Por Laura Brown
Miles de niños hacinados en jaulas diminutas, durmiendo hombro con hombro en el duro suelo, cubiertos solo con mantas isotérmicas, detenidos durante días. Las sombrías condiciones de los niños inmigrantes en las instalaciones fronterizas pintan un panorama familiar que muchos asocian con los “días oscuros” del gobierno de Trump. Pero ahora esto está sucediendo bajo la mirada de Biden. El creciente número de inmigrantes detenidos por agentes fronterizos estadounidenses expone la política migratoria del nuevo presidente como una continuación del largo ataque bipartidista a los derechos de los trabajadores indocumentados.
El gobierno de Biden “detuvo” a más de 170.000 inmigrantes en la frontera en marzo, un 70% más que en febrero y la cifra más alta en 15 años. Entre ellos, cerca de 19.000 menores no acompañados fueron detenidos, lo que está impulsando el dramático aumento de “centros de retención” de migrantes por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). En centros como el asentamiento de tiendas de campaña en Donna, Texas, la ocupación es 1600% superior a la recomendada debido a la pandemia, con más de 4.100 detenidos en un espacio diseñado para 250 personas, de los cuales más de 3.400 de ellos son niños.
En un primer momento, el gobierno de Biden no permitió a los abogados acceder a las instalaciones, presumiblemente para evitar la incómoda exposición mediática que iba a producirse de forma inevitable. De hecho, una vez admitidos los visitantes, las imágenes revelaron que las carpas diseñadas para albergar a 32 niños albergaban en cambio a unos 600 menores de edad. Miles de niños permanecen retenidos más tiempo que el máximo de 72 horas ordenado legalmente, muchos durante más de dos semanas. A pesar del hacinamiento, la CBP no realiza test de COVID-19 a los niños, a pesar de que más de 100 han dado positivo después de ser transferidos a otros refugios. Algunos tienen que esperar más de cinco días para ducharse, y a muchos no se les ha permitido llamar a sus familiares.
Solicitantes de asilo rechazados
En los últimos años, se ha producido un aumento gradual del número de personas que buscan asilo en los Estados Unidos para escapar de condiciones desesperadas. Si bien el cambio climático está jugando un papel importante, en última instancia, todo esto es consecuencia directa o indirecta del imperialismo estadounidense. Las circunstancias se han vuelto extremadamente terribles en el último año, tras el paso de dos huracanes que devastaron Centroamérica y dejaron a cientos de miles de personas sin hogar en Honduras y Guatemala, provocando el desplazamiento de 7 millones de personas en la región que abarca desde Colombia hasta México. Combinado con el impacto de la pandemia de coronavirus y la crisis económica, cientos de miles han huido de sus países de origen, con la esperanza de que el nuevo gobierno muestre más clemencia que su predecesor.
Pero la gran mayoría de los que entran al país, que son principalmente familias y adultos solteros, son rechazados inmediatamente por funcionarios fronterizos en virtud del Título 42. El gobierno de Trump implementó por primera vez la controvertida política de inmigración en marzo de 2020 en el contexto de la pandemia, con lo que dio a los funcionarios fronterizos autoridad unilateral para denegar asilo y expulsar a cualquiera que cruzara la frontera, sin el debido procedimiento. A pesar de que abogados, legisladores, jueces federales y funcionarios de la ONU han denunciado que la política es ilegal, el gobierno de Biden ha continuado aplicándola para atacar todos los cruces fronterizos no autorizados. En palabras del nuevo Secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas: “La frontera está cerrada. Estamos expulsando a familias, estamos expulsando a adultos solteros y hemos tomado la decisión de que no expulsaremos a los niños pequeños y vulnerables”.
Pero el furibundo gusano cubano-estadounidense anticomunista de Mayorkas olvidó mencionar que, en noviembre de 2020, un juez federal ordenó queno se expulsara a menores no acompañados, prohibiendo esta práctica porque viola leyes como la de salud pública, entre otras. Como siempre, los demócratas están tratando de edulcorar su política fronteriza xenófoba, afirmando que “proteger nuestras fronteras no implica que ignoremos la humanidad de quienes quieren cruzarlas”. En otras palabras: “echamos a los inmigrantes y los metemos en jaulas, pero lo hacemos de forma ‘humana’”.
No solo ha cerrado la frontera de Estados Unidos, sino que el gobierno de Biden también ha logrado un acuerdo para que México, Honduras y Guatemala refuercen sus fronteras. Después de tanto hablar de abordar los “factores que impulsan la migración” desde su raíz, el primer acuerdo de política exterior de Biden con los líderes latinoamericanos fue simplemente poner más tropas en sus propias fronteras. Esto impedirá a los solicitantes de asilo huir de sus países a través de una mayor represión estatal. Desde enero de este año, el gobierno estadounidense ha invertido en más de 28.000 anuncios de radio cargados de propaganda para disuadir la inmigración.
La lógica del mal menor
Aquellos que han salido en defensa de la gestión de la “crisis fronteriza” de Biden afirman que, a diferencia de Trump, el actual presidente no está separando por la fuerza a los niños de sus familias. Los titulares de los medios de comunicación liberales han cambiado rápidamente su tono y hablan de “centros para menores migrantes” en lugar de “niños enjaulados”. Por su parte, los “progresistas” en la Cámara de Representantes han criticado la gestión por parte del gobierno, pero sus críticas están muy lejos de la retórica que utilizaban en años anteriores contra Trump.
En 2019, Alexandria Ocasio-Cortez se refirió a centros de detención de inmigrantes similares como “campos de concentración”. Este año, ha tuiteado que la situación “no está bien, nunca ha estado bien y nunca estará bien, independientemente del gobierno o del partido”, antes de señalar que una “mejora inmediata” para aliviar la situación “requeriría que las instalaciones de afluencia [con] niños tuvieran licencia”. En una entrevista, afirmó que no deberíamos “establecer falsas analogías” entre la política migratoria de Trump y la de Biden, y que “cualquiera que esté tratando de hacer eso está haciendo un flaco favor a la causa de la justicia”.
De hecho, la política de “tolerancia cero” de Trump no era exactamente la misma que la de Biden o Obama. Trump sistematizó la separación forzosa de los niños de sus padres como un repugnante método de disuasión. Sin embargo, la aplicación del Título 42 para todos, excepto los menores no acompañados, ha dado lugar a un nuevo tipo de separación forzosa de la familia, al otro lado de la frontera. Muchas familias que actualmente soportan condiciones inhumanas en las tiendas de campaña de los campos fronterizos mexicanos deciden enviar a sus hijos solos a cruzar la frontera en un intento desesperado por aprovechar su única oportunidad de tener una vida mejor.
Ciertamente, informes recientes muestran que la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) han continuado separando a los niños de sus cuidadores adultos bajo el mandato de Biden. Por ejemplo, cuando una niña guatemalteca de 4 años cruzó la frontera con su tía el mes pasado, las autoridades expulsaron a la tía y colocaron a la niña en el centro de carpas de Donna. A pesar de que sus padres viven en Maryland, la niña fue finalmente enviada a un hogar de acogida en Michigan.
Otros informes muestran que algunas familias detenidas por la Patrulla Fronteriza antes de marzo fueron liberadas en los Estados Unidos para hacer espacio en las instalaciones para inmigrantes. Pero dejaron a las familias (en su mayoría madres con niños muy pequeños) en diminutos pueblos del desierto de Arizona, que no tienen recursos, ni hospitales, ni departamentos de bomberos, y que están separados por 50 km de pleno desierto del siguiente pueblo. El año pasado, Arizona registró un número récord de restos humanos encontrados en el desierto. Desde 2004, alrededor de 3.400 migrantes han muerto debido al agotamiento y el calor cuando intentaban cruzar tierras desérticas en el sur del estado.
Siguiendo los pasos de Obama
A pesar de todas las promesas de campaña grandilocuentes y las órdenes ejecutivas de Biden, Kamala y compañía, poco los distingue de sus predecesores. Biden se apresuró a tomar medidas ejecutivas en materia de inmigración, con el objetivo de detener la construcción del muro fronterizo de Trump, preservar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), revertir la prohibición de viajar a países predominantemente musulmanes y detener el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP) “Remain in Mexico” (Permanecer en México), que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar a que sus casos fueran procesados mientras vivían en campamentos miserables a lo largo de la frontera con México. También rescindió un decreto de la era Trump que denegaba “tarjetas verdes” (visados de residencia permanentes) a los inmigrantes que obtienen beneficios públicos.
Además, Biden dio a conocer una propuesta para facilitar el “camino hacia la nacionalidad” a los 11 millones de trabajadores indocumentados que ya residen en los Estados Unidos. El New York Times lo calificó como “el último esfuerzo tras décadas de intentar reimaginar el sistema de inmigración de la nación por parte de presidentes de ambos partidos, incluidos a George W. Bush y Barack Obama”. Sin embargo, la Casa Blanca y otros demócratas admitieron que era poco probable que se aprobara en la Cámara o en el Senado en su forma actual, a menos que fuera drásticamente alterada y desmontada. Esto es algo con lo que el gobierno contaba desde el principio. El hecho de que el ilusorio “esfuerzo” bipartidista por “reimaginar” el sistema de inmigración del país se haya prolongado durante décadas sin nada que lo demuestre más que el horror sin fin para millones de inmigrantes lo dice todo.
Muchas de las otras órdenes también vienen con salvedades. Aunque Biden prometió no construir “ni un metro más de muro”, las partes ya construidas permanecen intactas. Mayorkas ha autorizado a los empleados del DHS a reiniciar las obras para “tapar los huecos” que dejó Trump. Si bien no habrá más inscripciones al programa MPP, el cambio en su política no se aplicará a los solicitantes de asilo que ya están inscritos. ¡En cualquier caso, todos los migrantes que cruzan la frontera son enviados de regreso a México bajo el Título 42! Y aunque Biden propuso originalmente una moratoria de 100 días en las deportaciones de inmigrantes indocumentados que ya residen en los Estados Unidos, esta iniciativa fue bloqueada indefinidamente por un juez federal.
En el mejor de los casos, la mayoría de las propuestas de Biden equivalen a un regreso a los “días dorados” de su buen amigo, Barack Obama. Si bien es cierto que ha derogado algunas de las políticas más draconianas impuestas por el gobierno de Trump, está lejos de ser suficiente para aliviar de forma significativa las horribles condiciones a las que se enfrentan millones de solicitantes de asilo. Pero no olvidemos que Obama es conocido como el “deportador jefe” por una razón: porque deportó a más inmigrantes que cualquier otro presidente. En comparación, Trump deportó a aproximadamente 940 000 personas en sus cuatro años en el cargo, mientras que Obama deportó a 1.6 millones durante su primer mandato y a más de 3 millones en total. El gobierno de Obama diseñó y construyó las “chain-link fence pens” (jaulas de alambre) originales, las jaulas que actualmente se usan para los niños y las familias migrantes. El secretario del DHS que supervisó los planes en ese momento no era otro que Alejandro Mayorkas, ¡el elegido de Biden para el mismo cargo ahora!
Fue Bill Clinton quien inicialmente comenzó a construir el actual muro fronterizo. A pesar de las promesas de los demócratas de que no darían ni un dólar para financiar el muro de Trump, acabaron cediendo y aprobaron una partida por 1.400 millones de dólares en “cercado”, junto con un presupuesto récord para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para aumentar los agentes y la tecnología en los puntos de entrada. Ha habido una continuidad perfecta en el enfoque fundamental de los gobiernos republicanos y demócratas durante las últimas dos décadas.
Para los socialistas, no hay contradicción entre proporcionar un nivel de vida humano y decente a todos los ciudadanos “legales” en el país más rico de la tierra, y hacer lo mismo para aquellos que han nacido en partes del mundo saqueadas por el imperialismo estadounidense. Hay recursos más que suficientes en EE. UU. y en todo el mundo para suministrar viviendas, educación, atención médica y empleos de calidad para todos, una vez que esos recursos se liberen de las cadenas del mercado capitalista y el Estado nacional.
Como explicó Marx, los trabajadores no tienen patria. Un congresista socialista no encorsetado por los estrechos límites de los dos partidos capitalistas no actuaría de disfraz de izquierda a los demócratas. Los socialistas revolucionarios proponemos un programa de demandas drástico que incluye la legalización inmediata e incondicional de todos los trabajadores y el fin de todos los controles de inmigración y asilo. Tales demandas requieren que rompamos con los límites del sistema bipartidista y que construyamos un partido socialista de masas que luche por los derechos de todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio.
