El pasado 21 de febrero unos 200,000 trabajadores y sus familias se lanzaron a la calle en Dublín, capital de Irlanda, para mostrar su oposición a la decisión del gobierno de incrementar la contribución al fondo de pensiones (en 2,000 millones de euros) de los 300,000 trabajadores del sector público. El éxito de la manifestación, sin embargo, se debió a diversos factores como la agudización de la crisis económica, el incremento del desempleo, el incumplimiento del pacto social por parte de la patronal y el gobierno, y los salvajes recortes presupuestarios por parte del gobierno. Pero lo que más preocupa a la mayoría de los trabajadores es que la situación es probable que empeore.
El pasado 21 de febrero unos 200,000 trabajadores y sus familias se lanzaron a la calle en Dublín, capital de Irlanda, para mostrar su oposición a la decisión del gobierno de incrementar la contribución al fondo de pensiones (en 2,000 millones de euros) de los 300,000 trabajadores del sector público. El éxito de la manifestación, sin embargo, se debió a diversos factores como la agudización de la crisis económica, el incremento del desempleo, el incumplimiento del pacto social por parte de la patronal y el gobierno, y los salvajes recortes presupuestarios por parte del gobierno. Pero lo que más preocupa a la mayoría de los trabajadores es que la situación es probable que empeore.
Entre 2002 y 2007 el PIB irlandés creció a una media del 5.6 por ciento anual. En 2008 la economía se contrajo por encima del 2%. Las previsiones para 2009 son de una contracción del PIB del 6%. El efecto en el índice de desempleo ha sido drástico. Hace dos años había unos 150,000 parados en Irlanda, el pasado mes de febrero la cifra llegó a 354,000, un 10.4% de la población activa. El gobierno prevé que 2009 se cierre con 450,000 parados, por encima del 14%.
El descenso en la actividad económica ha repercutido en los ingresos del Estado. En julio del año pasado el gobierno decidió recortar el presupuesto anual del estado en 1,400 millones de euros. En octubre, se introdujo un nuevo recorte de 2,000 millones; en febrero pasado, se añadieron otros 2,000 millones. Estos recortes afectan a educación, sanidad y prestaciones sociales. El gobierno también ha anunciado que los impuestos van a subir, aunque no para las corporaciones, que con un 12.5% pagan los impuestos empresariales más bajos de la Unión Europea. Sin embargo, el impacto de la crisis va a ser brutal para el bolsillo de los trabajadores. En el sector público, por ejemplo, los sindicatos de la enseñanza han calculado que los trabajadores verán sus salarios recortados en un 14%.
Gobierno y patronal además han cancelado unilateralmente el pacto social que regulaba las relaciones laborales en Irlanda desde 1987 y que se había venido renovando aproximadamente cada tres años. El año pasado, patronal, gobierno y sindicatos pactaron subidas salariales del 6% en 21 meses, aplicable tras una congelación salarial de 3 meses en el sector privado y 9 meses en el público. El pacto suponía de hecho una bajada del salario real, ya que situaba el incremento por debajo del índice de inflación. Pero ni eso van a conseguir los trabajadores ahora. Desde diversos sectores de la patronal se ha pedido incluso que se elimine el salario mínimo.
Los sindicatos, a través de ICTU (la confederación irlandesa de sindicatos), reclaman ahora un pacto nacional de solidaridad en el que todos los sectores sociales contribuyan de acuerdo con su capacidad. Los sindicatos llevan parte de razón en el sentido de que el gobierno y la patronal pretenden salir de la crisis y restablecer la tasa de beneficios a costa del sacrificio de los intereses de los trabajadores. Pero es una utopía pretender resucitar el pacto social en tiempos de crisis. Ni siquiera consiguieron que la clase obrera se beneficiara con el pacto social durante el periodo de auge económico entre 1995 y 2007. El porcentaje de los salarios en el total de la riqueza nacional, por ejemplo, era de un 71.2% en el periodo 1980-1990. En el periodo 2001-2007 este porcentaje descendió al 54%. Esto unido al alto crecimiento económico da una idea del gigantesco transvase de riqueza a los bolsillos de los capitalistas en las últimas décadas. Eso es lo que se consiguió con el Pacto Social. Pero en época de crisis ni siquiera hay migajas para los trabajadores. No hay espacio para reformas. La crisis ha enterrado el reformismo, que era un cadáver político desde la crisis de los años 70. No obstante, para volver a los términos del pacto social alcanzado el año pasado los sindicatos han amenazado con movilizar a los trabajadores. Tras casi dos décadas de relativa paz social entre las clases (el pacto social, por ejemplo, estipulaba que los trabajadores no podían ir a la huelga para reclamar subidas salariales), la situación ha comenzado a volverse explosiva. ICTU ha llamado a todos sus sindicatos afiliados, en el sector público y en el privado, a organizar huelgas simultáneas el 30 marzo. Esto en realidad sería una huelga general de 24 horas. Pero los sindicatos todavía confían en que el gobierno se siente a negociar y la huelga se pueda evitar. El líder del partido laborista, Eamon Gilmore, incluso ha pedido repetidas veces a los trabajadores que no vayan a la huelga porque podría empeorar la situación económica y restar credibilidad a la economía Irlandesa en los mercados internacionales. La clase obrera claramente carece de liderazgo.
Pero no es tan fácil contener a los trabajadores. En la enseñanza, unos 60,000 trabajadores ya han votado ir a la huelga. En el sector público del transporte, los trabajadores también se preparan para la huelga. El pasado 20 de febrero 13,000 funcionarios del escalafón inferior (todos miembros del sindicato CPSU) fueron a la huelga con un seguimiento del 100% y han aprobado sumarse a la huelga del 30 de marzo. En todo el país los sindicatos están organizando votaciones para obtener el mandato de ir a la huelga.
El hecho más significativo en los últimos meses quizás haya sido la ocupación de Waterford Crystal por los trabajadores. Esta empresa fabrica productos ornamentales de vidrio y llegó a contar con una plantilla superior a los 3,000 trabajadores. En los últimos años la plantilla se redujo a menos de mil y en enero los dueños anunciaban el cierre de la empresa. Los trabajadores, por iniciativa propia, decidieron ocuparla. Incluso un sector de los trabajadores llegó a pedir su nacionalización. UNITE, el sindicato que representa al 90% de los trabajadores, sin embargo, no apostó por la nacionalización. Tras más de un mes de negociaciones surgió un comprador estadounidense. Pero probablemente despedirá a la mitad de la plantilla. Los trabajadores siguen en lucha.
La lucha de clases, por tanto, se está intensificando en Irlanda y los dirigentes sindicales están bajo presión. En esta situación, particularmente si el gobierno se niega a negociar, los dirigentes se pueden ver obligados a ir más lejos de lo que quisieran. De momento lo que están intentando es llegar a un compromiso. El gobierno, por otra parte, sólo aceptaría pactar con los sindicatos si el movimiento huelguístico amenaza con irse de las manos. Por ahora han llamado a consulta a los principales partidos de la oposición, Fine Gael y Partido Laborista.
La tarea más importante para los marxistas y socialistas de Irlanda en estos momentos es organizarse dentro del movimiento obrero y sus organizaciones de clase. También debemos de plantear nuestras reivindicaciones y extender y armar el movimiento con las ideas del marxismo. El programa de nacionalización y control obrero de bancos y sectores claves de la economía debe integrarse con la lucha contra los ataques a los trabajadores por parte del gobierno y la patronal.
16 de marzo de 2009
