La noche del 24 de marzo de 1980, el Arzobispo Romero fue herido de muerte en el corazón por asesinos, que obedecían órdenes que venían directamente de la oligarquía reaccionaria que domina el país. Romero fue asesinado porque era la voz que representaba las necesidades de los oprimidos. Hasta el día de hoy no se ha hecho justicia y las masas están todavía esperando.
“Mientras está claro que nuestra iglesia ha sido víctima de persecución durante los últimos tres años, es todavía mas importante observar la razón de esta persecución… La persecución viene a nosotros debido a la defensa de la iglesia por el pobre, por asumir el destino del pobre”.
“Una iglesia que no sufre persecución pero disfruta los privilegios y apoyo de las cosas de este mundo, ¡cuidado!, no es la iglesia de Jesucristo. Una predicación que no señala el pecado no es una predicación del evangelio. Un sermón que hace que los pecadores se sientan bien, de manera que se sientan seguros de su condición de pecado, traiciona el llamado del evangelio”.
“Cuando la Iglesia oye el llanto del oprimido no puede si no denunciar las estructuras sociales que alimentan y perpetúan la miseria de la cual proviene el grito” (Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, Marzo 11, 1979).
En la noche del lunes 24 de marzo de 1980, al Arzobispo Oscar Arnulfo Romero le dispararon al corazón mientras oficiaba una misa en memoria de la madre de un amigo. Murió a los pocos minutos. El 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, se dirigió directamente a los soldados del país en su homilía semanal, implorando: “En el nombre de Dios, en el nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben al cielo cada día más tumultuosos, les imploro, les ruego, les ordeno: ¡Cese la represión!”.
Las masas reaccionaron furiosamente al asesinato. Durante los servicios funerarios del arzobispo, una bomba explotó fuera de la catedral en San Salvador, y luego las tropas del gobierno abrieron fuego contra la multitud de unos 50,000 que se habían reunido allí para rendirle homenaje. Se calcula que unas 40 personas perdieron la vida y otras 200 fueron heridas.
Un día después del asesinato se hizo una acusación de que Cuba estaba directamente involucrada. Pero no había posibilidad de que los cubanos estuvieran envueltos en el asesinato del arzobispo. Todo mundo sabe quién fue responsable. El asesinato fue obra de la derecha reaccionaria que poco tiempo después, en 1981, fundara el partido ARENA, organizado por Roberto D’Aubuisson, quien había sido previamente el fundador y líder de los tristemente célebres escuadrones de la muerte, y que personalmente hizo un llamado para el asesinato de Romero.
El reporte de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en 1993 declara sin ambigüedades:
“Hay pruebas suficientes que el antiguo mayor Roberto D’Aubuisson dio la orden para asesinar al Arzobispo y dio instrucciones precisas a los miembros de su servicio de seguridad, actuando como un escuadrón de la muerte, para que organizara y supervisara el asesinato.”
El Arzobispo era extremadamente popular y un crítico abierto de los militares que regían esta nación centroamericana con mano de hierro. Romero llegó a ser conocido por sus valientes denuncias públicas de las atrocidades cometidas por los militares en los turbulentos años antes de la amarga guerra civil salvadoreña.
Las masas de trabajadores y campesinos en El Salvador y en toda Centroamérica veneran su memoria. En ocasión del 30 aniversario (Marzo 24, 2010) de este brutal asesinato político, el pueblo de El Salvador tomó las calles para celebrar la memoria de este hombre valiente.
El asesinato de Monseñor Romero se llevó a cabo en el marco de una situación revolucionaria, en la cual el poder estaba al alcance de los trabajadores y campesinos. Los setentas fueron un periodo de movilización de las masas. Los trabajadores y campesinos de El Salvador estaban luchando por unas mejores condiciones de vida. Desafortunadamente, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) no dio la dirección necesaria. En lugar de colocarse a la cabeza de las masas, basándose en el programa de la revolución proletaria, los dirigentes intentaron ganarse a la “burguesía progresista” e incluso al ejército. Esta falsa política llevó a muchos jóvenes revolucionarios a incorporarse a las organizaciones guerrilleras.
Miles se unieron a las filas de las organizaciones izquierdistas de masas como el BPR, FAPU, LP-28, UDN y MLN, dirigidas por grupos guerrilleros quienes abogaban por la lucha armada. Esta reacción del sector más revolucionario de la sociedad era totalmente comprensible. La violencia contrarrevolucionaria había atormentado al país por muchos meses. Trabajadores, campesinos, sindicalistas y sacerdotes eran regularmente arrestados, torturados, asesinados o simplemente desaparecidos. El mismo Romero había escrito al presidente Carter pidiéndole que no suministrara mas ayuda militar a la junta de gobierno hasta que pudiera controlar esto. Naturalmente, sus ruegos cayeron en oídos sordos.
La Teología de la Liberación
El Salvador era, y aún es, dependiente de los Estados Unidos, que absorbe la mayoría de sus exportaciones y es también fuente de remesas de un gran número de trabajadores emigrantes. Así como la mayoría de los otros países centroamericanos, el país posee una economía atrasada, principalmente agrícola, con relaciones semi-feudales de tenencia de la tierra, controlada por un puñado de grandes terratenientes millonarios latifundistas. Los grandes terratenientes y los capitalistas forman un poderoso bloque reaccionario, la oligarquía, que ha dominado la vida económica y política del país por generaciones.
El poder en El Salvador está en las manos de una oligarquía pequeña y millonaria, que ha mantenido sus privilegios a través de un terror estatal organizado. Ya en el transcurso de los setentas había una creciente atmósfera de tensión y violencia que finalmente desembocó en una guerra civil abierta. El fermento en la sociedad inevitablemente se reflejó en las capas mas bajas de la Iglesia Católica, entre los sacerdotes de base que estaban trabajando entre los pobres y los oprimidos. De este fermento surgió el movimiento que llegó a conocerse como la Teología de la Liberación.
No había nada en la temprana carrera de Romero en la iglesia que sugiriese que moriría como un mártir por la causa de los pobres. Él comenzó como un conservador y un seguidor de la derechista organización católica Opus Dei. Pero, como Lenin señaló en una ocasión, la historia conoce todo tipo de transformaciones. Las personas pueden cambiar y en realidad cambian. !Las cosas estarían bastante mal sino cambiaran!
Camilo Torres, un antiguo sacerdote colombiano que tomó las armas y fue asesinado, una vez declaró:
“He abandonado el hábito de sacerdote para convertirme en un verdadero sacerdote. Es el deber de cada católico el ser un revolucionario; es el deber de cada revolucionario llevar a cabo la revolución. El católico que no es un revolucionario está viviendo en pecado mortal».
Personas como éstas son los dignos sucesores de aquellos primeros cristianos revolucionarios que defendieron la causa de los pobres de la tierra, los pecadores y los oprimidos, y no tuvieron miedo de dar sus vidas luchando contra la opresión. Ellos son los mártires modernos cuya memoria debería ser recordada con respeto por todos aquellos a quienes importa la causa de la libertad y la justicia.
Entre 1968 y 1978, alrededor de 850 sacerdotes, monjas y obispos, fueron arrestados, torturados, asesinados y muertos en América latina. El jesuita salvadoreño Rutilio Grande, antes que fuera ejecutado fue enfático al decir: “En la actualidad, es peligroso […] y prácticamente ilegal ser un auténtico cristiano en América latina”. El énfasis está en la palabra “auténtico”.
En 1968, los obispos católicos latinoamericanos se reunieron en Medellín, Colombia. Hablaron del “pecado institucionalizado” que aqueja y oprime la mayoría del pueblo en América latina, y llamaron a toda la Iglesia a apoyar a los pobres. Al principio, Romero no quería saber nada de esto, durante la mayor parte de carrera fue políticamente un conservador. Se oponía a los proyectos de las comunidades eclesiales de base que consideraba muy radicales y protegía el status quo.
En febrero de 1997 Romero fue nombrado arzobispo de la arquidiócesis de San Salvador, una opción que era rechazada por los sacerdotes de base, pero entusiásticamente celebrada por la derecha y la oligarquía, que veía en Romero justamente al hombre que ellos necesitaban para purgar la Iglesia de “comunistas”. Él fue específicamente elegido debido a sus puntos de vista conservadores. Romero tenía la confianza de los jefes del ejército y de la oligarquía. Él había criticado públicamente la postura progresista adoptada por los seguidores de la Teología de la Liberación, cuya fuerza seguía creciendo.
Una ola de agitación barrió el país en 1977. Había huelgas y manifestaciones, y los campesinos ocupaban las propiedades de los terratenientes. El 28 de febrero, tan solo unos días después del ascenso de Romero, una masiva protesta contra el fraude electoral terminó en un baño de sangre cuando una multitud de manifestantes fueron atacados por soldados en el centro de la capital. Romero no intervino ni protestó.
Luego, el 12 de Marzo de 1977, sucedió algo que cambiaría su postura. Un sacerdote jesuita radical, Rutilio Grande, fue asesinado junto con un chico joven y un servidor laico de 72 años. El padre Rutilio, un sacerdote de un origen campesino humilde, había sido un firme seguidor de la línea de Medellín. Era un hombre que Romero conocía personalmente, y respetaba grandemente, y preguntó por qué no hubo una investigación oficial sobre estas muertes. Él escribió una carta al presidente, que demuestra una ingenuidad conmovedora:
“Conociendo la amistad que usted me ha demostrado, su habilidad y nobles sentimientos personales, no me queda duda que complacerá estas justas demandas de una persona eminentemente católica, mientras que al mismo tiempo salva su prestigio de cualquier sombra de complicidad”.
Naturalmente, no obtuvo respuesta. Desde ese suceso en adelante Romero continuó haciendo cuestionamientos que avergonzaban la élite millonaria que lo había apoyado para el arzobispado. Estas mismas personas o estaban detrás de la violencia que mantenía sus posiciones, o en última instancia, se hacían del ojo tuerto con ella.
El 1 de julio el General Carlos Romero asumió el gobierno. Había sido el Ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Molina y era probablemente responsable directo de la muerte del padre Rutilio Grande. La ola de huelgas y ocupaciones continuó y se volvió más fuerte. Los intentos del gobierno de extirpar el movimiento a través de la represión sólo incrementó el ambiente de combatividad. Los trabajadores y campesinos frecuentemente ocupaban las iglesias para escapar de la policía. En la semana santa de 1978 el BPR ocupó la Catedral. Monseñor Romero pidió a las autoridades no intervenir, argumentando que, aunque no estaba de acuerdo con la ocupación, el gobierno no le dejaba a los trabajadores y campesinos otra alternativa.
Desde el púlpito, Romero habló implacablemente contra las violaciones a los derechos humanos y la represión ejercida por los soldados y los escuadrones de la muerte. Criticó severamente a la extrema derecha, y promovió el trabajo pastoral en las comunidades rurales y en los vecindarios pobres. “El poder político está en manos de las fuerzas armadas”, declaró Romero en un sermón justo un mes antes de su muerte: “Ellos utilizan el poder sin escrúpulos. Solo saben cómo reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía salvadoreña”.
Romero habló por los que no tenían voz. Él tenía la única voz no censurada en San Salvador: una pequeña emisora de radio que transmitía los nombres de las personas que habían desaparecido. Cuando un hombre era desaparecido, nunca se iba a saber nada de él, y su familia pedía a un sacerdote ayuda para encontrarlo. Por tanto la atención del arzobispo era atraída a tales casos y exigía respuestas. Comenzó a fastidiar a las autoridades de una forma regular, preguntando por qué la gente era arrestada, dónde se encontraban, y qué estaba pasando con ellos.
En mayo de 1979, Romero se presentó ante el papa con siete expedientes completos con reportes y documentos describiendo los asesinatos, desapariciones y abusos de los derechos humanos en El Salvador. Al mismo tiempo, el fermento revolucionario en la sociedad continuaba creciendo y esto radicalizaba aún más al arzobispo. En enero de 1980, las diferentes organizaciones de masas de trabajadores, campesinos, estudiantes, etc., formaron la Coordinadora Revolucionaria de Masas unificada y llamaron a una manifestación el 22 de enero, en el aniversario del levantamiento revolucionario de 1932. Esta fue la marcha más grande jamás vista en la historia del pequeño país, con hasta 300,000 participantes, y fue brutalmente reprimida. La represión fue seguida por una serie de huelgas generales.
Romero condenó enérgicamente la represión e incluso habló del “derecho legítimo de a la violencia insurreccional” por parte de las masas. En una entrevista que dio el 2 de febrero dijo:
“Los cristianos no le tienen miedo al combate, saben combatir, pero prefieren hablar el lenguaje de la paz. Sin embargo, cuando una dictadura atenta gravemente contra los derechos humanos y el bien común de la nación, cuando se torna insoportable y se cierran los canales del diálogo, el entendimiento, la racionalidad, cuando esto ocurre, entonces la Iglesia habla del legítimo derecho a la violencia insurreccional. Precisar el momento de la insurrección, indicar el momento cuando ya todos los canales del diálogo están cerrados, no corresponde a la Iglesia. A esa oligarquía le advierto a gritos: abran las manos, den los anillos, porque llegará el momento en que les cortarán las manos”.
Su análisis de la situación política y económica en El Salvador también se volvió más agudo, más claro y por tanto más revolucionario. Vale la pena citar extensamente de una entrevista que dio a Prensa Latina el 15 de febrero:
“La causa de todo nuestro malestar es la oligarquía, ese reducido núcleo de familias al que no importa el hambre del pueblo, sino que necesita de la misma para disponer de mano de obra barata y abundante para levantar y exportar sus cosechas. Las empresas industriales, nacionales y extranjeras, basan sus juegos de competencia en el mercado internacional, en los salarios de hambre y eso explica la oposición cerrada tipo a cualquier tipo de reformas o de organizaciones gremiales que busquen mejorar las condiciones de vida de los sectores populares”.
“Esta oligarquía no admite la sindicalización campesina ni obrera, ya que la considera peligrosa para sus intereses económicos. Y la represión contra el pueblo se convierte, para ese núcleo de familias, en una especie de necesidad para mantener y aumentar sus niveles de ganancias, aunque sea a costa de la pobreza creciente de las clases trabajadoras”.
Ahora bien, la absolutización de la riqueza y de la propiedad lleva consigo la absolutización del poder político, económico y social, sin el cual no es posible mantener los privilegios, aun a costa de la dignidad humana.
“En nuestro país esta es la raíz de la violencia represiva y es, en último termino, la causa principal de nuestro subdesarrollo económico, político y social. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de velar por los intereses de la oligarquía, de cuidar la estructura económica y política con el pretexto de que éste es el interés y seguridad nacionales”.
“Todo el que no esté de acuerdo con el Estado es declarado como enemigo de la nación. Y como exigencia de esa seguridad nacional se justifican los actos más execrables. Todo está en función de los intereses de la oligarquía, una oligarquía omnipotente, que siente un desprecio absoluto por pueblo y sus derechos”.
¡Esto era ya demasiado! Los políticos de derecha y la oligarquía que ellos representaban se enfurecieron con esta interferencia constante, que era incluso más indignante porque provenía de un hombre en quien habían confiado. Ellos lo veían ahora como un traidor y un subversivo peligroso. Necesitaban silenciar esta irritante voz. Y la silenciaron.
Asesinos sin castigo
Los asesinos de Romero nunca han sido capturados y castigados. Pero ese es solo un caso. Hay cientos de miles mas, todos muy bien documentados. Por más de una década, el ejército, las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte vinculados a estas fuerzas cometieron masacres, asesinando en algunas ocasiones a cientos de personas de una sola vez. A lo largo de los años de conflicto armado contra las fuerzas de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), las fuerzas de seguridad salvadoreñas y los escuadrones de la muerte paramilitares fueron los responsables de masacres, muertes, tortura y “desapariciones” en gran escala.
La guerra dejó 75,000 muertos y otros 7,000 “desaparecidos”, y se estima que un millón de salvadoreños huyeron de la violencia buscando refugio en otros países. Entre los asesinados por el ejército y los escuadrones se encuentran 18 sacerdotes católicos y cinco monjas, cuatro de las cuales eran de los Estados Unidos.
La “Comisión de la Verdad” de las Naciones Unidas elaboró un reporte que proporciona ejemplos detallados basados en testimonios y en una amplia investigación, asignando responsabilidades para algunas de las peores y más extensas violaciones de los derechos humanos en El Salvador entre 1980 y 1991. Es interesante leer el documento que saca a la luz muchos hechos relacionados con las terribles atrocidades perpetradas por la oligarquía salvadoreña. Declara por ejemplo:
“1. Sacerdotes Jesuitas: La Comisión descubrió que en noviembre de 1989, varios miembros del alto mando del ejército salvadoreño ordenaron la muerte de los Jesuitas. Oficiales en la academia militar organizaron la matanza. Elementos del batallón Atlacatl asesinaron a los seis jesuitas, su ama de llaves y su joven hija, luego intentaron dejar falsa evidencia para implicar a los rebeldes del FMLN.
2. El Mozote: La Comisión determinó que el ejercito mató aproximadamente a 200 personas en El Mozote, incluyendo mujeres y niños en 1980. Cita al antiguo comandante del batallón Atlacatl Coronel Domingo Monterrosa Barrios y el Coronel Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, que fungía como mayor para la época de la masacre. La Comisión también cita al presidente de la Corte Suprema de Justicia Mauricio Gutiérrez Castro por interferencia impropia en el proceso judicial concerniente a la investigación de la masacre.
3. Arzobispo Oscar Arnulfo Romero: La Comisión encontró que el Mayor Roberto D’Aubuisson ordenó el asesinato del arzobispo y que el Capitán del ejército Eduardo Ávila y el antiguo Capitán Álvaro Saravia, así como también Fernando Sagrera jugaron un papel activo en el asesinato. La Comisión además encontró que la Corte Suprema de Justicia jugó un papel activo al impedir la extradición de los Estados Unidos del Capitán Saravia”.
Para presentar un caso “equilibrado”, el documento luego dirige sus acusaciones a las guerrillas del FMLN por actos de violencia:
4. Los asesinatos de Mayores por parte del FMLN: La Comisión falló que la Comandancia General del FMLN aprobó el asesinato de alcaldes civiles y que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) del FMLN fue el responsable de la muerte de por lo menos de once alcaldes. La Comisión cita a los comandantes Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez, Mercedes del Carmen Letona, Jorge Meléndez, y Marisol Galindo por tener responsabilidad en las ejecuciones”.
En términos más amplios, la Comisión encontró al FMLN responsable de haber cometido “graves actos de violencia”. La Comisión llama al FMLN a renunciar para siempre a todas las formas de violencia en la búsqueda de un final político del conflicto. Sin embargo, el documento dice que “la vasta mayoría de abusos estudiados por la Comisión fueron cometidos por miembros de las fuerzas armadas o grupos aliados.”
¿No queda claro? La vasta mayoría de abusos fueron cometidos por miembros de las fuerzas armadas o grupos aliados a ellos, por ejemplo los escuadrones de la muerte. Y si ese es el caso (no dudamos que lo sea) ¿cómo podemos poner en el mismo nivel de la balanza el pequeño numero de “abusos” cometidos por los insurgentes con la vasta mayoría de asesinatos y otros crímenes cometidos por el estado?
El papel del imperialismo norteamericano
El documento continúa:
“La Comisión está también informada de que salvadoreños exiliados en Miami ayudaron a administrar las actividades de los escuadrones de la muerte entre los años de 1980 y 1983, con aparentemente poca atención de gobierno estadounidense. Tal uso del territorio norteamericano para actos de terrorismo en el extranjero debería de ser investigado y nunca permitir que se repita”.
Todo mundo sabe que los Estados Unidos estuvo interviniendo activamente y agresivamente en Centroamérica durante este período. En Nicaragua en 1979 el movimiento revolucionario Sandinista derrocó el régimen opresivo de Anastasio Somoza, cuya familia había controlado el país desde 1930. Washington inmediatamente comenzó a socavar el gobierno revolucionario en Managua, lanzando una vasta operación de agresión militar, económica y diplomática.
A lo largo de los años 80, el imperialismo norteamericano libró una sangrienta guerra contra el pueblo de Nicaragua y El Salvador como parte de la guerra global de Reagan contra el “comunismo”. Vertió miles de millones de dólares en estas guerras sucias, en las cuales el terrorismo, los asesinatos políticos, la tortura, secuestro y las desapariciones eran un denominador común. Romero denunció la implicación del gobierno de los Estados Unidos, que envió miles de millones de dólares en ayuda militar al gobierno salvadoreño durante la guerra civil, así como también dio entrenamiento para las fuerzas armadas del país. El Mayor Roberto D’Aubuisson, el célebre fundador de los escuadrones de la muerte en El Salvador, se graduó de la Escuela de las Américas, una academia militar estadounidense especializada en contra-insurgencia.
Justo unas semanas antes de su muerte, el arzobispo envió una carta al entonces Presidente de los EE.UU. Jimmy Carter, en la cual escribió: “Usted dice que es cristiano. Si usted es realmente cristiano, por favor detenga la ayuda militar a los militares del país, porque ellos solo la usan para matar a mi pueblo”. La carta nunca fue contestada.
No hay nada nuevo o sorprendente aquí. El imperialismo de los Estados Unidos considera a El Salvador, y la totalidad de centro y sur América como su patio trasero, y se ve a sí mismo como el propietario de esta importante porción de terreno. Y como todo dueño responsable, necesita un perro guardián para vigilar su propiedad día y noche. Ese perro guardián debe ser feroz y no debe tener miedo de morder. Se le conoce como oligarquía salvadoreña, la cual mantiene un gran aparato represivo, el ejército, la policía, los servicios de inteligencia, los administradores de las prisiones, los torturadores y los asesinos a sueldo.
Estos individuos están unidos por miles de vínculos a la CIA y el imperialismo norteamericano. Son entrenados para matar y torturar en lugares como Miami. Pedir que esto no suceda es como pedirle al dueño del patio que prescinda de su perro guardián, a lo que él responderá con una irónica sonrisa: “Me desharé de mi perro guardián hasta que me asegures que no hay ladrones en este vecindario”.
Los autores del informe sacuden sus cabezas en desaprobación, así como un maestro reprende a un alumno problemático. Apuntan con el dedo a Washington y le piden amablemente que nunca haga tales cosas de nuevo. Pero el imperialismo norteamericano no se impresiona por tales sermones. Ellos tienen importantes intereses que defender, y los defenderán con métodos drásticos. El pueblo de Irak y Afganistán conoce sobre estos métodos, que están siendo utilizados justo ahora.
El terror es un instrumento de la guerra. Es una característica necesaria de cualquier guerra, porque el único objetivo de la guerra es hacer que el enemigo se someta a tus órdenes. Allí donde el enemigo es mucho más numeroso que tu bando, el uso del terror se vuelve incluso más necesario. Ese fue el caso de El Salvador, donde una oligarquía ínfima y parásita estaba rodeada por un mar de trabajadores y campesinos descontentos. Ese es el caso de Irak y Afganistán, donde las fuerzas de ocupación son ampliamente superadas en número por una población hostil.
Los imperialistas utilizan métodos terroristas contra las masas en los países ocupados. Las masas de esos países usan métodos terroristas para defenderse así mismos y expulsar al enemigo extranjero. El terrorismo de la Resistencia es crudo, poco sofisticado y frecuentemente sin mucho éxito. El terrorismo empleado por los imperialistas es altamente sofisticado, respaldado por inmensas sumas de dinero, y equipado con los más recientes recursos de la ciencia y la tecnología avanzada. Estos siempre matan más gente.
Los Diez Mandamientos nos dicen que no debemos matar. Pero toda la historia del mundo nos demuestra que los gobiernos nunca han puesto la más mínima atención a los Diez Mandamientos. Y dudamos mucho que pongan atención a los discursos morales contenidos en el informe de la Comisión.
¿Reconciliación?
“La Comisión dictaminó que los escuadrones de la muerte, a menudo operados y apoyados por poderosos hombres de negocios, terratenientes y algunos líderes políticos, han actuado por mucho tiempo en El Salvador y se mantienen como una potencial amenaza. La Comisión recibió testimonio sobre más de 800 víctimas de los escuadrones de la muerte. Este problema es tan serio que la Comisión sugiere una investigación especial de los escuadrones de la muerte para divulgar y luego detener tal actividad. La Comisión está especialmente preocupada por la estrecha relación entre los militares, asesinos a sueldo y extremistas dentro de la comunidad de negocios salvadoreña y algunas familias adineradas, quienes recurrieron a los asesinatos para resolver disputas”.
Ahora llegamos al punto más importante. Habiendo definido la existencia de una gran cantidad de asesinatos y otros abusos cometidos por las fuerzas (oficiales y “no oficiales”) de un estado en guerra con su propio pueblo, surge la pegunta: ¿Qué hacer al respecto? Esta no es una pregunta secundaria, porque si no se toman medidas adecuadas para identificar, arrestar y castigar los partidos culpables, nunca se puede asegurar que los mismos crímenes no se cometerán en el futuro. El estado debe de ser purgado profundamente de todos aquellos que, directa o indirectamente, participaron en crímenes contra el pueblo. ¿Qué propone la Comisión?
Esto nos trae a un lado muy negativo del documento. Como podría esperarse de las Naciones Unidas, el documento no tiene un ápice de contenido de clase, y presenta la guerra civil en El Salvador en términos moralistas e hipócritas. La ONU condena la violencia en general, sin molestarse en analizar el contenido concreto de esta violencia. Lamenta el hecho de que “hubo violencia”, pero nunca nos dice por qué había violencia, y quién era el agresor y quién era la víctima. En otras palabras, pone la víctima y el agresor al mismo nivel.
Si una mujer es atacada en la calle por un hombre que trata de violarla y asesinarla, y la mujer responde luchando para salvar su vida, ¿podemos condenarlos a ambos? ¿Como si la violencia practicada por el violador y la violencia que la víctima es obligada a usar en su legítima autodefensa fuera la misma cosa? Ninguna persona razonable podría afirmar eso. Pero eso es lo que el documento de la ONU intenta decirnos. Dice, por ejemplo:
“Es la esperanza de la Comisión que un El Salvador más justo se levantará de las cenizas de una guerra en la que ambas partes eran injustas.” Este es el tipo de hipocresía que sirve para desarmar al pobre y al oprimido frente a sus opresores.
“¡Ambos lados eran injustos!” ¡Como si la violencia del esclavo oprimido que lucha para defenderse a sí mismo contra el látigo del amo, se pudiera poner al mismo nivel que la violencia ejercida por el esclavista!
“El perdón también es indispensable”, nos dice también el informe de la ONU. Luego, inmediatamente se contradice a sí misma, y dice: “Los abusos y el dolor inflingido a miles de personas en El Salvador no serán y no deberían ser olvidado”.
¿Podemos esperar Justicia?
Todo esto está lo suficientemente claro para cualquiera y nadie se sorprenderá por ello. Pero, como hemos dicho, la pregunta que surge es: ¿Qué tiene que hacerse?
“La Comisión considera como justas las demandas de castigo por las violaciones a los derechos humanos. Pero la Comisión no está constituida para especificar las sanciones y reconoce que el actual sistema judicial salvadoreño es incapaz de asignar y llevar a cabo el castigo de manera justa. Por eso la Comisión considera que no puede recomendar procesos judiciales en El Salvador contra personas que han sido mencionadas en su informe hasta después que se lleven a cabo reformas judiciales”.
Estamos naturalmente a favor de cualquier reforma del sistema legal y judicial que tienda a hacerlo mas democrático y más sensible a las necesidades y las demandas de la población. Sin embargo, en el caso de El Salvador, ¡esto significaría sacar a casi todo el sistema judicial, y llevar a muchos de los jueces a juicio por complicidad en los crímenes de guerra! Una reforma judicial de esa envergadura tendría muchas implicaciones y solo podría llevarse a cabo como el resultado de una reconstrucción revolucionaria de la sociedad, un cambio total de arriba abajo.
El informe de la Comisión resalta que con relación al caso de Romero, el gobierno salvadoreño ha violado numerosos tratados internacionales de debida justicia. El informe además recomienda:
“Que el estado lleve acabo una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expeditiva, que identifique, enjuicie, y castigue todos los ejecutores, ambos, los implicados directos y los planificadores de las violaciones establecidas, a pesar del decreto de amnistía”.
Todos los trabajadores y campesinos saben que el sistema judicial es parte del estado burgués, que está compuesto de individuos que provienen de las filas de los rico y poderosos, que, a pesar de todas sus hipócrita pretensiones de “imparcialidad”, no es en absoluto imparcial, y, en último análisis, siempre defenderá los intereses de la minoría rica contra la mayoría pobre. Ese es el caso incluso en los países más democráticos y avanzados. En El Salvador la situación es todavía mas clara.
La Comisión además ordena que “un estado no puede depender de la existencia de estipulaciones de leyes internas para eludir llevar a cabo su obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos, llevar a juicio a las personas responsables, y prevenir la impunidad”. Pero ese es precisamente lo que el estado en El Salvador ha hecho. El mismísimo año que el informe fue dado a conocer, la asamblea legislativa, entonces controlada por ARENA, el partido que estaba detrás de todas las atrocidades perpetradas por el ejército y los escuadrones de la muerte, aprobó una ley de amnistía.
En ocasiones, la clase dominante hará un gesto de “justicia” para revivir la ilusión en las mentes de las personas de que el estado es imparcial, y que la justicia siempre ganará al final. Puede incluso sacrificar ciertos individuos que le sirvieron en el pasado, pero en los cuales han perdido interés. Tal es el caso del antiguo Capitán de la Fuerza Aérea Álvaro Saravia, quien fue hallado culpable de planear el asesinato de Romero junto con otros antiguos oficiales del ejército.
Saravia había emigrado a los Estados Unidos cuando empezó una investigación de su papel en el asesinato. En 1987 fue detenido por las autoridades de los Estados Unidos cuando los fiscales salvadoreños solicitaron su extradición. Pero el gobierno salvadoreño y el sistema judicial se movieron rápidamente para retirar la petición, bajo el pretexto de que no había “suficiente evidencia” para presentar cargos, y Saravia fue liberado en 1988.
Los familiares sobrevivientes del arzobispo Romero -sus dos hermanos, ahora con casi 70 años- eventualmente recurrieron a las cortes de los EE.UU. presentando cargos en litigio contra Saravia en el estado de California bajo la Ley de Demanda de Tortura Extranjera, y la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, la cual permite a los nacionales en el extranjero ser enjuiciados por crímenes cometidos en otros países.
Un juez de la corte federal de los EE.UU. en el estado de California ordenó a Saravia pagar $10 millones en daños. Saravia no apareció en corte, y fue enjuiciado y sentenciado en su ausencia. Aunque su paradero exacto es desconocido, se asume que está todavía en los EE.UU.
El 15 de marzo de 2009 el pueblo de El Salvador ganó una victoria histórica. Con la elección de Mauricio Funes, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por vez primera, la izquierda formaba gobierno. Funes dijo que favorecería a los pobres y a los excluidos. Eso está muy bien, pero es necesario pasar de las palabras a los hechos.
El pueblo salvadoreño está decidido a encontrar la verdad, poner fin a la impunidad y al encubrimiento, y obtener justicia. El gobierno salvadoreño se ha comprometido a emprender una investigación judicial completa para “identificar, perseguir y castigar” todos los autores y los instigadores del asesinato de Romero. Esto sería un paso en la dirección correcta, pero está lejos de ser suficiente. Es necesario revocar la escandalosa Ley de Amnistía de 1993, que efectivamente obstruye cualquier investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil.
El asesinato del Arzobispo Romero fue un crimen contra todo el pueblo. Fue un ejemplo perfecto de la brutalidad y falta de respeto por la ley de la clase dominante, y no puede ser protegido por ninguna ley. Por años el gobierno dirigido por ARENA se escondió detrás de la ley de amnistía para evitar reabrir el caso. Su revocación es absolutamente necesaria si se quiere hacer realidad el deseo del pueblo de hacer justicia.
Ahora se ha puesto muy de moda hablar de “dialogo, tolerancia y reconciliación”. Ellos hablan de la “reconciliación nacional” y la “reunificación de la familia salvadoreña”. A los enemigos de la justicia nunca les faltan los argumentos. “Reabrir viejas heridas del pasado no estaría en el mejor de los intereses de un pueblo que mira hacia el futuro”. “Reabrir viejas heridas del pasado no haría bien a nadie. Ello causaría división”. Etcétera, etcétera.
Pero todo esto es nada más que palabrería vacía e hipocresía. No hay “familia” entre el rico y el pobre. No puede haber reconciliación, entre los asesinos y el asesinado. Ellos hablan de un “proceso democrático”, pero ¿qué democracia puede haber cuando la misma oligarquía corrupta y opresiva mantiene aún el control? ¿Qué justicia pude haber si tres décadas mas tarde, a los asesinos y torturadores se les permite caminar libremente por las calles de San Salvador y reírse en las caras de sus víctimas?
El informe de la ONU dice:
“Debería erigirse un monumento nacional, con los listados de todas las víctimas de la guerra. Debería declararse una celebración nacional anual para recordar la muerte y celebrar la reconciliación. Este informe debería ser discutido y analizado en un foro público nacional en El Salvador”.
Todo eso está muy bien, pero todo eso está nada más dándole vueltas al problema, no enfrentándolo de raíz.
Es muy fácil tomar un asunto serio, hablar en voz alta sobre una “solución”, y luego reducirla a una farsa por medio de la presentación de símbolos, en lugar de tomar acciones serias. Eso es justamente lo que vemos en este caso. Este año habrá numerosas actividades oficiales culturales y religiosas para conmemorar el asesinato del arzobispo. En el 2005, en el 25 aniversario de su martirio se encendió una llama eterna en las afueras de la catedral. Este año el congreso nacional tomó el acuerdo de declarar el 24 de marzo como “El día de Monseñor Romero”, con la oposición de ARENA y el PCN.
Mas allá de “llamas eternas” y “actividades oficiales culturales y religiosas”, la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿Qué pasos concretos se están dando para llevar a los asesinos frente a la justicia? ¿Qué pasos concretos se están dando para depurar el ejército y la policía de fascistas, torturadores y asesinos? Hasta que estas preguntas sean contestadas, no podemos tener la certeza de que los eventos del pasado no se repetirán en el futuro. ¡Esta no es una pregunta de poca importancia para el pueblo de El Salvador!
La elección de un gobierno del FMLN fue un gran paso hacia delante. Pero no basta con ganar una elección. El gobierno fue elegido por el pueblo para llevar a cabo un cambio fundamental en la sociedad. Es imposible ejecutar ese cambio mientras las principales herramientas del poder político y económico se mantienen en manos de la oligarquía reaccionaria.
En el pasado los estalinistas defendieron la desastrosa teoría de las dos etapas. Eso significa, que los trabajadores y campesinos no deben intentar tomar el poder, mas bien deben apoyar a la burguesía “progresista” y limitarse a la lucha por demandas democráticas. Este argumento era falso de principio a fin. No hay burguesía progresista en El Salvador, donde el latifundista y los capitalistas constituyen un bloque reaccionario, parados en la vía del progreso.
Sin embargo, estamos de acuerdo que es necesario luchar por reivindicaciones democráticas en El Salvador, comenzando por la más elementales de las demandas: por el arresto y castigo de todos aquellos responsables de las atrocidades cometidas contra el pueblo, por la depuración del ejército, policía y el poder judicial de fascistas; por el juicio y castigo de todos los asesinos y torturadores.
Estas justas y necesarias demandas serán apoyadas por la abrumadora mayoría de trabajadores y campesinos y rechazadas con todas sus fuerzas por la oligarquía, que las verá como un ataque a su poder. Esto significará una batalla seria. Los reaccionarios controlan el estado. Pero la clase trabajadora y los campesinos son la mayoría decisiva de la sociedad. Una vez ellos estén organizados y se movilicen para cambiar la sociedad, ninguna fuerza sobre la faz de la tierra puede detenerlos.
Solamente un programa socialista revolucionario puede ofrecer una salida a este callejón sin salida. La tendencia Marxista representada por el BPJ ofrece este programa. No somos utópicos o anarquistas. Entendemos que la lucha por el socialismo no es una simple batalla, más bien está compuesta de muchas luchas de diferentes envergaduras. Solo a través de la lucha día a día por las diferentes reivindicaciones –incluyendo las más reivindicaciones democráticas más avanzadas —las masas pueden adquirir la fuerza y la confianza para avanzar hacia la batalla más decisiva de todas: la conquista del poder político.
Los trabajadores del campo y la ciudad de El Salvador han ganado ya una importante batalla en el frente electoral. Ahora deben asegurar que esta primera victoria los dirija hacia un golpe decisivo contra la oligarquía reaccionaria. La lucha por la democracia, si es una lucha consecuente, solamente puede desembocar en una lucha por quebrantar el poder de los oligarcas. En otras palabras, solamente puede desembocar en la expropiación de los terratenientes, los banqueros y capitalistas y la toma del poder por la clase trabajadora, como el primer paso hacia la victoria del socialismo en El Salvador y en todo centro y Latinoamérica, lo cual será un paso decisivo hacia la victoria mundial del socialismo.
25 de marzo, 2010
Lee la versión en ingles (English version: The Assassination of Archbishop Romero)
