Albino Alfaro
En tiempos de pandemia, bajo un vicioso sistema capitalista, muchas cosas se han tornado difíciles para la economía de los países empobrecidos latinoamericanos y una de las grandes problemáticas es la caída de las remesas desde el exterior, las cuales, en el caso de El Salvador equivalen a cerca del 17.1% del Producto Interno Bruto (PIB) y son una importante fuente de ingresos tanto para el diario vivir de muchas familias como para la economía nacional.
En un país acostumbrado a consumir mucho más de lo que produce, las remesas significan fuertes ingresos para los grandes inversionistas extranjeros y nacionales que captan la mayoría de este dinero a sus fortunas individuales, sin que se pueda invertir para garantizar el bienestar ciudadano tan necesario en esta pandemia. Según cálculos del Banco Central de Reserva (BCR), en el mes de abril se sufrió la caída más fuerte de este rubro económico, este hecho atiende al cierre de las economías de los países de destino de los compatriotas remitentes, debido a la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
En Estados Unidos, país que representa 95.7% del total de remesas recibidas y que ha sido epicentro de la pandemia durante los últimos meses, la tasa de desempleo total pasó de 3.6% en mayo de 2019 a 13.3% en mayo de 2020, y la tasa de desempleo latino registró 17.6% en mayo de 2020, mayor en comparación con la registrada el año pasado cuando fue de 4.2%.
Los migrantes, en especial los indocumentados, son sin duda alguna uno de los sectores de la población más afectados en esta pandemia, su situación los pone en un lugar desolado y triste entre los escombros de la actual crisis, muchos no tienen la posibilidad de trabajar, ya sea porque los contratos han sido rotos sin ningún tipo de impedimento legal o que la mayoría de los trabajos generalmente realizados por migrantes indocumentados son en sectores que no brindan las condiciones para realizarse remotamente y esto provoca que no puedan obtener lo necesario para cubrir sus necesidades básicas.
Otra de las duras situaciones es el hecho que la actual crisis sanitaria obliga a cualquier persona a tener a disposición asistencia médica digna, misma que los migrantes indocumentados no pueden obtener en los países de destino ya sea porque son excluidos de los programas de salud o porque temen correr un riesgo más alto de deportación al ser atendidos por alguna enfermedad. Para el caso de los migrantes salvadoreños, el 50% son indocumentados y la situación actual de desempleo en los países de destino de estos provoca en consecuencia la caída de las remesas, repercutiendo negativamente en la realidad de miles de familias salvadoreñas dependientes de ese ingreso que se ha vuelto fijo.
El impacto de la crisis del Covid-19 en los deportados
Las deportaciones son uno de los desenlaces más crueles para los migrantes irregulares, pero estas no solo significan el hecho de reingresar al país de origen, sino que son un duro golpe emocional que incluye un largo proceso de detención en estado de hacinamiento, en muchos casos que toma hasta 18 meses, con severos atropellos a sus derechos humanos y un drama familiar debido a que varios de los sujetos de estas deportaciones son separados de sus familias sin ningún tipo de excepción. En tiempos de pandemia, el panorama no ha sido nada alentador para estas personas y difícilmente será mejor, pues al no encontrar en su país de origen ningún tipo de oportunidad laboral, sin opciones de educación y salud digna, bajo el umbral de la pobreza y envueltos en un entorno plagado de violencia por las falencias del sistema desigual, prefieren tomar los muchos riegos de conlleva la migración irregular en especial a Estados Unidos.
En El Salvador, las deportaciones, a pesar de haberse reducido en un 67% en lo que va del 2020 en comparación con el año anterior, no se detuvieron en ningún momento, ni siquiera en el punto más álgido de la emergencia por Covid-19, todo esto se realizó con la venia de la administración Bukele.
Haciendo un simple análisis, esto brinda una gran contradicción con lo que el gobierno de El Salvador aplicó durante los meses más críticos de la pandemia, donde se tomaron medidas extremas con motivo de la supuesta búsqueda de la menor cantidad de contagios posibles por Covid-19 en el país, como cierres de aeropuertos y fronteras, lo cual imposibilitó de golpe que los migrantes regulares varados en el exterior regresaran al país además de una cuarentena obligatoria que en un principio era penada con castigo de detención ilegal en centros de contención del virus si esta no se acataba por la población.
Las entidades del Ejecutivo a cargo de este tema manifestaron que el flujo de personas deportadas no se detuvo porque estas estaban siendo controlados por las autoridades de salud en los países a los que migraron y que en el caso de los demás salvadoreños varados (migrantes regulares), no se tenía un control sanitario igual, pero contrario a esta explicación, en Estados Unidos, según distintas organizaciones y especialistas en derechos humanos de la ONU, las condiciones insalubres y de confinamiento en los centros de detención son focos de infección y constituyen un potencial peligro sanitario para los países de origen a los que son deportados los migrantes en este proceso.
En El Salvador durante los meses más fuertes en lo que a contagios se refiere y en que se aplicaron las más duras y arbitrarias medidas por parte del Ejecutivo salvadoreño en contra del virus, el ciclo de retorno del migrante ilegal deportado se endureció, debido en parte al duro proceso de encarcelamiento por razones legales migratorias en los centros de detención en el país del que son deportados y por otro lado porque en su propio país de origen fueron objetos de cuarentena obligatoria siendo incluidos en los mismos centros de contención que las demás personas que por distintas razones llegaban a ser recluidas, sin un protocolo especial de trato a este sector que trae traumas emocionales y que por sus condiciones anteriores en su detención en los países deportadores representaban un peligro mayor a contagio por Covid-19 pero, al parecer al gobierno de El Salvador le complace más dar consentimiento a lo que el gobierno de EEUU decide que buscar opciones dignas para las personas migrantes irregulares.
Muchos de los deportados durante la pandemia, al no cumplir ningún requisito que el gobierno de El Salvador media para ser sujetos de ayuda estatal, fueron excluidos de la entrega de los $300 y las canastas alimenticias, demostrando una vez más, como es normal para los gobiernos burgueses, que los sectores oprimidos de la sociedad no son su prioridad, en cambio su prioridad es manejar la crisis como instrumento para las elecciones que se avecinan en el país salvadoreño.
¿Cuál es la alternativa socialista a la dependencia de las remesas?
La migración irregular es causada esencialmente por la gran cantidad de desequilibrios que brinda el sistema capitalista instaurado en los países latinoamericanos y que son el patio trasero de economías como la estadounidense, donde la clase trabajadora no tiene oportunidades de empleo digno, los campesinos no tienen acceso a tierras para producir y donde estos sectores se encuentran vulnerables respecto a la gran empresa privada que utiliza al Estado como un instrumento para consolidarse y mantenerse como clase dominante.
En El Salvador, la dependencia de las remesas familiares y la migración irregular se ha dado más fuertemente en los gobiernos civiles reformistas y derechistas, que luego de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a una guerra de 12 años provocada por descomunales atropellos a los derechos humanos por parte del Estado burgués, aunado a un gran proceso de cambios voraces en pro de la neoliberación de la economía, entre ellas las privatizaciones y la dolarización, provocaron que las condiciones de vida de las clases oprimidas salvadoreñas se vieran reducidas a la miseria por medio de reformas políticas y económicas que hasta hoy en día siguen golpeando duramente el desarrollo económico de los oprimidos y aumentando el desarrollo económico de los grandes capitalistas.
Esta dependencia solo puede ser combatida con un pleno desarrollo de las fuerzas productivas donde se asegure un mayor porcentaje de oportunidades de crecimiento humano y mejores niveles de vida a las grandes mayorías oprimidas salvadoreñas y superando la crisis institucional que provocan la burocratización del Estado y la corrupción, que permite males como la evasión fiscal impune. La forma más acertada de solucionar esta dependencia, implica la reestructuración del sistema de recaudación fiscal. Se requieren reformas revolucionarias capaces de encauzar los recursos de la nación y dirigirlas a las clases oprimidas, las cuales son la mayoría y así atender las necesidades básicas de vida de este sector. Necesitamos del socialismo para planificar la economía con base en las necesidades reales de las población y quitar de en medio de la ecuación las ganancias obscenas que ostentan unos pocos ultraricos en el país.
