A razón de la pandemia del Covid-19, el 18 de marzo la Organización Mundial de la Salud sugirió cuarentena domiciliar como medida preventiva para todos los países, El Salvador implementó esta medida desde el 11 de marzo postergándola hasta el 15 de junio y el 6 de mayo inhabilitó el funcionamiento del transporte público a nivel nacional.
Evidentemente, estas medidas fueron implementadas sin tomar en cuenta las necesidades y condiciones de la clase trabajadora y todas las capas empobrecidas de la sociedad, sin crear mecanismos de protección adecuados a las poblaciones que se encuentran en condición de vulnerabilidad aún sin la existencia de la pandemia. La niñez, adolescencia y mujeres, son sectores de la población que se encuentran ante más factores de riesgo en situaciones de desastres o emergencia.
Prueba de ello, es el aumento de embarazos en niñas y adolescentes durante el período de confinamiento. Según datos publicados por el Hospital Nacional de La Mujer, en 2020 hay registrados 258 embarazos de niñas entre 10 y 14 años hasta el mes de junio, de los cuales 118 fueron registrados entre los meses de abril a junio, es decir que se presenta un aumento del 79.16% en el segundo trimestre del año. Por otro lado, en adolescentes de 15 a 19 años se registra un aumento del 71.60% en el mismo intervalo de tiempo.[i]
Estos datos reconfirman que el hogar y el seno familiar no representan lugares seguros o de protección para las niñas y adolescentes, pues ahora, cuando más restricciones de movilidad han tenido es cuando más se han visto violentadas y vulneradas. Confirmando así que las situaciones de emergencia no representan la misma vivencia para todas las personas, por lo que no debería implementarse, bajo ninguna circunstancia, las mismas medidas para la población sin antes realizar planes estratégicos que garanticen la protección de todas y todos ante cualquier escenario, añadido el del Covid-19, como en este caso.
Durante la pandemia, hubo menor acceso de las mujeres a los sistemas de registro de salud, por lo que se cree que hay un subregistro de casos de violencia sexual y embarazos en niñas y adolescentes y si bien en ‘tiempo normales’ estos hechos al ser denunciados quedaban en al menos un 70% de impunidad, en tiempos de pandemia los niveles de impunidad aumentarán porque no se tiene acceso adecuado a la justicia y esto a su vez dará paso a que el problema se agudice y haya cada vez menos denuncias por parte de niñas, adolescentes y mujeres.[ii]
Así también se registra una disminución significativa en las inscripciones y atenciones sobre métodos de planificación familiar durante el primer semestre del 2020. Esto ha ocasionado, como ya lo advertían los organismos internacionales de salud, que se incrementen el número de embarazos no deseados. El gobierno de El Salvador hasta la fecha no ha lanzado ningún plan que se enfoque en disminuir esto.
Los planes estratégicos que deberían acompañar a las medidas preventivas para la emergencia sanitaria, deberían contar con activación de mecanismos de emergencia y protección para las víctimas por parte de instituciones como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). Sin embargo, durante la gestión del actual gobierno, dicha institución únicamente se ha dedicado a prestar ciertos servicios básicos para la sociedad civil y a presentar actuaciones serviles y de complicidad ante la falta de atención por parte del gobierno central a la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador.
En 2019, organizaciones de mujeres denunciaron el recorte de 2.2 millones de dólares en programas de atención y prevención de violencia contra la mujer. En septiembre de ese mismo año, la entonces representante del Foro Nacional de Salud, Margarita Posada, señaló retrocesos en materia de salud con el cierre de los ECOS familiares y de hogares de espera materna. Explicó que, según los argumentos del gobierno, estos últimos serían cerrados porque asistían muy pocas mujeres, estas decisiones deliberadas afectan sobre todo a las zonas rurales y a la población empobrecida.[iii]
En contraste con lo anterior, desde el Bloque Popular Juvenil denunciamos el aumento de 48 millones de dólares realizado en el Presupuesto General de la Nación 2020 para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que consideramos inadecuado e impertinente ante las necesidades y demandas para una vida digna y libre de violencia contra las mujeres y niñas. Pues aseguramos que la militarización de los espacios públicos no las protege en absoluto y en cambio, las vulnera y limita a vivir con libertad y dignidad.
Denunciamos que el gobierno de El Salvador, dirigido por Nayib Bukele, no haya a activado mecanismos de protección a mujeres y niñas, negando así el acceso a programas de denuncia, acompañamiento y atención a víctimas, Educación Sexual Integral, redes de apoyo y violentando los derechos humanos fundamentales. Ante un sistema ineficaz construido por la burguesía los intereses del pueblo siempre serán ignorados y dejados de lado.
Por lo que es necesario que sean las mujeres junto a toda la clase trabajadora en su conjunto, quienes tomen el protagonismo para resolver los problemas de la sociedad, que no verán su fin real hasta que el sistema capitalista sea erradicado. La organización y autonomía de las mujeres será el reflejo de emancipación de la sociedad en general. A medida se profundice la crisis del capitalismo la lucha por demandas para mejorar las condiciones de vida aumentará, y las mujeres debemos organizarnos y exigir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos; acceso a planificación familiar y métodos anticonceptivos gratuitos; aborto legal, seguro y gratuito; mayor inversión en programas de atención a victimas de violencia de género entre otras demandas urgentes.
Sin embargo, el movimiento debe comprender que estas demandas urgentes no se pueden cumplir en los estrechos límites del capitalismo. El ejemplo de la historia reciente muestra cómo, incluso en períodos más o menos prósperos del capitalismo como en los años 90 estas demandas fueron negadas y ni siquiera figuraban en los programas de los partidos políticos. Ha sido solo a partir de la profundización de la crisis y el proceso de toma de conciencia, que estas demandas democráticas se han puesto en el orden del día de algunos partidos políticos, pero a diferencia de ellos, nosotros como marxistas explicamos que en momentos de crisis como la actual todas las reformas se vuelven contra reformas, tal y como lo ha mostrado Bukele en su primer año de gobierno. Durante este tiempo no hemos visto ni una sola reforma a favor de nuestros derechos como mujeres, por tanto, un movimiento que en verdad busque la emancipación de las mujeres oprimidas debe conectar estas demandas democráticas con la lucha por demandas más generales y revolucionarias, es decir, socialistas.
Para llevar a cabo las demandas mínimas mencionadas anteriormente se necesitan recursos. El derecho al aborto y a la educación integral en salud sexual y reproductiva, solo puede ser posible a partir de inversiones masivas de recursos en hospitales y clínicas integrales, en centros educativos y en planes de estudio, etc. Al pensarlo cuidadosamente, podemos concluir que bajo el actual régimen de explotación es imposible cumplir en la práctica incluso con estas demandas democráticas mínimas, el capitalismo está en crisis y las empresas únicamente buscan explotar y oprimir, obtener financiamiento estatal a través de impuestos, se vuelve cada vez más difícil lejos de asumir impuestos los capitalistas buscan la forma de evadirlo. Por tanto, la única forma en que se pueden tener recursos para cumplir nuestras demandas es que luchemos porque el excedente de producción, la riqueza, que hoy se apropia una pequeña y parasita minoría de la sociedad, sea utilizado no para los lujos de estos parásitos sino para cumplir en la práctica las demandas mínimas de las mujeres y los oprimidos.
Solo la lucha organizada de las mujeres y de todos los oprimidos de la sociedad pondrá fin a este horror del capitalismo, donde las niñas son violentadas física, psicológicamente y obligadas a ser madres. Por nuestras niñas y adolescentes y por su derecho a una vida libre de violencia para ellas: lucharemos y venceremos
Fuentes
[i] Embarazos en niñas de 10 a 14 años aumentan 79.16% en tres meses, según MINSAL. En: www.arpas.org.sv
[ii] El Salvador: Primer semestre del año dejó 258 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años. En: www.laprensagrafica.com
[iii] Posible cierre de hogares de espera materna, logro de la reforma de salud. En: www.verdaddigital.com
