España: Por una salida socialista que evite la catástrofe que se avecina

En artículos anteriores ya señalamos que la rápida extensión de la epidemia de Coronavirus COVID-19 se debió principalmente a las vacilaciones y al miedo del gobierno a aplicar medidas enérgicas por temor a poner en peligro los negocios de la burguesía y a enfadar a los burocracia de Bruselas con un incremento del gasto público para hacer frente a la epidemia.

Desde el principio, se debían haber incrementado los recursos sanitarios para hacer pruebas masivas del virus a la población; se debía haber aumentado las plantillas y equipamientos, hasta el punto de tomar el control de la sanidad privada para este fin. Se debía haber aislado inmediatamente las zonas más afectadas, y paralizado parcialmente el transporte y los sectores productivos no esenciales. Y para financiar todo esto se debía haber aprobado un impuesto especial al gran capital.

Un país como Corea del Sur aplicó estas medidas enérgicamente y con sólo 8.000 infectados apenas ha tenido varias docenas de muertos y ha conseguido controlar la epidemia. Mientras Corea del Sur hizo 15.000 pruebas del virus diarias para identificar el alcance de la epidemia y evitar su extensión, hasta 500.000; aquí se han hecho poco más de 20.000 en un mes, dando tiempo a que la epidemia escapara de control.

La derecha, pese a su demagogia, ha carecido de cualquier plan alternativo al gobierno, como prueba su escandaloso manejo de la crisis sanitaria de la Comunidad de Madrid, que concentra el 43% de los infectados y el 70% de los fallecidos de todo el país. La derecha y la ultraderecha han pretendido culpar, falsamente y por motivos políticos e ideológicos, a la manifestación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo en Madrid por extender el contagio, mientras callan miserablemente sobre los posibles contagios producidos en las aglomeraciones habidas antes, durante y después de ese día, en los estadios de fútbol, en las estaciones de tren, autobús y aeropuertos, o en los cientos de miles de centros de trabajo donde los empresarios han juntado a millones de trabajadores sin guardar las mínimas medidas de seguridad para evitarlo. Por no hablar de la irresponsabilidad criminal de dirigentes de Vox infectados por el virus, como Ortega-Smith, que en un acto en Madrid, precisamente el 8 de marzo, supuestamente con 9.000 asistentes, repartieron besos y abrazos pese a que ya conocían su enfermedad. No es casual que Vox sea el partido con la mayor cantidad de dirigentes nacionales infectados, ¡y no precisamente porque se mezclaran con feministas radicales en la mani del 8M de Madrid!

Ahora, cuando la epidemia ha escapado de control se necesitan medidas más enérgicas y audaces aún. El gobierno ha aprobado un ambicioso plan de choque que evalúa en 200.000 millones de euros a aplicar inmediatamente, previendo que la crisis no dure más de un mes, 117.000 millones aportados por el Estado y 83.000 millones en créditos a bajo interés disponibles por parte de la banca, respaldados por el Estado en caso de impago.

Hay expertos que pronostican hasta más de un millón de trabajadores que podrían verse afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). A día de hoy son más de 100.000 en todo el país, incluyendo grandes empresas como Iberia y otras aerolíneas, restaurantes, hoteles, etc.

Precisamente, un aspecto central del plan del gobierno es el destino de 17.000 millones de euros a pagar el 70% del salario a los cientos de miles de trabajadores que se prevé que irán al paro temporalmente por la aplicación de los ERTEs en miles de empresas por “fuerza mayor”. Este dinero no se tomaría del subsidio de desempleo acumulado por el trabajador y también se beneficiarían trabajadores que no hubieran trabajado el tiempo mínimo requerido para tener ese subsidio (12 meses).

Está claro que muchas empresas querrán aprovecharse de estos ERTEs, que serán autorizados en tiempo exprés, según la norma aprobada, para desembarazarse de trabajadores por causas ajenas a la epidemia; sobre todo en pequeñas y medianas.

Para miles de trabajadores que trabajan en negro o en sectores muy precarios, como en el agrícola, y que irán al desempleo por el parón económico, no habrá nada de nada.

Nosotros estamos a favor del cierre de la actividad de toda empresa no esencial en el actual estado de cosas para preservar la salud de las familias trabajadoras, pero las necesidades de éstas no cambian permaneciendo en casa, por lo que exigimos que se pague el 100% del salario. Tampoco nos parece razonable que ese dinero (17.000 millones) lo asuma el Estado; es decir, el conjunto de las familias trabajadoras del país pues ya se sabe que los empresarios pagan una parte ínfima de los impuestos y ahora menos, escudándose en la crisis del coronavirus. Este dinero irá a engrosar la deuda pública española que ya roza el 100% de la riqueza generada en el año (el Producto Interno Bruto, PIB). Más deuda significa pan para hoy y hambre para mañana. Mañana ese dinero debe devolverse con intereses, eternizando los recortes y las políticas de austeridad incluido el gasto sanitario, como ocurrió en años anteriores.

Las empresas españolas han acumulado enormes beneficios en los últimos años. Sólo los bancos tiene en efectivo medio billón de euros. Que paguen un mes de salario a sus trabajadores sería una buena muestra de solidaridad con su pueblo y sus trabajadores, pues los empresarios siempre han sido rescatados en los momentos clave con el dinero del pueblo.

Esto podría ser acompañado con un impuesto especial a las grandes empresas, menos afectadas por la crisis, por ejemplo con un 10% efectivo a sus ingresos, para utilizar en ayudas a las pequeñas empresas que realmente sí tengan dificultades para pagar los salarios y otros costes.

Otra de las medidas es que las empresas no paguen un mes de cotizaciones sociales ni impuestos. Nosotros tampoco podemos apoyar eso. La vida de los trabajadores no se alarga un mes porque dejen de trabajar ese período, se reduce así un mes de sus cotizaciones por jubilación, desempleo, enfermedad, etc. Exigimos que las empresas paguen sus impuestos y que las empresas pequeñas sean exoneradas con el fondo conseguido con ese impuesto especial a las grandes compañías.

En cualquier caso, los sindicatos deberían impulsar la creación de comités de control en cada empresa exigiendo que se abran los libros de cuenta para evaluar realmente qué empresa tiene liquidez y cuál no. Que la clase obrera tenga la última palabra sobre esto.

Hay medidas que apoyamos como la transferencia de 600 millones para dependencia, aunque las necesidades estimadas son 2.000 millones, o la moratoria en el pago de las hipotecas para los trabajadores que queden en paro y si la hipoteca supera el 35% de los ingresos familiares. También se suspende el corte durante un mes del suministro de electricidad, agua y telecomunicaciones. Sin embargo, no se ha tomado decisión alguna para los trabajadores afectados y sus familias que vivan en alquiler y cuyo pago también deberían suspenderse. Ahora más que nunca hay que exigir el llamado “banco malo”, el SAREB ponga a disposición del estado todo su parque de viviendas y expropiar sin indemnización el fondo de viviendas acumulados en los llamados fondos buitres, bancos y socimis para que estén a disposición de las familias que las necesiten.

Se permite que los trabajadores puedan acogerse a reducción de horarios para poder cuidar a los hijos y familiares, pero con la reducción salarial correspondiente.

Nosotros debemos exigir, además, que los trabajadores de servicios no esenciales permanezcan en casa, con el 100% del salario, lo que les permitiría cuidar de sus familiares; y aquellos trabajadores en servicios esenciales (sanidad, transporte y logística, alimentación y productos básicos, energía, bancos, bomberos, agua, saneamientos y recolección de residuos, administración pública esencial) con necesidades familiares, y sin alternativa de ayuda, también puedan reducir su jornada con el 100% del salario.

Por último, el gobierno establece una línea de crédito de 100.000 millones de euros para respaldar y actuar de garantía ante impagos de las empresas de créditos y obligaciones financieras en los próximos meses, en lo que no sería otra cosa que un rescate empresarial encubierto. Nosotros estamos en contra de esto, porque esos 100.000 millones de euros – si se utilizaran, como es bastante probable ante la profundización de la crisis a lo largo del año – junto con los otros 17.000 millones de euros, hasta hace un total de 117.000 millones de euros la aportación de dinero público, engordarán aún más la deuda pública (un 9,4% más) lo que significará más recortes y austeridad mañana, pagados doblemente por las familias obreras: con impuestos y con menores y peores prestaciones sociales.

Hay varios aspectos a contemplar. Este plan de choque es para un solo mes, si la crisis de epidemia se mantiene habría que prorrogar unas medidas que no pueden durar en el tiempo por la enorme deuda estatal y que podría llevar a la cesación de pagos con el hundimiento previsible de los balances empresariales.

Por otro lado, la anarquía del capitalismo español hace que a día de hoy los hospitales públicos estén colapsados, se están desatendiendo enfermos y cirugías de otras patologías, los trabajadores están agotados, falta equipamiento de todo tipo. Está empezando a darse una especie de “eutanasia” encubierta y forzada practicada por los mismos médicos, como en Italia, ante la falta de camas, respiradores, etc. En realidad, nos enfrentamos a una perspectiva de catástrofe si no hay una rápida salida a esta crisis. Es vergonzoso que dependamos de los envíos de mascarillas y otros materiales de China o de dádivas puntuales de “benefactores” privados como el empresario Amancio Ortega.

A la hora de la verdad sólo la implicación del Estado ha hecho que esta crisis no haya provocada ya una catástrofe completa en la salud y la economía del país. Se muestra así el fracaso completo del capitalismo español para un caso puntual de epidemia vírica, cuando hay recursos suficientes para encararlas sin necesidad de llevar el sufrimiento de las familias obreras a este nivel de calamidad. Las medidas del Ministerio de Sanidad son insuficientes. La implicación de la sanidad privada en la crisis del coronavirus está a medio gas y debemos rechazar cualquier pago del Estado a los empresarios del sector por esta “colaboración” así como a los hoteles privados que han ofrecido sus habitaciones para alojar a enfermos. ¡Bastante dinero ha chupado ya la sanidad privada con los ciertos y privatizaciones de la última década!

El socialismo nunca ha reclamado tanta urgencia como ahora. Los intereses privados del puñado de grandes compañía capitalistas nunca han entrado en mayor contradicción con las necesidades sociales. La clase trabajadora debe hacerse cargo de la situación en sus empresas y barrios, y en todo el país. Es necesario que el Estado se apropie de las palancas fundamentales de la economía del país, bajo el control democrático de los trabajadores, para ordenar y planificar la economía en interés de la inmensa mayoría de la población que somos las familias obreras. Y esto debe comenzar por el sistema sanitario en su integridad, incluido el aparato productivo adyacente que lo provee de todo tipo de equipamiento, farmacéuticas y laboratorios.

Ya no basta, como propusimos hace una semana para financiar un plan especial contra la epidemia del coronavirus, con un impuesto directo especial a los bancos y grandes empresas, hay que ir más allá.

Ante el impago de más de un millón de salarios, y el peligro de que el desempleo se extienda a nuevos sectores, ante el cierre de decenas de miles de empresas, ante el colapso del sistema sanitario, ante la crisis de vivienda, etc. es necesario un programa que contemple:

• Por un sistema público y único de salud bajo el control de los trabajadores, que no sólo recupere la cantidad de trabajadores, camas, equipamiento y porcentaje de gasto público destinado hasta 2008, sino que los supere y actualice a las verdaderas necesidades hoy existentes. No al empleo precario en en la sanidad. Empleo fijo con condiciones dignas, incluidos los nuevos contratados a raíz de esta crisis. Nacionalización sin indemnización salvo a pequeños accionistas, de la sanidad privada, manteniendo el 100% del empleo existente. Esto debe incluir no sólo hospitales y centros de salud sino completarse con la nacionalización de las grandes fábricas, laboratorios y farmacéuticas proveedoras del sistema sanitario.
• Intervención de todos los centros de mayores. Pruebas del virus para todos los ancianos allí alojados. Condiciones dignas para nuestros mayores. Nacionalización de todas las residencias geriátricas privadas
• Extensión a toda la población de las pruebas gratuitas del coronavirus, como mínimo 2 por unidad familiar y al 20% de las plantillas de cada empresa. No esperar a que aparezcan los síntomas de la enfermedad.
• Control obrero en las empresas que mantengan su actividad para supervisar las condiciones higiénicas y de salud, a través de los comités de empresa y de los comités de seguridad e higiene. Cierre inmediato de aquellas que no cumplan las condiciones necesarias de salubridad y reapertura una vez que se haya resuelto.
• Suspensión de toda actividad económica no esencial con el pago del 100% del salario a los trabajadores. No aceptamos que computen las jornadas no trabajadas por bajas por enfermedad ni por vacaciones.
• Ni ERES ni ERTEs. No al cobro del 75% del salario por los trabajadores afectados mientras dure la epidemia. No depositar sobre el Estado el pago del salario ni con el truco de computar la suspensión temporal del trabajo como bajas por enfermedad. 100% del salario pagado por los patrones.
• Prohibición de los despidos. Reparto del trabajo entre los brazos existentes. Si la empresa cierra argumentando quebranto financiero que sea nacionalizada sin indemnización bajo el control de sus trabajadores.
• Las empresas de productos básicos, y otras, se están haciendo de oro en la crisis actual,con un incremento de la producción. Plus de peligrosidad para los trabajadores que mantengan la producción esencial, contratación de más personal con el incremento de la producción.
• Que las empresas paguen el 100% del salario a los trabajadores que necesiten cuidar a sus hijos, y carezcan de recursos, por la suspensión obligatoria de las clases.
• Que se abran los libros de cuenta de las empresas para que los trabajadores puedan verificar la situación financiera de las empresas que argumenten problemas financieros para aplicar todas estas medidas.
• Ayudar a las pequeñas empresas a mantener su empleo y condiciones tal cual planteamos en esta propuesta de medidas.
• Nacionalización de las grandes empresas de logística y del transporte.
• Nacionalización integral del sistema energético: eléctricas, fotovoltaicas, nuclear, y petroleras.
• Nacionalización de las grandes redes de comercialización y distribución para asegurar el abastecimiento, combatir el acaparamiento y evitar la especulación de los precios. Comités en los barrios de vigilancia de los precios para evitar abusos en supermercados.
• No al pago de la Deuda Pública, salvo a pequeño ahorradores cuya existencia esté contrastada. Ni un céntimo para los grandes buitres, bancos, financieras e instituciones imperialistas ya se enriquecieron bastante estos años con los recortes, la austeridad y el sufrimiento infligido a las familias obreras.
• Nacionalización de las 100 grandes empresas del país, sin indemnización salvo a pequeños accionistas de recursos modestos, comenzando por las 35 grandes multinacionales del IBEX, que abarcan el 70% del PIB nacional, más que suficiente para iniciar una planificación a gran escala de la economía española en interés de la mayoría.
• Nacionalización de la banca, sin indemnización salvo a pequeños accionistas de recursos modestos, que acumula más de medio billón de euros en sus balances y que resultan vitales para proporcionar la liquidez necesaria para emprender tal programa de planificación.