Por 61 votos a favor y 20 en contra, fue aprobado en el podrido Senado Federal la destitución de Dilma y, en consecuencia, su eliminación definitiva del cargo de Presidenta de Brasil. Es el capítulo final de este proceso iniciado en diciembre de 2015, con la apertura realizada por el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Por 61 votos a favor y 20 en contra, fue aprobado en el podrido Senado Federal la destitución de Dilma y, en consecuencia, su eliminación definitiva del cargo de Presidenta de Brasil. Es el capítulo final de este proceso iniciado en diciembre de 2015, con la apertura realizada por el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
La Esquerda Marxista explicó cómo la burguesía nacional, al principio estaba en contra de la expulsión de Dilma, ahora se ha adherido gradualmente a la destitución, rehén de la presión de sus representantes en el parlamento. Hicimos hincapié en que la votación en el Congreso puso al desnudo la podredumbre de los políticos burgueses. Demostramos que la burguesía imperialista nunca estuvo de acuerdo con esta aventura. Nos posicionamos en contra del juicio político orquestado por la derecha, pero no para defender al indefendible gobierno de Dilma, de ataques contra la clase trabajadora. (Véase la resolución política del Congreso de la izquierda marxista del 24 de abril 2016: http://www.marxismo.org.br/content/resolucao-politica-do-5o-congresso-da-esquerda-marxista).
Pero la verdad es que Lula, Dilma y el PT «tiraron la toalla» después de la aprobación de la apertura del proceso por el Congreso en abril. Después de un 1º de mayo de conciertos y fiestas, el 10 de junio en una manifestación de “Fora Temer” [“Fuera Temer”, el nuevo presidente electo por el Congreso en sustitución de Dilma, Nota de LdC], Lula dijo que no podía hablar de huelga general, porque no está «dentro de la fábrica y porque al estar jubilado no hace huelgas» y tampoco podía hablar de «fuera Temer», porque «no se ve bien. «Un verdadero «cubo de agua fría» contra los manifestantes.
Completa el cuadro la carta de Rousseff la semana pasada bautizada como «Mensaje al Senado y al pueblo brasileño», un intento de convencer a los senadores de que no votaran por su destitución proponiendo un pacto. La carta dice: «Estoy convencida de la necesidad y daré mi apoyo irrestricto a la convocatoria de un plebiscito para consultar a la población sobre la realización de elecciones anticipadas», sugiere un «pacto nacional basado en elecciones libres y directas» con el fin de fortalecer «los valores del Estado democrático de derecho».
La sumisión de Lula, Dilma Rousseff y el PT al sistema es completa. Ellos tienen más miedo a las masas en las calles, que a los ataques de la derecha. Ahora vienen las elecciones municipales con la misma política de colaboración de clases que organizó todo el desastre, y que acaba de ver las alianzas del PT con los partidos de derechas: el PMDB, e incluso el PSDB y DEM, en cientos de municipios en todo Brasil.
La crisis se profundiza
La crisis política que atraviesa el país y que amenaza al propio régimen nacido de la Constitución de 1988 tiene como telón de fondo la profundización de la crisis económica.
El gobierno de Temer trata de presentar una visión optimista. Sin embargo, la realidad queda en evidencia con el envío de un presupuesto al Congreso con un déficit primario de 139 mil millones de reales en 2017 [unos 38.000 millones de euros].
El propio ministro de Planificación, Dyogo Oliveira prevé que la deuda pública puede superar el 70 % del PIB ya este año; siendo que el déficit del presupuesto del próximo año se suma al déficit de 170 millones de reales de este año. De ahí la urgencia de las medidas de ajuste para cubrir el déficit, garantizar el pago de la deuda fraudulenta y recuperar la confianza del mercado.
Sin embargo, el PIB en el año 2016 se cerrará con una caída del -3,2 % (Boletín Focus 22/08).Lo que queda, de hecho, es una promesa para el año 2017, con la perspectiva del gobierno de un crecimiento del 1,6 %. La producción industrial, a pesar de haber tenido un crecimiento del 1,1 % en junio respecto a mayo, cuando se compara con la producción en junio el año 2015 cayó un 6 %. Y en los últimos 12 meses, la caída acumulada fue del 9,8 %. Los trabajadores sienten directamente el crecimiento del desempleo que alcanzó el 11,3 % en el segundo trimestre. ¡Son más de 12 millones de desempleados!
¿Y el gobierno Temer?
Terminado el capítulo del juicio político, el débil gobierno Temer ya no tendrá la excusa de la interinidad para su falta de acción, deberá acelerar su misión, es decir, poner en marcha las medidas para reducir el costo de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, los primeros meses de vida de este gobierno muestran que esto no será una tarea fácil. Se enfrenta a manifestaciones, tiene un 13 % de apoyo popular y se ha visto obligado a recular varias veces. La última, con la retirada en el acuerdo de renegociación de la deuda con los Estados Unidos, del punto que impedía a los gobiernos estatales (regionales) conceder reajustes salariales a los empleados públicos y convocar concursos durante 2 años. Y aunque el conjunto del proyecto aprobado representa un ataque, el paso atrás dado en este punto, antes considerado «innegociable», muestra que el gobierno se vio obligado a maniobrar ante la resistencia de una base parlamentaria inestable.
La burguesía desconfía y presiona al nuevo gobierno. En una editorial del 11 de agosto, el diario Estadão evalúa: «el Brasil que trabaja y paga impuestos depositó en Temer y en su competente equipo económico la firme esperanza de que la irresponsabilidad de Dilma Rousseff sería rápidamente superada, pero ahora se enfrenta a una conducción que se muestra errática, ora prometiendo la rigidez necesaria para superar la crisis, ora haciendo concesiones que aparentan sumisión a intereses provincianos y corporativos».
Para empeorar las cosas, ha surgido la denuncia sobre el caso de corrupción Lava Jato. Temer aparece como articulador de la «donación» de la constructora Odebrecht al PMDB por valor de 10 millones de reales. El ministro de Asuntos Exteriores, José Serra, aparece como receptor de 23 millones de reales de la constructora en la campaña presidencial de 2010, mientras que el Ministro de la Casa Civil, Eliseu Padilha, habría recibido 4 millones.
Las investigaciones comienzan a afectar al poder judicial y a causar divisiones en su interior. Fue lo que vimos después de la filtración de la denuncia previa del ex presidente de la empresa OAS que implica al ministro Dias Tofoli, del partido de derechas STF. Después del caso, Gilmar Mendes, también del STF, y bastante próximo al PSDB, hizo declaraciones en contra de la Fiscalía General de la República. Él dijo: «Ya nos estamos acercando al peligroso terreno de los delirios totalitarios. Me parece que [los fiscales de Lava Jato] están poseídos de un tipo de teoría absolutista de combate a la delincuencia a cualquier precio».
Todos los hechos demuestran nuestro análisis de los objetivos políticos de Lava Jato, que además de buscar la desmoralización del conjunto de la izquierda y el fortalecimiento del poder judicial con un papel bonapartista en los ataques a la clase trabajadora y a los movimientos sociales, también pretende presentar una «limpieza general» de las instituciones y promover una renovación del marco de representantes burgueses, buscando de esta forma salvar al sistema de la ira popular.
Los ataques que se preparan
Bajo la presión de sus amos, el gobierno Temer debe ahora pasar a la ofensiva. En su intervención en la reunión de Ministros después de la destitución, Temer exigió plena fidelidad de la «base del gobierno», criticando el voto del presidente del Senado, Renan Calheiros, y de más de 16 senadores de la base aliada, que estaban en contra de la pérdida de los derechos políticos de Dilma. Y en su pronunciamiento a la nación, declaró: «Para garantizar el pago de las pensiones, tenemos que reformar la seguridad social. Sin la reforma, en pocos años, el gobierno no tendrá cómo pagar a los jubilados». ¿Qué pasa con los derechos laborales?: «Tenemos que modernizar la legislación laboral que garantice los empleos actuales y crear otros nuevos», fueron sus palabras.
Lo que anuncia son más ataques. La reforma de las pensiones, la reforma laboral, así como la reforma tributaria que debe quedar para una próxima etapa. En verdad, son contrarreformas para flexibilizar los derechos laborales, aumentar la edad de jubilación y elevar los impuestos sobre los hombros de los trabajadores. La receta se complementa con los recortes en áreas sociales como salud, educación, vivienda, etc., con un límite máximo impuesto al gasto público presente en el PEC 241. Además de las privatizaciones, que deben acelerarse en el segundo semestre.
Para llevar esta guerra contra el proletariado, la burguesía tendrá que enfrentarse a la resistencia de las masas y, por tanto, endurecer la represión y la criminalización de los movimientos sociales. Para ello, utiliza el aparato represivo y los instrumentos legales a su alcance, como la Ley contra el terrorismo, que vergonzosamente fue propuesta y aprobada por el gobierno de Dilma.
La otra cara de la moneda
Pero todo este intento de eliminar los derechos, criminalizar y reprimir las luchas tiene sus límites. La clase trabajadora no está y no se siente derrotada. Las huelgas y movilizaciones por categorías, demandas económicas o en contra de los despidos se siguen sucediendo. La amenaza de despidos en la fábrica Mercedes del ABC [el principal cordón industrial de Sâo Paulo], por ejemplo, desencadenó cinco días de huelga que hicieron recular a la compañía. La fortísima huelga de los trabajadores municipales de Florianópolis que obligó al alcalde a retirar el proyecto de ataque a las pensiones, es otro ejemplo.
La dificultad de unificar estos combates, las barreras para que las manifestaciones «Fora Temer» consigan atraer a las masas, tienen la responsabilidad directa de las direcciones de los aparatos y su política traidora. La dirección de la central sindical CUT ha perdido su capacidad de movilización para defender a Dilma y Lula. Agita a favor de preparar una huelga general sin conseguir construirla en la base. La verdad es que la clase obrera no está dispuesta a parar e ir a las calles para defender el retorno de quienes la han traicionado. Aunque los trabajadores no apoyen al gobierno de Temer, falta al movimiento obrero y a las masas una perspectiva política para desbloquear la situación.
Sin embargo, Brasil está en sintonía con la situación política mundial, de inestabilidad e imprevisibilidad. Junio de 2013, las huelgas de masas de 2014 y 2015, las ocupaciones de escuelas, e incluso las manifestaciones masivas contra la destitución en abril y mayo, así como las manifestaciones contra Temer después de la aprobación del juicio político, a pesar de la postración de las direcciones de la CUT, del PT y el MST, demuestran que existe mucha disposición a luchar.
En las elecciones y en las movilizaciones, la lucha continúa
Toda esta situación marcará el proceso electoral en curso. Se tiende a seguir el fenómeno observado en las elecciones de 2012 y 2014, un aumento de los votos en blanco, nulos y abstenciones, fruto del fracaso político del PT, del descrédito generalizado de las instituciones y de los políticos burgueses.
Al mismo tiempo, el PSOL puede lograr buenos resultados en centros políticos importantes. Las encuestas lo colocan en primer lugar en Porto Alegre, Cuiabá, Belém y Sorocaba, en segundo lugar en Río de Janeiro, y en tercera posición en Sâo Paulo. Esta es una señal que muestra la búsqueda por amplios sectores de la población, de alternativas a la izquierda.
La Esquerda Marxista participa en las elecciones en alianza con el PSOL, con candidatos contra el sistema, y está en las calles, en las manifestaciones y movilizaciones de los jóvenes y los trabajadores, con nuestros análisis y posiciones, reafirmando como perspectiva de combate, como palabras de orden centrales para la situación actual:
¡Fuera Temer y el Congreso Nacional!
¡Por una Asamblea Popular Nacional Constituyente!
¡Por un gobierno de los trabajadores!
