El jueves 29 de diciembre del 2017 se marcó un antes y un después para la corporación policial, ya que un acto feminicida puso en jaque las bases éticas, jurídicas y democráticas de la institución. Todo empieza cuando ese día se lleva a cabo una fiesta de celebración de fin de año en las instalaciones de la unidad elite de la Policía Nacional Civil: Grupo de Reacción Policial (GRP). Al evento fueron invitadas dos agentes destacadas en la Unidad de Investigaciones Internas de la PNC: Jenny Rosales y Carla Ayala. Una vez se dio por finalizada la celebración, las dos compañeras se ven en la necesidad de regresar a sus hogares, por lo consiguiente, se autoriza que una patrulla y dos agentes, entre estos iba un tercero: el agente Juan José castillo alías el “samurái”, trasladasen a la agente Ayala a su destino, mientras que la agente Jenny fue movilizada por otro sujeto a bordo de una motocicleta. Juan José Castillo, sujeto que la agente Ayala desconocía, durante el transcurso del viaje recibe una llamada “sospechosa” –a partir de los informes que emitió la Fiscalía-, acto seguido, desenfunda su arma calibre 9 milímetros y dispara contra Carla Ayala.
Los acontecimientos que se suceden posteriormente están cargados de “irregularidades” en cuanto a las reacciones que el GRP y la PNC llevaron a cabo como respuesta a lo acontecido, tanto en el momento exacto del crimen, como en las investigaciones correspondientes, a saber: dificultad de la PNC para colaborar con las investigaciones de la Fiscalía; entorpecimiento por parte de la corporación policial en la búsqueda de pruebas, testimonios y testigos; acciones erráticas que niegan rotundamente el protocolo policial frente a hechos como el intento de asesinato, aún más, el atentado contra un miembro de la corporación de parte de un compañero de trabajo, de lucha y de convicción, etc.
Luego de ese fatídico 29 de diciembre, y tras haberse definido el culpable del crimen a expensas de un trabajo de investigación poco más que eficiente, el 7 de septiembre del presente año, en una fosa común ubicada en el municipio de San Francisco Javier, departamento de Usulután, es localizado el cuerpo de la agente Ayala. Hubo que transcurrir más de 250 días para que la Fiscalía y la PNC dieran con el cuerpo de Carla, para que finalmente, realizados ya los estudios correspondientes para determinar si realmente se trataba de ella, dos semanas después, el 21 de septiembre, se estuviese realizando el entierro de los restos encontrados. Pese a haberse encontrado el cadáver de la agente Ayala, el culpable –o los culpables- sigue en libertad.
La cultura de la violencia hacia las mujeres
El feminicidio de Carla Ayala, perpetrado por uno de sus compañeros, pone en desmedro, todavía más, la credibilidad que la PNC tiene a los ojos de la sociedad civil. Expone como las instituciones originadas luego de los Acuerdos de Paz –también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido protagonista de arbitrariedades que contradicen sus funciones- reproducen, concretamente, el fracaso del oscuro Estado de Derecho que se fundó sobre la “nueva democracia” que el conflicto armado nos heredó. Este feminicidio ha despertado el malestar social y puesto en evidencia la crisis de seguridad que la vulgar campaña de “la Cultura de Paz” intenta esconder tras los “Festivales del Buen Vivir”; por el contrario, es síntoma de cómo los valores fundamentales capaces de garantizar la justicia y la seguridad al conjunto social se descomponen irremisiblemente, permeando a la población por medio de una dinámica que empieza desde arriba, desde la institucionalidad en decadencia.
Por otra parte, y como fenómeno estructural del sistema fallido que la clase dominante administra, el asesinato de la gente Ayala comprende una serie de feminicidios que la sociedad salvadoreña ha sufrido a lo largo del 2018, cifras que más allá de disminuir, parecieran crecer todavía más: 227 feminicidios se han registrado de enero a julio del presente año, 1.3% más que los registrados en similar lapso el año pasado.
La violencia contra la mujer salvadoreña es una problemática que subyace en las prácticas culturales, sociales y económicas de nuestro país, donde se ha tendido a naturalizar esta violencia pese a las normativas jurídicas vigentes encargadas de proteger la integridad humana de nuestras mujeres. El hecho que una de las instituciones obligadas a velar por la protección de la ciudadanía, y de forma prioritaria a mujeres y niños, se vea envuelta y coludida con la ejecución de este tipo de violencia, exige cada vez más la organización consciente de la clase trabajadora, de hombres y mujeres, para acabar con este y todos los males que le aquejan.
