Durante los últimos meses, Norman Quijano, en calidad de presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ha enviado notificaciones de despido a cientos de trabajadores de forma arbitraria. El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, SITRAL, está dirigiendo la lucha por la reinstalación de los despedidos y la recuperación de los salarios perdidos, tomando acciones de derecho y, de hecho, incluyendo demandas ante el Tribunal del Servicio Civil, la PGR y la OIT, además de cerrar por un día las instalaciones de la Asamblea Legislativa.
Como BPJ nos solidarizamos con la lucha de los compañeros despedidos de la Asamblea Legislativa y oficinas departamentales de la misma. Creemos que solo la organización consiente de la clase obrera puede garantizar la victoria de las luchas de los trabajadores y garantizar las conquistas ganadas hasta la fecha. La solidaridad entre los sindicatos es clave para construir verdaderos instrumentos de lucha que nos permitan lograr nuevas reivindicaciones sociales y laborales.
El pasado miércoles 17 de octubre, conversamos en Cabañas con Santos Duarte, uno de los despedidos y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Les compartimos la entrevista a continuación:
BPJ: ¿Cómo han sido las condiciones laborales para los trabajadores de la Asamblea Legislativa?
Santos Duarte: Las condiciones laborales en términos generales, aquí en la oficina departamental de Cabañas han sido buenas, las condiciones físicas y el ambiente laboral yo lo miraba bien, hubo un momento en que eran aceptables, sobre todo las relaciones interpersonales independientemente de que ahí hay gente de distintos partidos políticos, y uno es consciente de que están esas tendencias internas. Pero a uno le generan siempre la idea de que el trabajo es netamente institucional.
A partir de noviembre de 2016 entró Guillermo Gallegos a la presidencia de la Asamblea Legislativa (AL), y ahí ocurrió algo curioso: el PCN y ARENA eran mayoría en la Junta Directiva, GANA solo tenía a Guillermo Gallegos, sin embargo, hicieron un acuerdo con el cual a Guillermo Gallegos le dieron poderes absolutos para que él tomara decisiones de manera personal, en el tema de contratos, de movimientos de personal y en ciertas jefaturas. Todo esto ya no iba a pasar por acuerdo de junta directiva, eso lo podía hacer el presidente. Esto a raíz de que en noviembre de 2016 asumió la presidencia de la Asamblea el partido GANA.
Después de esto se comenzó a contratar más personal en las oficinas departamentales y no les habían asignado funciones definidas, entonces esto desbalanceó hasta cierto punto las relaciones por el aumento de personal, teniendo en cuenta que ya había un grupo de empleados con funciones específicas, con actividades que realizar, con metas programadas, y luego llega todo este nuevo personal que a los jefes de unidades se les hace complicado estar designando lo que iba a hacer cada uno.
BPJ: ¿En qué momento cambian las condiciones laborales para los empleados de la AL?
SD: Las hostilidades se empezaron a sentir cuando se supo el resultado de las elecciones del 4 de marzo, en las cuales el FMLN perdió una gran cantidad de diputados, ARENA ascendió, GANA ascendió, el PCN ascendió; PDC y PCN internamente dijeron que iban a ser un solo bloque, y luego se une PCN con ARENA al interior de la AL. Desde ese momento se empieza a sentir cierta presión, ciertas hostilidades en Cabañas particularmente, aquí se tenía una diputación por el FMLN, y yo entré por un acuerdo que hicieron los diputados del FMLN para colocar ciertos empleados, y los que fuimos contratados vía partido aquí en Cabañas empezamos a sentir que nos iban a despedir. Sin embargo, hay una ley, que la misma Asamblea lo está instruyendo a uno sobre eso y se esperaría que la Asamblea cumpla las leyes que ella misma aprueba. En los últimos años la misma Asamblea se ha dado la tarea de dar a conocer la ley del servicio civil, que es la que rige a los empleados de la AL y la Constitución, que dice que el trabajo es un derecho humano y que nadie te lo puede quitar.
Luego de esto se empieza a especular sobre los cambios que se podían dar a partir de la nueva correlación de fuerzas en la AL desde el 1° de mayo de este año. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano empieza a dar declaraciones en público y dice que el presupuesto se está agotando, que no hay fondos, que él va a aplicar una política de austeridad y todo este bla, bla, bla, que sale en los medios. Sin embargo, en la práctica empezó a ingresar personal nuevo a la AL. La primer noticia fue que iban a eliminar las oficinas departamentales, porque eran innecesarias, -esta fue la primer declaración- y dos días después de haber dado esas declaraciones él mandó una nueva empleada de ARENA con un salario superior al de todos los que estábamos en la oficina de Cabañas, vino y sin funciones asignadas, solo se dijo que era colaboradora administrativa. Entonces uno empezó a sospechar las contradicciones, y vimos que lo que se quiere es meter una cierta cantidad de gente y sacar igual cantidad de gente.
Dentro de la Asamblea se inició un debate sobre las oficinas departamentales, hacían acuerdos, los deshacían, volvían a hacer otro acuerdo, porque en un primer momento hubieron bastantes despedidos que llevó a uno de los sindicatos, el SITRAL (Sindicatos de Trabajadores de la Asamblea Legislativa) a tomar acciones de hecho, hubo un día en el que se cerró la AL, eso no fue noticia, pero por primera vez en la historia del país un sindicato internamente cerró todos los portones y solo dejaron entrar al presidente Norman Quijano, a uno de sus asesores y un seguridad. Esto fue en el contexto de la marcha de los estudiantes contra la privatización del agua, y después de eso despidieron arbitrariamente al jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa por no acatar la orden de gasear a los estudiantes; esa orden la acató el segundo al mando, y esto dio pie para despedir al jefe de seguridad de la AL que llevaba ocho años trabajando en la AL bajo ley de salarios. Tengo entendido que hay un proceso de reinstalación de este compañero y es uno de los logros de la clase trabajadora el poder reinstalar a este trabajador que fue despedido arbitrariamente por no gasear a los estudiantes.
Después del cierre se logró una mesa de negociación entre el sindicato y la Junta Directiva, en esta mesa se logró el acuerdo de reinstalar a mujeres que fueron despedidas después de su descanso postparto, porque se habían despedido a mujeres en estas condiciones, a pesar de que hay una ley que les da inmunidad para no perder su trabajo cuando regresan después de los cuatro meses que se les conceden. En esa mesa se logró el acuerdo para que no despidieran a miembros del sindicato, que ya estaban en una lista que fue de conocimiento del sindicato. Ese acuerdo se firmó más o menos a las nueve de la mañana, pero en la tarde este acuerdo ya lo habían tirado a la basura y habían firmado un nuevo acuerdo en junta directiva. Eso generó una gran cantidad de despidos, yo soy parte de una lista de 72 empleados despedidos, que el 31 de julio –un día antes de salir de vacaciones- personal de recurso humano llevó notificación a cada uno de los empleados, sin previo aviso, sin ningún proceso, sin ninguna razón.
BPJ: ¿Cuál es la base legal para despedirlos?
SD: Hay un acuerdo que se llama: ACUERDO 232, en el que dice que se va a suprimir la plaza donde uno estaba laborando porque el presupuesto no alcanza, que la AL debe velar por la economía del país y toda esta gran paja que dan. Ellos plantearon que hay una crisis financiera por lo que hay una supresión de plazas; ese acuerdo aprobado por la junta directiva es ilegal porque el presupuesto ya está aprobado y es una ley, la supresión de plazas solo es posible cuando viene estipulada en el presupuesto nacional, y no por un acuerdo de junta directiva que no tiene razón de ser. Dicen en el acuerdo, que han hecho un estudio técnico pero nadie conoce ese estudio técnico; es simplemente echar gente para meter gente afín a la composición partidaria que hay internamente en la AL.
El SITRAL le dio listas a la junta directiva –que son vox populi– de las plazas fantasmas que hay en la AL, ellos agradecían: “ay qué bueno que nos den estos nombres”, pero a la hora de la sopa nos despidieron a nosotros, que marcamos todos los días, que tenemos funciones asignadas, que estamos entregando informes mensuales, trimestrales; que tenemos metas por cumplir, que está documentada nuestra labor y que estamos ahí. De hecho, no es halarse uno la silla pero yo soy de la idea de que cuando vas a un trabajo das lo mejor de vos, que aunque sabes que te están explotando por un salario; pero sabes que sos vos el que está reflejado en ese trabajo.
En el caso de la AL y especialmente en las oficinas departamentales hacemos una labor contra corriente, porque la percepción de la gente sobre la AL es muy negativa; a nosotros nos toca hacer una labor como para levantarle la imagen a la AL, por ejemplo, el tema de que en la AL roban mucho dinero; cuando la Asamblea no maneja fondos, claro, ellos aprueban el Presupuesto General de la Nación y aprueban prestamos, pero son dineros que otros manejan. La corrupción puede darse de otras maneras, pero no porque ellos manejen tangiblemente fondos del Estado.
A pesar de toda esta labor educativa que se hace, te despiden a vos, y dejan plazas fantasmas que nadie sabe quiénes son, y que están en oficinas departamentales. En Sonsonate o Ahuachapan (no recuerdo exactamente) hay 3 ex oficiales militares en retiro que son empleados de ahí pero jamás nadie los ha visto, en Santa Tecla hay empleados que nadie los ha visto, y ahí quedaron; a esos no los despidieron. Hay algunos que si los despidieron pero los indemnizaron, siendo fantasmas los indemnizaron.
BPJ: ¿Cuál es la cantidad de trabajadores despedidos?
SD: Según el sindicato ya van más de 400 despedidos, solo del 1° de mayo a la fecha, y ha entrado una cantidad superior. La ministra de trabajo ha dado declaraciones en un espacio virtual y ella habla de más de 500 personas que se han contratado en la AL por parte de la presidencia de Norman Quijano, con igual número de despedidos.
BPJ: ¿En qué condiciones quedan estos trabajadores laboralmente?
SD: Los empleados de la AL son un dato curioso en este país, primero porque es una institución muy politizada, extremadamente politizada, y ese es el gran daño que tiene la AL, que ha mezclado lo administrativo con lo político partidario. Aquí cuando asumió la presidencia el FMLN en el 2009 todo mundo creía que iba a hacer barrida en las instituciones, y por eso amarraron por ley de salarios a los empleados de la AL que estaban del 2009 para atrás, y los que están del 2009 en adelante entraron por contrato, que se inicia el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. Sin embargo, la ley del servicio civil y algunas resoluciones que ha dado la Sala de lo Constitucional dice que los empleados de la AL tienen tres meses de prueba; si pasados esos tres meses no les dicen nada, pasan a ser empleados y si a final de año no se recibe ninguna notificación ese contrato se renueva automáticamente y se vuelve permanente, eso es lo que reza la ley. En este caso el despido se hizo en julio y el contrato debe terminar el 31 de diciembre, entonces todavía está vigente el contrato según la ley, y luego según resoluciones de la Sala, si se hace un proceso administrativo debe decir porqué ya no se renueva el contrato para el próximo año.
BPJ: ¿Qué acciones se han hecho como sindicato ante el despido de los trabajadores?
SD: Se ha apelado, se han interpuesto demandas, el SITRAL ha acompañado a los miembros del sindicato y a personas que no son del sindicato, porque la labor del sindicato es defender los intereses de sus afiliados pero también los de la clase trabajadora en general. Conseguimos una asesoría con trabajadores del sindicato del Ministerio de Hacienda, para interponer una demanda en el tribunal del servicio civil, que es el tribunal que ve los casos de los despedidos de la AL, pero la mayoría de despedidos de forma personal hemos acudido a la PGR, siempre asesorados por la junta directiva del SITRAL, somos alrededor de 25 personas las que hemos interpuesto demandas en el tribunal del servicio civil. Las demandas interpuestas en la procuradurías son un proceso que va para la Sala de lo Contencioso Administrativo y se está demandando al presidente de la Asamblea y a la Junta Directiva, porque así viene firmada la notificación que nos enviaron.
Y lo que se pide en la demanda es el reinstalo de los trabajadores en el mismo lugar o en un puesto equivalente de trabajo y la remuneración de los salarios caídos. En la PGR quienes orientan a los empleados piden una medida cautelar, para que a vos se te reinstale aunque no hayas ganado el proceso, es decir, mientras legalmente se te vuelve a instalar tienen que dejarte laborar, para posteriormente recuperar los salarios caídos; esto lo piden ellos como medida cautelar para proteger de alguna manera la psicología del trabajador, porque es dañada con el hecho que a medio año vos con compromisos económicos fuertes, familiares y de sobrevivencia en este país, te “mochen de un solo” usando esa expresión. Hay de casos a casos, te quitan el salario sin previo aviso, saber nada te llegan una mañana cuando nadie te ha dicho vas a ser despedido o estas en proceso; absolutamente nada. Bajo una cuestión bien sigilosa y hermética, te llaman y te dicen: aquí hay una nota que dice que entregue su equipo a su jefe inmediato y lárguese.
En algunas oficinas departamentales, al día siguiente que era 7 de agosto a estos trabajadores despedidos les cerraron las puertas, no los querían dejar entrar ni a marcar. Yo fui a marcar y ya el marcador biométrico ya no me reconocía como empleado, eso quiere decir que de una vez te cortaron.
BPJ: ¿Cuáles son las expectativas de reinstalo para estos trabajadores?
SD: Hay dos que creo ya fueron reinstalados, este que era jefe de seguridad y otro que por acuerdo de Junta Directiva fue reinstalado pero tenía fuero sindical, él era directivo del sindicato y aun así lo despidieron. Hubo que hacer ese proceso para demostrar que están equivocados los de junta directiva de la AL. Nosotros por los tiempos, estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. La esperanza que dan todos los abogados que ven el acuerdo, ven tu contrato y tu expediente; dicen que es arbitrario, inhumano, injusto, absurdo; es una burla. Esto es ganable –eso es lo que dicen– pero como se trata de la AL donde ahí se mueven cuotas de poder muy fuertes, uno honestamente no sabe quiénes son los abogados del tribunal del servicio civil o los de la PGR y los que están en la Sala de lo Contencioso Administrativo, que son los que al final resuelven. Uno dice, legalmente esto es favorable a los trabajadores; lo que ha hecho la Junta directiva es ilegal, es arbitrario, es absurdo. Cualquier abogado –dice uno– lo gana, pero ellos también ponen sus abogados. Uno al final está a la expectativa. Muchos empleados despedidos, que por desconocimiento a veces recurren a la salvación divina y dicen: “primeramente Dios”, pero yo creo que uno con mente un poco más fría hace el análisis y dice: si son correctos, si los abogados son honestos, los que están en las distintas dependencias que resuelven los casos de los despidos de trabajadores de cualquier instancia, en esta caso de la AL; si ellos aplican correctamente la ley, nosotros somos reinstalados. Esa es la esperanza, esa es la expectativa mía y eso es lo que esperan todos los que hemos interpuesto una demanda, porque creemos que se debe hacer funcionar a ley. Hay otros que no pusieron la demanda porque creer que un padrino político, un diputado los va a volver a poner, porque así se manejan las cosas en la AL. Pero nosotros creemos que lo correcto es haber puesto la demanda y que ellos aplicando correctamente la ley, o sí o sí, nos reinstalan, porque la forma en que han hecho el despido ha sido arbitral.
BPJ: ¿Cuál es el mensaje que ustedes mandan a la clase trabajadora en general?
SD: La lucha sindical en El Salvador es bien tibia, bien fragmentada. Los sindicatos solemos expresarnos el 1° de mayo, pero a veces las situaciones que viven los trabajadores de las instituciones de las empresas, primero que no son noticia, cuando son exageradas entonces si se vuelven noticia, como el caso de los trabajadores de la alcaldía de Santa Tecla, porque los despidos han sido muy masivos, últimamente lo de la AL se ha hecho noticia porque son muchos los despedidos. Pero hay muchos despidos arbitrarios que se quedan sin que se les haga ningún proceso. Yo pienso que los trabajadores organizados debemos aumentar la solidaridad para con los demás. El SITRAL ha acompañado y se ha sentido el apoyo, han hecho lo que está a su alcance, pero siguen siendo sindicatos débiles porque al estar en una institución muy politizada, los empleados poco quieren participar, como que le tienen miedo a sindicalizarse. Hablando políticamente en la AL domina un pensamiento de derecha y la gente de derecha siempre piensa que el padrino que tiene mas poder es el que lo va a salvar. Y yo creo que solo los trabajadores y la solidaridad de los trabajadores son los que pueden salvar a los trabajadores. Son los que pueden ir construyendo alianzas para fortalecer todos los mecanismos que les favorecen. En este caso nosotros hemos recibido el apoyo de los trabajadores del sindicato del Ministerio de Hacienda. Ellos han sido solidarios en la lucha y nos han ayudado con la puesta de las demandas. El compañero secretario del SITRAL ha sido invitado a exponer este caso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT); hay una demanda en la OIT, entonces la AL está en la mira de la OIT por estas acciones que están haciendo. De esas acciones de solidaridad y trabajo conjunto se verán los resultados. También la denuncia, para estos días estaba programada una acción de poner mantas en pasarelas visibles de San Salvador, pero por el tema de lluvias se ha pospuesto.
Yo invito a los trabajadores que no están organizados: que se sindicalicen porque es un derecho, que ahora está reconocido por El Salvador. A sindicalizarse los empleados públicos, porque son estos los que están ahorita fortaleciendo un poco los sindicatos, en la empresa privada menos. Ahí es bien poco el aporte, pero debemos seguir organizándonos, y de hecho sindicalizarse es algo que ha costado a otros trabajadores y ahora tenemos este derecho que debemos aprovechar, organizándonos para denunciar todos los atropellos contra la clase trabajadora.
Cabañas, 17 de octubre, 2018
