El desarrollo exponencial de contagios por el virus del Covid-19 ha orillado a una gran parte de los países del mundo a tomar medidas drásticas en mayor o menor escala sobre la ciudadanía. Reconocemos que muchas de las medidas que se han tomado desde el gobierno central pueden ayudar a disminuir los impactos del azote del virus en nuestro país, pero manifestamos que pueden resultar estériles si no van acompañadas con medidas más contundentes contra las empresas irresponsables que quieren mantener a toda costa sus ganancias.
El gobierno de El Salvador ha seguido los patrones de recomendaciones anunciadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerrando aeropuertos y fronteras, confinando a los que en los últimos días intentaron entrar a nuestro país en albergues provisionales. Para lograr esto, se han aprobado dos decretos importantes: la Ley de Emergencia Nacional y la Ley de Restricción de Derechos Constitucionales.
Se debe parar la producción no esencial
En conferencia de prensa (15 de marzo), el presidente Nayib Bukele anunció algunas medidas complementarias que se tomarán desde el Ejecutivo, entre ellas resaltan algunas positivas como la facultad de que los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas con enfermedades terminales no asistirán a los centros de trabajo, sin embargo, ¿que se nos puede decir de los demás trabajadores de las industrias que no producen alimentos, medicamentos, en concreto de la industria no esencial?
Tímidamente, el presidente ha solicitado a la empresa privada parar la producción de los sectores no esenciales, pero siguiendo el patrón de acciones que han tenido todos los países donde el brote del virus ha sido más intenso, sabemos que esto no sucederá. En su afán de incentivar a la empresa privada ha dicho que pueden optar a un crédito de reposición de beneficios que se destinará para los empresarios que asuman parar la empresa por la salud de sus trabajadores.
A partir de esto nos surge una duda, ¿quién pagara este crédito? Se supone que el Estado hasta hace poco no tenía para seguridad. ¿A cuánto ascenderá el monto destinado a las empresas? Como es de esperarse este tipo de incentivos a las empresas con “conciencia social” se paga a través de la adquisición de deuda por parte del Estado. Esta deuda no la pagan necesariamente las grandes empresas. El sistema tributario de El Salvador es tan desigual que el 80 % de los ingresos del Estado vienen de las familias obreras y solo el 20 % de las grandes empresas, podemos asumir que en el futuro los efectos de estos créditos para las empresas los terminaremos pagando los trabajadores, recargando los efectos de la crisis sobre las espaldas de los más pobres.
Con esto, podemos darnos cuenta para quien trabaja el gobierno; pues un gobierno que defienda a los trabajadores protegería los intereses de la clase obrera antes que los intereses de los capitalistas, que se han enriquecido por años de nuestro trabajo, acumulando ganancias obscenas. Un gobierno que responda a los intereses de los empobrecidos debería por decreto exigir el paro de toda la industria no esencial a fin de resguardar la salud de sus trabajadores, pero no solo eso, sino exigir que este paro por salud sea remunerado con el 100 % del salario. Si los empresarios llevan haciéndose ricos a costa de nuestro sudor durante décadas, acumulando cada vez más y más riqueza por nuestro trabajo diario, ¿por qué no podemos usar toda la riqueza que ha acumulado a través de nuestra explotación para proteger nuestras vidas y la de nuestra familia?
Como trabajadores debemos exigir el paro inmediato de la industria no esencial, salario del 100 % pagado por las empresas, ningún despido y ninguna reducción salarial. Las empresas pequeñas y medianas deben ser ayudadas con créditos, pero el pago de esos créditos debe salir de mayores impuestos sobre los grandes bancos y fábricas del país.
El sistema de salud
El presidente también se refirió a la precariedad de nuestro sistema de salud, dijo que incluso ni teniendo todos los hospitales privados y clínicas privadas en el país se podría atender de manera integral a toda la población si el virus llega a desarrollarse. Lo cual muestra que no está dispuesto a buscar soluciones ante una emergencia de tal grado. Desde nuestra perspectiva manifestamos que, en caso de una emergencia extrema, todos los hospitales, clínicas y farmacéuticas deberían ser expropiados por el Estado y puestos a funcionar bajo las necesidades de la población. Lo que significaría un paso adelante en la sociedad dejando de lado el lucroso negocio de la salud, negocio que solo es posible a partir de las pésimas condiciones en las que el Estado capitalista mantiene el sistema de salud en la actualidad, condenando a millones de pobres al padecimiento de enfermedades y la muerte.
Bajo el capitalismo el fin último de la producción es la generación de ganancias, nosotros creemos que debemos luchar por un sistema donde el fin último de la producción sea solventar las necesidades de la población elevando sus niveles de vida. Así, las farmacéuticas que se han hecho millonarias por nuestros padecimientos podrían estar al servicio de los más pobres. Si ante la amenaza de la pandemia actual es necesario tener a disposición a la industria farmacéutica el gobierno debería plantearse la expropiación de las farmacéuticas para que produzcan con base en nuestras necesidades.
El presidente mencionó que los albergues aun no tienen las condiciones necesarias, pero que poco a poco han ido mejorando, en este caso muchos hoteles y propiedades suntuosas de los millonarios del país podrían servir para suplir las necesidades de las personas en cuarentena y de las necesidades de hospitales y centros de atención médica. La salud debe prevalecer ante el lucro de un pequeño sector parasitario de la sociedad.
Focalización del sistema de agua
El agua se vuelve clave en la lucha contra la propagación del virus, pero miles de familias no tienen un acceso decente al agua y si la tienen es un servicio pésimo en calidad. En todos los decretos y demás medidas que ha tomado el presidente este factor está ausente. Son años en los que las familias más pobres luchan por tener un servicio de agua de calidad e integral, pero los diputados y los diferentes gobiernos parecen responder más al interés de las grandes corporaciones de la industria de la caña, la construcción y las embotelladoras.
En momentos de calamidad, el Estado debería de focalizar el suministro de agua, regulando el agua de las embotelladoras, centros comerciales, industrias no esenciales, y distribuyendo agua de manera regular a las colonias y barrios más pobres del país, si se va a luchar contra el virus se nos deben de dotar de todas las herramientas necesarias, sino todas las medidas se vuelven ineficientes para combatir esta pandemia.
Junto a los decretos aprobados la semana pasada, se debió discutir de emergencia la propuesta ciudadana de Ley general de agua, que permitiría priorizar el uso doméstico del agua sobre el uso empresarial. No hay ninguna excusa que pudiera evitar su aprobación, los diputados han pasado discutiendo más de 16 años la aprobación o no de una ley como esta, ya no depende de desconocimiento de lo que el pueblo necesita, sino de los intereses mezquinos que los diputados de la Asamblea Legislativa han defendido históricamente, los intereses de las corporaciones industriales a quienes en última instancia se deben. Si en tiempos normales es inhumano que se nos mantenga sin nuestro derecho al agua, es un crimen que en tiempos de pandemia se nos confine a 6 o más miembros de una familia en casa sin las condiciones básicas para afrontar el virus.
Decreto de ley aprobados
Como hemos mencionado arriba estamos a favor de todas las medidas que estén orientadas a contener la propagación del Covid-19, sin embargo, como muchos han manifestado el decreto de Estado de emergencia daba todos los mecanismos para atender la emergencia, la intención de Nayib Bukele de imponer un Estado de excepción parcial puede ser un intento de restringir los derechos democráticos de la población, a lo cual claramente nos oponemos, ninguna restricción a los derechos democráticos ayudará a combatir el virus.
Por tanto, estamos en contra de la extensión de las medidas que vayan en contra de nuestros derechos democráticos, la utilización de la fuerza policial y militar, la cancelación de huelgas y protestas en contra de las empresas que se nieguen a parar la producción o a dar insumos necesarios para los trabajadores para evitar el contagio. Un régimen dictatorial basado en la fuerza policial y militar no está justificado ante el actual estado de emergencia mundial.
También denunciamos las inconsistencias de los procedimientos aprobados en los decretos la semana pasada, sobre todo en la utilización de fondos del Estado para la adquisición de insumos sanitarios y otros gastos estatales, los cuales pueden estar inclinados a favorecer empresas y a la corrupción de fondos públicos, no sería la primera vez que los gobiernos en momentos de calamidad favorecen a las empresas y terminan saqueando el dinero de los contribuyentes. Ante esto debemos exigir una rendición de cuentas seria por parte del Ejecutivo, la compra de insumos farmacéuticos a precio de costo, y la puesta a disposición de hospitales privados y hoteles si fuese necesario al servicio de la salud de la población.
Exigimos que las medidas impuestas por el gobierno vayan acompañadas de los siguientes procedimientos y acciones:
- Reorientación de fondos del presupuesto nacional hacia el ramo de Salud, todo lo que sea necesario partiendo de un análisis de lo sucedido en otros países
- El paro inmediato de toda la industria no esencial, con pago del 100 % del salario a los trabajadores que vayan al confinamiento pagado por las grande empresas
- Alto a los créditos a las grandes empresas, lo ricos han acumulado riqueza por años a partir de nuestra explotación y pueden asumir los costos necesarios en esta emergencia nacional
- Créditos para todo el sector informal que vive de ventas en las plazas, mercados y de manera ambulante, pagado a través de impuestos a las grande empresas
- Crédito para los pequeños y medianos negocios que no puedan pagar los salarios a sus trabajadores: bares, cafés, comedores, pupuserías, etc.
- Campaña masiva por radio, televisión y redes sociales de la seriedad del virus y sus impactos en la salud explicando las medidas de cómo combatirlo y la necesidad de la cuarentena
- Reducción de presupuesto para publicidad y defensa nacional; reducción de salarios a funcionarios del Estado sin excepción y reorientación inmediata hacia las necesidades sanitarias
- Que los hospitales y clínicas privadas pongan a disposición sus instalaciones de manera gratuita en caso de emergencia nacional por el virus
- Ante la necesidad de espacios para albergues que los hoteles y propiedades suntuosas de los empresarios sean tomadas por decreto Ejecutivo y puestas a funcionar para la necesidad de la emergencia nacional
- Dotación de medicamentos, mascarillas y alcohol gel para todas las familias pobres por parte de las grandes corporaciones farmacéuticas
- Congelamiento de los precios de la canasta básicas y recursos de salubridad, alto al acaparamiento y a la especulación
- Casas y alimentación para los sin techos de todas las calles del país, utilización de propiedades de los ricos para albergar a las personas sin casa
- El aumento del 2.7 % del presupuesto respecto al PIB en Salud a por lo menos el 5 % inmediatamente ¡basta de que los empresarios se hagan ricos a costa de nuestra salud!
- Focalización inmediata del agua en las zonas más pobres del país, restringir el suministro de agua a las áreas no esenciales
- Aprobación inmediata de la propuesta ciudadana de la Ley General de Aguas
