El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, entre otras declaraciones acerca del “inmejorable” funcionamiento de la Fiscalía, enarbola un logro que de acuerdo a la perspectiva de esta institución jamás en la historia del país –y de la región centroamericana- se había alcanzado en cuanto a procedimientos jurídicos: conseguir que un expresidente declarase ante los tribunales su infame acto de corrupción, concretamente, el desvío de fondos públicos valiéndose de su cargo. Las declaraciones del expresidente sin embargo, no reflejan el excelente trabajo que la Fiscalía presume estar realizando; es decir, creer que los procesos de aplicación de la justicia están marchando correctamente solo por el hecho de que este exfuncionario declarase su delito, implicaría caer en el sórdido juego de manipulación que los medios informativos ejercen sobre la opinión pública ¿por qué?
Luego de haber negado, en cada declaración pública que se realizó, la culpabilidad de los delitos por los cuales el expresidente y demás funcionarios de su gestión fueron acusados, hace unas semanas, tras haberse arreglado una negociación, estos admitieron haber cometido el grave desmán contra el pueblo: desvío de fondos públicos que se utilizaron en concepto de sobresueldos, sobornos, compra de voluntades, etc. Este acontecimiento de manera superficial puede interpretarse como un acto de suprema justicia que se consiguió a través de las buenas prácticas que la Fiscalía realiza, pero la realidad es que lejos de expresar justicia, muestra el deplorable estado que las demás instituciones gubernamentales ostentan.
Por ejemplo, el expresidente Saca para estar habilitado en la búsqueda de la reelección presidencial en el 2009, presentó el correspondiente finiquito emitido por la Corte de Cuentas, donde se constataba la transparencia de su gestión. Desde esta óptica, la interrogante que salta a la luz sería: ¿Si la Corte de Cuentas emitió el finiquito que certificó la legalidad de la administración Saca, cómo es posible que luego de nueve años, el expresidente y sus funcionarios confiesen ante los tribunales el delito de peculado? ¿Dónde queda la legalidad y transparencia de la Corte de Cuentas?
Así mismo, la Fiscalía ha puesto a disposición del imputado el beneficio de un “procedimiento abreviado”: un recurso jurídico exclusivo de los procesos penales de poca complejidad para ser resueltos. El mal funcionamiento de la Fiscalía se manifiesta en proporcionar este “favor” al expresidente cuando ha habido muchos casos en los cuales la figura del procedimiento abreviado es posible utilizarse, sin embargo, la Fiscalía los ha rechazado tajantemente, dejando en evidencia cómo la justicia sigue favoreciendo a los lacayos del poder de facto sobre los intereses del pueblo.
En este sentido, lo declarado por el expresidente en el actual contexto confirma nada más la impunidad que el sistema de justicia expele por todos lados, confirma la debilidad que las instituciones estatales poseen de poder funcionar conforme a las necesidades y exigencias del pueblo. Legitima, en última instancia, los intereses de la clase dominante, y pone de relieve la decadencia del sistema social, jurídico y político que el actual Estado burgués lidera. Pareciera que lo expuesto por Engels en cuanto a la naturaleza del actual Estado Moderno cobra vida en la realidad salvadoreña: “Hoy sabemos…, que la justicia eterna encontró su realización en los tribunales de la burguesía, que la igualdad desembocó en la igualdad burguesa ante la ley, que como uno de los derechos del hombre más esenciales se proclamó la propiedad burguesa y que el Estado de la Razón, el contrato social roussoniano, tomó vida, y solo pudo cobrarla, como república burguesa democrática”.
A partir de estas realidades, la conformación de una administración social, económica y política a cargo de la clase proletaria se convierte en la más grande de las necesidades humanas; administración que debe neutralizar todas las estructuras tradicionales de opresión que la clase dominante han perpetrado a lo largo de la historia, y permitir de esta forma el establecimiento de un Gobierno dirigido por la clase trabajadora de carácter Revolucionario, capaz de focalizar las reales necesidades de la ciudadanía y atenderlas consecuentemente.
