Artículo publicado en el Militante BPJ No 92, octubre 2021
Las desapariciones forzadas presentan un preocupante aumento de casos en los últimos años, dicho fenómeno se constituye en un crimen que sistemáticamente aqueja a diferentes países alrededor del mundo y se ha categorizado como una de las peores violaciones a los derechos humanos. Su práctica no solo vulnera la integridad de las personas desaparecidas, ya que este hecho se usa a menudo como una estrategia para sembrar el terror en la sociedad. La sensación de inseguridad y miedo que genera no se limita a los círculos cercanos de las personas desaparecidas, sino que golpea profundamente la estabilidad de las familias, comunidades y sociedad en general.
Hace unos 30 años, en América Latina las desapariciones forzadas estaban asociadas típicamente con conflictos armados internos, guerras civiles, regímenes represivos y dictatoriales; eran empleadas como mecanismo contra insurgente y control de territorios, generalmente perpetrada por el Estado; sin embargo, este fenómeno ha mutado de tal manera que ahora la mayoría de desapariciones forzadas son realizadas por otros civiles o estructuras criminales organizadas; en nuestro país la desaparición forzada irrumpe como práctica criminal en la posguerra desde hace casi dos décadas.
La desaparición de personas surge inicialmente como modalidad criminal entre las pandillas por su funcionalidad para generar impunidad penal, pero prolifera con posterioridad, como un eficaz mecanismo para ocultar homicidios en el marco de acuerdos políticos con fines de rentabilidad electoral. Este atroz delito ejercido cada vez con mayores niveles de sofisticación, ofreció a las pandillas como valor agregado, la posibilidad de ganar prestigio criminal e imponer su dominio y autoridad en las comunidades, mediante el uso del terror y la intimidación.1
Como ya señalamos el fenómeno de las desapariciones dejó de ser una estrategia exclusiva de la violencia en manos del Estado y ahora presenta varios escenarios, intencionalidades, móviles, víctimas y perpetradores. Sin embargo, el acto en sí de la desaparición de una persona en la actualidad, generalmente sigue un patrón definido, el cual incluye torturas, abuso sexual, trata de personas, tráfico de órganos, pedir rescates económicos a los familiares, muertes violentas y posterior ocultamiento clandestino de los restos de la víctima. Estos hechos hablan de una lógica de crueldad y deshumanización que trascienden más allá de solo quitarle la vida a alguien y demuestran que tienen un claro objetivo de atentar contra la dignidad y condición humana. Es necesario en este punto aclarar que existe un perfil definido de las personas que han sido víctimas de este crimen: juventudes, mujeres y hombres que proceden de zonas semi rurales o marginales, bajo el dominio de las pandillas.
Otro punto importante a destacar al hablar de desapariciones que son cometidas por el crimen organizado, es que estas estructuras son una red de cooperación delictiva entre criminales profesionales y funcionarios públicos, que desarrollan actividades ilícitas con un fin económico, estas prácticas son propias de gobiernos y funcionarios corruptos, característica muy obvia del gobierno en funciones de nuestro país.
Algunas cifras:
El Código Penal de El Salvador, en diciembre del 2019, admitió contemplar como un delito las desapariciones forzadas cometidas por particular con penas de entre 15 y 25 años de cárcel, sin embargo, el Estado salvadoreño ha demostrado su incapacidad para responder a las víctimas y castigar a los victimarios, prueba de ello es que desde la modificación del Código Penal en este tema solo ha logrado llevar a los tribunales 40 casos y condenar a 14 personas por este delito, frente a 1,491 personas que han sido víctimas del delito entre diciembre 2019 a agosto 2021. En lo que va del año se ha superado la cifra total de víctimas del año 2020: De enero a la fecha se han reportado 789, mientras que en todo el año pasado hubo 689. Recordemos que la cantidad de personas podría ser mayor, ya que es probable que la Fiscalía no tenga el registro de todas las personas que han desaparecido.2 Según datos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, se reportaron 1,337 mujeres desaparecidas de junio del 2019 a agosto 2021, la cifra escalofriante es que de esas desapariciones más de la mitad eran niñas menores de 18 años.
Uno de los datos más reveladores de la Fiscalía es que en el departamento de San Salvador ha ocurrido un aumento en la cantidad de víctimas de desaparición, que pasó de 217 en 2020 a 312 hasta agosto de 2021. Los departamentos de La Libertad y Santa Ana se han mantenido con números al alza desde el año pasado. Los lugares más recurrentes en los que las personas han sido víctimas de este delito han sido la calle, con 329 personas víctimas en ese periodo y 254 en la propia casa de la víctima.3
Todas esas cifras presentadas, deberían ser más que suficientes para que las autoridades combatan enérgicamente el delito de las desapariciones forzadas, sin embargo, lo que ofrecen a la población, son datos falsos, negativas de los hechos y hasta criminalización de las mismas víctimas. Lo cual obliga a las familias a convertirse en investigadores y buscar incansablemente a sus seres queridos, sin encontrar respuestas a sus casos y mucho menos apoyo real de la policía o la fiscalía. Las autoridades han llegado a un nivel de cinismo obsceno al pedirles a las familias que se abstengan a publicar en redes sociales las fotografías de sus desaparecidos; ocupando el argumento de que generan caos y entorpecen las investigaciones. Sin embargo, el suplicio al que se enfrentan familias, amigos y comunidades en la búsqueda de sus desaparecidos, es un clamor cada vez más palpable que poco a poco permea en el resto de la población, creando conciencia y preocupación por tal estado de desamparo ante estos delitos.
El presidente Nayib Bukele, haciendo uso de su cuenta de Twitter en enero del año pasado mencionó cifras alentadoras en cuanto a las desapariciones, en su publicación aseguraba que en los primeros 24 días del 2020 se registraba una reducción del 45 % de personas desaparecidas con relación a los primeros 24 días del 2019. Sin embargo, la realidad siempre expondrá las mentiras de los demagogos, es así como el 2019 cerró con un registro de 593 personas desaparecidas, y el año 2020 cerró con 689 personas desaparecidas. Obviamente las cifras no cuadran y los hechos no pueden ocultarse bajo una publicación en redes sociales, que se hace con el claro afán de mantener rating de popularidad a un a costa de engañar a la población en temas tan sensibles y delicados como este. Por lo tanto, la sociedad no resistirá mucho tiempo este tipo abandono por parte del Estado salvadoreño, este hecho pone en evidencia cómo el mismo gobierno y sus funcionarios vulneran los derechos de las víctimas y perpetúan los ciclos de violencia hacia las familias afectadas, quienes en muchos de los casos suelen enfrentar amenazas, impactos económicos que generan la ausencia de su ser querido, quienes en muchos casos eran proveedores, la desestructuración de la familia derivada del desplazamiento forzado o la migración irregular de algunos de sus miembros, como resultado del miedo o las amenazas que se generan luego de la desaparición, e incluso hasta homicidios.
El mal abordaje que hace la policía y la fiscalía de este fenómeno social contraviene todas las directrices internacionales en materia de búsqueda, localización e investigación de las personas desaparecidas, además agrava los impactos psicosociales que deben enfrentar los familiares luego de experimentar un episodio de desaparición; el clima de impunidad e indefensión viola los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño para garantizar los derechos y protección de los familiares y víctimas de desaparición forzada.
Es claro que estamos ante una situación de injusticia para las víctimas y sus familias, lo cual refleja una vez más, lo infame e inhumano que es el sistema capitalista, que niega el acceso a la justicia punitiva y restaurativa a las capas más desfavorecidas de la población. ¿Qué importancia tiene para las clases dominantes el dolor de una madre de Soyapango, Ilopango o San Isidro, (por mencionar algunos de los municipios con mayores índices de violencia en el país) que busca incansablemente a su hijo o su hija?, ¿Cómo actúan los gobiernos para implementar esas políticas públicas y legislaciones, que son la maravilla en el papel, pero en la práctica lo único que hacen es responder a los intereses del capitalismo? Al observar este contexto, la conclusión es obvia: es imperante que la sociedad se libere de la enajenación y sometimiento a la que ha estado subyugada, que reconozca la importancia de la organización popular y luche junto a la clase obrera por obtener justicia universal.
“Busca en el agua y en los matorrales
(¿Y por qué es que se desaparecen?)
Por qué no todos somos iguales
(¿Y cuándo vuelve el desaparecido?)
Cada vez que lo trae el pensamiento
(¿Cómo se le habla al desaparecido?)
Con la emoción apretando por dentro”
Canción “Desapariciones”, compositor Rubén Blades.
Fuentes:
1. Comunicado presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, en el marco de la investigación denominada: “Desaparición de Personas en El Salvador”.
2. Fuente: Revista Gato Encerrado, “Víctimas de desaparición hasta agosto 2021 ya superaron el total de 2020”, agosto 2021.
3. Fuente: Datos gestionados por Gato Encerrado a la FGR, agosto 2021
