Durante las últimas semanas, diversos casos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele han salido a la luz. Teniendo en cuenta la historia de corrupción transversal que ha acompañado a todos los gobiernos de El Salvador esto no sería tan sorprendente, de no ser porque se ha dado en medio de la crisis sanitaria más grande que ha atravesado la humanidad en los últimos 50 años, la pandemia del Covid-19, en un gobierno que prometió erradicar las prácticas corruptas de sus antecesores y gobernar con pulcritud y transparencia.
Debemos acotar que este no es un problema exclusivo del país, en toda la región se ha develado casos asquerosos de corrupción en medio de la pandemia, lo común son las compras con sobreprecio de los insumos para enfrentar el Covid-19. En Ecuador, por ejemplo, se identificó una red criminal que conspiró con funcionarios para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres con un sobreprecio de hasta 13 veces más respecto a su precio real. Como apuntó el New York Times este esquema en Ecuador para desviar fondos podría considerarse el más descarado.1 Sin embargo, muchos casos más también son de magnitudes sorprendentemente descaradas y El Salvador no se queda atrás.
Al inicio de la cuarentena, el gobierno salvadoreño parecía ser uno de los pocos gobiernos que le apostaría seriamente a la transparencia, pero a casi cuatro meses de iniciada la emergencia esto parece haber quedado solo en palabras. En unas de las cadenas nacionales brindadas por el presidente Nayib Bukele a mediados de marzo, advirtió sobre el hecho que para enfrentar el Covid-19 iban a fluir decenas de millones de dólares y fue enfático en decir que esto no se convertiría en un Taiwan 2 -refiriéndose a la corrupción millonaria del ex presidente Francisco Flores con fondos donados por Taiwan para atender la catástrofe de los terremotos a inicios de los años 2000-. Luego sentenció: “El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso”, y para dar mayores garantías de transparencia pidió al comisionado de la CICIES asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que hicieran todas las carteras del Estado durante la emergencia.
A pesar de lo anterior, semanas después se hizo público cómo el gobierno saboteó un comité fiscalizador para supervisar los préstamos.2 Este comité a pesar de no ser representativo de los intereses de la clase trabajadora, nunca recibió planes del gobierno para manejar los miles de millones de dólares que estaban solicitando. Además una de las luchas más férreas que han tenido los representantes del gobierno contra los diputados de la Asamblea Legislativa es debido a la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones -LACAP- para fiscalizar las compras que se están realizando; los funcionarios de gobierno argumentan que esto sirve para retrasar la compra de insumos médicos urgentes y que, por tanto, pone en riesgo la vida de los salvadoreños.
Compras y contrataciones rápidas: caldo de cultivo para la corrupción
Para atender la pandemia se debe actuar rápido, eso es indiscutible. Esto hace necesario que las licitaciones públicas, los estudios de mercado, etc., se pasen por alto y se acorten procesos que normalmente podrían durar varios meses. Este accionar rápido puede ayudar a salvar muchísimas vidas pero a la vez incentiva la corrupción a grandes niveles. A los pocos días de iniciar la cuarentena se aprobó una legislación de emergencia que le daba las facultades al gobierno para acortar los procesos de compra.
Los mecanismos de corrupción más utilizados han sido la compra y contratación de servicios a un precio sobrevalorado. El que más sospechas ha levantado desde su anuncio ha sido el ahora llamado ‘Hospital El Salvador’. Lo que pretendía ser el hospital provisional más grande de Latinoamérica para atender el Covid-19 que iba a constar de un edificio de tres niveles, ha pasado a ser un hospital permanente que consta de tres etapas. Cuando se informó sobre esta construcción el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo que el costó de la obra rondaría los $70 millones, sin embargo, a medida ha ido transcurriendo el tiempo ha dicho que el costo total oscilará entre los $70 y $100 millones, sin dar una cifra exacta, lo cual a esta fecha es inadmisible dado que ha tenido el tiempo suficiente para calcular con exactitud cuanto costará la obra completa al final.
A inicios de junio, una investigación de El Faro reveló que el MOP contrató una oferta de $3.9 millones para la construcción de los cimientos del edificio de tres niveles en el parqueo del CIFCO a la empresa Icivil infraestructura,3 a pesar de que esta empresa no cuenta con la experiencia necesaria en este tipo de construcciones y que se contaba con una oferta de $2.8 millones -es decir, $1.1 millones más barata-. El gobierno se ha quejado constantemente de no tener los recursos necesarios entonces ¿por qué optar por la oferta más cara? Esto es un misterio, que solo puede ser explicado por la compra de voluntades a través de cuantiosas comisiones que los empresarios están dispuestos a pagar a diversos funcionarios por el otorgamiento de estos contratos. Es una lógica ganar-ganar entre empresarios y funcionarios corruptos a costa del dinero del pueblo que rige en todos los gobiernos capitalistas del mundo.
A pesar de que fuertes indicios de corrupción como el anterior han estado resonando constantemente, fue el caso de Koky Aguilar el que más alcance mediático ha alcanzado y a partir del cual ha iniciado una ola cada vez más grande de acusaciones de corrupción al gobierno, quien ha tratado sin éxito de desmentirlas. Una investigación de Salud con Lupa descubrió que la empresa de reciclaje de plástico de Koky Aguilar, quien era presidente del Fondo Ambiental de El Salvador, le vendió protectores faciales al Ministerio de Salud por un cuarto de millón de dólares.4
Esto contaba con varias irregularidades, la primera de ellas, es que según los artículos 25 y 26 de la LACAP ningún funcionario ni familiar pueden presentar ofertas a instituciones públicas, violaba además la Ley de ética gubernamental y el principio de “economía de escala” debido a que los protectores fueron vendidos con un sobreprecio de 121% por unidad. El presidente Nayib Bukele se pronunció diciendo que había ordenado la separación del cargo de este funcionario, lo cual para muchos equivalía a su despido, no obstante, el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, ha dicho que Koky en realidad ha sido literalmente “separado” mas no despedido del cargo.
Por otro lado, esta aparente sanción de Bukele es imparcial, dado que en este negocio tuvo participación también el ministro de Salud, Francisco Alabí, quién ha tratado de desmarcarse diciendo que desconoce el tema, pero su firma esta estampada en el espacio de “contratante” en la orden de compra, según las pruebas ofrecidas por Salud con Lupa.
Además de estos casos, también se viralizó el caso del viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya, cuyos empleados vendieron $750,00 dólares en protectores faciales al Ministerio de Salud igualmente con sobreprecio. Las adjudicaciones de ANDA sin licitación para la construcción de pozos haciendo uso de la emergencia a un precio sobrevalorado; entro otros más.
Históricamente, el sector salud en nuestro país ha estado plagado de casos de corrupción. Esto se agudiza en medio de la pandemia debido a la flexibilización de los mecanismos de compras con fondos públicos. El presidente Bukele ha salido al paso diciendo que estas acusaciones se enmarcan en una campaña de desprestigio contra el gobierno y sus funcionarios, además de una campaña sucia de cara a las elecciones del próximo año. Pero las pruebas son contundentes y están a la vista de cualquiera, y deja un sinsabor de boca para aquellos que mínimamente creían en las buenas intenciones del gobierno para acabar con esta otra pandemia llamada corrupción.
¿Cómo se puede acabar con la corrupción? ¿Más controles “democráticos”?
Los defensores del sistema democrático burgués, de los cuales forman parte los reformistas, sugieren que para acabar con la corrupción es necesario “fortalecer las instituciones democráticas”, aseguran que solo esto garantizaría acabar con este mal de una vez y para siempre. Algunas de sus propuestas son imponer más órganos fiscalizadores, endurecer las leyes y las condenas penales por corrupción, crear leyes de acceso a la información pública, etc. Además, alegan que la máxima libertad de prensa así como la independencia fiscal asegurarían un correcto funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos dentro de la democracia burguesa; sin embargo, esto ha demostrado con sobradas evidencias a lo largo de los años ser nada más una ilusión imposible de cumplir. El Estado burgués no es neutral y, por lo tanto, sus instituciones no están para asegurar justicia y defender los intereses de “todos”, sino únicamente de la clase que ostenta el poder: la burguesía.
Aún así, algunos defensores del gobierno actual pueden alegar que estos casos de corrupción deben verse como una falta de los funcionarios que los han cometido. Y en ese sentido, tratarán de desviar la atención hacia una instancia individual e insistirán en que la corrupción es un problema moral y ético de algunos y que no se debe condenar a todo un gobierno por esto. Esto a simple vista parece ser lo justo, pero enfocar el problema desde este punto de vista es un error.
Si bien es cierto el papel del individuo es un factor que no se puede dejar de lado en el análisis de la corrupción, debido a que el capitalismo alienta a los seres humanos a buscar riquezas por medios legales o ilegales para la obtención del poder político, económico y social, el problema de la corrupción se encuentra en el funcionamiento mismo del sistema capitalista; por tanto, dentro de este sistema todos los gobiernos son hechores y cómplices de los mayores actos de corrupción que condenan a los desposeídos a una vida deplorable e indigna.
Un gobierno de la clase trabajadora para acabar con la corrupción
Los marxistas hemos explicado en repetidas ocasiones que la corrupción es inherente al capitalismo; la primera forma de robo se da en el seno mismo de la producción, en la explotación, cuando al trabajador no se le paga el total de lo que produce, sino solamente lo necesario para subsistir mínimamente.
No nos podemos crear ilusiones de que las cosas pueden cambiar dentro de este sistema. El socialismo lucha por la instauración de sistemas democráticos dirigidos por la clase trabajadora misma. Estos gobiernos acabarían con los privilegios de los que hoy gozan los funcionarios corruptos al servicio de los grandes empresarios y banqueros, tales como los altos salarios, gastos de representación, dietas, etc., que alientan una vida alejada de las necesidades de la población en general.
Un gobierno de la clase trabajadora impondría la revocabilidad de los funcionarios de sus cargos, si no cumplen con las expectativas planteadas. En los juicios tanto los jueces como los jurados serían elegido democráticamente por sufragio universal. Al destruir el Estado burgués, sustituyéndolo por un Estado obrero se acabaría con los privilegios de los funcionarios corruptos que están a favor de una minoría poderosa en la sociedad actual.
La lucha contra la corrupción para los revolucionarios es la lucha por la instauración de un gobierno democrático de la clase trabajadora, el cual garantizaría que los recursos estén a favor de toda la sociedad y no para el enriquecimiento de unos pocos.
Notas:
[1] Los villanos del virus en Latinoamérica: especuladores de equipos de protección y funcionarios corruptos, en: www.nytimes.com/es/
[2] El Salvador: renuncia la mitad del comité que se encarga de los dineros del Covid-19, en: www.france24.com/es/
[3] MOP contrató una oferta $1.1 millones más cara para anexo del hospital CIFCO, en: www.elfaro.net/es/
[4] El Salvador: La empresa de un funcionario público vendió protectores faciales al gobierno, en: www.saludconlupa.com
