El año 2016 cerró con incertidumbre para muchos trabajadores de distintas instituciones del Estado como por ejemplo los Ministerios de Salud, Educación y Seguridad ante la falta de acuerdos para la aprobación del Presupuesto General de la Nación donde se incluyera aumentos salariales que han sido obtenidos por medio de la organización, agitación, huelgas, mucho sacrificio, combate frontal y otras formas que se concretizaron en acuerdos con las autoridades de turno de aquel entonces conocidos como leyes escalafonarias o de nivelación salarial gradual.
El presente año se abrió el telón con el mismo escenario de la lucha sindical y de clases. Por un lado, el partido de la burguesía hacía todo lo posible desde la Asamblea para retrasar la aprobación del presupuesto, y por el otro, algunos sindicatos –sobre todo de salud- amenazaba con una huelga general, si no se reconocían sus conquistas establecidas en la Ley de Escalafón. Anteriormente hemos dado a conocer nuestra postura con respecto a este reclamo de cierta capa de los trabajadores de la salud que demandan la aplicación de dicha ley a como dé lugar, ya que su principal argumento es que ha sido una conquista de la lucha organizada—lo cual es correcto—y no se puede negociar o alterar ya que es una ley de la República. Pero esto no agota del todo la cuestión y hay aún muchas cosas que decir con respecto a esta ley.
El presente y recién aprobado Presupuesto General de la Nación estableció un aumento salarial para los trabajadores de la salud que ganan debajo de los $2,000 mensuales, lo cual según estimaciones de las autoridades abarca al 92 % de los trabajadores y un aumento al presupuesto para el pago del escalafón al Ministerio de Salud de $15 millones adicionales. Esto al parecer ha dejado satisfechos a buena parte de los trabajadores quienes podrán gozar de este aumento, y que no dudamos son quienes más lo necesitan. Incluso algunos dirigentes de los sindicatos existentes han mencionado que dicha ley es retroactiva, es decir que beneficia a aquellos que ganan más dentro del sector salud, y que de acuerdo a la forma en que fue concebida dicha ley, no existe un tope salarial ya que la ley no lo contempla, dejando su aplicación o no a ciertas “evaluaciones” que casi siempre son aprobadas para optar por dicho aumento año con año luego de los primeros 5 años de servicio, algo que contrasta drásticamente con otro sector como el de los docentes donde la ley escalafonaria es más rígida y los aumentos cada 5 años son relativamente bajos.
Consideramos que hay una capa de “profesionales de la salud” dentro de estos gremios que utiliza estas organizaciones sindicales para hacer eco de sus intereses mezquinos e individualistas, utilizando un discurso pseudo-izquierdista en defensa de los derechos de “todos” los trabajadores, pero que en el fondo son elementos pequeño burgueses más cercanos a la psicología del mercader de la salud, que poco o nada están vinculados con los intereses de la clase trabajadora en general y sus reivindicaciones históricas. Esto ha sido también aprovechado para que otros sindicatos que hacen un análisis a medias de la situación crítica y caótica en la que está sometido el país debido a la crisis mundial del sistema de producción capitalista, no saquen las conclusiones más avanzadas sobre la orientación que debería tener el combate por la defensa de las conquistas. Algunos de ellos han llegado a culpar al gobierno de turno del FMLN por semejante descalabro en la situación financiera—de la cual no dudamos tiene su cuota de responsabilidad—pero que en su totalidad no puede hacer más, partiendo de que su dirigencia ha aceptado las reglas de juego del capitalismo, y desde luego si aceptan dicho sistema, de poco o nada sirve que se lamenten del mismo, y las consecuencias de la crisis se deben hacer sentir sobre la mayoría pobre y excluida tarde o temprano.
Los recursos para el pago de la ley de escalafón ya sea de salud, educación o seguridad existen en el país, eso debe quedar claro desde un principio. La riqueza del país es producida socialmente, pero la apropiación de la misma se hace de forma individual, en el país hay unos 160 súper ricos que acumulan alrededor de $21,000 millones, alrededor del 87 % del PIB. A esto sumémosle los casos de corrupción donde se han apropiado descaradamente de fondos del Estado o de préstamos internacionales que alcanzan más de $12,500 millones, y si tomamos en cuenta que siguen apareciendo más y más casos por esta lacra, el monto se hace interminable. Luego tenemos arriba de los $320 mil millones que han evadido los empresarios en pago de impuestos y quienes ordenan a sus títeres de ARENA en el parlamento a hablar en defensa de los “trabajadores” para luego negarse a pagar el incremento al salario mínimo. A los compañeros sindicalizados en estos sectores los exhortamos a buscar la causa fundamental de todos nuestros problemas y luchar por un objetivo común, la búsqueda y consecución de una sociedad más justa, la lucha por una sociedad socialista.
