El título de este artículo no tiene la intención de ofender, menospreciar o restar valor al “Anteproyecto de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información” que se ha presentado a la Asamblea Legislativa por parte de un sector del gremio de periodistas organizados. Por el contrario, la consideramos una iniciativa de ley que bien podría ser emulada por otros sectores de las diversas capas de trabajadores de nuestro país como policías, bomberos, enfermeras, maestros y muchos otros. ¿Por qué? Porque exigen del Estado el cumplimiento del artículo primero de nuestra constitución: “[…] Es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.” y esto es algo que no se cumple ni para los y las periodistas, ni para el resto de la población.
El Salvador ocupa la posición 81 de entre 180 países según la clasificación mundial de libertad de prensa 2019; el estudio presentado por Reporteros sin Fronteras (RSF) revela que el país ha decaído 15 casillas con respecto al año pasado, “el panorama es desalentador para el país regido por la violencia y control gubernamental que desencadena en el miedo y auto-censura, pues en 2018 se ubicó en el puesto 66 y en el 2019 en el 81”, detalla el reporte. Dentro del mapa de libertad de prensa El Salvador es clasificado en situación problemática, así mismo, el informe detalla las formas más comunes de violencia que viven quienes se dedican al periodismo, que para variar son la intimidación y amenaza a su integridad física y/o sus familias y la censura. Esto se traduce en debilidad institucional y reducciones significativas en los espacios de la sociedad civil para la contraloría o el acceso a la información, y por tanto en el decrecimiento de la calidad de nuestra democracia.
Sin duda que, debido a la coyuntura de crisis e inseguridad constante que vive el país, es urgente dotar al gremio periodístico con un mecanismo que garantice el pleno ejercicio de su profesión y que, por tanto, sea un incentivo para continuar ejerciendo su papel de controlador y denunciante en la lucha contra la corrupción y la decadencia social hacia la que nos llevan los tomadores de decisiones cuando solo se preocupan por sus propios intereses.
Pero esto no es algo que deberían hacer únicamente los y las profesionales del periodismo, el planteo de la ley es excelente; el título V “Protección Laboral y Previsional” es algo que debería aplicarse a todas las ramas laborales. La discusión de esta ley debe ser una puerta para la discusión de una reforma constitucional más profunda, porque el único problema que se le puede achacar es que viola el artículo 3 de la constitución que dicta que “todos somos iguales ante la ley”, pero con esta propuesta, por su profesión, tendrían condiciones de vida y seguridad por encima de las que tendrían otros trabajadores. Y que no se entienda mal: no porque los demás no tengamos la seguridad de esos derechos es que debamos esperar que no la aprueben, por el contrario, que se apruebe abre las puertas para mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores.
El Anteproyecto de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información, puede ser la punta de lanza que dé inicio a la visibilización pública sobre la necesidad de un sistema integral de seguridad no solo laboral sino, sobre todo, humana, que debe construirse a través de políticas orientadas a la protección y garantía de libertades como para este caso: de expresión, prensa e información a favor de periodistas y trabajadores de la comunicación. Pero no es algo que deba quedarse hasta ahí. Sabemos qué sin la presión de la clase trabajadora organizada en la defensa de sus intereses, este tipo de leyes no prosperará, por eso debemos asumirla como propia desde cada uno de los sectores sociales.
En junio de este año, representantes de periodistas aglutinados en la “Mesa de Protección a Periodistas” de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) solicitaron al mandatario actual Nayib Bukele, respaldar la propuesta de Ley de Protección Integral a Periodistas presentada por la APES en octubre del año pasado y que hasta la fecha no ha sido discutida por los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales de la asamblea legislativa. Así mismo, le hicieron un llamado para que respete la libertad de prensa y garantice el acceso a la información pública en su gestión de Gobierno.
Es importante resaltar que en lo que va de la administración presidencial, Bukele y sus funcionarios se han caracterizado por realizar acciones orientadas a restringir el ejercicio periodístico, como el bloqueo en coberturas periodísticas, supresión de espacios abiertos para preguntas dentro de conferencias, negativas a declaraciones oficiales y a entrevistas a medios de comunicación, además de la falta de disposición al escrutinio de la prensa nacional.
Es oportuno reflexionar sobre si el uso de la red social Twitter como medio de comunicación oficial es un medio adecuado para que la población, organizaciones de la sociedad civil y el mismo gremio periodístico pueda ejercer su rol de contraloría con el gobierno. Es también necesario cuestionar si el gobierno actual tiene una estrategia oculta de desinformación intencionada, para mantener a la prensa y a la población salvadoreña al margen de la gestión y toma de decisiones.
Para terminar, es necesario decir que ésta propuesta de ley, junto con la propuesta de la nueva Ley de Servicio Civil o de la Función Pública, así como la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos” junto con la de la soberanía alimentaria, la administración del agua, y otras más dan muestra de que nuestra constitución ya no responde a las condiciones actuales de nuestro país ni a las necesidades de sus ciudadanos, pero una reforma constitucional que ponga al Estado Burgués en función de los intereses del pueblo y la clase trabajadora no podemos espararla bajo la actual forma de la democracia representativa y parlamentaria. Es necesario que los trabajadores de cualquier rama de la producción nos unamos por los intereses de nuestra propia clase. Hacemos un llamado a periodistas, doctoras, arquitectas, ingenieros, cajeros, meseros, obreros, campesinos, estudiantes para que construyamos nuestra conciencia de clase; para que nuestro bienestar, nuestra vida y nuestro futuro esté en nuestras manos.
Fuentes:
1. https://rsf.org/es/el-salvador
