Por Sara Mondragón.
Organizaciones sociales, indígenas, gremios de trabajadores y sindicatos de Ecuador iniciaron en las primeras horas del martes 26 de octubre una nueva jornada de protestas contra las políticas económicas del presidente Guillermo Lasso. Las manifestaciones fueron convocadas por el sector indígena ecuatoriano, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el sindicato mas grande del país, el Frente Popular (FP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE).
A la convocatoria se unieron organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Negras e Indígenas, entre otros. De acuerdo con las organizaciones convocantes, el paro nacional es en rechazo al aumento de los combustibles que anunció el presidente Guillermo Lasso, en un clima convulsionado en el país por problemas económicos, tensiones políticas y un incremento de la inseguridad. La jornada de protestas demanda políticas económicas y sociales justas para los trabajadores y los sectores de menos ingresos. Entre los reclamos se encuentran congelar el precio de los combustibles y el apoyo al proyecto de Código Laboral recientemente presentado ante el Legislativo por el FUT y rechazan la propuesta de Ley de Creación de Oportunidades.
El paro nacional implica un desafío para las autoridades en el marco del estado de excepción decretado la semana pasada por el mandatario. La medida, adoptada por 60 días para combatir la «delincuencia y el narcotráfico» en las calles, habilita a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía Nacional en el control de la seguridad interna, algo que sin duda se va a usar contra las protestas sociales… El presidente además señaló la semana pasada que no tolerará hechos de violencia y que cuenta “con el apoyo de las Fuerzas Armadas”. El viernes 22 de octubre, el mandatario dio marcha atrás en los incrementos mensuales de los combustibles, una que decisión que había generado un repudio generalizado entre la oposición y buena parte de la sociedad. Sin embargo, los movimientos sociales, campesinos e indígenas cuestionaron que, antes de retroceder en el aumento, el presidente aplicó un incremento de 21 centavos de dólar por galón en el caso del diésel y de cinco centavos respecto al costo de la gasolina. Así, el precio quedó fijado en 2,55 dólares el galón de la extra y 1,90 el del diesel, un costo considerado elevado para los movimientos sociales.
Por su parte, campesinos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) bloquearon las carreteras en diez de las 24 provincias ecuatorianas, en el segundo día de protestas contra las medidas del Ejecutivo. Los manifestantes impidieron el paso de los vehículos en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Carchi, Los Ríos y Guayas. Mientras tanto, Lasso invitó en la noche a la CONAIE a dialogar en el Palacio de Carondelet el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, la organización decidió extender la protesta, impulsada fundamentalmente por el alza de los precios de los combustibles. Unos 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por los manifestantes fueron el saldo de la primera jornada de manifestaciones, según reportó el Gobierno.
Por su parte, las organizaciones civiles sugirieron que esta podría tratarse solo de la primera de varias jornadas más de protesta si el mandatario no escucha sus demandas. “No se descarta bloqueos hacia la ciudad de Quito si el Gobierno nacional no entiende que debe retroceder en sus políticas que han golpeado a la mayoría del pueblo ecuatoriano (…) No descartamos nuevas acciones en el transcurso del mes y en lo que va en los primeros días de noviembre”, sostenía horas antes Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, que aglutina a diversos sectores sociales.
Las movilizaciones además han sacado a la luz la división entre la CONAIE y su brazo político Pachakutik. La elección de Leonidas Iza como dirigente de la CONAIE en su séptimo congreso en julio, representa un cierto giro hacia la izquierda de esta importante organización. Durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en abril, Iza se opuso públicamente a la línea del candidato de Pachakutik Yaku Pérez de apoyar al banquero Lasso para impedir la victoria del correísta Arauz.
Ahora, la CONAIE ha desautorizado públicamente a la bancada de Pachakutik por haber aceptado negociar con el presidente Lasso la subida de los precios del combustible, y en su ampliado nacional acordó usar la justicia indígena para sancionar a los asambleístas que habían dialogado con el gobierno.
Se aplicará justicia indígena a quienes han incurrido en actos de indisciplina y a los asambleísta de @PKnacional18 que tomen decisiones ajenas a la organización, así lo anunció el presidente de la @CONAIE_Ecuador, @LeonidasIzaSal1. pic.twitter.com/Jqyvve0Sg4
— @TuVozTV (@tuvoztv) October 25, 2021
Las protestas se producen justamente cuando se cumplen dos años del levantamiento insurreccional de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno. En esa ocasión, las masas llegaron a forzar la huída del presidente de Quito y amenazaban con tomar el poder instalando una Asamblea de los Pueblos. Sin embargo, en el último momento, los dirigentes de la CONAIE (entre ellos el propio Leonidas Iza) llegaron a un acuerdo con Moreno que desactivó la movilización.
Dos factores importantes jugaron un papel en la traición de ese movimiento y es importante sacar las lecciones necesarias. Por una parte el sectarismo de los dirigentes de la CONAIE hacia el correísmo, que al final les llevó a caer en brazos de Moreno. En segundo lugar, y lo más importante, los dirigentes de la CONAIE no tenían, ni tienen ahora tampoco, una perspectiva para la toma del poder. Como consecuencia, en una situación en la que la cuestión del poder estaba planteada (¿quién gobierna, el presidente y la Asamblea Nacional, o los trabajadores y campesinos a través de la Asamblea de los Pueblos?), el no querer resolverla les llevó a mantener en el poder al odiado Lenín Moreno, cuyas manos estaban manchadas con la sangre del pueblo por la represión del movimiento.
Con solo cinco meses en el poder, el conservador Guillermo Lasso suma varios problemas. A la conflictividad económica y social, se suma la crisis carcelaria que ya cuenta con 1.900 fallecidos este año, la ola de violencia y sicariato que acabo con la vida del atleta Álex Quiñónez uno de los mejores velocistas del mundo quien fue asesinado a bala. Y las denuncias por el descubrimiento de sus empresas “offshore” que revelaron cómo presuntamente ocultó activos en paraísos fiscales, y por las que el mandatario enfrenta tres investigaciones paralelas.
Pandora Papers
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus iniciales en inglés) ha difundido la filtración más grande acerca de operaciones offshore. El trabajo tiene como fuente a más de catorce firmas de abogados especializados en la creación de sociedades financieras en paraísos fiscales; estas firmas cuentan con diferentes clientes en varias partes del mundo. Este trabajo contó con la participación de más de 600 periodistas de todas las latitudes, pertenecientes a 117 medios de comunicación que analizaron diferentes tipos de archivos, sometiéndolo análisis rigurosos para develar las maniobras que hacen figuras públicas con la intención de evadir impuestos en sus países.
Unos 35 jefes y exjefes de Estado aparecen en los Pandora Papers. De América Latina y el Caribe, se encuentran 14 jefes y exjefes de Estado como el presidente de Chile, Sebastián Piñera (y algunos de sus hijos); de Ecuador, presidente Guillermo Lasso; de República Dominicana, Luis Abinader; así como otros exmandatarios, de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana; de Honduras, Porfirio Lobo; de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores; de Paraguay, Horacio Cartes; de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; de Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares y de Haití, Laurent Lamothe. Según el ICIJ, en una era de creciente autoritarismo y desigualdad, la investigación de “Pandora Papers” proporciona una perspectiva inigualable sobre cómo opera el “dinero y el poder” (léase, el capitalismo) en el siglo XXI, y cómo “se ha doblegado y roto el Estado de derecho en todo el mundo por un sistema de secreto financiero habilitado por Estados Unidos y otras naciones ricas”.
En Ecuador, el mandatario Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador está envuelto en una crisis política por sus vínculos con compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware en Estados Unidos. La Ley prohíbe a los candidatos y servidores públicos tener cuentas offshore. La oposición ha solicitado la renuncia del mandatario. Este se enfrenta al primer escándalo después de llegar al gobierno el pasado 24 de mayo. Al principio de su mandato tenía una aprobación ciudadana por encima del 70% y que ha ido disminuyendo hasta 20 puntos según los últimos sondeos.
La fiscalía general de Ecuador anunció que ha abierto una investigación preliminar contra el presidente Guillermo Lasso por fraude fiscal, después de que un líder de la oposición presentará acusaciones en su contra vinculadas a la filtración de Pandora Papers el cual señala a Lasso como creador de 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos. El presidente también esta siendo investigado por la Asamblea Nacional, que ha encargado a una comisión especial revisar meticulosamente la documentación y llamar a comparecer al mandatario, su esposa y la de uno de sus hijos para explicar las circunstancias en las cuales se abrieron las 14 sociedades. Lasso no compareció ante la comisión legislativa y, en su lugar, envió una carta en la que afirma y recuerda haber aclarado su cumplimiento con sus obligaciones tributarias en Ecuador y dice estar dispuesto a recibir a los miembros de la comisión en el Palacio presidencial para dar explicaciones una vez se hayan celebrado todas las comparecencias pertinentes. De las 14 sociedades financieras, 11 están inactivas y sobre las otras tres el presidente niega tener alguna relación o beneficio.
Según el presidente en una entrevista con El Universo detalló sus supuestas declaraciones de los últimos años y subrayó que es uno de los ecuatorianos que más impuestos paga. Aseguró haber contribuido al fisco con 588 millones de dólares a título personal y a través del Banco Guayaquil en el cual es accionista mayoritario. De modo que el presidente alega que se llevó dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. A finales de 2017 se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur, Liberty Trust y Bretten Trust que se formaron a partir de las acciones de las otras sociedades ya disueltas por Lasso. ‘No tengo ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo’ con estas entidades.
Los llamados Papeles de Pandora revelan lo que ya sabemos: que los que tienen más riqueza y poder son también los más corruptos. Las artimañas que hacen para proteger “su” dinero y privilegios se han descubierto innumerables veces, más recientemente en los Papeles de Panamá en 2016, seguidos por los Papeles del Paraíso en 2017. Esta sociedad capitalista podrida ciertamente constituye un “paraíso” para los ricos, ya que ocultan su riqueza y evitan pagar impuestos, utilizando una combinación de cuentas bancarias exclusivas, fideicomisos y fundaciones en centros financieros extraterritoriales. En particular, muchas de estas medidas son perfectamente “legales” en el sentido formal. El sistema en sí está amañado a favor de los ricos, que buscan enriquecerse aún más.
Los superricos parecen vivir en un universo diferente al resto de nosotros. Incluso cuando sus empresas colapsan, y condenan a miles de trabajadores a la indigencia en el proceso, estas enormes sanguijuelas continúan disfrutando del lujo. La lista sigue y sigue. La escala de esta avaricia y codicia refleja en última instancia la profunda crisis del capitalismo. La clase burguesa no es capaz de hacer avanzar a la sociedad. Se han convertido en un obstáculo para el desarrollo humano a través de sus tendencias parasitarias: sentarse sobre enormes montones de dinero en lugar de invertirlo nuevamente en el desarrollo de la producción para el mejoramiento de la humanidad.
La riqueza de Lasso y sus compinches en la oligarquía capitalista ecuatoriana contrasta de manera sangrante con las condiciones de vida de las masas de obreros y campesinos: la pobreza se sitúa en 35% y la extrema en 14,2%; más de 5,6 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de 84 dólares al mes. En las zonas rurales alcanza al 47,9% de las familias. La desnutrición afecta al 26% de los niños de 0 a 5 años, cifras que aumentan al 40% en las zonas rurales.
El Estado capitalista es sin duda una caja de pandora llena de corrupción y escándalo. Esto no es un accidente. Es una decisión muy consciente por parte de los capitalistas utilizar todos los trucos a su disposición para maximizar sus privilegios. Está claro que no importa qué reglas y reformas se pongan en práctica contra los paraísos fiscales extraterritoriales y similares, los ricos siempre encontrarán una manera de escapar de la red. La hipocresía que se muestra aquí es asombrosa. La clase capitalista y sus representantes políticos continuarán atacando a los pobres y la clase trabajadora mediante recortes, austeridad y privatizaciones, mientras que al mismo tiempo harán todo lo posible para proteger su propia riqueza y privilegios.
Solo derrocando al capitalismo podremos acabar con la inmensa corrupción y codicia de la pequeña minoría, que continúa con el empobrecimiento y el sufrimiento de la mayoría de la humanidad.
