La indignación por el caso de impunidad sobre una agresión sexual a una niña de 10 años se ha extendido por todas las redes sociales. El pasado 18 de febrero, la Fiscalía acusó al magistrado Jaime Escalante de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia porque “tomó de los hombros a una niña de 10 años que jugaba en la residencial Altavista II del municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador, y ‘le tocó la vulva’. A continuación, escapó corriendo mientras la madre de la menor le perseguía hasta su vehículo, que es propiedad de la Corte”.
La reacción ante este hecho tocó todas las instituciones corruptas y decadentes del Estado. La Asamblea Legislativa, obligada por la presión de la población, estableció una comisión especial para decidir si era válido eliminar el fuero especial, que tienen todos los funcionarios y políticos del régimen. Por fortuna la decisión fue favorables, sin embargo, esto no fue garante, de ninguna manera, de justicia para la menor y su familia.
Los juzgados en los distintos juicios han reducido absurdamente el delito que se tipifica según el artículo 161 del Código Penal como agresión sexual en menor incapaz los abogados de Escalante, muy bien pagados desde luego, han movido cielo y tierra, comprando seguramente voluntades de funcionarios del intachable sistema de justicia de El Salvador para que los jueces decidan que el delito no es realmente un delito sino solamente una falta, por «actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público» y «tocamientos impúdicos» en aglomeraciones o en lugares públicos, y lejos de ser penada con seis a ocho años de cárcel, puede ser pagada entre 20 o 30 días de cárcel, según el artículo 392 del Código Penal, y pasa a un Juzgado de Paz común.
Estas asquerosas resoluciones del Sistema Judicial reflejan que todo el aparato del Estado de esta sociedad podrida que nos es impuesto por la clase dominante, no solo tiene un carácter machista y patriarcal, sino también un carácter de clase reaccionario contra los más pobres y vulnerables del país. La delgada cáscara que envuelve este aparato monstruoso, represivo, absurdo y coercitivo, queda rápidamente al descubierto si lo analizamos desde el punto de vista de las mujeres y niñas pobres de nuestro país.
Las resoluciones no son solo para salvar el pellejo de este funcionario violador de menores, sino que buscan ante todo salvar el prestigio de las instituciones, que a través de la crisis de la sociedad burguesa, su autoridad moral ha caído por los suelos, el juzgamiento de uno de sus jueces, no sería más que profundizar la crisis de su sistema de jueces y leyes absurdas, que están ahí no para defender nuestros derechos sino para defender el estado de cosas imperante en la sociedad. Todas las instituciones del Estado, sin excepción, están unidos por los mismo hilos, la obediencia y defensa a un sistema inmoral, machista y patriarcal, que permite que no solo una niña, sino cientos de niñas sean violentadas por degenerados sexuales, hijos legítimos del sistema capitalista patriarcal.
Resoluciones con intereses de clase
Vemos aquí un claro caso de clasismo en las instituciones, la niña de 10 años, obviamente es una niña de una familia pobre, seguramente una familia obrera, que nada tiene que ver con una chica rica de las clases pudientes, si al contrario la violación se hubiese dado con todos los actores invertidos, un hombre pobre sobre una niña rica de 10 años, seguramente el caso hubiese trascendido más allá de todos los limites. La justicia bajo el sistema capitalista no es más que una mercancía más, que solo los ricos y poderosos tienen el privilegio de poderla adquirir, ellos elaboran su propia justicia en sus tribunales, con sus jueces y abogados.
Las resoluciones de los jueces de este caso no son más que la expresión del desprecio sobre los intereses de una niña pobre, de su familia y de los intereses de todos los pobres de este país, que a diario vivimos el acoso policial, laboral y sexual. Donde tenemos menos derechos que una paria, el Estado: la Policía, el Ejército y todo el Sistema Judicial, son incapaces de brindarnos seguridad y protección de nuestros derechos.
La única efectividad que tienen estas instituciones es la efectividad para proteger los intereses de los empresarios, de los funcionarios a sueldo de estos explotadores, funcionarios mediocres, violadores, acosadores, peones de la clase dominante, opresores del pueblo trabajador.
El Estado contra las mujeres pobres
A los ojos de los oprimidos de este país debe quedar expuesto lo retorcido que es este sistema que nos gobierna, un sistema que intenta condenar a mujeres con complicaciones obstétricas (complicaciones de parto) con penas de más de 30 años y condena a los violadores sexuales con penas ridículamente menores; que obliga a las niñas de 12 y 13 años a parir, aunque estas hayan sido violadas por degenerados; que no permite el aborto como derecho libre y democrático de las mujeres, siendo El Salvador uno de los cinco países de todo el mundo que lo penaliza bajo toda circunstancia, condenando a miles de mujeres a muerte por abortos clandestinos y que incluso por concepciones medievales en todo el sistema la educación sexual y reproductiva en niños/as y jóvenes no está incluida en el sistema educativo.
Todo este estado de cosas es una enorme carga sobre todas las mujeres salvadoreñas, y expone de manera gráfica la necesidad de una verdadera transformación, las mujeres trabajadoras y desempleadas de nuestro país son las que más padecen las miserables condiciones a las que nos ha sumido el capital. Una verdadera solución a este problema no puede pasar sin plantearse una lucha anticapitalista y anti-patriarcal.
La hipocresía de Bukele no tiene límites
Por otro lado, Bukele y su esposa la primera dama, se han dado golpes de pecho por este caso, el mismo Bukele de manera hipócrita y oportunista ha hecho un llamado a la movilización hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez y no solo eso, es tan bonachón nuestro presidente que ha decidido también mandar a 100 mujeres policías a custodiar la concentración feminista. ¿A custodiar qué? Las instituciones del Estado desde luego, es decir, a mantener el orden. Pero es que también es el mismo cuerpo policial del Estado que desalojo a 100 familias en la Isla Tasajera, el mismo cuerpo policial que asesino y desapareció a Carla Ayala, que violenta y está manchado y acusado de juicios extra judiciales contra la juventud, estas son algunas características del cuerpo represivo que nos manda el presidente. ¿Se puede confiar en este aparato? Por supuesto que no.
Hipócritamente, Bukele que ahora resulta ser defensor de los derechos de las niñas y mujeres, ha mantenido un silencio sepulcral en relación con la decisión de su ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien en la Asamblea de la OIT este año en Ginebra no ratificó el convenio 190 que condena el acoso sexual de las mujeres en los centros laborales, esto identifica a Bukele y sus ministros en el bando de los empresarios y no del pueblo, en el bando del machismo y no de la lucha de las mujeres.
Además que desde su gobierno no se ha profundizado lo suficiente la educación sexual y reproductiva, no tenemos más que pírricos avances en esto tan importante. Ni tampoco ha emitido ni una sola opinión sobre las cuatro causales para aprobar el aborto como derecho democrático de las mujeres, al contrario su gobierno ha suspendido la implementación y extensión de más sedes de Ciudad Mujer, no hay ningún programa de la talla de Ciudad Mujer al contrario todo el dinero destinado a inversión social ha sido trasladado a publicidad y “Seguridad y Defensa”, en líneas generales su gobierno es igual o peor de reaccionario que gobiernos del pasado las reformas se han vuelto contrarreformas y minan constantemente los intereses de las mujeres pobres.
Ni que decir de todos sus ministros, directores, viceministros, machistas misóginos y represores. Quien defiende al capitalismo y sus políticas, es por consiguiente un represor y un machista.
Por un sistema de justicia desde las clases oprimidas ¡Justicia para los pobres!
Este sistema de justicia es incapaz de brindarle justicia a la familia de la menor abusada sexualmente por un funcionario degenerado, así como es incapaz de brindarle justicia a todos los oprimidos. En el reino del capital, los jueces y tribunales no son más que los jueces de los ricos y los tribunales de los empresarios.
La única forma de lograr justicia por ahora, cuando no toda la clase oprimida del país es consciente de su opresión, es a través de la lucha y presión en las calles, debemos movilizarnos por todos los casos de violencia machista y patriarcal ejercida y protegida desde el Estado. Entre más grande y consciente sea la lucha más posibilidades hay de triunfar. Preparémonos para dar la batalla por este caso y por todas las injusticias que realizan a las mujeres de nuestra clase, la clase trabajadora.
Las fuerzas revolucionarias debemos exigir la eliminación de todos los fueros y privilegios de los políticos y funcionarios de este país. Un verdadero Sistema de Justicia debe sustituir todo el aparato de justicia actual por jueces representantes de las clases oprimidas a través del voto directo del pueblo. La Asamblea Legislativa durante años ha demostrado que elige a jueces y magistrados al servicio del capital, esto ya no puede ser posible, el pueblo debe elegir a sus jueces y establecer sus propios jurados, solo el pueblo puede darle justicia al pueblo.
