El actual proyecto de ley del ministro Gallardón supondrá, de ser aprobado, la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985.
El actual proyecto de ley del ministro Gallardón supondrá, de ser aprobado, la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985.
Los supuestos se reducen a violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.
Con la contrarreforma del Gobierno, las mujeres sin recursos económicos que quieran abortar, o se vean obligadas a hacerlo dadas sus circunstancias, tendrán que enfrentarse a una serie de obstáculos que no tendrán las mismas consecuencias para las mujeres de clase alta. Los psiquiatras de la Asociación Española de Neuropsiquiatría de Profesiones de Salud Mental (AEN), advertían que, de aprobarse tal y como está prevista, la reforma de Gallardón sumirá “a la mujer en un verdadero laberinto administrativo, con el consiguiente aumento del sufrimiento innecesario que esta demora conlleva” para la mujer y para su entorno. Igualmente prevén viajes a los países de nuestro entorno para abortar “en condiciones más civilizadas” aquellas mujeres que puedan permitírselo, y la vuelta de abortos “en condiciones lamentables para las mujeres más pobres y peor informadas”. El aborto es una cuestión de clase, las mujeres pertenecientes a la clase alta podrán abortar en condiciones adecuadas mientras que las que pertenecen a la clase baja lo haremos en condiciones penosas, arriesgando nuestras vidas.
La eliminación del supuesto que permitía abortar en caso de malformación del feto, es especialmente grave para las mujeres de clase trabajadora; y más, después de haberse suprimido las ayudas obtenidas a través de la Ley de Dependencia con la política de recortes del PP. Cuidar de un hijo o una hija que necesita atención continua y dinero para medicación, limita a las familias que no puedan permitirse contratar a una persona que cuide de su hijo, haciendo más penosa y dolorosa su situación. De nuevo, la cuestión económica hace que las diferencias entre familias de clases alta y clase trabajadora aumenten.
Cuantas más trabas para abortar, mueren más mujeres
En España, mientras el número de abortos aumentaba durante 10 años, la tendencia cambió disminuyendo el número total de interrupciones voluntarias del embarazo en 2012 (112.390), lo que significó el primer descenso de abortos practicados desde que entró en vigor la actual ley de plazos en 2010 que quiere reformar Gallardón .
El mayor número de abortos se produjo en la franja de edad de 20 a 24 años, con una tasa del 20,36, seguida de la de 25-29 años (17,43), de 30-34 años (13,28) y entre las menores de 19 años (12,95). En comparación con 2011, el pasado año hubo un descenso en las tasas en todos los grupos de edad.
En Estados Unidos, el número de abortos ha alcanzado un mínimo histórico llegando al mismo nivel del año 1973, fruto de la inversión el políticas de planificación y educación sexual, especialmente entre las mujeres más jóvenes.
Donde también se ha desplazado el debate ha sido a América Latina, y a las diferencias entre dos países vecinos. Por un lado, Argentina, donde se practican alrededor de 400.000 abortos clandestinos al año, lo que provoca un aumento en la tasa de mortalidad de las mujeres, a causa de los fallecimientos que provoca el someterse a una interrupción del embarazo en condiciones precarias.
De hecho, diversos organismos internacionales ya han dado la señal de alarma sobre el elevado número de muertes vinculadas con los abortos clandestinos. En ese país, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la República Argentina, una de cada cuatro mujeres que muere por causas vinculadas al embarazo lo hace debido a complicaciones derivadas de un aborto mal practicado. Es la principal causa de muerte materna en el país.
En el lado contrario de la balanza está Uruguay, el primer país de América Latina, tras Cuba, en legalizar el aborto total, hace justo un año. Según el Ministerio de Salud Pública uruguayo, en 2013 se han registrado 2.550 abortos, y no se ha producido ninguna muerte a causa de la intervención. Esta legislación no impide que Uruguay sea uno de los países con una tasa de abortos más baja del mundo.
Para ninguna mujer es fácil abortar y puede tener consecuencias psicológicas posteriores, pero eligen esta opción ante la carga que supone tener un hijo debido a la inseguridad en el empleo, la falta de vivienda, los bajos salarios o no verse en condiciones de supeditar su vida por tener un hijo no deseado. Como vimos anteriormente, una buena educación sexual impartida en la escuela pública, la existencia de centros de planificación familiar y un acceso fácil a los distintos métodos anticonceptivos, harían disminuir el número de abortos.
El aborto ha de convertirse en el derecho individual de cada mujer a decidir, y en un derecho social, donde el Estado garantice la posibilidad de abortar sin poner en riesgo las vidas de las mujeres, independientemente de su condición económica, así como las condiciones para que las personas puedan ser madres y padres si así lo desean.
Continuar con las movilizaciones
Se han producido multitud de movilizaciones en todo el Estado contra la contrarreforma de Gallardón. Estas movilizaciones, que aún siguen produciéndose, alcanzaron su punto máximo con la llegada del Tren de la Libertad a Madrid el 1 de febrero, con manifestantes llegados de todas partes del Estado, donde participaron decenas de miles de hombres y mujeres exigiendo la retirada de esta restrictiva norma que supone un retroceso gigantesco en los derechos de la mujeres.
En las Marcha de la dignidad que llega el 22 de Marzo a Madrid se exigirá también la retirada de la contrarreforma. La movilización tendrá que ir en aumento para evitar que se apruebe en el Parlamento. Nos toca defender con uñas y dientes este ataque de la de recha más rancia al derecho de las mujeres a decidir.
Los marxistas defendemos el derecho al aborto libre y gratuito como un derecho democrático de la mujer.
