La desaparición y posible ejecución de 43 compañeros de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha desatado una rabia que se ha gestado en el último periodo ante los fraudes electorales, la “guerra” contra el narcotráfico, la pobreza, la miseria y la explotación en el país. La cantidad de asesinados, desaparecidos, las violaciones sistemáticas a derechos humanos y en síntesis, la política de la podrida burguesía nacional, ha desatado un verdadero infierno.
La desaparición y posible ejecución de 43 compañeros de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha desatado una rabia que se ha gestado en el último periodo ante los fraudes electorales, la “guerra” contra el narcotráfico, la pobreza, la miseria y la explotación en el país. La cantidad de asesinados, desaparecidos, las violaciones sistemáticas a derechos humanos y en síntesis, la política de la podrida burguesía nacional, ha desatado un verdadero infierno.
En los últimos días se han dado expresiones de furia en las calles que han roto con el ambiente de derrota producto de la aprobación de las reformas estructurales. Ante ello, el Estado ha optado por una estrategia de desmovilización, tratando de dar salida al caso de los normalistas a través de la captura del exalcalde de Iguala y su esposa, la detención de los supuestos asesinos de los normalistas y el anuncio de hallazgo de los restos calcinados de los compañeros. Además, los hechos acontecidos el sábado 8 de noviembre en Palacio Nacional, con la consiguiente represión y detenciones injustificadas por parte de la policía, hablan de la línea de uso de la violencia estratégicamente dirigida para evitar un levantamiento mayor.
Las ratas saltan del barco
Es claro que la crisis que actualmente vive el Estado mexicano ha puesto en evidencia la podredumbre de las instituciones, actores políticos y económicos que conforman al régimen. La burguesía nacional, que se celebraba a sí misma como la “constructora de las instituciones”, ahora no puede dejar de reconocer su contubernio con el narcotráfico (que en realidad forma parte de la misma estructura económica y de la cual los narcotraficantes son en realidad una fracción de la burguesía). La crisis ha tocado a todos los partidos políticos sin excepción, el PAN que inició una supuesta guerra contra el narcotráfico y apoyó las contra reformas; el PRD que ha traicionado sus propios principios y es semillero de una pandilla de ladrones, asesinos y traidores; el PRI que sigue representando el viejo aparato gansteril al servicio de la burguesía e incluso MORENA que, independientemente de la propaganda del régimen para ligar a Andrés Manuel López Obrador con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, no ha dado una respuesta contundente con un plan de lucha específico para derrocar a Peña Nieto y se ha limitado a declaratorias en medios de comunicación y redes sociales.
Todos los partidos han optado por cruzar acusaciones, aunque paradójicamente quieren rearmar el difunto Pacto por México, ahora bajo la bandera de la seguridad. Bandera que por cierto fue levantada por el Consejo Coordinador Empresarial, como mecanismo para reagrupar a las fuerzas represoras, distribuirlas estratégicamente y tratar de disipar un poco la presión a la que está sometida el gobierno.
Sus intentos han sido inútiles, las protestas a lo largo del país y en muchos otros países, han arreciado. Ni la renuncia del exgobernador de Guerrero, ni los diálogos con los padres de los normalistas, ni las detenciones, ni los anuncios sobre el asesinato de nuestros compañeros han calmado la fogata que amenaza con extenderse por todo el país.
Claramente han quedado rebasados, tanto por su supuesto “cansancio”, como por su completa ineptitud, además de los hechos que diariamente se están dando a conocer (el probable asesinato a manos de policías municipales de Guanajuato de un estudiante de la UAG, la cancelación de la concesión que se iba a otorgar para la construcción del tren México-Querétaro a un consorcio conformado por empresas chinas y mexicanas ligadas a Salinas de Gortari, la fastuosa mansión de Peña Nieto y Angélica Rivero adquirida a través de una constructora beneficiada por contratos públicos desde que Peña era gobernador del Estado de México, el caso del alcalde priísta de San Baltazar Chichicapan, Oaxaca, que abrió fuego contra los propios pobladores, y muchos otros acumulados). El descredito es mayúsculo y no es raro que además de las cabezas que han rodado, próximamente veamos la de Murillo Karam u otros.
Sin embargo, lo más representativo del movimiento de indignación que ha levantado el caso de los normalistas es que de pedir la presentación con vida de los compañeros, la consigna exigiendo la renuncia de Peña Nieto se ha ido consolidando como la demanda clave del movimiento, en otras palabras, de un caso cuyas dimensiones eran judiciales nos hemos trasladado a una crisis del régimen presidencialista y sus instituciones.
El Proletariado sin cabeza
La respuesta de amplios sectores de la sociedad (trabajadores, campesinos, profesionistas, etc.) con el movimiento estudiantil a la cabeza es la muestra de un primer intento de consolidar una estructura de lucha con capacidad para realizar acciones contundentes contra el régimen. Prueba de ello es que el método de organización por el que se ha optado en la Asamblea Interuniversitaria es la del Consejo Nacional de Huelga (CNH) de 1968.
Esto sin duda es un gran avance, ante el vacío de un liderazgo que pueda organizar el descontento e impulsarlo más allá de los límites que han impuesto históricamente las direcciones reformistas de los partidos y sindicatos. Ese vació se ha generado por el contubernio del PRD con el régimen, por la poca capacidad de respuesta de las direcciones sindicales y sus tendencias meramente economicistas, así como por la mediocre respuesta de la dirección de MORENA a la actual situación. Que al momento las protestas no estén pasando por los partidos políticos (evitando empantanarse en lo electoral) y que cobren vigor con la entrada en la lucha de un amplio sector de la juventud es un paso adelante hacia superar la condición con la que José Revueltas caracterizó a la clase obrera en México: la falta de una dirección revolucionaria.
Sin embargo, a pesar del vigor de las protestas y la rabia e indignación prevalecientes no es posible cantar victoria. Entre algunos sectores de la pequeña burguesía se ha propagado la idea de que las muestras de repudio están comenzando a desmoronar al Estado e incluso se plantea (si se quiere de forma retórica) la “muerte” de éste.
El Estado burgués mexicano está de pie y está dispuesto a usar todos los recursos a su disposición para sobrevivir (medios de comunicación, servicios de espionaje y represión estratégicos, cuerpos policiales y militares, presupuesto público, cargos públicos, el sistema judicial y mucho más).
Ante este aparato, que en apariencia nos hace creer que son invencibles, resulta necesario plantearse su derrocamiento, no para que tengan lugar nuevas elecciones y se elija a un nuevo presidente que perfectamente puede restaurar parcial o totalmente al régimen, sino para crear una nueva organización social, una que no vuelva a tolerar el asesinato, la opresión y la miseria como sus pilares. Lo anterior pasa por la organización de una nueva mayoría social, que al momento se encuentra en las calles, tiene disposición a la lucha, pero que en su mayoría se encuentra dispersa y sin perspectivas claras sobre el tipo de respuesta que debe dar ante los acontecimientos.
Rabia, indignación y violencia
Como se ha mencionado anteriormente, las actuales protestas se caracterizan por mostrar la rabia e indignación contenidas en amplios sectores sociales, sin embargo, los últimos acontecimientos nos muestran que también esta rabia e indignación puede ser aprovechada para legitimar la represión del Estado. Lo acontecido durante el intento de quema de la puerta de Palacio Nacional, con las consiguientes detenciones y represión es una muestra de que la violencia por sí misma tampoco lleva la lucha a otro nivel.
Los actos de enfrentamiento a la policía y ataque a edificios públicos que han acontecido, independientemente de si se trata de infiltrados o no, no han modificado las relaciones de poder, no han fortificado la organización del movimiento más allá de las movilizaciones y sí han desatado la persecución y encarcelamiento de compañeras y compañeros que nada han tenido que ver con los hechos.
Aunque existen demostraciones legítimas de rabia, frustración e incluso apoyo a los actos de violencia aislada, si éstas se orientan solamente a los enfrentamientos con los cuerpos represores del Estado, tendrán una nula trascendencia al realizarse de forma aislada.
Si hacemos un análisis comparado entre lo que acontece en Guerrero, donde las acciones de normalistas y profesores son acordadas e impulsadas de forma masiva, contra los acontecimientos sucedidos el sábado en las afueras de Palacio Nacional, es evidente que existe una diferencia clara entre un plan de lucha ampliamente ejecutado y acciones de un grupo minoritario que culminan sin ningún efecto más que detenciones y posible alejamiento de compañeros que preferirán no atender a las acciones si es que éstas van a derivar de nuevo en su posible detención.
La única forma en que podemos asegurarnos de que hechos como los de Iguala no tengan lugar nuevamente es que acabemos con el régimen que sostiene a la estructura podrida de ejercicio del poder en México. Para hacerlo necesitamos avanzar hacia un plan de lucha que obligue al gobierno a dimitir. Se han propuesto algunas acciones como tomas de aeropuertos, carreteras e incluso el Paro Nacional (anteriormente desdeñado por AMLO), de ejecutarse de forma masiva, daremos un certero, aunque no definitivo, golpe al régimen, no podemos esperar a nuevas elecciones para tratar de hacerlo.
