministros de Defensa e Interior en el palacio de gobierno donde se vivieron tensos momentos en que se rumoreaba un anuncio para decretar el Estado de Emergencia e incluso toque de queda.
A pocas semanas de declarar la “guerra contra un enemigo poderoso”, Piñera quiso convencernos de un “acuerdo por la paz”. Insistió en algunas concesiones como parte de su llamada “agenda social”, y continuó amenazando con aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra manifestantes. Un discurso aparentemente improvisado, que dejó un montón de dudas sobre el estado de las relaciones del presidente con las carteras ministeriales, de estos con los partidos oficialistas, y de conjunto con los mandos militares. Además, se llamó a servicio a carabineros retirados, muestra de un importante desgaste que afecta ya a Carabineros, en circunstancias que incluso el General Director Mario Rozas, en un audio filtrado señala que está “cagado de miedo” con los acontecimientos.
Con la represión y provocaciones del gobierno que siguen sumando muertos, naturalmente los ánimos se van enardeciendo cada vez más. Las masas han perdido el miedo, galvanizan su temple y mejoran sus métodos de autodefensa. Pero todos estos factores en la ecuación del conflicto se desarrollan a velocidades desiguales.
La conciencia y organización de la clase, las divisiones y reagrupamientos del régimen, la moral de las fuerzas represivas, y el ánimo de las masas, todas se encuentran en diferentes estadios que no siempre son armónicos con un esquema preestablecido de revolución. En un conflicto político, el tiempo y el azar de los acontecimientos pueden ser factores decisivos. Sumemos además el deterioro social de amplias capas de la sociedad sufrido durante años, con una profunda desafección al sistema que los ha relegado a la marginalidad, y que hoy se ven justamente representados en estas jornadas históricas de protesta popular (véase la composición de los detenidos, muchos menores de edad, algunos con historia en el infame SENAME).
Es impresionante cómo durante el transcurso de unos días se ha modificado la correlación de fuerzas de un escenario político que para la clase dominante parecía estable, “un oasis” en la región. En sus cimientos se dan contradicciones profundas, propias del sistema capitalista que antepone el derecho a la propiedad privada de una minoría por sobre el respeto a la vida y la naturaleza. Ante los ojos del mundo, un estallido sin precedentes en el país, evidenció la desigualdad y el retraso objetivo a las que fueron obligadas trabajadoras y trabajadores de Chile. Ahora Chile ya no tiene vuelta atrás a la “normalidad”, se ha abierto un momento importantísimo de la historia nacional con alcances para toda la región.
12 de Noviembre, Trabajadores y Trabajadoras salen a las calles!
Hace una semana ya, se preparaba la Huelga General por 24 horas para el martes 12 de noviembre. El comité de Huelga Nacional, respaldado además por la Mesa de Unidad Social hacían un llamado a los movimientos sociales, ambientales, culturales, así como a gremios y sindicatos a sumarse en lo que fue una paralización efectiva y con una multitudinaria convocatoria en las calles. Organizaciones del sector Portuario, Minería, Construcción, Industria, Comercio y Servicios Financieros, Educación, Salud, Agricultura, Agroindustria y de Servicios Públicos se aunaron para exigir cambios reales y estructurales al sistema, una demanda que el movimiento identifica con la de nueva Constitución. Debemos insistir en la importancia de este hecho para el desarrollo del movimiento. Una huelga general pone de manifiesto de manera clara el poder que tiene la clase obrera en una sociedad capitalista, el poder de paralizar toda la producción, el transporte, etc. Es en momentos como estos en que la clase se hace consciente de ese poder que tiene. Evidentemente la Huelga General coloca al movimiento de conjunto en una posición de fuerza, pues toca los intereses económicos de la clase capitalista, los dueños de Chile. Plantea la cuestión fundamental sobre quién realmente hace funcionar la economía y la sociedad. En última instancia una Huelga General Indefinida terminaría a su vez colocando la cuestión del poder político, es decir, saber “quién lleva la batuta” realmente. En este sentido la clase trabajadora es clave, no necesariamente como grupo de pertenencia o identidad, sino por el papel que juega en una sociedad capitalista. Sobre todo como una clase explotada de manera colectiva que se encuentra históricamente en conflicto con la clase capitalista, una minoría capitalista que vive a costa del trabajo de la mayoría.
La Huelga General tuvo un seguimiento masivo con la paralización de los principales sectores productivos, la participación muy significativa de sectores como los portuarios y los mineros, y cientos de miles de personas llenando las calles en todo el país. Es importantísimo recalcar que este cambio cualitativo en el carácter de las movilizaciones, poniendo la huelga general y la clase obrera al frente, ha puesto a los partidos del régimen en un apuro por tomar la iniciativa en el conflicto e incluso intentar dirigir el movimiento (más abajo explicaremos el “acuerdo por la paz y nueva constitución” propuesto por los partidos).
Mientras el movimiento se mantiene en los límites de grandes jornadas de protestas, con batallas campales entre manifestantes y carabineros, el gobierno puede mantener cierto control mediático sobre la opinión pública. Además, así carabineros se presentan como héroes protectores de la propiedad privada y de la “ciudadanía” que se manifiesta pacíficamente. Pero con la entrada en escena de los métodos de lucha de la clase trabajadora, la huelga general, la autodefensa, se plantea un problema que configura el conflicto en un nivel más favorable al conjunto del movimiento, que reiteramos enfrenta al estado capitalista, con sus medios de comunicación y fuerzas represivas.
Algunas organizaciones sindicales y de izquierda han cobijado por años un pesimismo que hacía imposible el cambio social, un escepticismo que predominó en ámbitos académicos e intelectuales. Por nuestra parte los marxistas confiamos plenamente en la capacidad creativa del trabajo humano, no como simples esclavos del capital, sino como actividad emancipadora y que define lo propiamente humano en estrecha relación con la naturaleza y la sociedad. Por este motivo, pensamos que la clase trabajadora posee la capacidad de transformar la realidad, pues objetivamente es ella misma que día a día sostiene este sistema con su trabajo. Lo que falta es el factor subjetivo, es decir la capacidad de tomar conciencia de su propia situación y tomar control de sus propias fuerzas.
Entendemos que es urgente la claridad que una dirección decidida puede dar al movimiento. La mayoría del pueblo tiene claro que no quieren el gobierno de Piñera, ni la constitución de Pinochet. Pero no está claro para todos cómo alcanzar la sociedad que quieren fundar. El más reciente hito político, el acuerdo por una nueva constitución que suscribe a partidos de derecha, con los partidos de la “transición”, y además elementos del Frente Amplio, ha despejado algunas dudas con respecto a los caminos institucionales, pero por otra parte plantea nuevas preguntas.
León Trotsky, el gran dirigente de la revolución rusa, señalaba lo siguiente sobre este ánimo de las masas: “esos cambios rápidos que experimentan las ideas y el estado de espíritu de las masas en las épocas revolucionarias no son producto de la elasticidad y movilidad de la psiquis humana, sino al revés, de su profundo conservadurismo. El rezagamiento crónico en que se hallan las ideas y relaciones humanas con respecto a las nuevas condiciones objetivas, hasta el momento mismo en que éstas se desploman catastróficamente, por decirlo así, sobre los Trabajadores, es lo que en los períodos revolucionarios engendra ese movimiento exaltado de las ideas y las pasiones (…). Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de la sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja”. (Trotsky, Prólogo de la Historia de la Revolución Rusa. 1932)
Sobre la Asamblea Constituyente
El debate sobre una Nueva Constitución ha rebasado por todos los sectores y actores políticos del país. Ya en el 2017, y al final del gobierno de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet propuso un mecanismo para una nueva constitución, no obstante, esta propuesta tuvo el entorpecimiento desde la oposición de derecha, la inoperancia en los tiempos de aplicación y la falta de una consulta indígena vinculante. Sobre todo, carecía de un insumo elemental, situación diferente a la actual, que es la aclamación desde las masas y las bases organizadas para que se cambie la constitución ilegítima de la dictadura militar.
Este consenso es abrumador, según la última encuesta CADEM, el 78% de los encuestados cree que es necesario un cambio en la constitución. Más de la mitad del total de encuestados cree que es “absolutamente necesario” redactar una nueva constitución. El hecho de que todavía rija la Constitución de 1980 refleja claramente cómo se construyó el actual régimen, con un acuerdo por arriba con la dictadura en lugar de un derrocamiento revolucionario por abajo. La oposición a la Constitución de 1980 por lo tanto oposición a todo el régimen existente.
Sin embargo, tenemos que decir claramente, no es la existencia de la Constitución de 1980 lo que ha permitido el saqueo indiscriminado del valor del trabajo de chilenos entregándoles injustas pensiones, y que además ha saqueado los recursos naturales del país, ha saqueado la posibilidad de oportunidades en el acceso de bienes y servicios básicos para el desarrollo de la vida como la Salud, Educación, Vivienda, saqueando también territorios del Wallmapu en beneficio de grandes forestales. Más bien al contrario, la clase dominante chilena ha impuesto un sistema capitalista brutal y sin regulación, y la Constitución es un reflejo de eso, no al revés.
En este sentido el Estado y la Clase gobernante han utilizado la Constitución como un justificativo de la desigualdad. Rosa Luxemburgo señalaba esta situación “Por un lado, el Estado asume sin duda funciones de interés general en el sentido del desarrollo social”; pero, al mismo tiempo, no lo hace sino “en la medida en que el interés general y el social coinciden con los intereses de la clase dominante” (Luxemburgo. pág 39, ¿Reforma o Revolución? 1899).
Una Constitución puede contener principios democráticos muy avanzados y cláusulas progresistas, pero al final, una Constitución no es más que un trozo de papel. Nada de eso en realidad está garantizado bajo el régimen capitalista, y todos esos derechos formales se ven constantemente atacados por el capitalismo en crisis. Lo que determina los derechos y las conquistas de la clase trabajadora es la correlación de fuerzas real en su enfrentamiento con la clase capitalista. Es obvio que hay un clamor por el cambio de Constitución, pero debemos advertir que una nueva constitución, por sí misma, por muy democrática que sea, no cambia las relaciones de producción en la sociedad y por lo tanto no va a poder garantizar los derechos y las reivindicaciones del movimiento.
La historia de la oligarquía chilena ya traicionó en su cara al movimiento obrero bajo esta circunstancia, cuando en 1925 Arturo Alessandri desestimó la voz en el debate constitucional de una “Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales”. Sebastián Piñera, casi cien años después, desestima también las propuestas y necesidades de los trabajadores y trabajadoras de Chile.
No más cocinas parlamentarias. ¡Por un Gobierno de los Trabajadores!
El clamor por una Asamblea Constituyente, para las masas en las calles, representa la aspiración a un cambio social fundamental y el repudio a todo el régimen existente. Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido la de tratar a toda costa de preservar la legitimidad del actual congreso. Sin embargo, incluso los partidos de derecha, ante el peligro de ser barrido por el levantamiento, se ha visto obligado a forjar un acuerdo con la oposición con el objetivo de desactivar el movimiento. De aquí surge el llamado “acuerdo por la paz y la nueva constitución”.
De ahí surgieron propuestas como la de una “Convención Mixta Constitucional” compuesta por delegados extraídos del actual congreso. Esta es la trampa del gobierno, maquillándola como una instancia democrática, ciertamente una democracia, pero burguesa. Esta ha sido justamente rechazada por el movimiento, no así por la oposición que abrazó también la propuesta. El levantamiento insurreccional rechaza a todo el régimen y por lo tanto no está dispuesto a aceptar que sea el propio régimen quien decida qué cambios hay que hacer.
En el acuerdo se define una otra instancia denominada “Convención Constituyente”, en realidad elecciones a una Asamblea Constituyente, que en las circunstancias actuales, no es más que un parlamento democrático burgués, con la particularidad que su tarea es la de elaborar una nueva constitución. Los que se presentan a tal elección o bien son los actuales partidos existentes, o en el caso de que no se permitiera a partidos presentarse, tenderían a ser “expertos” (abogados, constitucionalistas, técnicos, economistas, etc) que en última instancia responden a los mismos partidos políticos existentes, que son los que tienen acceso a los medios de comunicación, etc. Por ejemplo, se propone que la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente se haga conjuntamente con las elecciones regionales y municipales en octubre 2020. La elección de diputados a esta AC no se haría en asambleas de trabajadores ni en asambleas territoriales donde la clase obrera delibera, sino en una votación democrático-burguesa en la que los ciudadanos de manera individual y atomizada se ponen delante de una urna y emiten su voto por una u otra de las opciones que el régimen permite.
No obstante, la respuesta desde algunas organizaciones sociales y sindicales no se ha hecho esperar. El rechazo es tajante. La calle se hizo presente con una multitudinaria convocatoria el mismo día Viernes 15 de Noviembre, expresando total disconformidad con lo pauteado por los partidos políticos firmantes de este acuerdo. Esta situación no podría ser diferente cuando la misma institucionalidad y órganos desprestigiados del régimen burgués son quienes a espaldas de los movilizados por un mes convocan y articulan una instancia acomodada para sus intereses. En ese salón no se encontraba ningún trabajador, estudiante, mujer, mapuche, ni quienes perdieron un ojo, ni por supuesto nuestros muertos. Si algo nos legaron las generaciones de luchadores que nos precedieron es lo siguiente: ¡Ni perdón ni olvido! Será mejor que se vayan todos estos barsas, y que gobierne el pueblo trabajador.
El rechazo es generalizado. “Chile no se Vende” es la consigna desde la ACES, que además hace un llamado al conjunto de personas y organizaciones anticapitalistas, a unidad social y asambleas territoriales para retomar la esencia de la movilización. Es decir, contra el modelo neoliberal, y el gobierno de Piñera. También Mabel Zuñiga, representante de la mesa social de Valparaíso y presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), junto con el Colegio Regional de Profesores han denunciado la legitimidad de este acuerdo parlamentario.
La combativa Unión Portuaria de Chile y también en parte Unidad Social han sido enfáticos en señalar las incongruencias que esta “cocina” tiene con las demandas originales. Unidad Social expresa lo siguiente: “Es expresivo de este origen que el Acuerdo incluya mecanismos que rechazamos enfáticamente: 1) Un quórum elevado que perpetúa el veto de las minorías. 2) Discrimina menores de 18 años. 3) No contempla mecanismos de participación Plurinacional y de Paridad de Género. 4) Establece un mecanismo de representación y elección funcional a los partidos políticos que han sido responsables de la actual crisis político y social.” Estos puntos son claros en denunciar el gatopardismo de este acuerdo. Pero debemos insistir en que la cuestión no es la forma, sino el contenido. Independiente de los argumentos técnicos, el contenido está determinado por los partidos corruptos que componen este acuerdo a espaldas del pueblo. Las calles exigen la renuncia del empresario-presidente Piñera. El pueblo trabajador debe derribar este régimen, y después de esto podrá disponer de sus propios órganos de poder y decisión de la manera que estime conveniente.
Además estas organizaciones que objetivamente se ubican como dirección del movimiento, a través de la Mesa de Unidad Social, han manifestado que llamarán a una nueva Huelga General. Esto se encuentra a la altura de las circunstancias urgentes que atraviesa el país. Pero además es necesaria la programación de una Huelga general, ya no sólo como un hito de 24 o 48 horas. Es necesario dar el siguiente paso, un salto cualitativo. Esta vez deben desarrollarse al máximo las tendencias a la autoorganización de los trabajadores y las comunidades, en una Huelga General Indefinida. Hay que fortalecer y extender las asambleas territoriales y cabildos abiertos y que se coordinen mediante delegados electos y revocables en cabildos regionales y nacional. Hay que crear organismos de autodefensa ante la represión policial. El pueblo ha mostrado una disposición tremenda para el combate, pero no se puede traicionar su paciencia y heroísmo. Ahora es cuando debe concretarse una ofensiva que derribe de una vez al gobierno y el patético empresario-presidente Sebastián Piñera.
En realidad lo que está planteado ahora mismo es la posibilidad de que la clase obrera tome el poder. Si existiera una dirección revolucionaria a la altura de lo que este levantamiento ya ha hecho, se estaría discutiendo la convocatoria de una gran Asamblea Nacional del Pueblo Trabajador, con delegados elegidos en las Asambleas Territoriales, los Cabildos y asambleas auto-convocados, o los comités de huelga. Una Asamblea que se plantearía tomar el poder y expropiar a la burguesía y las multinacionales. Solamente de esa manera, tomando control de los medios de producción, se pueden empezar a resolver los problemas graves y sentidos que han dado lugar a este movimiento. De lo que se trata es de acabar AHORA con el poder de los empresarios de la educación, salud, pensiones, vivienda. No esperar al 2021 para sus arreglines y cocinas. Por un salario mínimo de 500 mil pesos y pensiones para hombres y mujeres. Nacionalizar los recursos naturales, el mar, el litio, el cobre y el agua bajo control de los trabajadores y comunidades. Queremos expulsar inmediatamente a las forestales, hidroeléctricas y mineras que oprimen al Wallmapu. Las miles de banderas mapuche demuestran este sentimiento profundo de solidaridad del pueblo chileno. Por su parte el pueblo-nación mapuche debe ser protagonista de su propia historia. Ahora es cuando.
¡Sin justicia nunca habrá paz! ¡No hay acuerdos sobre la sangre de nuestros muertos!
¡Fuera Piñera asesino!
¡Plan de nacionalización y derechos sociales AHORA YA!
¡Coordinación nacional de todas las asambleas y cabildos!
¡Asamblea Nacional del Pueblo Trabajador! ¡Por un Gobierno de los Trabajadores!
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