En la tarde del 3 de agosto se consumó la operación para sacar del país a Juan Carlos I. La Casa Real emitió un comunicado en el que comunicaba que el emérito traslada su residencia a un país sin determinar, movido por “la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos” de la “vida privada” del anterior monarca.
Con esta operación, la Casa Real, el Gobierno y los sectores decisivos del capitalismo español intentan salvar a la institución monárquica sacrificando simbólicamente a Juan Carlos de Borbón, que pese a todo mantendrá su condición de rey emérito.
Se esperaba desde hace semanas un comunicado de este jaez por parte de la Casa Real. Las informaciones sobre los negocios turbios del emérito comprometen a toda la familia real y han llevado a la monarquía española a su mayor crisis desde 1931. La monarquía está cada vez más cuestionada y desprestigiada, como demuestra la contestación social que han tenido las visitas de los reyes a distintas ciudades del Estado durante el mes de julio. Sin embargo, la salida del rey emérito, y la forma en que se produce, no ayudarán a resolver la crisis de la monarquía; antes al contrario: el que Juan Carlos de Borbón salga de España cuando está siendo investigado tanto por el Tribunal Supremo como por la justicia suiza demuestra hasta qué punto la legalidad burguesa puede ser sencillamente ignorada cuando se trata de proteger a las más altas instancias del Estado.
Esta salida pactada contrasta obscenamente con el trato vengativo que la justicia española está dando a los presos políticos catalanes, que fueron puestos en prisión preventiva al iniciarse la investigación del 1 de octubre, pese a que buena parte de ellos eran aforados, exactamente igual que el rey emérito. Para más escarnio de la justicia española, la semana pasada el Tribunal Supremo tuvo que admitir tácitamente que el juicio que condenó a Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale por pertenencia a organización terrorista en 2009 fue un juicio político sin garantías, anulando la sentencia y restituyéndoles sus derechos políticos después de que pasaran injustamente siete años en la cárcel. A Juan Carlos de Borbón se le permite eludir la acción de la justicia mediante un acuerdo entre la Casa Real y el Gobierno.
La misma tarde del 3 de agosto, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, informó que dicho acuerdo es fruto de una negociación entre el Gobierno y la Casa Real que llevó varias semanas. Al mismo tiempo, la web Electomanía informaba que el Gobierno preparaba un comunicado de adhesión a la monarquía y al rey Felipe VI. Estas informaciones ponían un gran signo de interrogación sobre los ministros de UP en el Gobierno. La principal fuerza de la izquierda republicana aparece atada a un Gobierno que no sólo defiende con firmeza a la monarquía, sino que además ayuda a escapar al emérito cuando está siendo investigado. Tras varios mensajes muy tibios en las redes sociales de los principales dirigentes de UP, finalmente el diario Público informó que los dirigentes de UP se enteraron del pacto entre el Gobierno y la Casa Real “por la prensa”.
Este acuerdo deja en una situación muy comprometida a los ministros y dirigentes de UP. Si, como ellos aseguran, es cierto que se enteraron de la negociación a posteriori, esto no es más que una nueva muestra del ninguneo al que el PSOE somete a su socio minoritario en el Gobierno. Ya en las últimas semanas los dirigentes de UP han tenido que tragar con las reuniones a dos bandas entre el PSOE y Ciudadanos con vistas a la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado. Dichas reuniones evidencian un notorio interés por parte de la dirección del PSOE, con el acuerdo de los sectores decisivos de la burguesía, en resucitar al desgastado partido liberal y legitimarlo como bisagra de futuros acuerdos de gobierno. Esta deslealtad y esta provocación apenas han suscitado un murmullo de disgusto por parte de los apocados líderes de UP.
Ahora nos encontramos ante una situación mucho más grave. El PSOE ha comprometido a UP con la defensa de la monarquía, de la persona de Felipe VI y de la fortuna y la libertad de Juan Carlos de Borbón. Si realmente todo esto se ha hecho a sus espaldas, los ministros de UP, empezando por el vicepresidente tercero Pablo Iglesias, deben negarse a suscribir cualquier tipo de declaración de apoyo a la Corona y deben denunciar públicamente las componendas entre el PSOE y la Casa Real. Somos conscientes de que esto conduciría a una crisis de gobierno, situación que sería muy difícil de asumir por parte de la dirección de UP, y somos conscientes también de la ilusión que generó en su día el acuerdo de gobierno PSOE-UP entre amplios sectores de la clase trabajadora, ilusiones de las que aún quedan rescoldos. Pero somos conscientes también de que las políticas del gobierno progresista son insuficientes ante la crisis económica, de que la crisis en la jefatura del Estado es histórica y debe ser abordada seriamente por una organización que se dice republicana, y de que la crisis de gobierno la está preparando el PSOE desde hace tiempo, buscando alianzas a su derecha y provocando conscientemente a UP.
La dirección y las bases de UP deben prepararse para salir del Gobierno de forma ordenada, antes de ser expulsados ignominiosamente por la dirección del PSOE de la mano de la derecha, la Corona y el gran capital. UP debe renunciar a cualquier ilusión de lograr reformas significativas como socio menor del PSOE, bajar a la calle y ponerse a la cabeza del movimiento por la república y contra la crisis capitalista que ya se está gestando en la calle. Tal vez sea la última oportunidad para la dirección de UP de cumplir con sus tareas históricas.
El general Juan Prim, a la sazón presidente del consejo de ministros, declaró en la tribuna del Congreso de los Diputados, en diciembre de 1870, que la dinastía borbónica, destronada por la revolución Gloriosa de 1868, no volvería a España “jamás, jamás, jamás”. Pocos días después, Prim fue asesinado y desde entonces la casa de Borbón ha vuelto dos veces. El error de Prim fue negarse a encabezar una república, buscar un rey fuera y tratar de conciliar intereses de clase irreconciliables. Finalmente la Primera República llegó por la presión popular en feberero de 1873. El error de Pablo Iglesias Turrión puede ser negarse a encabezar la lucha por la república hoy con tal de conservar las migajas que pueda obtener de un gobierno de coalición en minoría, tratando de nuevo de conciliar lo irreconciliable. La historia suele castigar con dureza esos errores. La lucha por la república no puede esperar, la lucha contra las cien familias del capitalismo español, contra toda su herencia de oscurantismo, corrupción y violencia no puede esperar. Si la dirección de UP falla en esta tarea, perderemos otra oportunidad; pero aun así los marxistas no cejaremos en construir una verdadera dirección revolucionaria que esté a la altura cuando llegue el momento.
