Los funcionarios de los más altos cargos públicos de nuestro sistema “democrático y de Estado de derecho”, han estado históricamente blindados ante acusaciones o procesamientos judiciales en su contra por algún delito oficial o común que cometan. Esta protección que se conoce jurídica y oficialmente como “fuero constitucional” data desde la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, y ha sido utilizada arbitrariamente y de forma extensiva por los diferentes personajes que han ostentado cargos en los diferentes órganos del Estado burgués salvadoreño.
El art. 236 de la Constitución establece que: “El presidente y Vice-presidente de la República, los Diputados, los Designados a la Presidencia, lo Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas, el Fiscal General de la República, el Procurador General, el Procurador para la Defensa de Derechos Humanos, el Presidente y Magistrados del TSE, y los representantes diplomáticos, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan”[1]. Es decir, son los mismos diputados quiénes deciden si quitar el blindaje constitucional o no a alguno de sus colegas u otro funcionario de los mencionados anteriormente por el artículo.
Este privilegio o fuero se traduce en inmunidad para los funcionarios, especialmente para los diputados quienes no pueden ser procesados penalmente por algún delito en el período que ejercen su legislatura al menos que una comisión de antejuicio de la misma Asamblea juzgue necesario someter a votación en sesión plenaria el desafuero de algún legislador señalado. Así es como funciona el sistema burocrático viciado que realmente defiende el Estado de derecho de los poderosos y sus servidores públicos.
Todo esto se refleja en el historial de funcionarios públicos que se han beneficiado descaradamente de la inmunidad que sus cargos les otorgan, desde un diputado que le disparó en estado de ebriedad a una policía, hasta funcionarios acusados de lavado de dinero, violencia de género, asociaciones ilícitas, etc., cabe destacar que si bien algunos de ellos fueron desaforados, el mismo proceso burocrático impide su detención cautelar o provisional y permite o bien su huida o la manipulación del proceso judicial. Y así hemos tenido casos como el del diputado Rodrigo Samayoa, acusado de maltrato hacia su ex-esposa, quien fue reinstalado en la Asamblea Legislativa después del proceso judicial y para colmo recibió $ 90,000 de salarios por el tiempo que estuvo fuera de la Asamblea (¡!).
El caso más reciente e indignante ha sido el del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Jaime Escalante quien fue detenido en flagrancia el pasado 19 de febrero por abusar sexualmente de una niña de 10 años en la colonia Altavista de Ilopango, cuyo delito desató la indignación de la sociedad y de las organizaciones sociales. En este caso podemos asegurar que ni los mismos funcionarios del sistema interpretan a cabalidad sus leyes, porque después que el magistrado fue presentado por la PNC al presidente de la Asamblea Legislativa, éste lo envió a su casa hasta recibir una petición de antejuicio por parte de la Fiscalía, esta solicitud de antejuicio también debió ser rechazada o enviada directamente a un tribunal, porque el fuero no aplica a la vida privada del funcionario y es poco lo que aplica a los delitos cometidos mientras el funcionario no está ejerciendo su cargo, sobre todo cuando se atenta contra los derechos humanos de una persona, especialmente de una niña[2]. Es decir el magistrado debió ser detenido y procesado como una persona común, sin embargo todos esos vacíos en la legislación que de por sí es viciada, dan lugar a las interpretaciones arbitrarias que los funcionarios hacen en beneficio de sus intereses.
Debemos exigir entonces que se elimine el fuero constitucional para los funcionarios porque sólo es un medio de inmunidad en las altas esferas del Estado para lograr impunidad para los delitos cometidos por los funcionarios de “alto nivel”, eso junto a los niveles de desigualdad y opresión del sistema capitalista es lo que da origen a los altísimos niveles de violencia, crimen organizado y descomposición de la sociedad que sufrimos en nuestro país y en el resto del mundo, se debe combatir la impunidad de los altos funcionarios para ir reduciendo la violencia en general.
Marx y Engels eran conscientes del peligro de los privilegios de los funcionarios del Estado y propusieron algunos métodos para combatir la burocracia. Basándose en la experiencia de la Comuna de París, Engels propuso: “la clase obrera debe precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, revocables en cualquier momento”. Para asegurar que el Estado no se transformase “de servidores de la sociedad en señores de ella, la Comuna empleó dos remedios infalibles. En primer lugar, cubrió todos los cargos administrativos, judiciales y de enseñanza por elección, mediante sufragio universal, concediendo a los electores el derecho a revocar en todo momento a sus elegidos. En segundo lugar, todos los funcionarios altos y bajos, estaban retribuidos como los demás trabajadores. Con este sistema se ponía una barrera eficaz al arribismo y a la caza de cargos” (Engels, Introducción a la Guerra Civil en Francia de Carlos Marx).
Basándose en lo anterior Lenin también formuló en 1917 algunas condiciones para luchar contra la burocracia dentro del Estado, entre las cuales destacan la revocabilidad de todos los cargos públicos y que ningún funcionario de estos cargos recibiera un salario superior al de un obrero cualificado[3].
En nuestros días eso es lo que debemos establecer y exigir para los funcionarios públicos, para ir avanzando hacia la transformación de un Estado salvadoreño burgués burocrático en un Estado verdaderamente democrático dirigido por las masas obreras y campesinas a través de sus delegados y no por los tecnócratas impuestos por la burguesía. Desde la perspectiva marxista el fuero político o constitucional de los funcionarios públicos es una burla para las masas que sostienen el peso del sistema opresor y de su injusticia.
¡Abolición del fuero constitucional! ¡Revocabilidad y salario obrero para todos los funcionarios públicos!
[1] Constitución de la República de El Salvador
[2] Revistafactum.com/Fueros: inmunidad o impunidad. Por María Cidón Kiernan 01/03/2019
[3] Ted Grant: Rusia de La Revolución a la Contrarrevolución, un Análisis Marxista. Fundación Federico Engels.
