Desde el 7 mayo se viven momentos de horror en El Salvador, una escalada de revelaciones se ha suscitado desde que una llamada de denuncia por violencia intrafamiliar alertara a la Policía Nacional Civil (PNC) en Chalchuapa, Santa Ana. Esta denuncia condujo inicialmente al hallazgo de un cuádruple asesinato en la casa del expolicía Hugo Osorio Chávez, entre los cuales se encontraban dos hombres, dos mujeres (madre e hija), las investigaciones de la masacre los llevo a algo más macabro: el descubrimiento de una fosa clandestina donde se encuentran, por lo menos 20 cadáveres enterrados y posiblemente puedan haber más de 47 cuerpos en total, según declaraciones del mismo asesino.
De los cuerpos descubiertos hasta hoy, destaca que en su mayoría son mujeres que fueron previamente abusadas sexualmente y luego ejecutadas por el feminicida. Osorio fue destituido en 2005 de la PNC por haber sido condenado a 5 años de prisión por el delito de estupro (violación sexual) años después tenía nuevamente orden de captura por violación agravada. El tipo fue detenido en flagrancia y, posteriormente, confesó que no actuó solo en todos los asesinatos registrado por las autoridades. Desde entonces nueve personas más han sido detenidas junto a él por participar en por lo menos 13 asesinatos.
#ÚltimaHora | La @FGR_SV ha girado órdenes de captura en contra de 9 imputados involucrados en 13 asesinatos como autores, instigadores y cómplices de Hugo Ernesto Chávez Osorio, capturado y procesado por el feminicidio de una madre y su hija, cometidos en #Chalchuapa. pic.twitter.com/9xWgJUeRCE
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 14, 2021
#ÚltimaHora | A los imputados les serán notificados los delitos que se les imputan.
La investigación hace constar su participación en 13 casos: 8 feminicidios agravados y 5 homicidios agravados. Entre las víctimas, hay 3 menores de 9, 7 y 2 años de edad. pic.twitter.com/IzWwYUKU61
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 14, 2021
Según declaraciones del director de la PNC, en este caso además están involucrados ex miembros de la PNC, militares, coyotes y vendedores de órganos. “Este es un caso de tortura criminal que lamentablemente hay coyotes, expolicías, exsoldados, vendedores y personas que engañaban y estafaban para hacer llegar a las víctimas»[1], dijo el director Arriaza Chicas en un medio televisivo el miércoles 19 de mayo. El fondo de todo este macabro hallazgo, posiblemente sea la existencia de un sicariato que funcionaba bajo estructuras criminales vinculadas o en colaboración con instituciones militares y policiales.
El caso ha desatado una ola de reacciones contra el gobierno en redes sociales, y no es para menos, pues miles de denuncias por desapariciones han sido reportadas en los últimos años, y las autoridades han sido incapaces de responder.
La desaparición de personas ha estado a la orden del día desde hace muchos años. “El documento Desaparición de Personas en El Salvador, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que recaba información del 2014 hasta el 2019, señala que en ese lapso la PNC recibió 12,495 denuncias, pero el dato de la FGR fue de 22,307”.[2] Y esto no ha cambiado sustancialmente en el gobierno de Bukele, como afirma la siguiente nota: “las autoridades fiscales registraron los desaparecimientos de 2,251 personas entre el 1 de enero y el 21 de diciembre del año recién finalizado, es decir, que en promedio seis salvadoreños desaparecieron cada día en 2020”[3]. Esto revela que, si bien ha existido una baja en los homicidios, paralelamente hubo un incremento de los desaparecidos.
Estos datos ponen en duda el Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele, que se destaca por un repentino descenso de los homicidios, y del que algunos expertos afirman que se trata solamente de una nueva tregua[4] con grupos criminales como las pandillas, similar a la realizada por el expresidente Mauricio Funes en 2012, para bajar artificialmente las cifras de homicidios y que terminó con una ola de criminalidad y homicidios todavía más violentos. Tales son las lecciones de los pactos con grupos criminales, a menudo estos pactos bajan la criminalidad por un lapso pequeño, solo para volver con más fuerza destructiva que en el pasado. Quienes pagan las consecuencias de estos pactos son siempre los sectores más vulnerables de la sociedad.
El gobierno ha anunciado constantemente varios días con cero homicidios, incluso en una reunión con su gabinete en 2020, Bukele declaró que las mujeres estaban más seguras en su gobierno que en el anterior, porque los feminicidios se redujeron en 65 % respecto al año pasado; estas declaraciones contrastan con los cuerpos encontrados en la fosa del expolicía, los cuales no tenían mucho tiempo de haber sido asesinadas. Las autoridades forenses han declarado que la mayoría de cuerpos fueron ejecutados entre el 2019 y 2021. Escuche estas declaraciones en el siguiente video:
¿Asesino serial o red de sicariato?
Al gobierno le conviene que se pueda hablar más de un asesino serial, un tipo que actuó de forma individual para satisfacer sus deseos y desviaciones perversas, en contraposición de la hipótesis de que realmente era una estructura criminal clandestina que realizaba operaciones homicidas por encargo. En la medida en que se piense que Osorio es un asesino serial que actuó individualmente, el Plan Control Territorial no puede ser manchado por las acciones macabras de este feminicida.
A raíz del pacto entre el gobierno y grupos criminales -pandillas, narco, etc.- para bajar las cifras de homicidios, puede ser posible que los grupos criminales desde hace mucho vinieran adaptando sus métodos a las nuevas condiciones que impusieron las nuevas autoridades en 2019, uno de estos podría ser la utilización de fosas clandestinas para desaparecer cuerpos y así no estar reflejados en las cifras oficiales del gobierno. A más fosas clandestinas, menos homicidios que contabilizar.
Este no es es el primer cementerio clandestino que se ha descubierto, hace unos meses también tuvimos el hallazgo de un cementerio clandestino, donde se encontraron dos cuerpos de repartidores de comida, desaparecidos meses atrás[5]. Sin embargo, por el manejo discreto que hacen las autoridades es posible que jamás lleguemos a conocer la verdad del caso.
El sospechoso manejo discrecional del caso
La Fiscalía General de la República ha demostrado no tener capacidad ni claridad para ponerse de acuerdo internamente para revelar una cifra exacta de cadáveres en la fosa, en cuestión de horas han dado tres versiones diferentes del caso a los medios. Las autoridades también han impuesto diferentes censuras a los trabajadores públicos que están involucrados. Incluso han sancionado al médico forense Israel ticas, el único criminólogo del país, por las declaraciones dadas a los medios de comunicación y le han restringido dar más opiniones. También han acusado a la prensa por dar declaraciones consideradas para ellos como “morbosas”, todo esto da muestra que hay mucho nerviosismo en el gobierno por los hallazgos en el cementerio clandestino.
Estas acciones y reservas de la investigación, más el silencio que guardó Bukele entre el 07 y el 21 de mayo, reflejan que este caso puede ser la punta del iceberg de algo más grande que tiene que ver con la criminalidad y la delincuencia en el país y puede dejar en evidencia la falsedad del plan control territorial del gobierno.
La lucha contra la violencia y la criminalidad
La crisis del sistema está elevando los conflictos sociales a su máxima expresión, las contradicciones de la sociedad se agudizan cada vez más, por un lado, la extensión y profundización de la pobreza en la mayoría de la población, y, por otro lado, la acumulación de riqueza por unos pocos. La incapacidad del sistema para garantizar y solventar las necesidades humanas exacerba fenómenos sociales horrendos como el machismo, el racismo, la homofobia y los feminicidios. En esta etapa de decadencia social son los sectores históricamente oprimidos los que se llevan la peor parte: la clase obrera en general, las mujeres, las minorías étnicas y la población LGBTI. El sistema y la sociedad podrida se ensaña violentamente contra estos sectores con un odio irracional.
En una sociedad capitalista putrefacta donde las mujeres son solamente una mercancía más, es imposible que puedan estar seguras completamente. Los feminicidios son una expresión del valor que la sociedad le da a las mujeres; para la sociedad las mujeres son simplemente mercancía de consumo. Los hombres y mujeres que comercian sus cuerpos de diferentes modos, desde los concursos de belleza y modelaje, la industria pornográfica, la trata de blancas y la prostitución, etc., ven a las mujeres como objetos de los cuales pueden prescindir cuando quieran e incluso, en los peores casos, arrebatarles la vida sin que esto represente un mayor problema. Estas acciones trascienden del plano individual y llegan al plano colectivo de grupos estructurados, es una industria clandestina para generar ganancias a través de la explotación sexual de mujeres y niñas.
El capitalismo se ha encargado de crear un mercado alrededor de las mujeres, que hoy está siendo explotado en el mercado legal e ilegal. Las desapariciones de mujeres y feminicidios son el producto de esta degeneración social creada por el sistema capitalista patriarcal.
Como hemos advertido en nuestra crítica a los diferentes planes que se plantean para “luchar” contra el flagelo de la delincuencia y la criminalidad, creemos que mientras las causas fundamentales que hacen posible los niveles de descomposición de la sociedad no sean erradicadas de raíz, es imposible acabar completamente con estos males. Estas causas son la explotación laboral y la opresión política, cultural, emocional y psicológica que nos impone el sistema actual para mantener el statu quo, sin estas herramientas sería imposible mantener la dominación para la explotación.
Esta sociedad nos excluye de todos nuestros derechos básicos como el empleo y salarios dignos, vivienda, salud y educación integral gratuita y de calidad, alimentación, recreación, etc., y aunque la mayoría estos derechos están reconocidos en la Constitución de la República, no están siendo garantizados para una inmensa mayoría de la población y lejos de avanzar en esto estamos retrocediendo. Son derechos básicos que ponen de manifiesto la dictadura opresiva en la que vivimos y que, por consecuencia, crea conflictos y degeneraciones sociales como las pandillas, el crimen organizado, los homicidios, feminicidios y crímenes de odio.
Un plan integral para acabar con todas estas deformaciones debe incluir una lucha por la transformación profunda de la sociedad, destruir todos los viejos cimientos de esta podrida sociedad y sus instituciones obsoletas y cómplices, para reconstruir una nueva sociedad desde nuestras realidades y demandas.
Hoy, cada vez es más evidente que es imposible avanzar en los estrechos límites del capitalismo, en el pasado a través de la lucha alcanzamos derechos, pero en la actualidad, en medio de una económica, estos derechos se nos están eliminando con la llegada de gobiernos reaccionarios, todas nuestras conquistas en derechos hoy están en peligro.
El gobierno de Bukele, retrocede constantemente en materia de derechos conquistados, como el acceso a la salud integral de las mujeres a través de Ciudad Mujer, o el acceso a la salud para las comunidades con los Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados (ECOS) que se le redujo presupuesto a la llegada de Bukele al Ejecutivo, a salarios y empleo digno los cuales no están garantizados.
La única forma de garantizar las conquistas de nuestros derechos, es luchando porque nuestros recursos naturales y los grandes medios de producción, controlados por los ricos ahora mismo, estén bajo el control democrático de los oprimidos, que son precisamente los que los hacen producir. Tenemos que construir una sociedad donde estos recursos sean utilizados no para el beneficio de unos cuantos, sino para solventar nuestras demandas y derechos. Esta es la única forma de acabar con la miseria que nos aqueja y nos flagela constantemente. Esto solo puede ser posible en otro tipo de sociedad, una diferente a la sociedad dominada por la explotación y el dominio de los ricos.
Las instituciones obsoletas para garantizar seguridad, garanticemos la seguridad nuestra con nuestra propia organización
No se puede confiar en las instituciones actuales, la FGR ha jugado un papel nefasto no solo con su inoperancia histórica con las desapariciones, sino también con el actual caso, donde ha dado concesiones escandalosas al feminicida Hugo Osorio, tanto como la vieja Fiscalía al mando de Raúl Melara y todos sus administraciones históricas, como la actual, han revelado una total inoperancia y ausencia de diligencia, lo que demuestra que el rol de esta institucionalidad claramente no es garantizar justicia, sino darle un falso revestimiento de legitimidad al régimen que nos imponen.
Y qué decir de la Policía Nacional Civil que tienen un récord altísimo de corrupción y criminalidad, es una institución, al igual que la FGR y todo el sistema judicial, que están en total pudrición. Tras la PNC hay asesinatos extrajudiciales hacia la juventud en el pasado, agresiones y violaciones sexuales hacia sus mismas compañeras y hacia las mujeres en general, e incluso hay asesinos y feminicidas al interior de sus filas, por ejemplo, hasta hoy no se ha hecho justicia al feminicidio de Carla Ayala, desaparecida y asesinada por elementos de la Policía Nacional Civil y del cual un miembro de la corporación está huyendo desde el 2017. La PNC y la FGR son instituciones misóginas y feminicidas, deben ser desechadas y sustituidas por nuevas instituciones que respondan a los oprimidos.
Toda esta institucionalidad y el gobierno mismo tienen metidas sus manos en el crimen organizado, el narco y las pandillas. El gobierno no podría gobernar si no tuviera pactos oscuros con estos grupos criminales y desde luego hay funcionarios públicos que son parte o tienen negocios dentro de estos grupos delictivos, toda la institucionalidad del país ha estado y está completamente en estado de descomposición.
Ante esto la única alternativa que nos queda es organizarnos para cuidarnos y defendernos, las comunidades, barrios y colonias pueden socializar y administrar las tareas de seguridad. Muchas comunidades en el país son ejemplo de estas iniciativas, comunidades del Bajo Lempa, El norte de Chalatenango, San Esteban Catarina o el norte de Morazán son ejemplos del embrión de una policía comunitaria y grupos de autodefensa que pueden sustituir a la policía corrupta. Estas pueden ser medidas alternas que se pueden implementar para proteger la vida de las mujeres, todo esto mientras luchamos enérgicamente contra el sistema capitalista que nos lleva a una crisis humana y medio ambiental sin precedentes.
No podemos confiar los designios de nuestras vidas a los políticos e instituciones corruptas, debemos organizarnos y luchar por conquistar una sociedad diferente, una sociedad realmente humana, eso solo será posible a través de la organización y la lucha popular por el socialismo, solo así podremos acabar con la barbarie capitalista.
[1] https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Coyotes-expolicias-y-exsoldados-involucrados-en-los-multiples-asesinatos-de-Chalchuapa-salvadorenos-cuestionan-silencio-de-Bukele-20210519-0018.html
[2] https://www.dw.com/es/el-salvador-encuentran-diez-cuerpos-en-casa-de-expolic%C3%ADa/a-57538799
[3] https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-pandillas-pandilla-18-repartidores/799131/2021/
[4] https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo-electoral.htm
