En la agenda del Papa en Bolivia hay una visita a Palmasola, programada para llamar la atención sobre la dramática situación en las cárceles bolivianas. En nuestro sistema penitenciario se apiñan todos los problemas irresueltos de la justicia y las contradicciones sociales del país. Si, como aseveró el vicepresidente, los tribunales “huelen a azufre”, las cárceles bolivianas son girones del infierno de la exclusión social y la opresión de clase que combatimos.
En la agenda del Papa en Bolivia hay una visita a Palmasola, programada para llamar la atención sobre la dramática situación en las cárceles bolivianas. En nuestro sistema penitenciario se apiñan todos los problemas irresueltos de la justicia y las contradicciones sociales del país. Si, como aseveró el vicepresidente, los tribunales “huelen a azufre”, las cárceles bolivianas son girones del infierno de la exclusión social y la opresión de clase que combatimos.
La población penal en Bolivia
El sistema penitenciario boliviano tiene una capacidad para albergar a 4.884 individuos, sin embargo en menos de diez años la cantidad de reclusos en Bolivia se ha redoblado pasando de los 7.031 de 2006 a los 14.770 de 2014, según datos de la Defensoría del Pueblo. Esto quiere decir que hay una sobrepoblación carcelaria del 202%: más de tres reclusos ocupan el espacio destinado a uno solo. En el continente solo El Salvador (300%) y Haití (218%) tienen más hacinamiento penitenciario de Bolivia.
Hay aproximadamente un detenido por cada 678 habitantes en nuestro territorio, una proporción en constante incremento (en 2001 había un preso por cada 1.112 habitantes). Tenemos más reclusos que camas hospitalarias (una por cada 960 habitantes), lo cual es muy indicativo de las prioridades sobre las que se funda el Estado. Para hacer una comparación con otros países: en Honduras, el país con la más alta tasa de homicidios intencionales al mundo, hay un detenido cada 745 habitantes, y en los EEUU, la más grande cárcel del planeta donde está reclusa el 25% de la población penitenciaria mundial, hay un privado de libertad por cada 139 habitantes.
Más de dos mil reclusos en Bolivia son menores de 21 años, parte de estos son menores de edad que comparten celdas con adultos en violación de la ley. Hay todavía más de 1.300 menores viviendo en las cárceles junto a sus padres detenidos. Esta cantidad ha vuelto a aumentar producto del fracaso de todos los planes de evacuación: el Estado no ha predispuesto hogares para estos menores que no tienen a familiares con los cuales quedarse, las familias substitutas los rechazan y en las cárceles no hay las guarderías establecidas por la ley.
¿Quién está preso?
Un tercio de los privados de libertad es acusado de delitos contra la persona: violaciones (17%), homicidio y asesinato (16%). La mayoría están detenidos por delitos comunes y contra la propiedad – robo (25%), hurto etc. – y el 27% son acusados de narcotráfico. Cabe recordar que la Ley 1.008 (Régimen de Coca y Sustancias Controladas), no hace ninguna distinción entre “peces gordos” (que casi nunca caen en la red) y las demás figuras de la cadena del narcotráfico: los consumidores que, para sustancias como la marihuana se han duplicado de 70 mil a 160 mil en menos de una década, pueden ser detenidos por narcotráfico. Así los que están en las cárceles son en gran mayoría los llamados “mulas”, elaboradores, microtraficantes y consumidores.
Aunque no existan estadísticas sobre la condición social de origen de los encarcelados en Bolivia, estas se pueden deducir de otros datos. El 84% de los privados de libertad está en detención preventiva, es decir en espera de investigaciones o proceso, una primacía continental que cuesta a Bolivia muchas denuncias internacionales por violación de los derechos humanos. En detención preventiva van los reincidentes y los autores de reatos de mayor gravedad, pero la aplastante mayoría son los que no reúnen las condiciones para medidas sustitutivas a la cárcel, es decir no tienen un domicilio propio, un trabajo y la cantidad de dinero requerida como caución.
De hecho unos 4.500 presos (un 30%) no pueden permitirse de pagar a un abogado privado y son defendidos por uno de los 84 defensores públicos desplazados en todo el territorio nacional. Según informes de la administración penitenciaria hasta junio de 2014 había 2.058 privados de libertad asistiendo a cursos de alfabetización y postalfabetización, de lo cual se puede inferir que, como mínimo, la tasa de analfabetismo en las cárceles es de un 13,9%, es decir más del triple que la tasa nacional (3,59%).
A estos resultados llega también una encuesta realizada en 2010 en la cárcel de San Pedro de La Paz, que describe una situación generalizada: “La mayoría de los reclusos desarrollaba actividades económicas legales, como comerciantes, transportistas o constructores… En general, el promedio de ingresos de los reclusos antes de ser privados de libertad era de 1.080 bolivianos… Las historias de los reclusos de San Pedro se caracterizan por la situación de pobreza, crisis familiar o de salud en que se encontraban cuando se les presentó la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios y superar su situación a cambio de aceptar el riesgo de perder su libertad”.
¡Cuesta estar preso!
En Bolivia las culpas no se pagan con la cárcel sino se sortean en las cárceles y con billetes. El gasto público del Estado para la alimentación, la salud y la seguridad de cada privado de libertad es de poco más de 8 Bs por día, a todas luces totalmente insuficiente. En esta situación de necesidades y extrema dependencia proliferan inevitablemente los abusos de las autoridades penitenciarias y de los grupos más violentos de reclusos. La cárcel se vuelve universidad de la delincuencia.
Al ingreso en la cárcel cada preso es botado en un calabozo hacinado: si quiere condiciones mejores debe pagar para alquilar o comprar una celda en los pabellones “residenciales”. Existe un mercado, revelado en muchas investigaciones periodísticas (por ejemplo en La Razón o Pagina Siete) en que estas celdas pueden pagarse hasta 10.000 dólares americanos. Son negocios como estos que provocan la violencia en las cárceles mientras las autoridades cierran un ojo o abren el bolsillo o las dos cosas. Todos los detenidos, no solo los Belaúnde, deben pagar también montos que oscilan entre los 100 y los 500 Bs para los policías y los medios de transporte que los trasladen a asistir a una audiencia de su proceso.
Derechos humanos y lucha de clases
El padre del derecho penal moderno, el iluminista Cesare Beccaria, decía que para que una pena sea eficaz a impedir la reiteración del delito no debe ser gravosa sino cierta y que cuando en cambio hay retardación de justicia la pena se vuelve simplemente espectáculo. Y es un espectáculo vergonzoso que educa a la deshumanización el que ofrecen nuestro sistema penitenciario, una derecha que no tiene ni la altura de ser “liberal” para la cual el problema de las cárceles son los supuestos “presos políticos”, y medios de prensa que insuflan corrientes de opinión reaccionarias y represivas mostrando una realidad sin contexto social. En los últimos comicios hemos escuchado también a varios candidatos del MAS proponer las penas más duras para criminales, para cabalgar la conmoción de la opinión pública y su impotencia social. Sin embargo luego ni se proponen las reformas realmente útiles como, por ejemplo, que la acción penal en casos de violación sea obligatoria y de oficio, para eliminar el mercado que violadores y familiares hacen sobre los traumas de las víctimas para que desistan de la denuncia.
La cárcel es para muchos el punto de llegada de su vida, pero es principalmente una institución en que se funda el Estado burgués, donde libertades formales apoyan en desigualdades reales y un sistema basado sobre la extracción de cuanta más riqueza de cuanto menos trabajadores que, por lo tanto, es estructuralmente incapaz de satisfacer las necesidades básicas de los individuos y las mayorías, de las cuales debe defenderse. La gravedad de la situación carcelaria en Bolivia es reflejo de esto y del carácter desigual del desarrollo nacional, más evidente ahora que la crisis muestra los limites propios de la “economía plural”, cualitativamente capitalista.
Las reformas necesarias
¿Quiere esto decir que para los marxistas no existen reos sino solo “víctimas de la sociedad”? El marxismo como herramienta de emancipación humana no tiene nada a que ver ni con este determinismo ni con la abstracta defensa de los derechos humanos. Todos somos responsables de nuestros actos pero dentro de nuestras posibilidades reales: el verdadero reino de la libertad empezará solo emancipándonos del reino de las necesidades. Como visto la abultada mayoría de los privados de libertad pagan en las cárceles por sus actos, por el contexto de marginalidad, abandono y pobreza del que venían y sobre todo por la ausencia de herramientas de masas para afirmar con independencia política y de clase las necesidades colectivas del pueblo pobre y trabajador. Nuestra lucha, del movimiento marxista revolucionario, es para colmar este vacío.
La visita del Papa a Palmasola responde a la misión de su pontificado: ofrecer en una Iglesia reformada, en la piedad cristiana y el consuelo espiritual una salida moral a la crisis disgregante de la sociedad capitalista. Pero estos valores no tienen cabida en la estructura de la sociedad capitalista, son de “otro mundo” y en este solo pueden existir de una manera alienada y para mantener el estatus quo: de hecho ni este ni otro Papa iría a explicar porque en la más gran cárcel del mundo, los EEUU, la mayoría de los presos son de la minoría afroamericana. Esta visita indudablemente será utilizada para relanzar las críticas al gobierno sobre derechos humanos, encaminarlo a la paz social y bendecir la colaboración de clases, confirmando el sustancial papel de aparato ideológico de las clases dominantes jugado por la institución eclesiástica.
Las cárceles bolivianas son una bomba de tiempo que en cualquier momento volverá a estallar. Para desactivarla y luchar en contra de la opresión de clase en las cárceles, es necesaria una reforma profunda del sistema penitenciario. Para ello es necesario un indulto que permita excarcelar a todos los que en detención preventiva han cumplido un tercio o la mitad de la pena prevista por el crimen de que se los acusa, y beneficie con la libertad a los adultos mayores en prisión. Este es el primero paso para erradicar abusos y corrupción en el sistema carcelario, que en el hacinamiento de los institutos de pena encuentra su caldo de cultivo y se extiende a todo el ordenamiento judiciario, provocando la retardación de justicia que contribuye a la inseguridad y la reiteración de los delitos. A partir de esto se podrá hacer cumplir las leyes y reglamentos sobre la detención y hacer prevalecer en la institución penitenciaria el propósito constitucional de la reinserción social.
