La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA) es una institución que nace en 1961, según el decreto 341 del Directorio Cívico Militar se logra independizar de la alcaldía municipal para asumir la responsabilidad de administrador.
En los ultimos años, la institución ha dado grandes avances sobre todo en el acceso de la población al agua y saneamiento y en la disminución de la desigualdad entre áreas urbanas y áreas rurales, lo cual era una deuda histórica, sin embargo, aún falta mucho por avanzar en ese sentido; asi como también en el enfoque de proteger los recursos hídricos de la contaminación hecha por las industrias y empresas, entre ellas empresas constructoras que son responsables a la hora de diseñar proyectos urbanísticos y el tratamiento de las aguas servidas que llegan a depositarse en los cuerpos superficiales de agua en un 90%.
Nuestra preocupación no solo es la escasez de recursos hídricos que cumplan con tratamiento y garantía para el consumo humano, sino también que el agua se ha convertido en un recurso de gran ambición para los capitalistas que no ven o no dan mayor importancia a la destrucción de la naturaleza y únicamente les interesa hacer crecer sus ganancias.
Empresas transnacionales ofrecen «financiamiento», el cual se convertiría en un compromiso en el futuro próximo, en una exigencia de cuotas de poder para ser los explotadores de nuestros recursos a cambio de mísera y desdicha.
En el país ha sido una constante que la burguesía utiliza la desacreditación de instituciones del Estado para luego justificar la privatización, lo hacen a través de desvalorizar su buen desempeño y con amplias campañas mediáticas que tratan de convencer al pueblo que la administración privada es mejor que la publica. Sin embargo, ANDA no ha sido de las instituciones estatales que mayor aprobación ha tenido, por eso es paradójico que el hasta hace poco presidente, Marcos Fortín, haya durado en su cargo por cinco años con el rechazo popular y tantas quejas y demandas a la institución bajo su mandato, es entonces necesario preguntarnos ¿Por que el FMLN como partido en gobierno lo mantuvo tanto tiempo? El gobierno tuvo que esperar hasta el descalabro del FMLN en las elecciones pasadas para darse cuenta de quitarlo. Sin embargo, el pésimo y deficiente servicio que ANDA ha dado a la población ha sido un gran desgaste en imagen para los dos gobiernos de izquierda, y ha servido para aumentar el descontento de la población.
Felipe Rivas, que en el mes de abril ha sido nombrado como nuevo presidente de la institución en sustitución de Fortín, declaró en una entrevista realizada por el periódico digital La Página que la institución se encuentra en quiebra técnica, lo que significa que la institución ha caído en incumplimiento de sus obligaciones financieras. Rivas explicó que la crisis es grave debido a las pérdidas anuales y que los ingresos no cubren todos los gastos empresariales.
Guillermo Mata, diputado del FMLN y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en declaraciones vertidas en Diario Co Latino, con fecha 12 de abril del presente año, advierte que en la primera sesión de abril los partidos de derecha intentaron imponer artículos a la Ley Integral del Agua que tenían que ver con las atribuciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) autoridad encargada de dar tutela a todo lo referente a la distribución, saneamiento y gestión del recurso hídrico en la normativa que se construye al interior de la Asamblea Legislativa. Asegura que hay cinco propuestas de ley en el seno del grupo de trabajo que él preside y que se tomó el acuerdo de tomar en cuenta a todas las partes y crear una especie de híbrido, teniendo como principal guía la visión del agua como un derecho humano.
Otras instituciones también han articulado propuestas. La Iglesia católica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Universidad Centroamericana (UCA) presentaron una propuesta el 29 de agosto de 2017 para crear un Consejo Nacional del Agua, institución con la que se espera una amplia participación ciudadana, la propuesta se centra en que el agua es un bien público por lo que piden se otorgue al Estado el papel principal en la gestión integrada del recurso hídrico, que no es excluyente de la participación privada haciendo énfasis en que el ente rector debe ser estatal.
La propuesta de estás tres instituciones aunque aclara que debe ser el Estado quien tenga la tutela tiene el error de pedir la participación de la empresa privada a sabiendas de que a los empresarios no les atrae o interesa el bien común, sino únicamente se mueven donde pueden obtener ganancias y la UNEP junto a COMURES (Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, corporación que cuenta con el apoyo de USAID y donde Milagro Navas figura como presidenta) ya muestran su interés y tienen participación para los acuerdos que le darán forma a esta nueva Ley. Lo que no se deja claro es como pretenden que haya una mayor participación ciudadana si no hay ninguna organización social que exprese la voluntad de la población, éste tipo de leyes debería de contar con la participación de todas y todos los ciudadanos y para garantizar esta participación se debería someter está Ley a un referéndum. Lo único que si queda claro acá es que todo el potencial ganado por ARENA en las recientes elecciones, más el acompañamiento del resto de partidos de derecha pujaran por una Ley que vaya encaminada a la privatización.
Es nuestro deber defender nuestros recursos no solo por el futuro más próximo sino también para el futuro de las generaciones postreras, como ya lo advertía el fundador del socialismo científico, Carlos Marx: «El capitalismo acaba con sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos».
¡Fuera las manos privatizadoras del agua!
