Estamos próximos a cumplir 8 años de aquella trágica noche de Iguala, donde estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por distintas corporaciones armadas del Estado y del crimen organizado. Seis personas fueron asesinadas (3 de ellas normalistas), un estudiante quedó en coma y 43 fueron desaparecidos.
Bajo el gobierno de Peña Nieto se ocultó la realidad y se creo una versión de los hechos conocida como «la verdad histórica» que decía que los estudiantes habían ido a Iguala a boicotear un acto de la esposa del presidente municipal, siendo detenidos y entregados por la policía a un grupo de narcotraficantes, quienes los mataron, incineraron en el basurero de Cocula y metieron sus restos en bolsas negras para arrojarlas al Río San Juan. El objetivo de esta versión era ocultar la verdad, desviar la atención y encubrir a las instituciones estatales y funcionarios implicados. Esta versión se montó con testimonios obtenidos bajo tortura y sembrando pruebas, como se sabe lo hizo Tomás Zerón de Lucio, que ahora esta prófugo en Israel.
El caso Ayotzinapa levantó uno de los más dignos e inspiradores movimientos de masas que hemos visto en el país. Todos nos unimos bajo una misma bandera. Las instituciones del Estado y los medios de comunicación masivos quedaron desacreditados. En la mente de las masas nacía la idea de la necesidad de una transformación profunda, revolucionaria, de la sociedad. Esa masiva lucha y la dignidad que han mantenido todo este tiempo los padres de los estudiantes, es lo que mantiene vivo el grito de justicia y la búsqueda de la verdad.
El informe de la CoVAJ
AMLO prometió verdad y justicia para Ayotzinapa. Ha reconocido que es una de sus promesas que no ha logrado cumplir. Recientemente la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha dado un informe (bit.ly/3wmYqhP). En medios de comunicación burgueses se ha dicho que este informe es lo mismo que lo dicho en la Verdad Histórica, algo claramente falso. La versión que da la CoVAJ es claramente diferente. El punto más importante es que hay un reconocimiento oficial de que lo de Ayotzinapa “constituyó un crimen de Estado” (Informe CoVAJ, p.93).
Otra diferencia con la verdad histórica es que este informe reconoce la existencia de un quinto autobús que contenía (sin que los estudiantes supieran) dinero o drogas. Los estudiantes fueron desalojados para salir sin pasajeros de Guerrero rumbo al Estado de Morelos. Eso ocurrió, como dice Luis Hernandez Navarro, “sin ser detenido, librando 16 retenes en el perímetro de Iguala en todas sus salidas. ¿Quién, sino el Ejército, fue capaz de facilitar una operación de esa magnitud?” (La Jornada – Ayotzinapa, al filo del abismo).
También estos medios dicen que el nuevo informe no aporta nada nuevo. Lo cierto es que no nace de la nada, es resultado de la colaboración con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, aportes de investigaciones periodísticas, intervención de organizaciones sociales, declaraciones de los sobrevivientes, etc. Pero, al contar con más fuentes de información (dicen que se usaron 41,168 documentos incluyendo conversaciones, videos, capturas de chats, intervenciones de la DEA y el ejército, entrevistas a implicados, etc.) sí da nuevos datos y abre nuevas líneas de investigación.
Sin embargo, el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que goza de gran autoridad, ha criticado que no le han dado acceso a todas las fuentes. Los padres, si bien no desestiman a priori este nuevo informe, sí piden que sea comprobado y verificado científicamente por el GIEI.
La CoVAJ dice que al salir de la central de autobuses, donde los estudiantes tomaron unidades, nunca volvieron a juntarse. Se refleja la actuación conjunta de distintas corporaciones armadas del Estado y del crimen organizado (algo ya conocido) que atacaron en distintos momentos a los estudiantes. Retuvieron a los estudiantes en distintos puntos para después recibir la orden de ejecutarlos y desaparecerlos (“pasarlos a machete”).
La CoVAJ reconoce a uno de los infiltrados del ejército en Ayotzinapa, Julio Cesar López Patolzin, quien daba información regular. Este joven es uno de los 43 desaparecidos y sus altos mandos no hicieron nada (cómo los protocolos del ejército indican) para rescatarlo.
Además, el informe ratifica lo que el GIEI y toda una serie de periodistas ya había dicho, “las autoridades federales, estatales y municipal (Sedena, CISEN, Policía Federal Preventiva, gobierno de Guerrero, Policía Estatal, entre otras), estaban informadas y dando seguimiento a las acciones de los estudiantes en el marco de las movilizaciones de la Normal de Ayotzinapa y la FECSUM de cara al 2 de octubre en la Ciudad de México” (Informe CoVAJ, pp. 31 y 32). Lejos de proteger a los estudiantes estuvieron implicados en su represión y desaparición, para después montar una versión falsa de los hechos para encubrirse.
El informe señala que por 5 días un grupo de estudiantes secuestrados se mantuvo vivo y el ejército tampoco hizo nada para rescatarlos.
Los estudiantes, entonces fueron retenidos en grupos diferentes en distintas lugares, fueron presuntamente ultimados y sus cuerpos tuvieron diferentes destinos. Señalan que han hecho labores de búsqueda en donde las investigaciones han señalado que pueden estar los estudiantes, así fue que encontraron ADN en algunos de los más de mil pequeños restos humanos recuperados, algunos de ellos corresponden a dos estudiantes desaparecidos: Joshvani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Anteriormente se encontraron en Cocula restos (que se sospecha pudieron haber sido sembrados) de Alexander Mora, otro de los 43. De 40 estudiantes más, no hay un sólo rastro ni evidencia científica de su muerte.
No hay verdad sobre los 43
Los actuales estudiantes de Ayotzinapa están impulsado toda una jornada de lucha exigiendo saber dónde están sus compañeros. Los padres de los normalistas se han posicionado, al cumplirse 95 meses de la trágica noche de iguala, 7 años y 11 meses, salieron como cada día 26 a marchar. En esta lucha, estas familias pobres, han tenido que lidiar exigiendo justicia, llevándose con ello su salud, también la vida de algunos de los padres que han muerto sin encontrar el paradero de sus hijos. Ahora el gobierno dice que sus hijos pueden estar muertos, pero no les entregan sus cuerpos a quien llorarles y enterrarlos. En la Ciudad de México, declararon sobre el informe del CoVAJ:
“El reconocimiento que los hechos acontecidos el 26 de septiembre es un Crimen de Estado es significativo ya que evidencia que diversas entidades estatales participaron en la desaparición de nuestros hijos y que deberán ser investigadas y sancionadas.
“La participación de autoridades de por lo menos cuatro municipios aledaños a Iguala, policía federal y elementos del 27 y 48 batallón de infantería, así como de la 35 zona militar. Los hechos de Ayotzinapa fueron complejos.
“Se desarrollaron en varios lugares por lo que fue una agresión de gran magnitud que implicó la participación de diversas corporaciones estatales y grupos delictivos que les permitieron controlar y dirigir la agresión criminal y cobarde contra nuestros hijos.
“El paradero y el destino de nuestros hijos no está esclarecido, existe prueba técnica preliminar que debe ser estudiada y analizada bajo el más alto rigor científico para que esté consolidada y pueda sostener la afirmación del gobierno. Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad donde están y que pasó con ellos”. (Entre el dolor y la esperanza: 8 años de lucha por la verdad – Tlachinollan | Centro de Derechos Humanos de la Montaña).
Julio Cesar Mondragón, fue uno de los estudiantes asesinados en la noche del 26-27 de septiembre de 2014, sería además desollado. El informe menciona el momento en que fue sometido, mensajes posteriores entre sicarios que presuntamente cometieron el hecho y sabían su seudónimo. También dice que sólo 3 estudiantes llamaron la atención de Guerreros Unidos, uno de ellos fue Julio Cesar Mondragón.
La familia de Julio Cesar Mondragón señala que el informe de Encinas no aclara a cabalidad quienes fueron los culpables de su asesinato. En un comunicado dicen: “Exigimos que en el informe de la Comisión se profundice en cómo es [que] los asesinos sabían el sobrenombre Julio César Mondragón, y cómo y por qué había sido señalado como objetivo prioritario para quienes lo mataron”. Informe sobre Ayotzinapa no aclara caso de Julio César Mondragón, denuncian familiares – Desinformémonos (desinformemonos.org)
¿Habrá justicia?
Tras presentar el informe, el exprocurador Murillo Karam, la cara más pública de defensa de la verdad histórica, ha sido encarcelado y fincado a proceso. Se han extendido en total 83 órdenes de aprehensión, incluyendo a una veintena de militares. Pero al momento que Karam entraba a la cárcel, salía de ella Rosario Robles, ex funcionaria del gobierno de EPN que estuvo presuntamente implicada en una de los más grandes actos de corrupción de la historia del país. En este sexenio hemos visto desfilar en las cárceles a exfuncionarios y empresarios corruptos, para después verlos salir sin haber cubierto las condenas que les corresponden por sus delitos cometidos.
El informe de la CoVAJ da un dato relevante, 26 testigos clave han muerto durante el proceso, muchos de ellos asesinados. También muestra cómo el poder judicial ha actuado en contra de la justicia (incluso en los límites que te da el Estado burgués). El caso fue dispersado en 7 entidades del país, los jueces han actuado discrecionalmente interpretando las pruebas y los casos en detrimento de la justicia. Por ejemplo, se ha liberado a los posibles implicados sin dar aviso al Ministerio Público, se niegan pruebas o se argumenta falta de competencia para atender el caso, etc.
El abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, ha señalado que no basta con dar información para que esta se vuelva una prueba jurídica y el ejército tiene información que no quiere ratificar para darle validez en el proceso judicial.
Todo el aparataje legal actúa en contra de la justicia y la protección de los delincuentes, no podría ser diferente, pues es el actuar del Estado auto protegiéndose.
El informe de la CoVAJ dice:
“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos. Alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes” (p. 96).
Pese a ello, no se está considerando (como ya lo dijo AMLO en una conferencia mañanera) investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ni a Salvador Cienfuegos, quien fuera encargado de la Secretaría de Seguridad Nacional (Sedena). Este general por breve tiempo fue detenido en Estados Unidos por delitos del narcotráfico pero fue liberado por negociaciones al más alto nivel entre el actual gobierno mexicano y el estadounidense.
El gobierno de AMLO está actuando de una forma diferente al gobierno de Peña Nieto, el problema radica en que el ejército está directamente implicado en este crimen y el gobierno actual, hasta el momento, no ha mostrado disposición a enfrentarse seriamente a él. Sus hechos muestran que está dispuesto a avanzar hasta el punto que no choque con las fuerzas armadas castrenses y, habrá que añadir, sin atacar a altos funcionarios gubernamentales implicados, empezando por el expresidente EPN. Eso, en el transcurso de estos años, ha sido percibido por los padres de los 43, sumado a que el tiempo avanza sin tener resultados concretos de justicia, ha llevado a una mayor incredulidad y desconfianza al actual gobierno por parte de los padres de los normalistas desaparecidos.
Fue, es, el Estado
¿Qué es el Estado? Es un instrumento creado, en última instancia, para proteger los intereses de la clase dominante. Los cuerpos de hombres armados y todo el entramado legal actúa a favor del gran capital y la gran burocracia Estatal, no a favor de los trabajadores ni para dar justicia a las mujeres agredidas o encontrar a los desaparecidos, etc.
El gobierno de AMLO se ha planteado no la construcción de un nuevo Estado organizado y controlado por los trabajadores sino reformar el viejo aparato Estatal burgués. Estructuras como la CoVAJ actúan como cuerpos extraños en un organismo que lucha contra ellos, porque va en contra de su naturaleza.
El Informe de la CoVAJ, además, muestra cómo el Estado (el ejército en particular) infiltró a los estudiantes para combatir la lucha que realizaban. Eso son acciones contrainsurgentes que no deberían permitirse dentro de una escuela pública. Guerrero es un Estado con gran tradición de lucha y también historia de represión, donde el ejército ha sido instrumento para los peores crímenes que incluyen asesinatos de líderes como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, así como masacres a poblaciones, pasando por torturas, vuelos de la muerte, violaciones sexuales y un largo etcétera.
Las instituciones estatales actúan con lógica propia, el gobierno actual trata de domarlas, pero no han dejado de actuar bajo una lógica propia. Cuando AMLO formó otra comisión, para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990; el dirigente de las fuerzas armadas, Luis Crecencio Sandoval, dijo:
“De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.
Eso es una ofensa a los luchadores torturados, encarcelados, desaparecidos y asesinados. No puede haber reconciliación sin justicia, no puede ponerse en el mismo plano a las víctimas y a los victimarios.
La periodista Paula Mónaco Felipe, autora del libro Ayotzinapa, horas eternas, ha señalado sobre el actual informe: “Donde me quedó mal sabor de boca es en el abordaje muy superficial, muy poco detallado de la participación de las fuerzas armadas”. (77) Gran avance, el informe #43; falta precisión contra impunidad: Mónaco Felipe – YouTube
El que existan 20 órdenes de aprensión contra el ejército no es garantía de nada. Para los altos mandos son soldados sacrificables, que pueden caer en batalla, como lo fue el soldado infiltrado desaparecido entre los 43.
El gobierno de AMLO ha buscado que las fuerzas armadas actúen en otras labores como atender la emergencia sanitaria o construir las grandes obras públicas estatales. Es uno de los pilares con los cuales ha gobernado. Si bien no ha tenido la política de usarlo para reprimir, éste sigue intacto y sin ser mínimamente depurado. Todo el aparataje estatal se ha creado para la defensa del actual sistema, su clase gobernante (capitalistas), la alta burocracia y cúpula militar. AMLO no ha mostrado querer enfrentar al ejército, sino que contrario a esto les pone como propietarios del tren maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y quiere incorporar a su control a la enorme corporación de la Guardia Nacional. AMLO dejará un Estado y a su ejército fortalecido, mientras ellos no han cambiado su naturaleza de clase.
No son 43, son más de 104 mil
Si en el pasado el ejército había hecho atrocidades en Guerrero, ahora sumamos la presencia del crimen organizado. Estos grupos se infiltran en los partidos, imponen presidentes municipales o los someten. Están arraigados a las estructuras del Estado, eso se explica en el actuar de la noche de Iguala. Los grupos de narcotraficantes tienen presidentes municipales, diputados, funcionarios y hasta gobernadores. Sectores de las fuerzas armadas y, en general, del Estado actúan en su beneficio. Los carteles amedrentan a la sociedad, podemos mencionar el caso reciente en que establecieron el monopolio de la venta de pollos en ciudades como Chilpancingo, imponiendo altos precios con el objetivo de tener más recursos. En medio de la pugna entre los grupos del crimen organizado está la población.
Ese ambiente de reacción contrasta también con las fuertes tradiciones de lucha en Guerrero. Desde mediados de los 90 las comunidades formaron policías comunitarias y lograron su legalización, pero el crimen organizado (bajo el vacío dado por el Estado) suele atacarlos. En los lugares donde el movimiento no es tan fuerte activistas sociales son amedrentados y amenazados. No solo eso, siguen asesinando a líderes campesinos, comunitarios y del magisterio.
En 2014, el auge del movimiento hizo unificar al proletariado (encabezado por el magisterio), con las Policías Comunitarias arraigadas en las comunidades y el estudiantado de Ayotzinapa. En Tixtla, municipio donde se encuentra la Normal Rural, la población llegó a tener el control del municipio y no fue el único lugar donde vimos expresiones de este tipo. En medio de la barbarie a la que nos está llevando el capitalismo, una nueva sociedad comenzaba a nacer.
En el país se suman ya más de 104 mil 500 desaparecidos. Sabemos que este ambiente de violencia no inició en este sexenio, explotó en el gobierno de Felipe Calderón. Mientras que con Vicente Fox (2000-2006) hubo más de 60 mil homicidios dolosos, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) la cifra se dobló a más de 120 mil. Con Enrique Peña Nieto (2012-2018) los homicidios dolosos fueron más de 156 mil. Pero este gobierno, aunque pueda tener buenas intenciones, no ha frenado esta barbarie y en este periodo ya se superó las cifras de homicidios que hubo bajo el sangriento gobierno de Calderón.
El Estado y el sistema son el problema
La noche de Iguala nos mostró dos caras. La putrefacción, la descomposición, la barbarie a la que nos está llevando el sistema. Nos hizo ver la fea cara de un Estado criminal, ligado al crimen organizado. También nos mostró la dignidad de los jóvenes y trabajadores del campo y la ciudad, la inspiradora lucha que adquirió tintes revolucionarios y mostraba embrionariamente el nacimiento de una futura sociedad. Es sólo así, cuando los trabajadores del campo y la ciudad tomemos el poder, creemos un estado (del que las policías comunitarias arraigadas en el control de la comunidad, que embrionariamente muestran un futuro estado controlado por los trabajadores) y destruyamos este putrefacto sistema, cuando evitaremos que nuevas noches de iguala y desapariciones ocurren en el país. El actual gobierno hace reformas, hoy da un guiño que da, de alguna forma, esperanza pero no trastoca ni las estructuras del Estado (el mismo que desapareció a los 43) y que siguen frenando que haya justicia; ni tampoco transforma de manera radical el sistema que mantiene a la sociedad en la miseria, que descompone el tejido social y de la cual se nutre el crimen organizado. No podemos curar a un enfermo terminal con una aspirina, no salvaremos al sistema buscando reformarlo.
A la par que debemos continuar exigiendo la verdad, el castigo a los culpables materiales, la aparición de todos los estudiantes desaparecidos en la noche del 26 de septiembre y justicia para los que murieron y quedaron en coma esa noche; debemos ser claros que necesitamos luchar por un cambio verdaderamente radical en esta sociedad. Sepultar a este sistema violento y explotador y a su Estado.
En 2014 adolecimos de una organización revolucionaria a nivel nacional, necesitamos construir un partido no electorero sino de combate y revolucionario con un programa de clase, que plantee una sociedad diferente, socialista, basado en la democracia de los trabajadores.
