Venezuela acaba de entrar su segunda semana bajo cuarentena social preventiva, luego de que el gobierno oficialmente diera a conocer la detección de los primeros casos de coronavirus en el país, el pasado viernes 13 de marzo.
En dicho anuncio oficial se explicó que dichos casos consistieron de personas que ingresaron al país en los vuelos de la aerolínea Iberia, los días 5 y 8 de marzo, provenientes de España, Italia y los EEUU.
Como respuesta ante la posible propagación consecuente del virus, el 17 de marzo el presidente Maduro ordenó la cuarentena social, primero en 5 estados del país, incluyendo al Edo. Miranda y el Dto. Capital, y luego en todo el país, al igual que está ocurriendo en otros países del mundo, como medida central para cortar la cadena de contagio y evitar lo más posible que haya un incremento acelerado en los casos. Hasta ése día, se contabilizaban 33 casos en todo el país.
Hasta el 23 de marzo, se mantenían 77 casos confirmados.
La pandemia de coronavirus y las contradicciones del capitalismo hoy
En todo el mundo la pandemia por coronavirus se está constituyendo en el elemento accidental que está acelerando la crisis capitalista prevista desde meses atrás incluso por economistas burgueses, a la vez que está poniendo al descubierto las profundas y desgarradoras contradicciones de este sistema putrefacto, que antepone las ganancias de los capitalistas antes que la vida de millones de hombres y mujeres en todo el mundo.
En Italia por ejemplo, el colapso generalizado del sistema de salud, no es sólo una consecuencia directa de la pandemia, sino que había estado siendo preparado desde hace más de una década, con los recortes que ha aplicado el Estado sobre el sistema de salud, a fin de reducir el déficit fiscal para mantener las ganancias de los capitalistas a flote, pero siempre a costa de los trabajadores y pobres.
Desde el año 2009, en ése país han sido eliminados aproximadamente 46.500 puestos de trabajo en el sistema público de salud, para poder cumplir con las políticas de austeridad fiscal. De 10,6 camas de hospital por cada 1000 habitantes, que había para el año 1975, en la actualidad hay apenas 2,6 camas de hospital por cada 1000 habitantes. ¿Con recortes tan severos en el presupuesto de salud, cómo no puede colapsar el sistema de salud italiano ante una pandemia como la actual?
Hoy, el debate en Italia es entre dar por desahuciados a los ancianos que han contraído el virus para salvar a pacientes más jóvenes y con “mayores posibilidades de sobrevivencia”, ante la incapacidad del sistema de salud público de atender la enorme cantidad de pacientes que han ingresado en las últimas semanas debido a la pandemia.
En Irán, hombres y mujeres trabajadoras han fallecido como consecuencia de haberse contagiado al asistir a sus puestos de trabajo. Estos pacientes debieron haberse mantenido en casa para resguardar sus vidas, pero como ocurre con cualquier obrero, se vieron en la obligación de ir a trabajar para proteger su fuente de sustento.
En España ha habido importantes protestas de trabajadores exigiendo medidas de seguridad adecuadas, debido a que son obligados a trabajar bajo condiciones inseguras, como han sido los casos de Mercedes Vitoria, IVECO Valladolid, Balay, Avernova y otras empresas, un fenómeno que también está ocurriendo en otros países.
En Venezuela, a pesar de la propaganda del gobierno, el fenómeno del coronavirus no está aislado de la crisis económica que ha azotado al país durante los últimos años, que por un lado ha sido expresión de la crisis mundial del capitalismo, manifestada en la caída del precio de las materias primas, en la última década, y por el otro es parte tanto de la propia crisis histórica del capitalismo venezolano atrasado, como del reformismo que ha sido incapaz de llevar adelante una política genuina y consecuentemente anticapitalista, expropiando a la burguesía y planificando democráticamente a la economía, hecho que se ha expresado en las políticas burguesas de austeridad que el gobierno ha aplicado en el último año y medio contra los trabajadores, como medio para contener la crisis a la vez que lograr mantenerse en el poder.
Por lo tanto, si analizamos desde un punto de vista marxista la situación del sistema de salud de Italia, España o los EEUU en el marco de la actual pandemia, y hacemos una crítica desde el punto de vista e interés de los trabajadores y oprimidos, de cómo los Estados y los gobiernos de turno, burgueses o socialdemócratas, han privilegiado las ganancias e intereses de los capitalistas incluso por encima de la vida de la gente, no podemos tampoco pretender hacer a un lado nuestra mirada ante el colapso del sistema de salud venezolano acontecido en los últimos años, y cómo la extensión del coronavirus en Venezuela tendría un impacto de proporciones inimaginables sobre lo que aún queda en pie del sistema público de salud. Veamos.
Los extraordinarios logros de Chávez en salud y los límites del reformismo
Durante el período de gobierno del presidente Chávez, se invirtieron cuantiosos recursos para mejorar el sistema de salud público, que se encontraba en una situación verdaderamente decadente en los años 90. La política estatal conocida como Barrio Adentro, que se apoyó en la experiencia y personal de la Revolución Cubana, permitió alcanzar niveles de atención primaria y secundaria de salud nunca antes vistos en nuestra historia. Por primera vez los trabajadores tuvieron acceso gratuito a un sistema de salud de calidad, en el cual realmente se puso a la vida y la calidad de vida del paciente como una prioridad.
Para sólo mencionar unas pocas cifras, la llamada Misión Milagro erradicó el padecimiento de cataratas en el país, y ayudó de forma desinteresada a trabajadores de todo el continente, operando de catarata a millón y medio de latinoamericanos y más de 3 millones de venezolanos, de forma totalmente gratuita.
Por otro lado, hasta el año 2012 habían sido construidos más de 500 centros de atención primaria en salud en todo el país (CDI), y más de 500 centros de rehabilitación. Mientras que apenas 1.444 centros de atención odontológica fueron construidos durante 4 décadas en la llamada 4ta república –que aparente es la época a la que ha retornado este país hoy por hoy-, casi 5000 fueron construidos entre 1998 y 2011.
Asimismo, en 2010 se proveyó gratuitamente a pacientes odontológicos de más de 9000 coronas y prótesis dentales. Hasta 2011, las cifras de mortalidad infantil lograron reducirse en torno a los 15 niños por cada mil nacimientos. En general, se alcanzaron conquistas sanitarias muy superiores al promedio de los países semicoloniales, y latinoamericanos particularmente.
No obstante, esta importante conquista social estuvo enmarcada dentro de los límites impuestos por la propiedad privada capitalista y el Estado burgés, y sustentada principalmente en los ingresos obtenidos a través de la exportación de petróleo.
A pesar del enorme logro social que significó Barrio Adentro, fue parte de un conjunto de políticas reformistas progresivas, más no fue una política genuinamente socialista, porque el marco económico burgués se mantuvo intacto.
De hecho, nunca la salud privada ni las empresas aseguradoras fueron nacionalizadas, y durante el período de 2004 a 2014 se vaciaron miles de millones de dólares de las arcas públicas a los bolsillos de los dueños de las aseguradoras y clínicas privadas del país, vinculadas a su vez al capital financiero nacional y trasnacional.
El colapso de la salud en Venezuela: Guerra económica, políticas reformistas, hiperinflación y austeridad
En consecuencia, cuando a inicios de 2013 los capitalistas arreciaron su política de sabotaje de la producción, generando una escasez crónica de productos de primera necesidad, y empujando tanto los precios de bienes de primera necesidad como la inflación en general hacia arriba, el sistema de salud comenzó a verse impactado negativamente.
Luego, la caída del ingreso petrolero y su recuperación progresiva, entre los años 2014 y 2017 –llegando a un mínimo de 26,5 $ en 2016-, significó una fuerte reducción del presupuesto estatal, y por ende del presupuesto del sistema de salud, a lo que hay que sumarle el papel nefasto que ha jugado la corrupción, tanto legal dentro del marco capitalista (desvío de divisas por parte de empresas privadas de insumos médicos y medicinas para el Estado), como la corrupción tipificada en la ley, que también han significado el drenado de cuantiosos recursos estatales del presupuesto de salud.
Cuando en 2018 la inflación se tornó en hiperinflación, como consecuencia de la estrecha y alocada respuesta del gobierno ante el sabotaje económico –a saber, el aumento descontrolado de la liquidez-, ello significó en la práctica la pulverización del sistema de salud.
En la actualidad, la carencia de insumos en quirófanos y UCI se ha tornado una pesadilla crónica, que ronda cifras estimadas entre el 35% y 50%, aunque por razones obvias el gobierno no ofrece cifras oficiales al país.
Las cifras de mortalidad infantil han vuelto a dispararse, y enfermedades que en el siglo XX se habían controlado, como el dengue o la malaria, han vuelto a despuntar de manera alarmante, pero tampoco en estos casos existen cifras oficiales fidedignas.
Un sistema de salud que dependía de un muy magro ingreso petrolero para la adquisición de insumos, material quirúrgico, pago de salarios, medicinas y demás, que luego se enfrentó a capitalistas proveedores de insumos a precios hiperinflacionarios, que a su vez pagaba devaluados salarios en Bs. a sus médicos, enfermeras y demás personal, no pudo más que colapsar trágicamente, como un castillo de arena cuando las olas le golpean con fuerza.
Todo ello nuevamente, fue la consecuencia de los límites del reformismo, es decir, de no haber nacionalizado el conjunto de las palancas económicas del país, para luego planificar la economía bajo el control democrático de los trabajadores, y no como consecuencia del socialismo, como la derecha y el imperialismo repiten todos los días.
Las sanciones de Trump, o el remate de la destrucción de la salud pública
Como remate a esta espeluznante sucesión de acontecimientos fatídicos, que han significado en la práctica la destrucción casi total de nuestro sistema público de salud, y de todas las conquistas sociales que en materia de salud fueron logradas durante el período Chávez, se le sumaron luego las sanciones de la administración Trump desde 2017, que han bloqueado la capacidad del país para acceder a medicinas e insumos médicos en el extranjero, dando otro golpe mortal a nuestros ya colapsados hospitales y centros de salud.
Por ejemplo, en septiembre de 2017 el gobierno dio a conocer el caso de un cargamento de 300 mil dosis de insulina que debían llegar a nuestro país, pero estaban siendo retenidas en un puerto internacional. En noviembre de ése mismo año, la trasnacional BSN Medical bloqueó, por órdenes del gobierno colombiano, un cargamento de Primaquina que debía ingresar a Venezuela, un medicamento utilizado para el tratamiento de la Malaria o Fiebre Amarilla.
De la misma forma, en 2018 instituciones financieras internacionales devolvieron al país 39 millones de dólares que iban a ser utilizados para la compra de medicinas y alimentos en el extranjero. Peor aún fue célebre el caso de los aproximadamente 1700 millones de euros pertenecientes al Estado venezolano y retenidos por la entidad financiera Novo Banco de Portugal, que pudieron haber utilizados utilizados para la compra de medicinas, insumos hospitalarios y alimentos.
Finalmente, según fuentes gubernamentales las consecuencias de estas acciones se han traducido en cifras tales como 80.000 pacientes de VIH sin tratamiento antirretroviral en 2017, 16.000 personas a la espera de diálisis y 16.000 pacientes de cáncer sin tratamiento. Ello sin contar los fallecidos que esta misma política sanguinaria del imperialismo ha provocado.
Vemos pues, que las sanciones han terminado de estrangular las pocas capacidades de respuesta del sistema público de salud ante los problemas sanitarios cotidianos de nuestra población, a la vez que han acelerado su colapso.
La respuesta del gobierno ante la llegada del coronavirus a Venezuela: ¿A quiénes golpeará esta crisis con más fuerza? ¿A los ricos o a los trabajadores?
Las medidas de cuarentena social tomadas por gobierno hace más de una semana en principio no están en discusión, porque son absolutamente necesarias para frenar la velocidad de contagio y de expansión del virus en el territorio nacional, sin embargo, si está en discusión el hecho de que sobre bases capitalistas, y sobre la base de medidas burguesas, como las que éste gobierno toma, la cuarentena social significará aún más penurias y miserias para las masas trabajadoras del país, ya golpeadas por cinco años de crisis.
En efecto, al día de hoy Venezuela acumula aproximadamente una contracción de la actividad económica de un 60%, lo que significa que la economía nacional se ha contraído hasta dos tercios desde el año 2013, lo que se traduce inevitablemente en desempleo, carestía de la vida y miseria para millones de hombres y mujeres trabajadoras en todo el país, así como el crecimiento acelerado del hambre, pobreza, mendicidad, criminalidad y prostitución, particularmente la infantil.
A menos que se tomasen medidas socialistas –que este gobierno no tomará nunca-, como la nacionalización de la salud privada, de las multimillonarias compañías aseguradoras, o del comercio exterior, la cuarentena social va a golpear con mucha fuerza a las familias trabajadoras, que antes del coronavirus ya se encontraban en una situación de feroz lucha cotidiana para sobrevivir, saliendo a la calle a recolectar agua para su higiene o para cocinar, haciendo largas colas para comprar gas o gasolina, cocinando con leña, yendo de hospital en hospital para lograr que atiendan a un familiar suyo, soportando el racionamiento de luz o rebuscándose diariamente para poder comer.
No estamos viviendo en la Venezuela de 2013, en la que un salario mínimo de más de 300$ mensuales, acompañado además de los beneficios en materia alimenticia proporcionados por el Estado a través de la extinta Mercal, implicaba en la práctica un salario integral aún mayor. En el marco de tales condiciones, y con alrededor de un 60% de empleo formal, como existía para entonces, era más factible, para una gran cantidad de familias, sobrevivir al duro latigazo económico que significaría una cuarentena de 15, 21 o hasta 30 días, sobre todo para los trabajadores por cuenta propia o para aquellos que forman parte del sector informal.
Estamos viviendo en un país muy distinto, donde la gran mayoría de las conquistas sociales de la época Chávez han desaparecido, consecuencia tanto de los ataques inclementes de la parásita burguesía nacional, como por las timoratas y finalmente traidoras respuestas del reformismo socialdemócrata del gobierno, hoy devenida incluso en reaccionario, que acaba de justificar la solicitud de un préstamo al FMI, un tema que incluso para ésta socialdemocracia degenerada en líneas burguesas, era lógicamente un tabú hasta hace semanas.
El salario mínimo integral hoy por hoy ronda los 4$, ingreso que es “complementado” –a veces, y no para todas las familias- con la caja CLAP, que apenas permite a millones de familias sobrevivir bajo severas condiciones de austeridad, privaciones y subnutrición. Bajo estas condiciones es que millones de familias deben encarar la cuarentena que ha sido decretada en el país hace una semana.
Más aún, dicho beneficio –el ingreso mínimo legal actual- lo obtienen en principio sólo los trabajadores formales, pero, como ya hemos señalado, a causa de la progresiva destrucción del aparato productivo nacional en los últimos cinco años, son cada vez más los millones de trabajadores que no habiendo emigrado fuera del país, han sido desplazados hacia el sector informal de la economía, y que dependen del día a día en la calle: electricistas, albañiles y plomeros, vendedores de café o cigarros, choferes de taxi o vendedores de caramelos en el metro de Caracas, o cualquier otro que ejerza alguna actividad comercial particular para poder sobrevivir. Son estos millones de hombres y mujeres y sus familias, los que se verán más duramente golpeados por la cuarentena. Si estos trabajadores no trabajan cada día, simplemente se quedarán sin ingresos para poder subsistir.
Sí, es cierto que el gobierno ha dictado el pago de bonos mensuales a los trabajadores informales y por cuenta propia, ¿pero qué trabajador o trabajadora de este país hoy por hoy, está devengando un ingreso mínimo que le permita cubrir sus necesidades más básicas?
Reiteramos que nuestro énfasis no consiste en señalar como desacertada la política de cuarentena social. En efecto, es la única medida que de momento puede frenar una veloz expansión del virus, y por ende una alta tasa de mortalidad, medida que no fue tomada a tiempo en países como Italia, España o ahora los EEUU, donde el virus se está expandiendo rápidamente en ciudades como Nueva York.
Nuestro énfasis consiste en señalar cómo la pandemia, al igual que está ocurriendo en otros países, ha terminado por castigar con mayor fuerza aún a aquellas capas de trabajadores golpeadas ya de por sí severamente azotadas por la crisis económica. Los efectos económicos del coronavirus, no los pagarán los grandes banqueros, industriales y burócratas o políticos burgueses, sino el pueblo trabajador, hasta que los trabajadores nos levantemos contra sistema de opresión y miseria, y le demos la vuelta a la tortilla.
La lucha por derrotar la pandemia, no debe verse de forma apolítica, sino vinculada a la profunda crisis social que nuestro país atraviesa desde hace varios años. Esta lucha debe estar vinculada a la lucha por nuestros derechos y reivindicaciones, así como a la lucha estratégica por echar abajo todo el orden capitalista. El coronavirus no ha venido sino a empeorar el agudo sufrimiento que las masas trabajadoras hemos padecido en los últimos años. La pandemia es una emergencia nacional, pero la verdadera catástrofe nacional son el capitalismo y el reformismo, este último orgánicamente incapaz de superar a éste capitalismo atrasado, decadente y parasitario. Un futuro verdaderamente próspero para las masas trabajadoras pasa por destruir este podrido sistema, que enriquece a una pequeña minoría, a costa del hambre y sufrimiento de millones.
Las últimas medidas del gobierno
En el marco de la cuarentena social, el pasado 22 de marzo el presidente Maduro decretó –nuevamente, porque ya la inamovilidad laboral se supone que estaba decretada-, la inamovilidad laboral hasta el mes de diciembre, un plan especial de pago de las nóminas de pequeñas y medianas empresas y la suspensión del pago de alquileres tanto de viviendas como de locales comerciales por seis meses.
En primer lugar, la inamovilidad laboral existe en el país sólo de palabra. Luego de la reconversión monetaria, durante la reunión del último consejo de ministros de 2018 celebrado el 28 de diciembre el gobierno decretó la inamovilidad laboral por dos años, es decir, que estaría vigente hasta diciembre de 2020, y no obstante, durante el período de tiempo comprendido desde la reconversión monetaria hasta hoy, hemos visto una serie de despidos en distintas empresas públicas y privadas, así como en la administración pública, como parte de una política de ataques contra el movimiento obrero.
Muchos de estos despidos han sido arbitrarios, violando los procesos correspondientes por ley, y en algunos casos se ha detenido y encarcelado a los compañeros o compañeras en cuestión, sin cumplir en ningún momento con el debido proceso. Ejemplos de ello hay muchos, pero podemos mencionar cierres de imprentas y liquidaciones masivas de trabajadores en el sector gráfico en Caracas, como ocurrió recientemente con la imprenta Fanarte, persecución, despido, detención y enjuiciamiento de dirigentes obreros de Pdvsa como Marcos Savariego de El Palito, dirigentes del sindicato de trabajadores de Fogade, o más recientemente el célebre caso de los compañeros Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba.
En estos momentos, cuando la persecución contra trabajadores que luchan por sus derechos se ha incrementado gravemente, incluso haciendo uso de cuerpos represivos del Estado como la DISIP, el FAES o el DGCIM, hablar de inamovilidad laboral es la más demagogia más descarada, utilizada para calmar a los sectores de base del chavismo que aún tienen fuertes lazos ideológicos y emocionales con el gobierno.
Lo cierto es que de facto, no existe ya más en el país la inamovilidad laboral, desde hace más de un año.
Los marxistas, los socialistas revolucionarios, reivindicamos una política de inamovilidad laboral en la que realmente se respete el derecho de la clase obrera al trabajo, y no sólo de palabra. Todas las empresas deben pagar los salarios de los trabajadores, mientras dure toda la cuarentena, y sin que haya un solo despedido. ¡La vida por encima de las ganancias capitalistas!
Igualmente, los patronos deben garantizar todas las medidas de seguridad necesarias para que los trabajadores puedan desempeñar sus labores reduciendo lo más posible todo riesgo de contagio y propagación del virus. Las empresas deben proveer de tapabocas, guantes y de toda indumentaria para evitar el contagio, así como de los materiales necesarios para la limpieza regular de los espacios de trabajo, a fin de mantener las áreas laborales esterilizadas.
La suspensión del pago de deudas bancarias, de alquileres y de los servicios públicos, son ciertamente paliativos importantes, pero que poco o nada van a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores venezolanos en el mediano o largo plazo, sobre todo en un país donde el salario mínimo mensual ronda los 5$.
Por otra parte, el pago de las nóminas de las pequeñas empresas por parte del Estado, no hará sino profundizar el ya gigantesco déficit fiscal, que luego buscará ser tapado utilizando más y más políticas de austeridad contra los bolsillos del pueblo trabajador, como se hizo con la llamada reconversión monetaria.
Es cierto que la pequeña burguesía, los propietarios de pequeños comercios y empresas, son también en cierta forma dominados y oprimidos por el gran capital, y son más susceptibles de irse a la quiebra en medio de crisis o de una paralización comercial como la que está planteada en la actual cuarentena, no obstante, ¡debemos hacer pagar al gran capital por el sostenimiento de estas empresas! Si el Estado quiere ayudar a las pequeñas empresas en el marco de la cuarentena, ¡que tome el capital de los grandes monopolios del país, para pagar los salarios de los pequeños comercios! Los grandes monopolios deben ser además nacionalizados bajo control obrero, para poner en marcha un plan democrático de producción nacional, dirigido a satisfacer las enormes necesidades materiales de las masas trabajadoras hoy.
Más aún, sobre estos pequeños comercios y empresas, que también especulan contra el pueblo, debería restablecerse una política de control de precios y de acceso controlado a las divisas, bajo supervisión de comités obreros y populares, para que tampoco expolien al pueblo.
La solicitud de préstamo al FMI
Otra de las medidas anunciadas por el Presidente Maduro, fue, como ya comentamos de pasada, la solicitud de un préstamo de 5000 millones de dólares al FMI. Sobre este punto queremos hacer un análisis aparte, aunque sólo plantearemos algunas ideas para no extender demasiado el presente artículo.
El gobierno ha venido mostrando un marcado -aunque paulatino- viraje hacia la derecha desde que Maduro ganó las elecciones de abril de 2013. La presión que ha ejercido la burguesía a través del sabotaje de la producción y distribución de bienes, así como las campañas del imperialismo para derrocar al gobierno, unidos a la degeneración burocrática cada vez más patente de la dirección del chavismo, ha implicado la toma de medidas cada vez más a favor de la burguesía y los capitales imperialistas, y contra los intereses de los trabajadores, campesinos y masas oprimidas.
El ejemplo más obvio de esto ha sido la llamada reconversión monetaria, en la que el gobierno aplicó una brutal política de austeridad, prohibiendo de facto las discusiones de contratos colectivos, casi eliminando los aumentos salariales, borrando de golpe las tablas salariales en la administración pública, todo ello para contraer de forma agresiva la liquidez monetaria en el mercado, a la vez que legalizó la circulación del dólar junto al bolívar, y eliminó el control de cambio. El control de precios ya había sido eliminado de facto, sin que haya mediado decreto o reforma legal alguna.
Pues bien, la presente solicitud de préstamo al FMI, que ya fue rechazada, y a la que le siguió una segunda solicitud de préstamo, por 1000 millones de dólares, no es más que la continuidad de dicha política, que evidencia cómo la dirigencia del chavismo se ha degenerado totalmente, pasando de haber sido una fuerza progresiva en la lucha de clases, a una fuerza reaccionaria, que hoy forma parte del bloque de la clase dominante en el país.
Dentro de la izquierda, y aún entre los sectores menos avanzados de las masas bolivarianas, está claro cuál ha sido históricamente el papel del FMI, un instrumento del capital financiero imperialista para expoliación de los pueblos del llamado tercer mundo. ¿Cómo es posible que pueda justificarse ahora que el FMI puede jugar realmente un papel progresivo para enfrentar la alarma nacional por la pandemia?
Nada más recordemos que apenas en noviembre del año pasado, durante su discurso de clausura, en el Tercer Congreso Antiimperialista contra el Neoliberalismo, celebrado en Cuba, el presidente Maduro dijo:
“Fue Cuba la que convocó al mundo a debatir, a estudiar, a desenmascarar las políticas de dominación financiera del Fondo Monetario Internacional”, y luego, refiriéndose a los movimientos de insurrección popular en Ecuador y Chile, señaló: «Hay una insurgencia general del pueblo contra el modelo de exclusión, privatización, empobrecimiento, individualismo del capitalismo salvaje y neoliberal del Fondo Monetario Internacional».
El hecho de que apenas cuatro meses después se pretenda torcer la realidad, tomando como excusa la emergencia nacional por el coronavirus, y queriendo ahora hacer ver al FMI como un posible aliado de un país semicolonial como Venezuela, históricamente oprimido por el imperialismo europeo y norteamericano, es todas luces, un hecho escandaloso, y un insulto al legado del camarada Chávez, y debe servirnos a los revolucionarios honestos que provenimos de las filas del movimiento bolivariano, para darnos cuenta claramente, cuál es la naturaleza de clase del gobierno actual -aunque siga teniendo un importante apoyo de sectores de las masas trabajadoras-, cuál es su política frente a los trabajadores y frente a la burguesía, por qué no es éste un gobierno socialista, y por qué desde las bases del chavismo combativo y honesto, y desde el movimiento obrero y popular, debemos dar la batalla por reconstruir una alternativa revolucionaria para Venezuela.
La lucha de las organizaciones barriales, comunitarias y populares para organizar adecuadamente la cuarentena en las comunidades, tratando de mantener el funcionamiento de ciertos servicios sociales como la distribución de las cajas de comida, o la producción autónoma de mascarillas para protegernos del virus, o los sindicatos y organizaciones de trabajadores que hoy están en pie de luchas por condiciones de trabajo adecuadas y seguras frente al riesgo de contagio, no podemos desligarnos en ningún momento de la lucha de clases, y, como explicaba Marx, la lucha de clases es sobre todo una lucha política.
Los movimientos populares y de trabajadores revolucionarios, que hoy están al frente de las comunidades en la lucha contra la pandemia, no podemos olvidar que la construcción de una organización política revolucionaria, basada en un programa socialista, que plantee al país una alternativa revolucionaria a la actual dirigencia del movimiento bolivariano, que ha devenido en una fuerza reaccionaria y burguesa, es una tarea urgente.
Una vez que concluya el período de cuarentena, y la vida social del país regrese a la “normalidad”, -por demás una normalidad bastante dura y anormal desde los últimos años-, debemos reanudar los esfuerzos por construir una fuerza revolucionaria autónoma del pueblo trabajador. No podemos olvidarnos por un momento de este objetivo fundamental para las masas trabajadoras.
