Históricamente el Sistema Judicial de nuestro país ha tenido un carácter y composición clasista, es decir la mayoría de los jueces y magistrados provienen de la alta burguesía y de las capas medias adineradas. Estos funcionarios incorporan a su labor sus prejuicios y su visión de clase y lógicamente defienden los intereses de esas capas sociales debido a sus vínculos familiares, económicos y políticos con las mismas.
Resulta curioso que hasta el año 2009, casi a nadie le importaba la labor de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes permitieron y legitimaron la corrupción; pisotearon cualquier intención de velar por la transparencia y la anticorrupción; eso fue posible en gran parte porque la clase económica dominante manejaba los tres poderes del Estado a su antojo y al antojo de las corporaciones extranjeras.
Fue hasta ese año en el que el poder Ejecutivo y Legislativo fue conquistado por las masas populares a través de sus dirigentes -que hoy traicionan con su oportunismo-, es cuando los grupos dominantes retuvieron las instancias judiciales, especialmente a la Sala de lo Constitucional como herramienta desestabilizadora para sobreponer sus intereses sobre los de la clase trabajadora.
Por lo anterior es que prevalece el viciado proceso de elección de los magistrados, el cual favorece a los partidos políticos con mayoría parlamentaria y a los grupos económicos que estos representan. Dicho proceso es confuso e imposibilita que la población conozca a cabalidad sobre los antecedentes, cualificaciones y vinculaciones de las personas aspirantes a dichos cargos y sobre todo es una negación a que sus intereses estén representados en las esferas judiciales y/o constitucionales.
Esto es así porque son los diputados quienes realizarán la elección definitiva de 10 magistrados de entre una lista de 30 aspirantes propuestos. 15 de esos candidatos fueron elegidos por el Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ), a través de un proceso de evaluación que han pretendido llamarlo público por el acceso concedido a los medios de comunicación. Los otros 15 aspirantes son el resultado de una votación realizada en marzo por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES). De los 10 magistrados que resulten electos, 4 propietarios y 4 suplentes conformarán la Sala de lo Constitucional, los 2 magistrados restantes ocuparán la presidencia (propietario y suplente) de la Corte Suprema de Justicia.
En ese contexto, hemos visto a los diputados decir demagógicamente que la elección de los magistrados será un proceso imparcial, para que el trabajo posterior de la Sala sea independiente de los intereses políticos y económicos del ejecutivo y del parlamento mismo. Sin embargo, dada la crisis y corrupción que caracteriza al sistema político y judicial capitalista, es imposible hablar de justicia independiente porque, si la justicia fuera algo objetivo e inapelable sin espacio alguno para ser sometida a interpretaciones personales, los jueces serían superfluos. Pero los magistrados son personas comunes que viven en un determinado medio, proceden de clases sociales concretas, e interpretan la ley atendiendo a sus propios prejuicios personales y sociales.
En ese sentido como población trabajadora y revolucionaria no podemos confiar en el sistema judicial, sino que debemos basarnos en nuestra movilización para contrarrestar los intereses y presiones de la burguesía y sus lacayos dentro y alrededor del aparato judicial. Para lo cual se debe exigir la materialización de medidas de transición como la elección por sufragio universal de los jueces de las instancias locales hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales de la FGR. De hecho la primera Constitución de nuestro país y la primera Constitución Federal de Centroamérica establecían la conformación de las respectivas supremas cortes de justicia por individuos elegidos en su mayoría por el pueblo.
Asimismo exigimos que dichos funcionarios deben ser revocables de sus cargos en cualquier momento por sus electores. Además se deben suprimir los privilegios de los magistrados, jueces y fiscales al igual que los demás funcionarios del Estado, quienes deben tener derechos, obligaciones y salarios similares a los de los trabajadores promedio.
